Sentencia Social 1791/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 825/2025 de 06 de junio del 2025

PRIMERO.-Recurre la parte actora la sentencia de instancia, dictada el 20 de diciembre de 2024, por el Juzgado de lo Social núm. 9 de los de Sevilla, desestimatoria de las pretensiones de la trabajadora, Dª Zaira, dirigidas a la declaración de nulidad o, subsidiariamente, improcedencia del despido operado el 1 de agosto de 2018 por Neuroinvest, con las consecuencias inherentes a tal pronunciamiento y a la existencia de cesión ilegal que mantiene existía en relación con el SAS o, subsidiariamente, de subrogación por sucesión de la codemandada FISEVI.

En la resolución combatida, en lo que aquí importa, se argumenta, en cuanto al salario a efectos de despido que es de 39,34 €/día, según se desprende de la documental obrante en autos, no pudiendo ser la antigüedad anterior a 2001 (Doc no 6), año en que se constituyó la asociación NEUROINVEST, entendiéndose que coincide ésta con la fecha del primer contrato 02-03-2004, fecha a partir de la que habría prestado servicios y por tanto la indemnización que le corresponde es la que se indica en la carta de despido. Añadiéndose, en relación con la calificación del despido que: "Los requisitos mínimos esenciales para surtir los efectos del despido procedente constan cumplidos porque no adolece de las formalidades previstas en la ley ( art 53.1.a ) y c) ET ) y porque se aduce causa objetiva, a los fines de la adecuada defensa de la trabajadora, que previamente había sido informada en la reunión de marzo de los pormenores económicos de la asociación, por lo que se entiende acreditada la existencia de causa que lo justifique, procede a la vista de lo anterior y de la prueba practicada - especialmente documental- declarar el despido procedente.".Respecto a la cesión ilegal se establece: "El examen de la prueba practicada, documental, interrogatorio de parte codemandada comparecida y no comparecida y testifical, no permite concluir la existencia de la cesión ilegal pretendida en la demanda. No consta el acuerdo fraudulento entre las codemandadas a que se hizo referencia en el fundamento precedente; acuerdo cuya prueba incumbía a la actora, que nada ha acreditado sin embargo, en ese sentido. Consta acreditado, en cambio, que la actora estaba sometida al poder organizativo y directivo de la entidad NEUROINVEST, sin perjuicio de que, en la medida en que los servicios se prestaban para la unidad de esclerosis múltiple del HV Macarena y por tanto del SAS, éste pudiera ejercer un control y coordinación del trabajo de investigación realizado por aquella. Ha quedado acreditado que era NEUROINVEST la que abonaba a la actora el salario, la que controlaba las licencias, permisos, vacaciones y similares y la que organizaba y coordinaba su actividad, ofreciéndole los medios para desarrollarla. No desvirtuŽa lo antes expuesto la documental aportada por la actora; pues no puede deducirse que el SAS fuera la auténtica empleadora de la trabajadora del hecho de que pudiera aparecer su nombre en la Memoria de 2010, de lo que nada concluyente resulta.".Y en lo relativo a la subrogación: "Los datos obrantes en autos y la prueba practicada en el acto del juicio no permiten concluir la existencia de la sucesión/subrogación empresarial a que la actora alude; pues la trabajadora no ha practicado prueba que acredite la concurrencia, en el caso de tal circunstancia y, no existiendo previsiones al respecto en los contratos suscritos y no viniendo la obligación de subrogación derivada de precepto convencional, la misma solo podría venir justificada por lo dispuesto en el artículo 44 ET , (...) El dato de que "12 trabajadores pasan en bloque de ser contratados por NEUROINVEST en la Unidad de Esclerosis múltiple a ser contratados por FISEVI para seguir realizando las mismas funciones" (folio 289, 295 a 310) es insuficiente a los fines pretendidos, a falta de cualquier otro dato."

Por la recurrente se formula un motivo al amparo del apartado a) del art. 193 de la LRJS, un motivo de carácter fáctico con ocho apartados y seis de censura jurídica. El recurso ha sido impugnado tanto por la Asociación Neuroinvest, como por FISEVI y por el SAS, interesándose por todas ellas la confirmación de la resolución de instancia.

SEGUNDO.-Denuncia la suplicante, con sustento en el art. 193 a) de la LRJS, la comisión de una infracción de procedimiento, consistente en el vicio de inmotivación, e incongruencia omisiva, con infracción del derecho a la Tutela judicial Efectiva de la demandante ( art. 24 de la CE) .

La Sala decidió en anterior pronunciamiento la nulidad de la sentencia de instancia dictada en el procedimiento de origen, para que se completaran los hechos probados y se resolviera sobre la existencia o no de cesión ilegal de trabajadores y sobre la conformidad de la indemnización abonada, la antigüedad y el salario de la actora, habiéndose cumplido en la sentencia que ahora es objeto de impugnación tales requerimientos y aún cuando hubiera sido deseable la introducción con mayor exhaustividad de los datos relativos a la forma y condiciones de la prestación de servicios en el relato histórico, se estiman suficientes las aseveraciones que con valor fáctico se recogen en la fundamentación jurídica para que las partes, en concreto la recurrente, pueda defender adecuadamente sus pretensiones y para que la Sala de este Tribunal o, en su caso, del órgano de casación, pueda comprender cabalmente el debate procesal y proceder a su resolución con arreglo a los términos previstos en la ley. Se ha de tener en cuenta además que la magistrada que presidió la vista, según se indica en la sentencia, realiza una apreciación conjunta de las pruebas personales y documental practicadas que le llevan a las conclusiones fácticas que expone, siendo aquellos medios probatorios de libre valoración por la juzgadora y únicamente revisable su valoración cuando lo expuesto estuviera en patente contradicción con lo declarado, lo cual aquí no se denuncia, por lo que habrá de ajustarse la suplicante al mecanismo previsto en el apartado b) del art. 193 de la LRJS para la modificación de la versión judicial de instancia, al no entenderse concurran circunstancias que justifiquen el recurso excepcional de la nulidad al que de nuevo se aspira.

