Sentencia Social 1709/2024 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Social, Rec. 1227/2023 de 07 de noviembre del 2024

PRIMERO.-Que con fecha 02/08/23, se dictó Sentencia por el Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara, en los autos número 52/23, cuya parte dispositiva establece:

«DESESTIMO INTEGRAMENTE la demanda origen de las presentes actuaciones interpuesta por la empresa DIRECCION000 contra DELEGACIÓN TERRORIAL EN GUADALAJARA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, declarando ajustada a derecho la resolución administrativa por la que se impuso sanción por infracción muy grave de la LISOS a la empresa demandante.»

SEGUNDO.-Que en dicha Sentencia se establecen los siguientes Hechos Probados:

«PRIMERO. - Con fecha 28/01/2021 el Inspector de Trabajo levantó Acta de Infracción a la empresa DIRECCION000., con NIF NUM000, domiciliada en DIRECCION001 de DIRECCION002 (Guadalajara). En la referida Acta de hizo constar en cuanto a las actuaciones inspectoras practicadas que el día 6 de mayo de 2020 se realizó visita de Inspección al centro de trabajo de la empresa sito en DIRECCION001 de DIRECCION002, realizándose la visita al centro de trabajo, por el Inspector de Trabajo en compañía de Don Jose Francisco, director de operaciones.

En la visita de inspección se mantuvo entrevista de manera individualizada con los trabajadores presentes en dicho momento en el centro de trabajo. La actuación tuvo por objeto comprobar la ejecución del expediente de regulación de empleo por fuerza mayor que tenía aprobado la empresa. Se entrevistó a los trabajadores que constan en el Acta de infracción a cuyo contenido me remito.

Se solicitó a la empresa que aportase la siguiente documentación:

-Calendario laboral de 2020.

-Solicitud del expediente de regulación de empleo y cuadrante inicial de afectación a cada uno de los trabajadores así como resolución de la autoridad laboral.

-Comunicaciones del fin del expediente de regulación de empleo, de los trabajadores que ya lo hayan finalizado, tanto al Servicio de Empleo como a la Tesorería General de la Seguridad Social.

-Registros de Jornada desde el inicio del expediente de regulación de empleo al día de la visita inspectora.

Con fecha 13 de mayo de 2020 la empresa remitió documentación consistente en Resolución del Expediente de Regulación de Empleo, Calendario del año 2020, Registros de Jornada desde el 13 de abril al 6 de mayo de 2020.

-Comunicaciones al servicio público de empleo, autoridad laboral y Tesorería General de la Seguridad Social de los trabajadores que han ido sacando del Expediente de Regulación de Empleo.

El 28 de mayo de 2020 se solicitó a la empresa remisión de registros de jornada de trabajo desde el día de la visita inspectora hasta el último día de vigencia del expediente de regulación de empleo, remitiendo la empresa el 2 de junio de 2020, por correo electrónico, registros de jornada del 7 a l1 de mayo de 2020, momento en que se rescataron del expediente de regulación de empleo los últimos trabajadores.

Se requirió a la empresa calendario inicial comunicado de suspensiones y reducciones de jornada, así como variaciones sobre el mismo comunicadas al Servicio Público de Empleo. En conversación telefónica con Bernarda, de recursos humanos, indicó que no existía ese calendario inicial, expresó que había sentencia judicial a la impugnación del expediente de regulación de empleo que se remitió. Se solicitaron por la Inspección de Trabajo remisión de recibos de pagos de salarios a los trabajadores incluidos en el expediente de regulación de empleo de los meses de abril y mayo.

El 29 de septiembre de 2020 la empresa remitió a la Inspectora la Resolución administrativa de la autoridad laboral al recurso interpuesto por el Comité de Empresa frente a la autorización del expediente de regulación de empleo por fuerza mayor y sentencia judicial dictada sobre impugnación del expediente de regulación de empleo.

