Sentencia Social 2448/2025 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 5878/2024 de 06 de mayo del 2025

PRIMERO.- Recurren la Sentencia de Instancia tanto las actoras como la empresa condenada, instando la primera -por el cauce del artículo 193.b) LJS- la modificación del relato histórico, y denunciando -por la vía artículo 193.c) LJS- la infracción por aplicación indebida los artículos 9.3 y 24.2 CE y 216 y 218.2 LEC; y del artículo 44.5 ET, 6.1, párr. primero Directiva 2001/23 y STS 28/04/17, STC 11/04/16 y STJUE 29/06/10; y de los artículos 97.2 LJS, 218 LEC y 24 CE [empresa]; y la infracción por inaplicación del artículo 183 LJS y doctrina jurisprudencial ( STS 14/03/24 RCO 81/2022) [actoras].

SEGUNDO.- Ninguna de las revisiones fácticas se pueden acoger:

(a) La primera, porque las conclusiones recogidas en los dos ordinales se ven corroborados por el material probatorio existente, que viene a contradecir lo pretendido y, a los efectos modificativos del relato de hechos, siempre son rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente [valgan por todas, SSTS 17/10/90 (ECLI:ES:TS:1990:7353) y 13/12/90 (ECLI:ES:TS:1990:17535), 10/06/08 - rco 139/05-; y 30/06/08 - rcud 138/07-), hasta el punto de que -precisamente- se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así, SSTSJ Galicia 23/04/25 R. 221/25, 27/03/25 R. 857/24, 02/10/24 R. 1441/23, 04/07/24 R. 4606/23, 19/06/24 R. 2677/23, 18/06/24 R 74/24, etc.).

(b) La segunda (motivo tercero), pues, aparte de que consiste en un hecho negativo y, como tal, no tiene cabida en el relato fáctico, conforme al artículo 97.2 LJS y a doctrina jurisprudencial tan unánime como antigua (así, SSTS 24/06/49 Ar. 1048, 15/06/63 Ar. 2662, 05/10/64 Ar. 1119, 20/10/70 Ar. 4282,..., 17/10/08 -rco 112/07-, 16/10/13 -rcud 101/12-; y -entre otras- SSTSJ Galicia 08/04/25 R. 87/25, 10/03/25 R. 51/25, 28/01/25 R. 2100/24, 18/12/24 R. 4731/24, etc.). Aparte de eso -repetimos-, carece de relevancia en orden a lo aquí discutido, que consiste en determinar si se ha transmitido o no una unidad productiva, que no depende del grupo en el que estén integrados los trabajadores (al margen de que el grupo no determina -como pretende la recurrente- tener facultades de dirección u organización, siéndole proyectable lo que indicábamos en la letra anterior). Tal como se ha indicado en muchas ocasiones (valgan por todas y prescindiendo de las más antiguas, SSTS 14/06/18 -rco 189/17-; 23/07/20 -rco 239/18-; 17/05/23 -rco 266/22-; 17/07/23 -rco 167/21-; y 12/09/23 -rco 127/21-; y SSTSJ Galicia 06/03/25 R. 4117/24, 29/01/25 R. 4686/23, 28/01/25 R. 2100/24, 17/12/24 R. 4794/24, 17/06/24 R. 1870/24, etc.), en el relato de hechos han de hacerse constar exclusivamente los puntos de hecho no admitidos -controvertidos- que sean necesarios para la debida solución del tema objeto del litigio y en el grado mínimo requerido para que los litigantes puedan proceder a su impugnación en todos los aspectos relevantes del proceso, y para que los órganos jurisdiccionales de suplicación o de casación puedan comprender cabalmente el debate procesal y resolver sobre el mismo en los términos previstos en la ley ( STS 22/01/98 -rec. 1701/97-), sin que ello quiera decir que la regular constatación de hechos probados exija su expresión exhaustiva o prolija, sino que el requisito se cumple con un relato suficiente que centre el debate en modo tal que también el Tribunal que conozca del recurso pueda proceder a su resolución con arreglo al propio relato histórico, admitiéndose -incluso- la forma irregular de remisión, a los efectos de determinación de hechos probados, pero siempre que tal técnica permita apreciar, con singularidad e individualización, los hechos base de la decisión ( SSTS 11/12/97 -rec. 1442/97-, 01/07/97 -rec. 3315/96-, etc.).

TERCERO.- 1.- Pasando a estudiar la parte jurídica de los recursos, el orden sistemático sería comenzar por los motivos esgrimidos por la empresa y, después, continuar con los de las actoras, porque si entendemos que ha habido un defecto procesal o no hay vulneración del derecho a la libertad sindical, sería ocioso pronunciarse sobre el recurso de estas.

