Sentencia Social 2077/2025 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 1004/2022 de 07 de octubre del 2025

PRIMERO.-La resolución judicial de instancia ha estimado parcialmente la pretensión de la trabajadora accidentada (accidente de trabajo de 15/02/2008) por tropiezo y caída con fractura de húmero en el brazo derecho en trabajadora de relación laboral especial de minusvalía-discapacidad, habiendo solicitado una indemnización por daños y perjuicios que el juzgador de instancia estructura en el FJ2º elevando la cuantía por secuelas, perjuicios estéticos, periodos impeditivos, factores de corrección, e IPA a un total de 238.406,09€, que con el factor multiplicador (50%) eleva la petición total indemnizatoria a 357.890,25€. Para ello el juzgador de instancia, en una resolución judicial detallada y profusa, desestima la excepción de prescripción, afirmando la existencia de una falta de medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales, concluyendo con una responsabilidad solidaria de las codemandadas (empresariales y administración), disponiendo a un cálculo indemnizatorio que en virtud de las periciales acuerda con un importe indemnizatorio que atiende a la calificación profesional a los procesos de IT y declaración de IPA además de la pericial de la demandante, descartando la de los demandados, reconociendo el cálculo indemnizatoria global de 238.406,09€ sin el denominado factor multiplicador de corrección, aplicando los intereses moratorios del art. 20 de la LCS exclusivamente desde la ampliación de la demanda a la compañía aseguradora, es decir, el 5/02/2021, sin expresión de cualesquiera otros intereses moratorios (1.108 CC) .

Disconformes con tal resolución de instancia, van a plantear recurso de suplicación no solo la trabajadora demandante, sino también el Instituto Foral de Bienestar Social, e igualmente la misma DFA, que han sido codemandados y condenados solidariamente, pero no la empresa laboral y su aseguradora privada.

Existen impugnaciones recíprocas de las Administraciones y también para el recurso de la trabajadora de la misma compañía de seguros (Segur Caixa), insistiendo la impugnación de la trabajadora en la inadmisión de los recursos que se corresponden con el Instituto Foral y con la DFA por entender que incumplen el art. 197.1 en relación al 195.2 y 230 de la LRJS, al no haber consignado la cantidad objeto de condena y existir un carácter solidario de su responsabilidad.

Recordamos que el recurso de la trabajadora y de la DFA mantienen una revisión fáctica iniciada al amparo del párrafo b) del art. 193 LRJS, siendo que todos los recursos mantienen motivaciones jurídicas siguiendo el párrafo c) del mismo artículo y texto que pasamos a analizar, aunque el recurso de IFBS no guarda la formalidad de la suplicación.

Este Tribunal Superior de justicia del País Vasco procedió a dictar sentencia el 18 de octubre de 2022, que fue objeto de recurso de casación para la unificación de doctrina, por las recurrentes en suplicación, IFBS y DFA, habiendorecaído sentencia del TS de18 de junio de 2025 R.1281/2023, que procede a casar y anular nuestra resolución judicial, por entender que la inadmisión de los recursos de suplicación por falta de consignación resulta indebida, exigiendo la devolución de las actuaciones y el dictado de una nueva resolución judicial con libertad de criterio, lo cual procedemos a hacer en esta nueva resolución judicial.

SEGUNDO.-El motivo de revisión fáctica esgrimido al amparo del artículo 193 b) de la LRJS exige recordar que el proceso laboral delimita, desde la Ley de Bases 7/89, la exigencia de un Recurso de Suplicación como medio de impugnación extraordinario propio de una única instancia con cierta naturaleza casacional que solo puede interponerse por motivos tasados, expresos y circunstanciados sin que el Tribunal pueda acceder al examen, con modificación de la resolución de instancia, mas que cuando exista un error en la apreciación de los medios de prueba que consten en el procedimiento, ya sea positivamente, por recoger hechos contrarios a los que se desprenden de la actividad probatoria, o negativamente, por omisión de tales que del mismo modo se desprenden de dichas pruebas. Además el padecimiento del error debe ser palpable y evidente, con trascendencia en el Fallo y variación del procedimiento, y por lo mismo con independencia de su certeza o veracidad.