Por otra parte, se ha dado por la juez a quo razonada respuesta a todas las cuestiones suscitadas, no cabiendo apreciar que concurran los defectos de incongruencia y falta de motivación que se invocan. No estaría, en último término, justificada la nulidad del juicio postulada al no constar que durante su desarrollo se hubiera producido quebranto de normas o garantías procesales generadoras de indefensión para las partes.

Procede, por lo expuesto, rechazar el motivo del recurso en estudio.

TERCERO.-Al amparo del art. 193.b) de la LRJS, se pretende por la suplicante la revisión de hechos probados.

I.-Dentro de la revisión de hechos probados, debemos recordar sus premisas básicas, reiteradas por nuestro alto Tribunal Supremo, destacando por reciente, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 22-7-2020, Rec. nº 20/19, recopila la doctrina jurisprudencial de la Sala Cuarta, en los siguientes términos:

"...Como recuerda la doctrina de esta Sala IV/ TS, entre otras, en sentencia de 16 de septiembre de 2013 (Rc. 75/2012), recordada en la de 26 de marzo de 2014 (rco. 158/2013), 21 de diciembre de 2016 -Pleno- (rco. 131/2016), 19 de diciembre de 2017 (rco. 195/2016) y la más reciente de 21 de mayo de 2020 (rco. 5/2019), el artículo 207.d) de la aplicable Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) establece que "el recurso de casación habrá de fundarse en alguno de los siguientes motivos: ... d) Error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios", y en interpretación del apartado d) del artículo 205 de la derogada Ley de Procedimiento Laboral, del mismo tenor literal, que su precedente de la LRJS, reiteradísima jurisprudencia de esta Sala -y valga por todas la sentencia de 1 de julio de 2010 (recurso casación 91/2009)- ha venido exigiendo para que el motivo alcanzare éxito, la concurrencia de todos y cada uno de los siguientes requisitos:

(...) a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos].

b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

c) Que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia ( SSTS 02/06/92 -rco 1959/91-; [...] SG 03/12/14 -rco 201/13-; [...] y SG 25/02/15 -rco 145/14-).

Tan genéricas afirmaciones únicamente se alcanzan a comprender en toda su amplitud teniendo en cuenta ya más concretas precisiones de la Sala en orden a los antedichos requisitos. Cuales son:

a) que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS- únicamente al juzgador de instancia [en este caso a la Sala "a quo"], por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin, pero rechazando que ello pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica [recientes, SSTS 02/07/14 -rco 241/13-; 16/09/14 -rco 251/13-; y 15/09/14 -rco 167/13-);

b) que expresamente ha de rechazarse la formulación del motivo revisorio cuando con ella se pretende que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación ( SSTS 03/05/01 -rco 2080/00-; [...] 08/07/14 -rco 282/13-; y SG 22/12/14 -rco 185/14-);

y c) que los documentos al efecto invocados "deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable", hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa (próximas, SSTS 15/09/14 -rco 167/13-; 16/09/14 -rco 251/13-; y SG 18/07/14 -rco 11/13-)."...".

Solo cabe a la vista de las pruebas documentales y las periciales practicadas, sin permitirse que, genéricamente, se proceda a una nueva valoración de toda la prueba practicada porque esta se atribuye, en toda su amplitud ( LRJS art. 97.2) al juzgador de instancia. La revisión de hechos (por adición, rectificación o supresión) sólo puede estimarse, si el documento o pericia tiene una eficacia contundente e incuestionable, de modo que el error denunciado derive de tales pruebas sin conjeturas ni interpretaciones valorativas. Por ello, la revisión no se acoge si el documento contradice el resultado de otras pruebas a las que, razonadamente, se ha otorgado mayor valor y no puede fundarse, salvo error palmario, en el mismo documento tenido en cuenta en la sentencia, al no ser posible sustituir el criterio objetivo del juzgador por el subjetivo de la parte.

La revisión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean trascendentes para la resolución de la cuestión, debiendo citarse específicamente la prueba documental o pericial que demuestre la equivocación del juzgador, no siendo admisibles referencias genéricas a la prueba documental.

II.-Pide la recurrente se revise el primer hecho probado, para el que propone la siguiente redacción alternativa (las modificaciones se destacan en negrita):

"Dña. Zaira, mayor de edad, con DNI NUM000 ha venido prestando servicios para la demandada SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

La antigüedad de la actora es desde 1 de marzo de 1998.

Suscribió los siguientes contratos:

contrato temporal a tiempo parcial de fecha 02-03-04 -antigüedad reconocida-, que fue convertido en indefinido el 10-01-2008, con un contrato temporal para obra o servicio determinado suscrito con fecha 02-01-14, con un contrato temporal para obra o servicio determinado suscrito con fecha 03-07-14 -hasta el 01-08-18- y con un contrato temporal para obra o servicio determinado suscrito con la ASOCIACION SANITARIA VIRGEN MACARENA el 01-07-09, con categoría profesional de Administrativa;

-el salario bruto, en caso de considerarse al SAS como empleador real, ascendería a un salario mensual global por todos los conceptos de 1778,04 euros, integrado a su vez por:

-Salario Base: 734,51 e.

