Sentencia Social 1099/2025 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 387/2025 de 06 de mayo del 2025

PRIMERO.-La resolución judicial de instancia ha estimado parcialmente la pretensión de la trabajadora demandante, que con categoría profesional de peón agrícola ha solicitado no solo la declarativa de fecha de antigüedad, sino reclamaciones de cantidades varias en conceptos de salario, horas extras, sábados, y otros, habiendo reconocido finalmente una cuantía de 7079,73 € que se desglosa en el fundamento jurídico tercero y los intereses moratorios que explica en el fundamento jurídico cuarto, una vez estudiadas no solo las actividades probatorias de parte documental, testifical, y las actas de inspección, sino también y preferentemente, la excepción de prescripción opuesta por la empresa demandada, que tiene como conveniente contestación la reproducción parcial de otras dos resoluciones judiciales de instancia en temáticas similares que aplican la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2024 que allí consta, para advertir que solo estarían prescritas las cantidades reclamadas anteriores a diciembre de 2019. Posteriormente, hay un auto de aclaración denegatorio de las pretensiones complementarias de la empresa.

Disconforme con la resolución de instancia, la empresa condenada plantea recurso de suplicación articulando un primer motivo de nulidad al amparo del párrafo a del artículo 193 de la LRJS, al que se suman tres motivos de revisión fáctica al amparo del párrafo b, y finalmente una última motivación jurídica según el párrafo c del mismo artículo y texto que pasamos a analizar.

Existe impugnación de la trabajadora demandante.

Tenemos como precedentes nuestra sentencia del Tribunal Superior justicia del País Vasco de 18 de mayo de 2023, recurso 395/2023 entre otras.

SEGUNDO.-El motivo de reposición de autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión tiene por finalidad genérica denunciar irregularidades en la tramitación del procedimiento especialmente cualificadas por el efecto de que su apreciación conlleva la declaración de nulidad de las actuaciones viciadas. Tal es así que resulta necesario en la configuración legal y jurisprudencial del motivo la denuncia de la infracción o garantía de carácter procedimental entendida en un sentido amplio que alcance incluso los principios constitucionales. Pero además esa denuncia ha de referirse no a la infracción de cualquier norma procesal sino aquélla que cualificadamente implica la efectiva indefensión de la parte como concurrencia de un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios argumentos. En todo caso es necesario que la parte recurrente haya intentado la subsanación de la infracción en el momento procesal oportuno o haya formulado correspondiente protesta en tiempo y forma, y todo ello salvo supuestos de anulación de oficio si son defectos propios del orden jurídico público procesal. Esas exigencias de invocación de preceptos infringidos tratándose de infracciones de normas procesales como normas vulneradas de carácter esencial, que hayan producido indefensión y que quien invoca tal transgresión de la norma procesal no lo haya provocado o propiciado con su conducta formulando la oportuna protesta en tiempo y forma. Y es que resulta evidente que la parte que articula esta motivación está sujeta a cargo de precisar las específicas reglas procesales infringidas y su razonamiento ya que no corresponde al Tribunal Superior examinarlo por su cuenta al estar ante un recurso extraordinario, máxime cuando la consecuencia de una infracción de estas características no es resolver el litigio en la forma pedida por el recurrente, sino retrotraer el curso del proceso al momento en que aquélla se cometió a fin de que se desarrolle en forma correcta y sin perjuicio para los litigantes. Sin embargo este especial efecto que es contrario a cualquier principio de economía y rapidez procesal determina que únicamente deba decretarse la nulidad cuando la infracción sea de tal calado que haya producido verdadera indefensión máxime tras los dictados orgánicos tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 19/2003 de 23 de diciembre. Para el éxito del recurso de suplicación por quebrantamiento de forma contemplado en el artículo 193 a) de la LRJS, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

1ª) Que en el procedimiento de instancia se haya infringido una norma procesal o una de las garantías procesales explícitas en la Constitución, sobre todo en el art. 24, pero no basta con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que es además necesario, que tal infracción determine la indefensión del afectado, ( STC 158/1989, de 5 de octubre). Indefensión no en sentido puramente formal, sino también material, que suponga una vulneración del art. 24 de la Constitución ( STC 161/1985 de 29 de noviembre); 158/1989 de 5 de octubre y 124/1994 de 25 de abril). La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en que se impide a una parte, por el órgano judicial en el curso del proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción ( STC 89/1986 de 1 de julio).

2º) Que se cite por el recurrente la norma o garantía cuya infracción se denuncia, ( SS del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1988 y 6 de junio de 1990).