Es reiterada la doctrina de esta Sala del TSJPV que recoge la doctrina de la Sala IV del TS, recordada entre otras en las recientes SSTS de 6 de noviembre de 2020 (R-7/2019), 25 de enero de 2021 (R-125/2020) y 2 de noviembre de 2021 (R-90/2021), los requisitos para que prospere la revisión fáctica los establece la Sala IV del TS señalando:

"En STS 13 julio 2010 (R-17/2009 ), 21 octubre 2010 (R-198/2009 ), 5 junio 2011 (R-158/2010 ), 23 setiembre 2014 (R-66/2014 ), 18 noviembre 2015 (R-19/2015 ) y otras muchas, hemos advertido que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de suplicación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquel por el subjetivo de las partes".

El peligro de que el acudimiento a los Tribunales Superiores se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en STS 28 mayo 2013 (R-5/2012 ), 3 julio 2013 (R-88/2012 ) o 25 marzo 2014 (R-161/2013 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse), sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de Derecho o su exégesis.

. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué se discrepa.

. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

. Que no se base la modificación fáctica) en prueba testifical ni pericial, Excepcionalmente la prueba testifical puede ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de Instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente Para el fallo, Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. Desde luego, la modificación no puede ampararse en la prueba testifical, ni en la pericial, por expreso mandato de la LRJS. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.»."

En lo que respecta al caso concreto de la presente pretensión del recurso de suplicación de la trabajadora recurrente que induce a la modificación por adición de un nuevo hecho declarado probado (duodécimo) en el que se deje constancia de que la codemandada Compañía de Seguros Segur Caixa, ya tuvo conocimiento con anterioridad (al menos en el año 2019) de la intervención en la reclamación de la indemnización de daños y perjuicios aquí presentada, haciendo alusión a determinados correos electrónicos así como a un acta de conciliación del año 2019, a criterio de la Sala deviene inoperante en tanto en cuanto la ausencia de citación reglada y procesal, hasta que finalmente tiene lugar la ampliación de la demanda en el año 2021, impide hacer alusión expresa al conocimiento cabal y exigible para sostener una interrupción y/o reclamación de intereses que se correspondan con los propios del art. 20 de la LCS. Se desestima la revisión fáctica propuesta que no se infiere de la documental referenciada.

Respecto a la revisión fáctica propuesta en el recurso de suplicación de la DFA, quepretenden modificar el hecho probado primero eliminando la relación o pertenencia entre la empresa laboral, el Instituto foral y la Diputación, haciendo alusión al resto del relato histórico, así como a documentales, donde todas las partes reconocen que en el histórico accidente de trabajo de 2008, yal menos hasta 2010, la trabajadora de la empresa laboral INDESA guardaba dependencia (hecho probado segundo) con el Instituto foral específicamente, a criterio de la Sala no va a tener éxito, por cuanto se circunscribe la expresión y temática a las correspondientes alusiones procesales y de fondo, respecto de la responsabilidad y legitimación de las contrapartes, sin que debamos predeterminadamente articular un relato histórico que atienda a argumentos jurídicos y referencie anuncios o notas de prensa, con las que quiere la recurrente atender a las adscripciones públicas u otras especificidades que articulen una proposición de responsabilidad diferenciada.

TERCERO.-En lo que se refiere a las revisiones jurídicas, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, motivando la interposición del recurso extraordinario en el examen de la infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, debe recordarse que el término norma recoge un ámbito amplio jurídico y general que incluye las disposiciones legislativas, la costumbre acreditada, las normas convencionales y hasta los Tratados Internacionales ratificados y publicados. Pero además la remisión a la idea de normas sustantivas no impide igualmente que las normas procesales que determinen el fallo de la resolución deban ser también esgrimidas y alegadas como infracción que se viene a producir en supuestos adjetivos, cuales son entre otros los propios de excepciones de cosa juzgada incongruencia u otros. Y es que la infracción jurídica denunciada debe atenerse al contenido del fallo de la resolución, por lo que en modo alguno la argumentación de la suplicación se produce frente a las Fundamentaciones Jurídicas, sino solo contra la parte dispositiva, con cita de las normas infringidas y sin que pueda admitirse una alegación genérica de normas sin concretar el precepto vulnerado u omisión de la conculcación referida, que impediría en todo caso a la Sala entrar en el examen salvo error evidente iura novit curiao vulneración de derecho fundamental, y en todo caso según el estudio y resolución del tema planteado.

Como las Entidades recurrentes, IFBS yDFA, coincidenen su motivación jurídica respecto de la falta de legitimación pasiva, y articula, planteamientos de prescripción, solidaridad impropia, e incluso, sucesión empresarial, abordaremos de forma conjunta la contestación judicial sobre dicha responsabilidad.