-C Destino: 379,83 e.

-C. Especifico: 350,82 e.

-Trienios: 6 X 26,85 e= 161,10 e. Total mensual: 1626,26 e.

-Pagas extras (2) 1526,57 cada una. -CRP: 1023,68 euros.

Total anual: 23.591,94 euros.

Venía percibiendo como salario bruto,incluida la prorrata de pagas extraordinarias, un salario de 39,34 € diarios, con una jornada parcial del 57,5% de la jornada ordinaria. Se dan por reproducidos contratos de trabajo relacionados en el Hecho Segundo de la demanda (folio 831 a 845), nómina de febrero de 2018 (folio 846) liquidación de la actora (folios 927 y 928) y vida laboral, así como la documental unida al ramo de prueba de la actora a los folios 930 a 1022.

La actora solicitó reducción de jornada por cuidado hijo menor 12 años en fecha 05-07- 18 (folio 84).".

Pretende, pues, en primer lugar la recurrente se fije cual es el empleador y la antigüedad de la trabajadora, cuestiones que son controvertidas y cuya resolución corresponderá acometer, dada su naturaleza, en la fundamentación jurídica de la sentencia y no en el relato de hechos probados en cuanto que tales determinaciones resultarían, además, predeterminantes del fallo al dar respuesta directa las mismas a la materia litigiosa.

En lo referente a las retribuciones previstas para la categoría de la actora en el SAS el documento en que se fundamentan no es literosuficiente, pudiendo en todo caso determinarse las mismas en virtud de la normativa en la que se establecen, a la que tiene directo acceso este Tribunal, por lo que sería innecesaria la consignación de dicha información en los hechos probados.

Tampoco puede admitirse la supresión del último inciso del último párrafo "después de tener conocimiento de la situación de la asociación y de su despido inminente" en cuanto que se trata de una valoración fáctica de la juzgadora que extrae de la prueba testifical -siendo precisamente ella la competente para tal función- que no contiene elementos jurídicos ni puede tildarse de predeterminante del fallo, sin perjuicio de las consecuencias que para la resolución del caso pueda tener.

III.-A continuación se solicita la revisión del segundo hecho probado, interesándose que pase a tener el mismo el siguiente contenido:

"El 01-08-18 la demandada comunicó a la actora la extinción de su contrato con igual fecha de efectos, por aplicación del art 49.1.g ) y 53.1 ET , en la que el Presidente de la Asociación NEUROINVEST le comunica la extinción de la relación laboral por medio de carta del siguiente tenor literal:

"Mediante la presente, y en mi calidad de Presidente de la Asociación Neuroinvest, le comunicamos la extincioŽn de la relación laboral que mantenemos con Vd. mediante despido por causas objetivas, en virtud de lo establecido en el art. 49,1 g ), y 53.1 del Estatuto de los Trabajadores , informándole que la relación laboral quedará extinguida el próximo día 1 de agosto de 2018, siendo eŽsta la fecha de efecto del mismo.

Como bien sabe, pues a tal efecto fue informada convenientemente de la situación en la que se encontraba la Asociación desde hace tiempo, ésta viene atravesando dificultades económicas que hacen inviable el fin para el que fue constituida, dada la disminución progresiva y constante, llegando a ser prácticamente inexistente, de fuentes de ingresos, donaciones.. entre otros.

Por este motivo, se acordó en Junta Extraordinaria en el mes de julio, la disolución de la AsociacioŽn Neuroinvest, produciéndose el cese de actividad y encontrándose, en la actualidad, en proceso de liquidación, siendo inminente la peŽrdida de la personalidad jurídica de la entidad para la que venía prestando sus servicios.

En consecuencia, y a tenor de lo estipulado en el art. 53.1 del Estatuto de los Trabajadores ,. ponemos a su disposición la indemnización de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TRES CENTIMOS (11,343,03 euros) que, s.e.u.o., resultan de aplicar el cálculo de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 anualidades, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades; siendo el importe diario del salario que sirve de base para el cálculo, de 39,34 euros/diŽa y antigüedad desde el 02/03/2004.

En concordancia con lo anterior, tiene igualmente a su disposición mediante transferencia en su cuenta, la suma de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (563,40), en concepto de liquidación, saldo y finiquito, cuyo detalle se adjunta en documento anexo, y en el que se encuentra incluidos los salarios correspondientes al periodo de quince días, relativos a la falta de preaviso (500(/) estipulada legalmente en el Estatuto de los Trabajadores, conforme habilita el art.53 del mentado texto legal.

Los importes antes detallados han sido transferidos a su cuenta bancaria donde habitualmente viene percibiendo sus haberes".

El 13-03-18 la actora asistió -y participó activamente- a la reunión convocada por NEUROINVEST, con el fin de informar a sus trabajadores de la situación económica".

Ningún inconveniente existe en incluir en el relato el contenido de la carta de despido por centrarse en la insuficiencia de la misiva uno de las pretensiones de la censura jurídica de la trabajadora; no cabe sin embargo suprimir las menciones que en el meritado ordinal fáctico se contienen respecto de la situación económica que se considera acreditada en la instancia, sin perjuicio de las consecuencias que la estimación del defecto formal invocado acarrearía al respecto; ni tampoco eliminar las expresiones "pormenorizadamente" y "para que ante el inminente despido pudieran buscar otra opción laboral" que representan apreciaciones de hecho de la juzgadora respecto de las cuales cabe reiterar lo expuesto en el último párrafo del apartado anterior.