3º) Que el defecto procesal sea invocado, por la parte que, sin haberlo provocado, haya resultado perjudicada por el mismo, ( sentencias del Tribunal Constitucional 159/1988 de 19 de septiembre y 48/1990 de 20 de marzo).

4º) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma.

Como en el supuesto de autos la resultancia anulatoria que articula la empresa recurrente, lo es en función de la infracción del artículo 218 de la LEC, en relación al 97.2 LRJS, en referencia a una supuesta incongruencia omisiva de la sentencia, citando el artículo 24 de la Constitución, por cuanto no se han resuelto, valorado, o complementado los documentos aportados e impugnados por la empresa, a criterio de la Sala, no podrá tener éxito por cuanto al margen del visionado que demuestra que la empresa impugnó prácticamente todos los documentos aportados, la magistrada de instancia hace un esfuerzo no solo de admisión de la documental, sino también de exigencia de actividad probatoria que delimita en su fundamentación jurídica en interpretación y valoración, que no produce indefensión, máxime, cuando no existe protesta expresa ni podemos hablar o advertir notas de influencia o incongruencia omisiva respecto de dichas documentales, que se unen al resto de testificales para con la aplicación de las actas de Inspección de Trabajo, llevar a cabo una resultancia y silogismo judicial correcto.

Se deniega la revisión anulatoria.

TERCERO.-Los motivos de revisión fáctica esgrimidos al amparo del artículo 193 b) de la LRJS exigen recordar que el proceso laboral delimita, desde la Ley de Bases 7/89, la exigencia de un Recurso de Suplicación como medio de impugnación extraordinario propio de una única instancia con cierta naturaleza casacional que solo puede interponerse por motivos tasados, expresos y circunstanciados sin que el Tribunal pueda acceder al examen, con modificación de la resolución de instancia, más que cuando exista un error en la apreciación de los medios de prueba que consten en el procedimiento, ya sea positivamente, por recoger hechos contrarios a los que se desprenden de la actividad probatoria, o negativamente, por omisión de tales que del mismo modo se desprenden de dichas pruebas. Además, el padecimiento del error debe ser palpable y evidente, con trascendencia en el Fallo y variación del procedimiento, y por lo mismo con independencia de su certeza o veracidad.

Es reiterada la doctrina de esta Sala del TSJPV que recoge la doctrina de la Sala IV del TS, recordada entre otras en las recientes SSTS de 6 de noviembre de 2020 (R-7/2019), 25 de enero de 2021 (R-125/2020) y 2 de noviembre de 2021 (R-90/2021), los requisitos para que prospere la revisión fáctica los establece la Sala IV del TS señalando:

"En STS 13 julio 2010 (R-17/2009 ), 21 octubre 2010 (R-198/2009 ), 5 junio 2011 (R-158/2010 ), 23 setiembre 2014 (R-66/2014 ), 18 noviembre 2015 (R-19/2015 ) y otras muchas, hemos advertido que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de suplicación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquel por el subjetivo de las partes".

El peligro de que el acudimiento a los Tribunales Superiores se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en STS 28 mayo 2013 (R-5/2012 ), 3 julio 2013 (R-88/2012 ) o 25 marzo 2014 (R-161/2013 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse), sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de Derecho o su exégesis.

. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué se discrepa.

. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

. Que no se base la modificación fáctica) en prueba testifical ni pericial, Excepcionalmente la prueba testifical puede ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de Instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente Para el fallo, Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. Desde luego, la modificación no puede ampararse en la prueba testifical, ni en la pericial, por expreso mandato de la LRJS. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada ubicación en la fundamentación jurídica.»."

En lo que respecta al caso concreto de la presente pretensión de la empresa recurrente que induce a la modificación fáctica del hecho probado primero al objeto de cambiar la antigüedad de la trabajadora para que siga costando la que propuso en instancia de 1 de septiembre de 2020, y como quiera que la juzgadora ha resuelto la de 25 de marzo de 2019, no solo en atención a documental sino también a testifical de compañeras que demuestran un trabajo concomitante y existente en fechas previas, esta Sala no podrá en advertencia simplemente valorativa y subjetiva de la recurrente, atender a postulados fácticos y jurídicos diferenciados.