Ciertamente, el accidente de trabajo aconteció en el año 2008, cuando el IFBS era el empleador y aún no existía la empresa INDESA, que fue creada en 2010, pero con independencia del ejercicio de la acción, y finalmente, el estudio que hagamos de la prescripción en la reclamación y su dies a quo,lo cierto es, que los sujetos responsables de las consecuencias de aquel accidente de trabajo se corresponden con la empresa laboral, o en su caso sus sucesoras, y finalmente, la exigencia del contorno público, que se corresponde con un ámbito declarado de solidaridad que debemos analizar para con las contrapartes.

Debe mantenerse el criterio del juzgador de instancia, que advierte de un plazo de prescripción para entablar la acción de responsabilidad civil laboral por el accidente de trabajo y sus daños y perjuicios, a la firmeza de nuestra sentencia del TSJ País Vasco a partir del 26 de septiembre de 2018, determinando que la papeleta de conciliación inicial, aunque lo fuese solo exclusivamente para la empresa INDESA, lo fue el 19 de julio de 2019, por lo que denegó la excepción de prescripción opuesta exclusivamente por la aseguradora. Queremos con ello manifestar que no le queda constancia a esta Sala de una verdadera excepción de prescripción opuesta por las recurrentes, que no constituya, a la sazón, con posterioridad, un verdadero cuestionamiento novedoso, queno puede oponerse vía recurso en advertencia de prescripción, más allá de la única excepción articulada, que lo fue de falta de legitimación pasiva ad causam,y cuestionamientos sobre la sucesión empresarial. Con lo que se hace innecesario atender a los argumentos de responsabilidad solidaria e impropia, en relación, a la aplicación de la prescripción

Por lo tanto, procederechazar cualquier excepción de prescripción, que ha opuesto novedosamente la recurrente IFBS en momento procesal inadecuado, tal cual denuncia la trabajadora impugnante en suplicación.

Queda por abordar la figura de la falta de legitimación pasiva que articulan ambas recurrentes, y que decae por su propio concepto para con el IFBS, al existir evidencia y reconocimiento de que en la fecha del accidente de 2008, el empleador era el IFBS, y posteriormente lo fue la empresa INDESA 2010 SL, todo ello con independencia de que la acción última y la interrupción concatenada de la prescripción en la reclamación de daños y perjuicios, tenga por último estudio una fecha de dies a quoque concierne a la firmeza de la resolución judicial de esta Sala, que concierne al carácter definitivo y declaración de IP absoluta.

Y es que, enlos procedimientos de responsabilidad civil laboral derivada del contrato de trabajo, es evidente que los sujetos responsables son los deudores de la seguridad del trabajador en la época de su contratación y del hecho accidental (2008), por mucho que atendamos a figuras de cómputo de acción de reclamación en momentos diferenciados (2019), por cuanto lo que se trata es de descubrir la responsabilidad en materia preventiva, sin perjuicio del cambio de empleador o sucesión.

A mayor abundamiento, la alusión a la exigencia de responsabilidad solidaria durante tres años del art. 44.3 del ET, no es exigible a los daños derivados del accidente de trabajo, sin perjuicio de la articulación de otras excepciones de prescripción que no analizamos.

Con todo, y, finalmente, si debemos admitir la infracción jurídica que denuncia la DFA respecto de la normativa y doctrina jurisprudencial, al entender que el organismo autónomo IFBS es una Entidad diferenciada de la Administración de la que depende, que es la DFA, y por ello, ostenta una personalidad jurídica propia, que se corresponde con la cita de los preceptos que realiza la recurrente DFA en el art. 4 de la Norma Foral 15/87 art. 1 de la Norma Foral 21/88 y art. 1 del Decreto Foral 25/2012, por cuanto el IFBS es un organismo autónomo foral, que, si bien, está adscrito al departamento de servicios sociales de la DFA, tieneuna personalidad jurídica propia con plena capacidad de obrar, autonomíafinanciera y funcional, que le hace poder ser considerado responsable propio, cuando más, fue su empleador, sin que la Diputación tuviera en momento alguno, algún tipo de obligación laboral de vigilancia de condiciones u otros que conciernan a responsabilidades reseñables.

En suma, como el IFBS tiene personalidad jurídica propia técnica, y jurídicamente no podemos identificar a la DFA como un organismo público corresponsable al mantener una personalidad jurídica pública independiente, aun cuando esté evidentemente relacionada públicamente.