IV.-Solicita seguidamente el suplicante la adición de un nuevo hecho probado con el siguiente tenor:

"La Asociación Neuroinvest estaba presidida por D. Jenaro (folios 831, 847, 1006 -en azul-).

Consta asimismo que el Sr. Jenaro ostentaba el cargo de Neurólogo Coordinador de la Unidad Esclerosis múltiple del servicio de neurología del Hospital Virgen Macarena (folio 934) y posteriormente Director de la Unidad de Esclerosis Múltiple (folio 966 -en azul-)".

En lo que respecta al primer párrafo se admite la revisión por constar, en la comunicación extintiva entregada a la actora, la condición de presidente de la Asociación Neuroinvest del Sr. Jenaro que se viene a reconocer de manera indirecta en el segundo ordinal fáctico de la sentencia recurrida y que no ha sido tampoco negada por la propia Asociación. Se ha de rechazar, sin embargo, la inclusión del segundo párrafo por no ser los documentos en los que se fundamenta fehacientes, no constando siquiera en el primero la identidad de su firmante junto a la rúbrica, estando además datados ambos en fechas muy anteriores -2003 y 2010- a la del despido que sería aquella en la que pudieran tener relevancia las circunstancias descritas, lo que redunda en la desestimación de la adición propuesta.

V.-También se pide se añada un nuevo hecho probado con el contenido que a continuación se expone:

"Consta a los folios 394 a 403 la Memoria de la Unidad de Neurociencias del Hospital U. Virgen Macarena del SAS.

Tal Unidad provee información, asesoramiento, atención y asistencia médica especializada a pacientes con Esclerosis Múltiple (EM) de forma permanente, las 12 horas del día [de 8 de la mañana a 8 de la tarde].

La unidad de Esclerosis Múltiple está encuadrada en el Servicio de Neurología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y presta sus servicios a demanda de los pacientes del Área de Salud correspondiente y por él pasan un elevado porcentaje de usuarios...

Se indica expresamente que "Contamos con recursos humanos propios: ocho neurólogos, cinco enfermeros, un psiquiatra, un inmunólogo y biólogo molecular, un biólogo, una química, una fisioterapeuta, dos neuropsicólogos, una farmacóloga clínica, una trabajadora social, dos administrativas y un informático".

Consta al folio 400 las funciones de cada una de las administrativas. Y consta al los folios 395 vuelto y 396 el organigrama y composición de la Unidad, constando al actora como "administrativa" al folio 396, y detallándose las funciones que le corresponden en particular a ella misma como (2), al folio 400.

Al folio 395 vuelto consta el Dr. Jenaro como Director.

Igualmente constan a los folios 401 y ss los equipamientos específicos de que dispone la Unidad, así como su distribución en distintas dependencias del Hospital, así como la existencia del despacho de "gestión y administración".

Por su parte consta a los folios 404 y ss la Memoria funcional y de Gestión del periodo 2011-2015 de la UG de Neurología del HU Virgen Macarena, obrando a los folios 420 y 421 la Unidad de Esclerosis Múltiple".

De los documentos citados resultan de manera directa los datos cuya incorporación se pretende y pese a considerarse intrascendentes en atención al criterio que esta Sala mantiene sobre la cuestión controvertida, según se verá con posterioridad, no puede ignorarse que tienen interés desde el punto de vista de la parte recurrente y no hay que olvidar, que no siendo la suplicación el último grado de la jurisdicción social, este Tribunal está obligado a fijar el relato definitivo de los hechos, insertando todos los que no resulten manifiestamente intrascendentes para solventar el problema jurídico sometido a su consideración, de manera que si las partes discrepan de la solución adoptada, puedan acreditar la eventual contradicción ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo y dispongan de los elementos precisos para fundar el recurso de casación para la unificación de doctrina. Procede, pues, incluir un nuevo ordinal fáctico con dicha redacción con la única salvedad relativa a que se ha de precisar, en lo que a la Memoria de la Unidad de Neurociencias respecta que la misma corresponde al año 2010, por cuanto en otro caso la información habría de considerarse incompleta y engañosa.

VI.-Se interesa a continuación la adición de un nuevo hecho probado del siguiente tenor:

-"Constan a los folios 435 a 457 certificaciones de pertenencia al SAS de los siguientes empleados públicos:

- Filomena (folio 435 y ss)

- Marcelino (folio 438 y ss)

- Leonardo (folio 441 y ss)

- Baldomero (folio 443 y ss)

- Jenaro (folio 454 y ss)

- Natalia (folio 456 y ss)

Todos ellos forman parte de la Unidad de Esclerosis Múltiple, según consta al folio 395 vuelto.

Tres de ellos, en concreto Filomena, Baldomero y Leonardo habían estado en alta con la demandada Neuroinvest en el ejercicio 2004. (folios 849 vuelto)"

La información expresada igualmente se obtiene, de manera directa y sin conjeturas, de los documentos referidos, con excepción de lo relativo al alta de Filomena en Neuroinvest, por lo que se admite, con la salvedad indicada, la revisión solicitada, sin perjuicio de la transcendencia que esta Sala le atribuya para la resolución de la cuestión controvertida por no ser la suplicación el último escalón en la jurisdicción.