El 15 de octubre de 2020 la empresa remitió por correo electrónico recibos de pagos de salarios de abril y mayo de 2020.

El 1 de diciembre de 2020 el Servicio Público de Empleo, a solicitud de la Inspectora de Trabajo, remitió información de las prestaciones percibidas por los trabajadores como consecuencia del expediente de regulación de empleo y el 4 de diciembre de 2020 la empresa remitió a la Inspección de Trabajo recibos de pagos de salarios de abril y mayo de una serie de trabajadores que no había n sido remitidos así como el informe de datos de cotización de trabajadores de reducción de jornada por cuidado de hijos.

El 21 de enero se remitió reducción de jornada del trabajador Amador.

El 22 de enero de 2021 comparecieron en las Oficinas de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Guadalajara Doña Bernarda responsable de RRHH de la empresa y la trabajadora Benita del mismo departamento, para aclarar extremos remitiéndonos a lo que consta en el Acta de Infracción de la Inspección de Trabajo.

Los HECHOS COMPROBADOS por la Inspección de Trabajo son los siguientes:

a) La empresa DIRECCION000. con CIF NUM000 y código de cuenta de cotización NUM001, con CNAE 4649 comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico, solicitó el 13 de abril de 2020 un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor ante la autoridad laboral para la suspensión de la relación laboral de 143 trabajadores como consecuencia de la crisis producida por la COVID-19.

El día 16 de abril de 2020, se dicta resolución constatando la fuerza mayor que da lugar al expediente de regulación de empleo ERE- NUM002 por la autoridad laboral.

b) El calendario laboral para el año 2020 recoge que la jornada semanal es de lunes a viernes, y se recoge que el día 1 de mayo es festivo.

c) No se aporta concreción de las medidas, si se aporta relación Excel con los trabajadores afectados por la suspensión de contratos de trabajo y los afectados por reducción de jornada y el porcentaje de reducción de esta, pero no se concretan los días en los que se van a ver afectados inicialmente los trabajadores ni los horarios en que van a trabajar.

d) Analizada la documentación aportada por la empresa, y las bases de datos de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo se comprueba lo siguiente:

- Luis Angel, con NIE NUM003, ha estado es situación de reducción de jornada por el expediente de regulación de empleo de un 50% del 13 al 23 de abril de

2020 según consta en las bases de datos de la TGSS y el SEPE. El trabajador está contratado a tiempo completo. Se comprueba según los fichajes que el trabajador haa

Prestado servicios en la empresa de 8:09 horas el día 13, 8:09 horas el día 14, 8:07

horas el día 15, 8:19 horas el día 20, 8:18 horas el día 21 y 8:20 horas el día 22 de

abril, no habiendo prestado servicios los días 16, 17 y 23 de abril, por lo que la

reducción de jornada efectiva ha sido inferior al 50% que había sido comunicada por la

empresa.

- Valle, con DNI nº NUM004, ha estado en

situación de reducción de jornada por expediente de regulación de empleo de un 50%

del 13 al 21 de abril de 2020 según lo comunicado a las administraciones públicas. La

trabajadora está contratada con un contrato indefinido a tiempo completo, con una

reducción de jornada por cuidado de hijos, siendo su jornada del 87,5%. Se

comprueba en los fichajes de que la trabajadora ha prestado servicios en la empresa

de 6:59 horas el día 13, 7:07 horas el día 14, 6:59 horas el día 15, 7:09 horas el día

16, 7:15 horas el día 17, 6:49 horas el día 20, y 7:10 horas el día 21 de abril, por lo que

ha prestado servicios durante todo el periodo comunicado de reducción de jornada del

expediente de regulación de empleo.