Con ello estimaremos el recurso de la DFA.

CUARTO.-Queda por abordar el recurso de la trabajadora recurrente que articula tres motivaciones jurídicas que dice en relación al dies a quopara el cáculo de los intereses moratorios del art. 20 de LCS; los intereses al resto de codemandados que entienden deben ser al menos del art. 1.108 CC; y finalmente peticiona el denominado coeficiente o factor multiplicador que eleva al 50% en el cálculo indemnizatorio, abordaremos, con una premisa introductoria cifrada sobre la responsabilidad civil laboral y determinación del cálculo indemnizatorio, las exigencias de la recurrente que combaten igualmente las impugnantes, en una impresión de no discusión alguna sobre la baremación que impera en las exigencias normativas desde la Ley 30/95 a la Ley 34/2003 y la nueva normativa Ley 35/2015, según criterios de elección de las contrapartes y vigencias.

Por lo que se refiere a la liquidación de los intereses moratorios y a la impugnación del cálculo atendiendo al dies a quosegún la regla del art. 20 de la LCS, peticionando que lo sea la fecha del accidente de trabajo, y no la primera reclamación que consta frente a la Aseguradora (demanda de conciliación de 16/10/2019), exige atender a nuestra doctrina jurisprudencial autonómica que concuerda con la aplicación de la excepción del conocimiento del siniestro por la Aseguradora ( STS Sala I 24/09/2018 R-3894/15), recogida en nuestro Orden Jurisdiccional Social.

Y es que en sentencias de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como las de 3 de mayo de 2022, recurso 2455/21, 14 de julio de 2020, recurso 716/2020, 9 de junio de 2020, recurso 523/2020 y las que se citan de 11 de diciembre de 2018, recurso 2252/18, aplicando la jurisprudencia de nuestro TS (entre otras sentencias de 3 de mayo de 2017, recurso 3452/15 o de 5 de diciembre de 2019, recurso 1500/2017), se viene a declarar que el otorgamiento del devengo de los intereses del artículo 20 de la LCS para con el siniestro, accidente de trabajo como regla general, parte del principio de no asumir de ningún modo un carácter litigioso del procedimiento que suponga una dilación en el abono de los intereses, ya sea por la incertidumbre, por cuales quiera aspectos de litigiosidad que no pueden enervar la mora. Sin embargo excepcionalmente, como veremos ocurre en el supuesto de autos, la exigencia del conocimiento recepticio que debe tener la deudora, ya sea la principal y/o su compañía de seguros, puede delimitar el devengo de intereses moratorios en la fecha que la instancia ha fijado de conocimiento del siniestro por la aseguradora como dies a quodel devengo, y sin perjuicio del momento de la consignación final como dies ad quemque no ha sido puesto en duda.

Es por ello que creemos que nuevamente acierta el juzgador de instancia, y se hace inexigible cualquier tipo de estimación de la infracción del art. 20 de la LCS, por cuanto no tenemos actividad probatoria que otorgue verosimilitud de receptibilidad con conocimiento por parte de la compañía de seguros, ni hay información que hubiese permitido y otorgado el interrumpir el devengo moratorio exigible y aceptar como regla general la fecha del siniestro como abono inicial de intereses moratorios, por cuanto no tenemos advertencia expresa de que la compañía de seguros tuviera un cabal conocimiento de la reclamación en tiempo y forma, máxime cuando se considera probado que ello no acontece, y no se dan las suposiciones que presenta el recurrente respecto de la representación letrada única u otras que realiza en el medio de impugnación extraordinario.

Por todo lo mencionado procede la íntegra desestimación del recurso de suplicación del beneficiario recurrente al no darse las infracciones jurídicas denunciadas.

Debemos recordar, a mayor abundamiento, que no hemos admitido revisión fáctica alguna, por lo que procede la desestimación de este motivo jurídico del recurso de suplicación de la beneficiaria recurrente al no darse las infracciones jurídicas denunciadas.

QUINTO.-Abordamos la motivación referida a la imposicion de intereses propios del art. 1108 CC al resto de codemandadas distintas de la compañía aseguradora (a la que se ha impuesto los propios del art. 20 de la LCS) , entendiendo que efectivamente hay una petición de la demandante respecto del devengo del interés legal del art. 1108 CC y una ausencia de pronunciamiento de la instancia sobre esa discusión directa y/o indirecta respecto de los intereses propios que hemos asumido en otras resoluciones, como pueden ser la STSJPV 22/09/20 R-1031/20 o en la de 1/06/21 R-1065/21.