2.- De entrada, los motivos segundo y quinto se rechazan sin más, porque -en realidad- integran ambos uno de nulidad que debería haberse articulado por la vía de la letra a) y no de la c) y haberla pedido expresamente, dados los efectos de su eventual estimación (anulación de la resolución recurrida), pero el recurrente no lo pide en su suplico, lo que abocaría a su rechazo sin más. Hemos de recordar que el expediente de nulidad -no lo olvidemos- constituye «un remedio último y de carácter excepcional que debe operar únicamente en aquellos supuestos en que la falta de fundamentación causa indefensión» ( SSTS 11/12/03 Ar. 2004/2577; y 30/01/04 -rcud 3221/02-) -conforme al artículo 240.3 LOPJ-, y, además, como ya apuntábamos en otras ocasiones (entre otras, SSTSJ Galicia 23/04/25 R. 221/25, 09/04/25 R. 2181/24, 10/03/25 R. 4312/24, 10/03/25 R. 4315/24, etc.), debe que tenerse presente -las afirmaciones se han hecho respecto del recurso de casación, pero son extrapolables al de suplicación- que el Tribunal no puede asumir una función de defensa material de la parte, con quiebra del principio de imparcialidad inherente a la función de juzgar e improcedente aplicación del principio «da mihi factum, dabo tibi ius», que es ajeno al recurso extraordinario [ STS 30/03/05 -rcud 226/04-], por su carácter acentuadamente técnico-jurídico y hallarse sometido a motivos legalmente regulados que han de ser objeto de la exposición correspondiente, lo que determina que «los poderes de la Sala están limitados por los motivos del recurso», de modo que «no puede ésta de oficio sustituir al recurrente en la fundamentación de las causas de impugnación de la sentencia recurrida» ( SSTS 29/09/03 -rcud 4775/02-; 27/04/05 -rcud 4596/03-; 16/01/ 06 -rcud 670/05-; 07/07/06 -rcud 1077/05-; y 30/05/07 -rco 167/05-). En definitiva, en trámite de recurso, aunque se denuncie infracción determinante de nulidad, si en el suplico no se solicita tal declaración el motivo se hace inviable, porque la nulidad no puede ser acordada de oficio por respeto al principio de congruencia ( STS 25/09/03 -rco 147/02-). Por lo tanto, los dos motivos, siquiera concurriesen -que no lo hacen-, no podrían acogerse.

A mayor abundamiento, los dos motivos se refieren a la sana crítica y a una eventual incongruencia, pero ni uno ni otro -reiteramos- están presentes; de entrada, el segundo, que cifra en que se declara que la empresa no tenía intención de vulnerar la libertad sindical de las actoras y, sin embargo, la condena por aquélla, nada tiene que ver con una incongruencia, sino con un motivo netamente jurídico: si cabe condena por una infracción objetiva de la libertad sindical; ya que la Sentencia parte de que es indiferente la intención de vulnerar aquella libertad y que lo relevante es que efectivamente se haya producido esa circunstancia, atribuyéndole las consecuencias a la responsable (siquiera involuntaria), algo que nos traslada a una discusión jurídica y no a una de incongruencia, porque -en coincidencia con esa argumentación- se ha resuelto conforme a lo planteado. Y, respecto del primero -muy relacionado con éste-, la discusión -en este caso- la ciñe a una valoración de la prueba, podiendo recordar el criterio expuesto en otras decisiones anteriores -por todas, SSTSJ Galicia 09/04/25 R. 2744/24, 11/02/25 R. 1851/24, 04/06/24 R. 2111/23, 15/05/24 R. 1330/24, etc.-, donde decíamos que la valoración de la prueba ha de llevarse a cabo conforme a las reglas de la sana crítica ( STC 272/1994, de 17/Octubre); y ello, implica que el Juzgador de instancia ha de realizar inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, lo que excluye deducciones arbitrarias, irracionales o absurdas ( STC 175/1985, de 15/Febrero), habiéndose afirmado - STS 31/05/90 Ar. 4524- que la facultad de libre apreciación de la prueba otorgada al Juez de instancia no puede convertirse en instrumento que permita llegar a conclusiones fácticas inadmisibles o contrarias a la lógica jurídica, y que su libre apreciación sea además razonada para que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el Órgano judicial ( STC 24/1990, de 15/Febrero). Y, en todo caso, esa actuación de acuerdo a las reglas de la sana crítica presupone una mínima actividad probatoria que sirva de fundamento a las conclusiones de hecho ( STC 37/1985, de 08/Marzo; STS 21/03/90 Ar. 2204; y SSTSJ Galicia -entre otros- 30/01/24 R. 5404/23, 11/11/22 R. 4879/22,,...). Pues bien, la deducción obtenida de la prueba practicada no nos parece que sea irracional, arbitraria o absurda, por lo que la censura dirigida debe ser rechazada, habida cuenta de que, ante el material probatorio aportado, la conclusiones extraídas por la Magistrada respeta la sana crítica y la valoración de la prueba ( artículo 348 LEC) .