- Borja, con DNI nº NUM005, ha estado es situación de

reducción de jornada por el expediente de regulación de empleo de un 50% del 13 al

21 de abril de 2020 conforme ha sido comunicado a las administraciones públicas. El

trabajador está contratado a tiempo completo. Se comprueba según los fichajes que el

trabajador ha prestado servicios en la empresa 8:05 el día 13, 8:02 horas el día 14,

8:02 horas el día 15, 8:01 horas el día 16, 8:02 horas el día 17, 8:03 horas el día 20 y

8:03 horas el día 21 de abril, por lo que ha prestado servicios a tiempo completo

durante todo el periodo que ha sido comunicado como de reducción de jornada por

expediente de regulación de empleo.

- Moises, con DNI nº NUM006, ha estado en situación

de reducción de jornada por el expediente de regulación de empleo de un 50% del 13

al 21 de abril de 2020 según las bases de datos de la TGSS y el SEPE. El trabajador

está contratado a tiempo completo. Sin embargo se comprueba según los fichajes que

el trabajador ha prestado servicios en la empresa de 8:09 horas el día 14, 8:05 horas

el día 15, 8:05 horas el día 16, 8:07 horas el día 17, 8:05 horas el día 20 y 8:04 horas

el día 21 de abril, por lo que ha prestado servicios a tiempo completo durante casi todo

el periodo que ha sido comunicado como de reducción de jornada por expediente de

regulación de empleo, ya que el único día sin prestar servicios ha sido el día 13 de

abril, por lo que la reducción efectivamente practicada ha sido inferior al 50%

comunicado.

- Adela, con DNI nº NUM007, según consta en las

bases de datos la trabajadora estuvo en expediente de reducción de jornada desde el

13 de abril hasta el 30 de septiembre de 2020, pero se comprueba que la empresa

comunicó al SEPE el final del expediente el 21 de abril de 2020, por lo que del 13 al 22

de abril de 2020 ha estado con una reducción de jornada del 50%. La trabajadora está

contratada a tiempo completo. Se comprueba según los fichajes que la trabajadora ha

prestado servicios en la empresa 8:12 horas el día 13, 8:14 horas el día 14, 8:07 horas

el día 15, 8:07 horas el día 16, 8:05 horas el día 17, 8:16 horas el día 20 y 8:01 horas el día 1 de abril, por lo que ha prestado servicios a tiempo completo durante todo el periodo que ha sido comunicado como de reducción de jornada por expediente de regulación de empleo.

- Celestino, con DNI nº NUM008, ha estado en situación de reducción de jornada del 50% por expediente de regulación de empleo del 13 al 21 de abril de 2020, conforme se comunica a la administración pública. El trabajador está contratado con un contrato a tiempo completo. Sin embargo se comprueba en los fichajes que el trabajador ha prestado servicios en la empresa 8:26 horas el día 13, 8:29 horas el día 14, 8:28 horas 15, 8:35 horas el día 16, 8:24 horas el día 17, 8:27 horas el día 20 y 8:28 horas 21 de abril, por lo que ha prestado servicios tiempo completo durante todo el periodo que la empresa comunicó como de reducción de jornada por el expediente de regulación de empleo.

- Amador, con NIE nº NUM009·, ha estado en situación de reducción de jornada del 50% por expediente de regulación de empleo de l13 al 21 de abril de 2020, conforme se comunica a la Administración Pública. El trabajador está contratado con un contrato completo con reducción de jornada por cuidado de hijos reduciendo la jornada a 7 horas diarias lo que supone la realización de 87,5% sobre la jornada habitual. Sin embargo se comprueba en los fichajes que el trabajador ha prestado servicios en la empresa de 8:08 horas el día 13; 8:05 horas el día 14; 8:09 horas el día 15; 8:09 horas el día 16; 8:09 horas el día 17: 8:09 horas el día 20 y 8:07 horas el día 12 de abril, por lo que ha prestado servicios tiempo completo durante todo el tiempo en que la empresa comunicó como de reducción de jornada por el expediente de regulación de empleo.