Con todo, debe recordarse a la recurrente que el concepto jurídico legal y jurisprudencial de los supuestos de responsabilidad solidaria del ámbito social, concerniente a las contingencias profesionales, supone una técnica de generalización y búsqueda de la denominada responsabilidad civil laboral solidaria en el Derecho del Trabajo y Seguridad Social que supone per se una inversión de la regla general de la mancomunidad de las obligaciones que rigen el derecho común, y que toda hay que decirlo también se está relativizando en el ordenamiento civil. No en vano en el contexto del derecho del trabajo las consideraciones tuitivas y de protección al trabajador vienen caracterizando la tradición del derecho social y su diferenciación del derecho común, por cuanto a veces se pretende facilitar la compensación de los daños cuando es difícil distinguir las esferas de responsabilidad de los distintos sujetos a los que se atribuye el daño; o en otras la responsabilidad solidaria simplemente pretende extender el número de sujetos que son verdaderos causantes del daño y que pueden ser incluso garantes, en una extensión de responsabilidad que se justifica por distintas teorias ( del órgano, de la identificación, de la representación...). Por ello la imagen de tendencia expansiva de la responsabilidad solidaria que permite admitir incluso la impropia, que no reune los requisitos clásicos de la responsabilidad solidaria tradicional, se viene sustentando en gran parte en la interpretación flexible del artículo 1140 del Código Civil y en el concepto del origen jurisprudencial de la solidaridad impropia ("la solidaridad podrá existir aunque los acreedores o deudores no esten ligados del propio modo y por unos mismos plazos y condiciones").

En nuestro supuesto de autos, en el ámbito de la declaración de responsabilidad por daños y perjuicios en contigencia profesional, supone el reconocimiento de una responsabilidad in solidum (con carácter solidario) que responde a razones de seguridad, interes social, y declaración jurisprudencial, en cuanto viene a ser un medio de protección de los perjudicados que intenta adecuadamente garantizar la efectividad de la exigencia de la responsabilidad, y por ello exige que la aplicación no se pueda individualizar según los respectivos comportamientos ni establecer distintas responsabilidades en grado de porcentajes, sino que la orientación jurisprudencial establece una responsabilidad solidaria para los responsables de los daños, que en modo alguno podemos flexibilizar en lo que concierne a las obligaciones derivadas o añadidas que se corresponden ahora con los intereses del artículo 1108 del Código Civil.

Pretende la recurrente invocar sus postulados hacia una regla de generalidad que va incursa en definición de obligaciones mancomunadas ( artículo 1138 del Código Civil) , olvidando que el pronunciamiento judicial lo es respecto de una responsabilidad solidaria definida para con el devengo principal, que también debe llevar aparejado consiguientemente a los pronunciamientos accesorios que se corresponden con los intereses del artículo 1108 del Código Civil.

Ni que decir tiene que esta proposición se ajusta más a los postulados de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2.020 Recurso 2852/17, más que a la sentencia de 19 de septiembre de 1997 Recurso 921/93, refiriéndose al artículo 1138 del Código Civil.

En el mismo sentido la reciente STS de 20 de abril de 2021 Recurso 2700/18 que estudia la responsabilidad solidaria de cedente y cesionario en materia de efectos de la declaración de cesión ilegal concurrente con despido improcedente.

Finalmente el supuesto de condena en materia de costas con concurrencia de varias partes no se circunscribe a una obligación solidaria que pueda servirnos de ejemplo como argumenta la recurrente.

En suma admitimos la proposición que efectúa la beneficiaria recurrente en relación a la determinación de dichos intereses del art. 1108 CC, como ya hicimos en nuestra sentencia de 9/07/20 R-648/20 aplicando la STS de 12/03/13 R-1531/12, por cuanto aceptamos que las cuantías reconocidas de carácter indemnizatorio para las codemandadas sin responsabilidad solidaria deben devengar el interés respecto de las empresariales y sus responsables solidarias, que deriva del art. 1108 CC, en los importes que se recogen, pero en este supuesto no desde que aconteció el suceso accidental sino desde que advertimos posible devengo en la fecha de la consolidación de las secuelas y hasta la fecha de la sentencia que declara su responsabilidad con el interés legal moratorio, sin perjuicio del posterior interés desde la fecha de la sentencia en los aspectos procesales del art. 576 de la LEC .