CUARTO.- El siguiente paso es analizar si existe o no continuidad en la representación de la Sra. Salome tras la subrogación de los trabajadores (motivo cuarto del recurso de la empresa y aspecto clave del objeto de los dos recursos), donde nos vemos constreñidos por una afirmación fáctica e incólume expresada en el ordinal tercero: «Son subrogados a la Empresa demandada la totalidad de los trabajadores del Departamento de Reclamaciones (tarjetas Abanca), quienes vienen desempeñando las mismas funciones que en la anterior Empresa PROSEGUR AVOS ESPAÑA, S.L.U. Las relación de trabajadores subrogados se refleja en la relación aportadas por la actora como documento 1.2 de su ramo de prueba que damos aquí por íntegramente por reproducido así como página 232 del ramo de prueba de la demandada». Esta circunstancia hace inane cualquier discusión derivada del mantenimiento o no de los derechos de los representantes de los trabajadores (sean legales o sindicales -vía artículo diez.3 LOLS-), porque el artículo 44.5 indica que «[c]uando la empresa, el centro de trabajo o la unidad productiva objeto de la transmisión conserve su autonomía, el cambio de titularidad del empresario no extinguirá por sí mismo el mandato de los representantes legales de los trabajadores, que seguirán ejerciendo sus funciones en los mismos términos y bajo las mismas condiciones que regían con anterioridad»; y lo cierto es que lo transmitido es un departamento como tal [el de reclamaciones (tarjetas Abanca)], se subroga a todos los trabajadores y, además, los trabajadores como integrantes de tal departamento siguen desarrollando las mismas funciones. Es obvio que sí puede sostener que existe una unidad productiva perfectamente identificable, que se ha transmitido completa y que ha continuado gozando de dicha autonomía dentro de la empresa adquirente; todo lo cual nos conduce a rechazar el recurso interpuesto, pues el mandato de la delegada sindical -por serle proyectables las mismas garantías que las correspondientes a los representantes legales- se mantendrá hasta las nuevas elecciones, por lo que la negativa a hacerlo por parte de la empresa condenada integra una vulneración de la libertad sindical en su faceta de crédito horario y comporta la obligación, haya sido o no voluntario, de resarcir el daño que necesariamente se ha producido.

En todo caso, no vamos a analizar la existencia de una subrogación, ni sus rasgos, porque no es objeto del recurso, siendo indiscutido ese aspecto, centrándose el debate solo en si lo transmitido mantiene o no autonomía, para, de ello, extraer la obligación recogida en el artículo 44.5 ET, porque lo adquirido por Netolympus es todo el departamento de reclamaciones (con todos los trabajadores, materiales y equipos del servicio de tarjetas de ABANCA) y para prestar las mismas actividades que venían desarrollando, lo que demuestra, de una parte, que ese departamento, dentro de la estructura empresarial de Prosegur Avos España (anterior empleadora), tenía rasgos propios y autonomía para identificarse como un servicio independiente y desgajable de otros; y, de otra parte, que esos mismos rasgos de autonomía permiten a la nueva empleadora (Netolympus) utilizar a esa unidad para seguir desarrollando las mismas funciones, lo que revela -de nuevo- la autonomía del departamento, no solo por su denominación y totalidad de plantilla, sino -y esto es lo determinante- tareas. A lo que no es óbice, ni el hecho de que la empresa matriz haya sido despedazada entre varias, ni que se haya reducido significativamente el volumen del personal, porque, uno, lo decisivo -lo dice el artículo 44.5 ET- es que se haya transmitido una unidad con autonomía (rasgo que concurre aquí); y, dos, la aplicación de la doctrina que se cita ( STS 28/04/17 -rco 124/16-) no puede hacerse, porque concurre una de las excepciones, ya que se dice que «[e]sta regla general según la que el mantenimiento de la condición de miembro del comité de empresa requiere de la subsistencia del centro de trabajo para el que se fue elegido admite excepciones. En primer lugar, la prevista legalmente en os supuestos de transmisión de empresa en que el centro de trabajo quede afecto a una transmisión empresarial y desaparezca, pero mantenga su autonomía, supuesto en el que la propia norma - artículo 44.3 ET- determina el mantenimiento de la representación. En segundo lugar, cuando el cierre obedece a un fraude de ley o a una maquinación que tengan por objeto el cierre del centro para conseguir, precisamente, la finalización ante tempusdel mandato representativo de los trabajadores. En tercer lugar, en el supuesto previsto en nuestra sentencia de 5 de diciembre de 2013 (rcud. 278/2013) que contempla un supuesto en el que parte de los representantes del centro donde fueron elegidos fue trasladado a otro centro, situado en la misma localidad, al que fue trasladada también parte de la plantilla, centro que no tenía representantes de los trabajadores. En este supuesto, la Sala admitió que los representantes pudieran mantener su representación, pero hasta que se promovieran nuevas elecciones o concurriese una causa legal de extinción» ( SSTS 20/12/22 -rcud 1265/19-; 14/03/24 -rco 81/22-; 11/09/24 -rco 194/22-).