- Argimiro, con DNI nº NUM010, ha estado en situación de reducción de jornada por el expediente de regulación de empleo de un 50%, del 13 al 21 de abril de 2020 según las bases de datos de la TGSS y el SEPE. El trabajador está contratado a tiempo complto. Sin embargo se comprueba según los fichajes que el trabajador ha prestado servicios en la empresa de 8:11 hora el día 14; 08:07 horas el día 15; 8:00 horas el día 16; 8:06 horas el día 17 y 8:07 horas el día 21 de abril, por lo que ha prestado servicios a tiempo completo durante casi todo el periodo que ha sido comunicado como de reducción de jornada por expediente de regulación de empleo, ya que los únicos días sin prestar servicios han sido los días 13 y 20 de abril por lo que la reducción efectivamente practicada ha sido inferior al 50% comunicado.

- Jesús Manuel, con DNI nº NUM011 ha estado en situación de reducción de jornada por el expediente de regulación de empleo de un 50%, del 13 al 26 de abril de 2020 según las bases de la TGSS y el SEPE. El trabajador está contratado a tiempo compleo. Sin embargo se comprueba según los fichajes que el trabajador ha prestado servicios en la empresa más de 9 horas diarias, los días 13, 14, 15, 16, 17 y 20 de abril y 7 horas y 30 minutos el día 21 de abril, por lo que los únicos días sin prestar servicios han sido los días 22, 23 y 24 de abril, por lo que la reducción efectivamente practicada ha sido inferior al 50% comunicado.

- Marisa con NIE nº NUM012, según consta en las bases de datos la trabajadora estuvo en expediente de reducción de jornada dese el 13 de abril hasta el 30 de septiembre de 2020, pero se comprueba que la empresa comunicó al SEPE el final del expediente el 26 de abril de 2020, por lo que del 13 al 22 de abril de 2020 ha estado con una reducción de jornada del 25%. La trabajadora está contratada a tiempo completo con reducción de jornada por cuidado de hijos de una hora diaria. Se comprueba según los fichajes que la trabajadora ha prestado servicios en la empresa 7:29 horas el día 13; 7:11 horas el día 14, 7:15 horas el día 15; 7:12 horas el día 16; 7:12 horas el día 17, 7:14 horas el día 20, 7:16 horas el día 21, 7:15 horas el día 22, 7:15 horas el día 23 y 7:11 horas el día 24 de abril, por lo que ha prestado servicios a tiempo completo durante todo el periodo que ha sido comunicado como de reducción de jornada por expediente de regulación de empleo.

- Amalia, con DNI nº NUM013, ha estado en situación de reducción de jornada del 50% por expediente de regulación de empleo del 13 al 26 de abril de 2020, conforme se comunica a la administración pública. La trabajadora está contratada con un contrato a tiempo completo con reducción de jornada por cuidado de hijos, realizando una jornada 70,13%. Sin embargo, se comprueba en los fichajes que la trabajadora en la empresa 6:47 horas el día 13, 6:51 horas el día 14, 6:49 horas el día 15, 6:44 horas el día 16, 6:54 horas el día 17, 6:45 horas el día 20, 6:50 horas el día 21, 6:48 horas el día 22 y 6:45 horas el día 23 de abril, siendo que el único día que no ha prestado servicios el día 24 de abril, por lo que la reducción efectivamente practicada ha sido inferior al 50% comunicado.

Celestina, con DNI nº NUM014, ha estado en situación de reducción de jornada por el expediente de regulación de empleo de un 50% del 13 al 23 de abril de 2020 según las bases de datos de la TGSS y el SEPE. La trabajadora está contratada a tiempo completo. Sin embargo se comprueba según los fichajes que la trabajadora ha prestado servicios en la empresa 8:10 horas el día 13, 8:07 horas el día 14, 8:06 horas el día 15, 8:16 horas el día 20, 8:09 horas el día 21 y 8:09 horas el día 22 de abril, por lo que los únicos días sin prestar servicios han sido los días 16, 17 y 23 de abril, por lo que la reducción efectivamente practicada ha sido inferior al 50% comunicado.