Del mismo modo, debemos rechazar las dos siguientes revisiones fácticas que postulan modificación del hecho probado cuarto, para con la identificación de la trabajadora o su fecha de denuncia en la formulación de informes y actas de la inspección que se relatan a lo largo del expediente judicial, ya que resulta evidente que al margen de conjeturas o circunstancias existe no solo la denuncia de otras trabajadoras con advertencia y constatación de la Inspección en diciembre del 2020, sino también, en esa misma fecha, presentación de la denuncia que si bien no consta en el relato fáctico, sí se infiere de la del resto de la documental del expediente judicial.

En resumidas cuentas, procede el rechazo de la revisión fáctica propuesta por la empresa recurrente, en tanto en cuanto, está basada en instrumentos probatorios que requieren deducciones, conjeturase interpretaciones, y que están en clara contradicción con la problemática de la valoración judicial efectuada en la instancia que no se ha demostrado sea ilógica, absurda o errónea.

CUARTO.-En lo que se refiere a la revisión jurídica, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, motivando la interposición del recurso extraordinario en el examen de la infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, debe recordarse que el término norma recoge un ámbito amplio jurídico y general que incluye las disposiciones legislativas, la costumbre acreditada, las normas convencionales y hasta los Tratados Internacionales ratificados y publicados. Pero además la remisión a la idea de normas sustantivas no impide igualmente que las normas procesales que determinen el fallo de la resolución deban ser también esgrimidas y alegadas como infracción que se viene a producir en supuestos adjetivos, cuales son entre otros los propios de excepciones de cosa juzgada incongruencia u otros. Y es que la infracción jurídica denunciada debe atenerse al contenido del fallo de la resolución, por lo que en modo alguno la argumentación de la suplicación se produce frente a las Fundamentaciones Jurídicas, sino solo contra la parte dispositiva, con cita de las normas infringidas y sin que pueda admitirse una alegación genérica de normas sin concretar el precepto vulnerado u omisión de la conculcación referida, que impediría en todo caso a la Sala entrar en el examen salvo error evidente iura novit curiao vulneración de derecho fundamental, y en todo caso según el estudio y resolución del tema planteado.

Como en el supuesto de autos la empresa recurrente denuncia la infracción jurídica del artículo 59 del Estatuto de los trabajadores, en relación al artículo 1973 del Código Civil, insistiendo en la prescripción de todas las cantidades reclamadas, esta Sala no podrá sino dar por reproducidas las argumentaciones de instancia e insistir en lo evidente del relato fáctico inalterado que promueve la consideración de interrupción, y que admite incluso la misma empresa, para propuestas como la presente en la que la denuncia ante la Inspección evidentemente interrumpe la prescripción, a veces no solo la propia, sino también la ajena o colectiva para con el resto de trabajadores circunscritos en la información e Inspección.

Ni que decir tiene que esta Sala, hace suyos los argumentos de la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2024, que reproduce los de 18 de octubre del 2021, en lo que se refiere a la interrupción de la prescripción de acciones en un ámbito evidente de seguridad jurídica y garantía de consolidación de situaciones en las pretensión de un ejercicio en tiempo y forma, que debe ser considerado razonable en el ámbito de la buena fe contractual, admitiendo que la institución de la prescripción otorgue un equilibrio entre la seguridad jurídica y la justicia material para con el tráfico jurídico y la realidad social, que exige aplicar una doctrina jurisprudencial que a la luz de las actas de la Inspección de Trabajo, las visitas, los informes, y sus consideraciones, nos descubran una evidente interrupción de la prescripción no solo expresa y directa, sino incluso indirecta para con los titulares de los derechos reconocidos, a modo y manera de personas trabajadoras que se encuentran identificadas por la Inspección en las actas convenientes, e igualmente se constata en el supuesto de autos por la denuncia realizada por la trabajadora demandante.

Ya razona la juzgadora de instancia, que, sin perjuicio de la no identificación en las dos primeras actuaciones en marzo y diciembre del 2020, advierte que en la visita de mayo de 2021 ya consta que la actora formuló denuncia el 9 de diciembre del 2020, en el fundamento jurídico segundo infine, por lo que las argumentaciones y relatos de la empresa recurrente no concuerdan con estas manifestaciones fácticas, jurídicas, y valorativas, que son concluyentes y exigen la íntegra desestimación del recurso de suplicación de la empresaria recurrente.

Procede desestimar íntegramente el recurso de suplicación de la empresa recurrente, al no darse las infracciones jurídicas denunciadas.

QUINTO.-Como quiera que la empresa recurrente no goza del beneficio de Justicia gratuita, y ve desestimado su recurso de suplicación en atención al artículo 235.1 de la LRJS, habrá pérdida de depósito, condena en costas, y aplicación de consignaciones.