Con todo, es bien cierto que comulgan esos intereses moratorios con excepción de la cantidad que responde la aseguradora que debe hacer frente al incremento propio del interés del art. 20 de la LCS que se ha impuesto ya en la sentencia de instancia que confirmamos, finalmente, en la ampliación de la demanda con fecha 5/02/21, por cuanto en relación a la responsabilidad solidaria se corresponde, complementa, abunda, y compensa, el interés del art. 20 LCS que deberá pagar la solidaria compañía de seguros, con estos otros intereses moratorios del art. 1108 CC que pueden ser exigibles al resto de codemandadas responsables, solidarias, y diferenciadas.

En ese sentido estimamos parcialmente el recurso de suplicación de la trabajadora recurrente aceptando la exigencia del abono del interés moratorio del art. 1108 CC para el resto de codemandadas, sin perjuicio de que lo absorbe la responsable aseguradora al aplicar y cumplir el art. 20 de LCS.

SEXTO.-Queda por abordar la motivación jurídica correspondiente al denominado coeficiente multiplicador, o factor de corrección, que sitúa la recurrente en una cuantía del 50%, haciendo alusión a la doctrina jurisprudencial que reproduce insistiendo en los incumplimientos de prevención de riesgos y otros.

Y es que esa invocación que se corresponde con los denominados factores de corrección o coeficientes multiplicadores que se articulan en una doctrina judicial, desde las STS 17/06/07 y 23/06/04 y en las posteriores de 25/02/17 R-4236/17, 7/03/18 y 10/01/19 R-3146/16, que no permiten compensar prestaciones de seguridad social, mejoras voluntarias, o complementos, tampoco impiden, ni obligan, a advertir que existiese duplicidad de indemnizaciones por los denominados factores de corrección de perjuicios económicos que pueden establecerse bajo proposiciones de interpretación que efectúa, por ejemplo, el TS en su sentencia de 23/06/14.

Y es que podemos concluir que no es obligatorio fijar una cantidad como factor de corrección, o corrección de multiplicador por perjuicios, incumplimientos, que pasan por admitir criterios de mayores perjuicios en cálculos añadidos que exigen valorar distintas pautas causales y puntuales en el supuesto de autos. Pero lo cierto es que el juzgador de instancia viene a denegar el factor multiplicador reclamado, haciendo alusión a nuestra doctrina en la sentencia de esta Sala de 24/02/21 R-1694/20, que en circunstancias concurrentes entiende no posibilitar la aplicación del factor de corrección por cuanto no hay actuaciones gravosas, conclusiones de requerimientos u otros incumplimientos agravados, más allá de la constatación del incumplimiento exigible para la declaración de responsabilidad, pero sin que exija un añadido que postule una aplicación de un coeficiente del 50%, ya que si bien existe un accidente de trabajo y determinados incumplimientos preventivos, la forma y manera del accidente, sus secuelas, y las responsabilidades, no exigen la determinación de un plus añadido de responsabilidad que permita aplicar el coeficiente multiplicador, pues no observamos una concurrencia de culpas empresariales, pertinaces, contumaces, o groseras, y del relato de hechos mantenido no se observa la objetivación de actuaciones y conductas de las codemandadas responsables que vengan a configurar postulados de previos accidentes, circunstancias de inspección, requerimientos de autoridad, u otros asimilados, que hagan exigible el incremento indemnizatorio en conceptos y sumas ya declaradas.

En resumidas cuentas, procede la desestimación de la motivación de infracción jurídica que denuncia la recurrente en exigencia del factor de corrección y multiplicador, pues no observamos mayor perjuicio y exigencia de aplicación multiplicadora por un incumplimiento exacerbado de una culpa muy gravada.

En conclusión creemos que no hay razones añadidas para aplicar un factor multiplicador en atención a la concurrencia de esa culpabilidad especial de las empresas en el supuesto de autos ( STSJPV 10/07/18 y 11/12/18 entre otras).

Se desestima con ello esta motivación jurídica del recurso de suplicación de la trabajadora demandante.

Por todo lo manifestado anteriormente, procederá la desestimación del recurso de suplicación del IFBS, y por el contrario, la estimación del recurso de suplicación de la DFA, al darse las infracciones jurídicas denunciadas.

SEPTIMO.-Como quiera que el Instituto Foral, y la Diputación Foral, ven desestimado y estimado su recurso de suplicación, y finalmente la trabajadora demandante ve estimado parcialmente su recurso de suplicación, en atención al art. 235.1 de la LRJS, no habrá condena en costas

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,