VII.-Se pretende igualmente que se añada otro hecho probado con la redacción alternativa que seguidamente se reproduce:

"La demandada Neuroinvest tenía como domicilio social el del Hospital Virgen Macarena, siendo requerida por el Gerente para que cambiase esa información (folio 382) con fecha 2 de julio de 2013. Pese a ello, ante la TGSS, el centro de trabajo sigue ubicado a fecha 21-5-2019, en "Avda. Doctor Fedriani- Ed Policlínico" (folio 106).

El documento obrante al folio 382, consistente en comunicación remitida y suscrita por los Directores Gerentes del Hospital Virgen Macarena y de FISEVI, no tiene la consideración de literosuficiente a los efectos pretendidos, no cabiendo deducir del mismo de manera incontestable cuál fuera el domicilio social de Neuroinvest, más aún cuando constan en otros documentos a los que se hace referencia en el relato histórico de la sentencia domicilios distintos del expresado, sirva a título de ejemplo el contrato de trabajo suscrito por la actora en 2014, folio 942, en el que el domicilio social de la Asociación se dice radica en la calle Fernando Álvarez de Toledo núm. 4. No cabe por lo expuesto admitir la revisión que además seía irrelevante en lo referente al centro de trabajo, al encontrarse el mismo ubicado en el referido Hospital Virgen Macarena según se recoge en el quinto hecho probado.

VIII.-Se pide, asimismo, la adición de un nuevo hecho con el siguiente tenor:

"De acuerdo con la información que obra en autos, constan los siguientes movimientos de trabajadores incluidos en la Unidad de Esclerosis Múltiple (folios 395 vuelto, 396), y que han estado en alta en al Asociación Neuroinvest primero (con centro de trabajo en C/ Dr. Fedriani), y cuyos contratos con la entidad FISEVI reflejan igualmente como centro de trabajo en C/ Dr. Fedriani, H. Virgen Macarena:

- Inés: consta alta en la demandada FISEVI el 2-1-2014 con contrato con centro de trabajo en c/ Dr. Fedriani. (folios 126, 177 y 179). Consta al folio 107 que está asimismo en alta en Neuroinvest hasta 19-10-2016, figurando al inicio del folio en centro en C/ Dr. Fedriani:

- Celestina: FISEVI desde 2-1-2014 (folios 126 y 192). Folio 106-107, consta alta en Neuroinvest hasta 28-2-2015.

- Inocencia: alta en FISEVI con fecha 3-1-2014, folios 129 y 197.

Folio 107, de forma simultánea alta en Neuroinvest hasta 28-2-2015.

- Enma: alta en FISEVI 2-1-2014, folios 128 y 202. Folio 107, de forma simultánea alta en Neuroinvest hasta 28-2-2015.

- Josefa: alta en FISEVI 2-1-2014, folio 149 y 207. Folio 107, de forma simultánea alta en Neuroinvest hasta 28-2-2015.

- Celia: alta en FISEVI a 1-7-2018, folio 227. Folio 106, Estuvo en alta en Neuroinvest hasta 30-6-2018.

- Amelia: alta en FISEVI el 2-1-2014, folio 123 y 212. Folio 106, de forma simultánea alta en Neuroinvest hasta 28-2-2015.

- Remedios: alta en FISEVI 2-1-2014, folio 148 y 217.

Folio 107, de forma simultánea alta en Neuroinvest hasta 28-2-2015.

- Violeta: alta en FISEVI 2-1-2014, folios 118 y 183.

Folio 106 de forma simultánea alta en Neuroinvest hasta 28-2-2015.

- Patricia: alta en FISEVI el 2-1-2014, folios 128 y 222. Folio 107, de forma simultánea alta en Neuroinvest hasta 28-2-2015.

- Silvia: alta en FISEVI 1-4-2010 (188).

Folio 107, de forma simultánea alta en Neuroinvest hasta 7-6-2016."

Los citados documentos evidencian -con alguna salvedad mínima e intrascendente como la relativa a la Sra. Inés en lo que al documento 126 respecta, en cuanto que no figura en el mismo- de manera directa la realidad de la información que se aspira a trasladar al relato histórico y dado que se estima de interés de acuerdo con el criterio que mantiene la recurrente, se admite la adición interesada, bien entendido que en aras a proporcionar una visión completa y fidedigna de los hechos en cuestión, se tiene por efectuada remisión a los documentos expresados en su integridad.

IX.- Para terminar se interesa la adición de un nuevo hecho para el que se ofrece la siguiente redacción:

"Consta al folio 859 la cuenta de pérdidas y ganancias de la entidad Neuroinvest del ejercicio 2019. En ella se refleja un importe de cifra de negocios por prestaciones de servicios por valor de 22.995,00 así como gastos por servicios exteriores de 7909,78.

Consta asimismo que los empleados:

- Joaquina

- Humberto

Permanecieron en alta en la Asociación hasta 31-12-2018"

No existe inconveniente en reflejar el contenido de la cuenta de pérdidas y ganancias que se indica, así como la permanencia en alta en la Asociación de la Sra. Joaquina hasta el 31/12/2018, no así del dato relativo al Sr. Humberto que no consta al folio 849 vuelto citado en fundamento de dicha revisión.

CUARTO.-Al amparo del apartado c) del art. 193 de la LRJS se formula por la suplicante un primer motivo de censura jurídica, por entender que la Sentencia recurrida incurre en infracción de las previsiones del art. 43 y 53, y 56.1 del ET, al rechazar la concurrencia de la cesión legal de mano de obra entre la empresa principal (SAS), y la codemandada "NEUROINVEST", empresario aparente-cedente.