Y el caso presente integra una de las excepciones, dado que lo transmitido es una unidad autónoma productiva (definida por su personal, material y actividad) que ha sido adquirida como tal por la recurrente, quien tiene más de quinientos trabajadores en total en España (ordinal décimo tercero), y que ha mantenido aquella autonomía con posterioridad, por lo que a la delegada sindical le será plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 44.5 ET. Se rechaza el motivo.

QUINTO. 1.- Resuelto que ha sido el recurso de la empresa, resta solo hacerlo con el de las actoras, que discuten exclusivamente la cuantía de la indemnización. Hay que partir de que «la declaración de nulidad de la conducta vulneradora, no puede considerarse suficiente para lograr una reparación real y efectiva del derecho fundamental vulnerado, que queda por ello desprotegido» ( STC 247/2006, de 24/Julio), por lo que la infracción de un derecho fundamental conlleva el derecho a su resarcimiento vía indemnización (aquí estaríamos hablando del derecho a la no discriminación del artículo 14 CE, en relación a la conciliación). Y en nuestras SSTSJ Galicia 16/03/23 R. 931/23, 11/03/22 R. 6050/21, 25/05/21 R. 335/21, 16/04/021 R. 754/21, 20/02/20 R. 3543/19, etc., ya advertíamos que el tiempo transcurrido desde la solicitud del derecho ante la empresa hasta su reconocimiento judicial debe tenerse en cuenta en la cuantificación de los daños morales que necesariamente se han producido; entendiéndose actualmente por la jurisprudencia ( SSTS 15/02/12 -rco. 67011-; 08/07/14 -rco 282/13-; 02/02/15 -rco 279/13-; y 19/12/17 -rcud 624/16-) que el recurso a las sanciones pecuniarias de la LISOS es idóneo y razonable, por lo que estimamos adecuado acudir a dicha regulación, por las propias dificultades objetivas para cuantificar la vulneración de un derecho fundamental, sin perjuicio de ponderar todas las circunstancias concurrentes.