Saturnino, con DNI nº NUM015, ha estado en situación de reducción de jornada del 50% por expediente de regulación de empleo los días 22 y 23 de abril de 2020, conforme se comunica a la administración pública. El trabajador está contratado con un contrato a tiempo completo. Sin embargo se comprueba en fichajes que el trabajador ha prestado servicios en la empresa 8:13 horas el día 22 y 8:09 horas el día 23 de abril, por lo que ha prestado servicios a tiempo completo durante todo el periodo que la empresa comunicó como de reducción de jornada por el expediente de regulación de empleo.

Gonzalo, con DNI nº NUM016, ha estado en situación de reducción de jornada del 50% por expediente de regulación de empleo del 13 al 21 de abril de 2020, conforme se comunica a la administración pública. El trabajador está contratado con un contrato a tiempo completo. Sin embargo, se comprueba en los

fichajes que el trabajador ha prestado servicios en la empresa 8:10 horas el día 13; 8:11 horas el día 14, 8:07 horas el día 15, 8:03 horas el día 16, 8:05 horas el día 17, 8:06 horas el día 20 y 8:06 horas el día 21 de abril, por lo que ha prestado servicios a tiempo completo durante todo el periodo que la empresa comunicó como de reducción de jornada por el expediente de regulación de empleo.

- Isidora, con NIE nº NUM017, ha estado en situación de reducción de jornada del 50% por expediente de regulación de empleo 13 al 21 de abril de 2020, conforme se comunica a la administración pública. La trabajadora está contratada con un contrato a tiempo completo. Sin embargo, se comprueba en los fichajes que la trabajadora ha prestado servicios en la empresa 8:09 horas el deía 13, 8:09 horas el día 14, 8:11 horas el día 15, 8:12 horas el día 10 y 8:11 horas el día 21 de abril, por lo que ha prestado servicios a tiempo completo durante todo el periodo que la empresa comunicó como de reducción de jornada por el expediente de regulación de empleo.

Según Acta de Inspección de Trabajo se comprobó que los trabajadores referenciados habían percibido la prestación por desempleo por el periodo comunicado como de reducción de jornada por expediente de regulación de empleo.

Los trabajadores según Acta de Infracción de Inspección no han sido retribuidos por la empresa por la totalidad de la jornada realizada en abril de 2020.

Se comprobó en la base de datos de la Seguridad Social que la empresa aplicó las exenciones de cuotas de la Seguridad Social establecidas en el artículo 24 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Concluye el Acta de Infracción de la Inspección de Trabajo que la empresa ha facilitado datos falsos o inexactos al servicio público de empleo, al comunicar al mismo que los trabajadores referenciados iban a encontrarse en situación de reducción de jornada como consecuencia del expediente de regulación de empleo por fuerza mayor autorizado, sin que los mismos hayan reducido su jornada o lo hayan hecho en una proporción inferior a la comunicada, lo que ha generado prestaciones por desempleo en favor de esos trabajadores, causando perjuicios económicos a las arcas públicas.