Parte la trabajadora de una versión interesada de los hechos, distinta de la que resulta conforme a lo establecido en el precedene apartado, pretendiéndose introducir por trámite inadecuado y en régimen de impugnación abierta, modificaciones fácticas que no cabe admitir en este tipo de recurso extraordinario en el que forzosamente se ha de seguir el procedimiento establecido en la norma, de acuerdo con el cual la prueba testifical resulta inhábil para fundamentar la revisión. Se ha de estar en consecuencia al relato histórico fijado en la resolución de instancia con las variaciones consignadas en el fundamento anterior.

Tal y como viene estableciendo el Tribunal Supremo ( STS 15/03/2023, rec. 3390/2020, que cita la STS 30/2022, 12 de enero de 2022 rec. 1903/2020), para apreciar si concurre o no cesión ilegal habrá que tener en cuenta, en primer lugar, si existe una mera puesta a disposición de los trabajadores o, por el contrario, la empresa contratista ejerce, respecto de los trabajadores como verdadero empresario, manteniendo el control, la organización y la dirección de la actividad laboral; el control de la actividad de los trabajadores debe seguir en manos de la empresa subcontratada y no trasladarse a la principal, en todo aquello que incide en la organización del trabajo y el efectivo ejercicio de las facultades empresariales en el amplio abanico de decisiones y actuaciones que eso conlleva. Lo que en la práctica se traduce en que siga siendo la empresa subcontratada quien lo mantenga en materias tales como: la distribución de tareas; determinación de los turnos; vacaciones; descansos; aplicación de las facultades disciplinarias; etc., es decir, en el ejercicio de todas aquellas facultades organizativas y directivas que competen el verdadero empleador de los trabajadores bajo cuyo ámbito de organización y dirección desempeñan realmente su actividad.

En segundo lugar, resulta imprescindible que la contratista empleadora sea una verdadera empresa con infraestructura organizativa suficiente y adecuada.

Y, en tercer lugar, el contratista debe asumir un verdadero riesgo empresarial, siendo la contrata una actividad específica, delimitada y diferente de la actividad desarrollada por la empresa principal.

Coincide, en el presente caso, la Sala con la recurrente en que Neuroinvest y el SAS eran las que tenían mayor facilidad probatoria para justificar la relación existente entre ambas y con ello la carga de la prueba ex art. 217 de la LEC, si bien tal omisión no puede llevar a entender que estemos en presencia de un fenómeno interpositorio de carácter fraudulento, al haberse justificado a través de la documentación contable y de Seguridad Social aportada y de las declaraciones testificales practicadas, que la Asociación empleadora tenía una existencia real y contaba con una organización y gestión propias.

Por otra parte, se ha de destacar que por la demandante únicamente se ha justificado en 2010 el funcionamiento de la Unidad de Esclerosis Múltiple, perteneciente a la Unidad de Neurociencias del Hospital Universitario Virgen Macarena en la que entonces figuraba integrada la actora, de acuerdo con la Memoria correspondiente a esa anualidad, desconociéndose cuál fuera la situación existente a la fecha de extinción de la relación laboral en la que no cabe ignorar que las circunstancias habían cambiado de manera radical al haber entrado en juego otras entidades colaboradoras, en particular FISEVI, de naturaleza pública, que contaba con su propio convenio de colaboración con el SAS, de fecha 7 de febrero de 2012, y a la que le fueron encomendados a partir de ese momento diversos proyectos de investigación, según consta en la documentación aportada por la misma a la que se remite la resolución de primer grado.

En consecuencia, en modo alguno se infiere del relato histórico resultante de las revisiones admitidas que la Asociación, al menos en los últimos años, no hubiese puesto en juego su organización empresarial respecto de sus empleados y concretamente de la actora en el proceso, tal y como en la propia sentencia se establece al asignarse a Neuroinvest funciones directivas y gerenciales, incluido el abono del salario, así como el control de licencias, permisos y vacaciones, siendo significativo que la trabajadora dirigiera a esta entidad y no al SAS la solicitud de reducción de jornada.

De lo expuesto se concluye que la Asociación empleadora tenía existencia real, con organización y actividad propia que no se limitó a poner a disposición del Servicio Andaluz de Salud mano de obra, sino que ejerció sus poderes empresariales de dirección y control sobre la actividad de la trabajadora.

En razón de lo indicado, entendemos que la conclusión de la sentencia de instancia es razonable, por lo que no cabe considerar que incurriera en la censura denunciada.

QUINTO.-Se interpone el siguiente motivo, con carácter subsidiario al anterior, también al amparo de las previsiones del art. 193.c) de la LRJS, por entender que la Sentencia recurrida incurre infracción de las previsiones de los arts. 44.1 y 44.3, 53, 55.6 y 56.1 del ET, en conexión con lo dispuesto en la Directiva Comunitaria 2001/23, (art. 3.1), en lo relativo a la obligada subrogación y absolución de las empresas codemandadas, Asociación Neuroinvest Y FISEVI, así como por infracción de la Doctrina Jurisprudencial contenida en las Sentencias de la Sala IV del T.S. que se cita.

Mantiene la suplicante que, en todo caso, se habría producido "una transmisión de la actividad (con el consiguiente trasvase de plantilla) antes desarrollada por Neuroinvest, a favor de FISEVI, en este caso la actividad de refuerzo o soporte de la Unidad de Esclerosis Múltiple, lo que igualmente sería determinante de la aplicación de las garantías de subrogación a que se refiere el art. 44 del ET ."