En este aspecto, hemos de recordar que las SSTS 24/01/17 -rcud 1092/15-; 19/12/17 -rcud 624/16-; 13/12/18 -rco 3/18-; 09/12/20 -rco 92/19-; 03/02/21 -rco 36/19-; y 09/02/21 -rcud 113/19- apuntalan el criterio de que la propia lesión del derecho comporta daño indemnizable, sin necesidad de que se acredite concreto indicio o base del daño, aparte de que el artículo 183.2 LJS atribuye a la indemnización no sólo una función resarcitoria (la utópica restitutio in integrum),sino también la de prevención general. En palabras de la jurisprudencia -que suscribimos-: «Ha de reconocerse que la doctrina de la Sala en orden a la cuestión de que tratamos -indemnización por vulneración de derechos fundamentales- no ha tenido la uniformidad que sería deseable, pasando de una inicial fase de concesión automática en la que se entendió procedente la condena al pago de la indemnización por los daños morales causados, sin necesidad de que se acredite un específico perjuicio, dado que éste se presume (así, SSTS 09/06/93 -rcud 3856/92-; y 08/05/95 -rco 1319/94-), a una posterior exigencia de bases y elementos clave de la indemnización reclamada que justifiquen suficientemente la misma y que estén acreditados indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pueda asentar la condena [ SSTS 22/07/96 -rco 7880/95-; ... 11/06/12 -rcud 3336/11-; y 15/04/13 -rcud 1114/12-]. Pero en los últimos tiempos esta doctrina de la Sala también ha sido modificada, en primer lugar atendiendo al criterio aperturista que actualmente informa el resarcimiento del daño moral [incluso se recomienda su aplicación en el ámbito de los incumplimientos contractuales por los PETL y por UNIDROIT: STS I 15/06/10 -rec. 804/06-], y por la consideración acerca de la "inexistencia de parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos el sufrimiento en que tal daño [moral] esencialmente consiste ... [lo que] lleva, por una parte, a un mayor margen de discrecionalidad en la valoración ... y, por otra parte, 'diluye en cierta medida la relevancia para el cálculo del quantum indemnizatorio' de la aplicación de parámetros objetivos, pues 'los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados 'no tienen directa o secuencialmente una traducción económica' [ SSTS/Iª 27/07/06 Ar. 6548 ; y 28/02/08 -rec. 110/01-]" [ SSTS 21/09/09 -rcud 2738/08-; y 11/06/12 -rcud 3336/11-]. Y sobre todo, en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras el art. 179.3 LRJS, precepto para el que la exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada" ha de excepcionarse -éste es el caso de autos- "en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada". Criterios a los que ciertamente se adelantaba la Sala al afirmar que "dada la índole del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales..." ( SSTS 12/12/07 -rco 25/07-; y 18/07/12 -rco 126/11-). [...] Añadamos a tales afirmaciones las llevadas a cabo -entre otras- en la STS 13/07/15 [rco 221/14], respecto de que "... al referirse a las indemnizaciones a fijar como consecuencia de la vulneración de un derecho fundamental, su art. 183.3 señala que '[e]l tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima ..., así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño'. Con ello es claro que el precepto viene a atribuir a la indemnización -por atentar contra derechos fundamentales- no sólo una función resarcitoria [la utópica restitutio in integrum],sino también la de prevención general". Y que "... la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la LISOS para las infracciones producidas en el caso ha sido ha sido admitido por la jurisprudencia constitucional [ STC 247/2006, de 24/Julio], a la par que considerado idóneo y razonable en precedentes decisiones de esta Sala (SSTS 15/02/12 -rco. 67011-; 08/07/14 -rco 282/13-; y 02/02/15 -rco 279/13-). De esta forma, la más reciente doctrina de la Sala se ha alejado más -en la línea pretendida por la ya referida LRJS- del objetivo propiamente resarcitorio, para situarse en un plano que no descuida el aspecto preventivo que ha de corresponder a la indemnización en casos como el presente"».

Sin embargo y con ello cerramos la argumentación, «en multitud de ocasiones el recurso a la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS no resulta, por sí mismo, suficiente para cumplir con relativa precisión la doble función de resarcir el daño y de servir de elemento disuasorio para impedir futuras vulneraciones del derecho fundamental, lo que se debe a que la horquilla de la cuantificación de las sanciones en la LISOS para un mismo tipo de falta (leve, grave, muy grave) resulta ser excesivamente amplía, razón por la que el recurso a las sanciones de la LISOS debe acompañarse de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto» ( STS 13/04/23 -rco 217/21-).

2.- Por lo tanto, la vulneración de derecho fundamental conlleva el resarcimiento del daño que indiscutiblemente se ha producido, sin necesidad de probar las bases o presupuestos del mismo; y, para su cuantificación, uno de los criterios posibles es objetivo que nos ofrece la LISOS, como hemos hecho en innumerables resoluciones anteriores, siquiera será la Magistrada de Instancia la que prudentemente proceda a ponderar la indemnización que entienda que cubre las dos facetas (resarcitoria y preventiva) que se anudan a la misma; criterio al que habremos de ajustarnos al analizar el motivo, salvo que apreciemos irracionalidad, arbitrariedad o desproporción. Lo que ocurre es que mencionar los preceptos de la LISOS (lo hace al reproducir la dicción de una STSJG), entendemos que conduce a seguir su cuantificación objetiva, de manera que, como mínimo, debe partirse de la cifra inferior fijada en la horquilla correspondiente, siquiera trate de justificar por qué la reduce -en un argumento que no compartimos-: la falta de intención de vulnerar el derecho a la libertad sindical, basándolo en una discrepancia jurídica. Ante esta tesitura, entendemos que lo adecuado es elevar la indemnización para cada una de las actoras a lo solicitado 7500€, pese a que el tramo de una sanción muy grave parte de 7501€ [«c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros»].

SEXTO.- Las costas del presente recurso han de ser impuestas a la parte vencida (empresa recurrente), incluyéndose en las mismas la cantidad de 750 euros en concepto de honorarios del Letrado de la parte impugnante (artículo 235 LJS) . En consecuencia,