Razones las expuestas que no pueden ser compartidas por la Sala al no resultar del relato de hechos probados ni tan siquiera que existiera identidad entre la actividad desarrollada por ambas entidades, menos aún que se produjera trasvase de elementos materiales entre ellas, siendo lo único constatado la prestación de servicios simultánea, durante unos años, previos a febrero de 2015, para la Asociación y la Fundación de diversos empleados que, a partir de esa fecha, pasaron a estar ocupados en exclusiva por FISEVI, lo cual en caso de entenderse constituyera sucesión de plantilla, habría de considerarse temporalmente desconectado con la decisión extintiva que ahora se impugna y que se ha producido más de tres años después, una vez caducada y prescrita la acción de despido y declarativa que le hubiera podido corresponder a la actora en el proceso de origen. El hecho de que un mes antes de su cese otra compañera causara baja en Neuroinvest y al día siguiente fuera alta en FISEVI por sí sólo ninguna consecuencia ha de tener a los efectos aquí pretendidos al desconocerse cuál fuera la plantilla de Neuroinvest en julio de 2018, a qué causa obedeció la baja, si existió un proceso selectivo previo en Fisevi y otras circunstancia de las que cupiera deducir la sucesión que se propugna.

Ha de ser, por tanto, desestimado también este motivo.

SEXTO.-También dentro de la censura jurídica, se denuncia infracción de las previsiones del los arts. 1.1., 8.1, 53.1 y 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con la antigüedad real de la actora en su prestación de servicios.

Mantiene la recurrente que su prestación de servicios para Neuroinvest se remonta al 1 de marzo de 1998, de conformidad con dos certificaciones que se dan por reproducidas en la sentencia, una emitida en septiembre de 2003, en la que se hace referencia a la prestación de servicios por la actora en la Unidad de Esclerosis Múltiple en el mes de julio de 2003, no realizándose mención alguna a Neuroinvest y otra emitida el 11 de julio de 2005 por quien dice ser Gestor de la expresada Asociación -Alvaro Duque San Juan-, que no se tiene constancia haya sido ratificada y se ignora a qué efectos se expidió, en la que ciertamente se sitúa la fecha de inicio de las labores de auxiliar administrativo de la Sra. Zaira el 1 de marzo de 1998, circunstancia que choca con el hecho de que en la indicada data la entidad no estuviera aún constituida -según se desprende del certificado de inscripción registral de la Asociación-, por lo que en esta coyuntura se considera acertado que por la juzgadora se atribuya mayor verosimilitud al contrato suscrito por las partes para la fijación de la antigüedad.

SÉPTIMO.-Se denuncia a continuación que la sentencia recurrida incurre en infracción de las previsiones del art. 53.1 del Estatuto de los Trabajadores, por cuanto que el despido debió ser declarado improcedente por falta de puesta a disposición de la indemnización que correspondían a su antigüedad y salario como empleada de la demandada Neuroinvest.

Dado que la antigüedad y el salario a tener en cuenta son los considerados por la empleadora para el cálculo de la indemnización, ha de entenderse que es correcta la en su día satisfecha a la trabajadora, lo que lleva también al rechazo de este motivo.

OCTAVO.-Al amparo del art. 193.c) de la LRJS se denuncia infracción de las previsiones del art. 53.1 del Estatuto de los Trabajadores por insuficiencia de la carta de despido en la que se debió hacer referencia a las magnitudes económicas que supuestamente daban lugar a la disolución de la Asociación empleadora, no habiéndose justificado tampoco la concurrencia de las causas genéricamente invocadas en la misiva, manteniéndose, además, en el ejercicio 2019 la actividad de la empresa, con una importante cifra de negocios -se dice-.

La causa, a que alude el artículo 53.1.a) del Estatuto de los Trabajadores -así como el artículo 122.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social- debe entenderse como equivalente a hechos, a los que se refiere el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, una y otros determinantes, en definitiva -como ya se declaró por el Tribunal Supremo en sentencia de 3-11-1982 y se reitera en las de 10-3-1986 y 10-3-1987- de la garantía que la ley otorga al trabajador para que, si impugna el despido, lo haga con conocimiento de los hechos en base a los cuales la empresa adoptó el acuerdo extintivo, de aquí que el contenido de la carta deba ser lo suficientemente claro y expresivo. Tal y como ha venido manteniendo la jurisprudencia, la valoración de si la comunicación de cese por causas objetivas cumple el requisito de consignar con el suficiente grado de determinación los hechos que lo motivan debe realizarse con un criterio de suficiencia y no de exhaustividad informativa. El cumplimiento de dicho requisito debe interpretarse, además, con criterio finalista, atendiendo al objetivo perseguido de evitar la indefensión del trabajador, sin limitarse a un examen meramente formal y abstracto de la mayor o menor precisión de los hechos recogidos en la comunicación escrita. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la prueba posterior, en el acto de juicio, de hechos susceptibles de ser calificados como causa de despido o que efectivamente hayan sido causa del mismo, no permite concluir que el trabajador los conocía, si no figuran en la carta, como expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2000. Lo relevante al respecto es que los hechos sean objeto de una descripción clara y precisa, la cual será suficiente si permite al trabajador identificarlos claramente como causa de su despido y defenderse de los mismos.

En el presente supuesto, el contenido de la carta se limita a indicar en relación con la causa de la decisión extintiva adoptada que "Como bien sabe, pues a tal efecto fue informada convenientemente de la situación en la que se encontraba la Asociación desde hace tiempo, ésta viene atravesando dificultades económicas que hacen inviable el fin para el que fue constituida, dada la disminución progresiva y constante, llegando a ser prácticamente inexistente, de fuentes de ingresos, donaciones.. entre otros.

Por este motivo, se acordó en Junta Extraordinaria en el mes de julio, la disolución de la Asociación Neuroinvest, produciéndose el cese de actividad y encontrándose, en la actualidad, en proceso de liquidación, siendo inminente la pérdida de la personalidad jurídica de la entidad para la que venía prestando sus servicios."Tal y como por la suplicante se aduce, habría sido necesario justificar la decisión de disolución de la Asociación acordada en la Junta Extraordinaria celebrada en el mes de julio, resultando la información que en la misiva se ofrece absolutamente insuficiente, al haberse prescindido de la aportación de datos concretos que permitan a la trabajadora su comprobación y discusión, en su caso, que resulta imposible dada la generalidad de la redacción de la comunicación extintiva y la falta de término de comparación. Se ha de añadir que el hecho de que la Sra. Zaira asistiera -y participara activamente-, el 13 de marzo de 2018, a una reunión convocada por Neuroinvest, con el fin de informar pormenorizadamente a los trabajadores de la situación económica, para que ante el inminente despido pudieran buscar otra opción laboral, en modo alguno presupone que en tal ocasión, que dista más de cuatro meses del despido, se pusieran en conocimiento de la demandante datos contables precisos y necesarios para el conocimiento del alcance de las pérdidas y de la adecuación o no de las medidas que se tenía previsto adoptar, más aún cuando, al parecer, el fin de la reunión era fundamentalmente el de minimizar, en lo posible, los perjuicios derivados de la extinción de los contratos, por lo que no cabe entender que con dicha actuación previa de la empleadora quedaran suplidos los defectos formales de la misiva, ni por ende posibilitada la plena defensa de la recurrente en la impugnación del despido.

Ha de concluirse, pues, que concurre la irregularidad denunciada que por sí sola determina la calificación de improcedencia del despido que por la suplicante se postula, sin que sea necesario entrar en el análisis de los restantes defectos invocados en este motivo en torno a la falta de acreditación de la causa que en todo caso devendría consecuencia ineludible de la inconcreción de la misiva al estar vetada a la empleadora la introducción en el juicio de hechos distintos de los consignados en la misma.

NOVENO.-Al amparo de las previsiones del apdo. c) del art. 193 de la LRJS, se denuncia infracción de derecho sustantivo ( art. 53. 4 b) del ET y 108.2 c) de la LRJS) , así como de la doctrina Jurisprudencial fijada, entre muchas, en la Sentencia de la Sala IV del TS de fecha 31 marzo 2015, dictada en el rec.1505/2014.

Se mantiene que, en cualquiera de la hipótesis de improcedencia que se enuncian en los motivos precedentes, debe reconocerse la nulidad del despido, al concurrir en la actora al momento del cese la situación protegida del art. 53.4 b) del ET, estando declarado probado el hecho primero in fine que la "actora solicitó reducción jornada por cuidado hijo menor 12 años en fecha 05-07-18".

Partiendo del relato de hechos probados, es cierto que la trabajadora solicitó reducción de jornada por cuidado de hijo menor de doce años el 5 de julio de 2018, pero igualmente consta que lo hizo después de tener conocimiento de la situación de la Asociación y de su despido inminente que le había sido comunicado por la Asociación en el mes de marzo a los efectos de facilitarle la salida de la empresa, y dado que no se justifica por la trabajadora la concurrencia de circunstancias que dieran sentido a una petición de esa naturaleza cuando su cese era inmediato, es fácil entender que dicha actuación respondió a un intento de blindaje de su situación laboral mediante la utilización de un derecho legítimo pero con fines distintos a aquellos a los que va dirigida a proteger la norma.

Tal y como ha venido entendiendo el TSJ de Madrid, entre otras en sentencia de 20 de junio de 2019, rec. 253/19, en la que se refiere a otros pronunciamientos previos, se trata de actuaciones fraudulentas, oblicuas y torticeras, en contra de la buena fe, para blindarse el trabajador una vez conoce que va a terminarse su contrato y sin justificar debidamente la reducción en las razones familiares expuestas por el empleado, lo que desmonta el argumento del recurso de que pedida la reducción de jornada por motivos de cuidado de hijo menor el despido, si no es improcedente, por ley es nulo, puesto que los órganos judiciales deben velar porque la conducta de las partes se adecue a la reglas de la buena fe, corrigiendo aquellas actuaciones que al amparo formal de una norma pretendan obtener un resultado que la misma preveía para otra situación, todo ello con base en el art. 6º apartado 4 del Código Civil conforme al cual: "Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir".

Debe ser, en consecuencia, conforme a los expresados argumentos que hacemos propios, rechazado este último motivo.

Procede, por lo expuesto, la estimación parcial del recurso, con la consiguiente revocación de la sentencia de instancia y estimación de la pretensión subsidiaria de la demanda, declarándose la improcedencia del despido operado por la Asociación Neurovest respecto de la actora en el proceso, con las consecuencias inherentes a dicho pronunciamiento de conformidad con lo dispuesto en el art. 56.1 del TRLET y 110.1 de la LRJS, partiendo de la antigüedad y salario declarados de 2 de marzo de 2004 y 39,34 euros/día, lo que determina que el importe de la indemnización por la que, en su caso, opte la empresa ascienda a 22.600,83 euros, cantidad de la que procederá deducir la indemnización ya percibida por la trabajadora.

Vistos los precedentes preceptos legales y los de general aplicación.