Se consideraron como preceptos infringidos por la infracción administrativa del empresario DIRECCION000. a sancionar de acuerdo con lo dispuesto en el art. 20 del TR de la LISOS aprobado por RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Se expresó por la Inspección de Trabajo en el Acta de Infracción que dichos hechos consistentes en efectuar declaraciones o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente de prestaciones suponen una infracción del artículo 298 h) del TRLGSS y del artículo 22.1 y 2 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto de protección por desempleo, todo ello relacionado con lo previsto en el art. 22.1 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y con lo previsto en el art. 6.4 del Código Civil (proscripción del fraude de ley) y el artículo 7.2 de la misma norma (proscripción del abuso de derecho y del uso antisocial del mismo). Se expresó que dicha infracción está tipificada como MUY GRAVE en el artículo 23.1.c. del TR de la LISOS y que conforme a lo establecido en el artículo 22.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto , se entiende que el empresario incurre en una infracción por cada uno de los trabajadores que hayan obtenido o disfrutado fraudulentamente de las prestaciones de la Seguridad Social, así como que, de conformidad con los criterios recogidos en el art. 39.2 y 6 del TRLISOS la sanción se proponía en el grado MÍNIMO, en la cuantía prevista en el art. 40.1.c) de dicho Texto Refundido. Se propuso la imposición de una sanción por importe de NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS. Asimismo el empresario responderá solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por los trabajadores. No obstante cuando en el carácter indebido de la percepción no medie dolo o culpa del trabajador ,dicha responsabilidad será directa y única en caso de infracciones tipificadas en el art. 23.1.c) del TR de la LISOS .

SEGUNDO. -Por la empresa con fecha 22 de febrero de 2021 se formularon Alegaciones según constan en el Expediente Administrativo.

TERCERO. -Por la Inspección de Trabajo se presentó Informe a las alegaciones formuladas por la empresa de fecha 19 de marzo de 2021.

Conferido trámite de audiencia del informe de la Inspección de Trabajo por la empresa se formularon alegaciones según consta en el Expediente Administrativo.

CUARTO. - Con fecha 28 de enero de 2021 se emitió Propuesta de Resolución, dictándose Resolución de fecha 7 de junio de 2021 en la que se impuso sanción de 93.765,00 euros (resultado de multiplicar la sanción individual por cada uno de los trabajadores afectados en los hechos comprobados por la Inspectora de Trabajo).

En la Resolución de fecha 7 de junio de 2021 del Jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social- Jefe de la Unidad Especializada en el Área de la oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, cuyos antecedentes de hecho damos por reproducidos, en aras a la brevedad y con remisión a lo que obra en el expediente, en su fundamentación jurídica se expresa:

"PRIMERO.- Este Jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social -Jefe/a de la Unidad Especializada en el área de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, es competente para la Resolución del presente expediente, en virtud de los artículos 4 y 20 del Real Decreto 928/1988 de 14 de mayo y Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 772/2011 de 3 de junio (BOE de 21 de junio) en relación con el artículo 48.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

SEGUNDO.- El acta de infracción se ha extendido conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto y cumple los requisitos exigidos por el 14.1 del Real Decreto 928/1988 en redacción dada por el Real Decreto 772/2011, de 3 de junio (BOE de 21 de junio).

TERCERO.- A tenor de lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE de 22 de julio), art. 52.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000 y art. 15 del Real Decreto 928/1998 , las actas de Inspección de Trabajo y Seguridad Social están dotadas de presunción de certeza salvo prueba en contrario.

CUARTO.- Recibida la propuesta de resolución del procedimiento sancionador correspondiente al acta de infracción de la presente resolución, en que se concluye que la empresa DIRECCION000. proporcionó datos falsos o inexactos al Servicio Público de Empleo Estatal que dieron lugar a la obtención o disfrute indebido de prestaciones por desempleo, teniendo en cuenta las comprobaciones practicadas reflejadas en el acta de infracción, las alegaciones formuladas por la empresa y el informe ampliatorio emitido por la inspectora actuante, quedan acreditados los siguientes hechos:

-La empresa solicita el día 13 de abril de 2020 ERTE por fuerza mayor como consecuencia de la crisis producida por la COVID-19, afectando la medida a 143 trabajadores, de los cuales 84 se vieron afectados por una reducción de jornada. El día 16 de abril de 2020 se dicta resolución por la autoridad laboral por la que se constata la fuerza mayor alegada por la empresa desde el 14 de marzo de 2020 aplicando las medidas de regulación temporal de empleo a partir del 13 de abril de 2020.

-la empresa acuerda con el comité de empresa que las reducciones de jornada se acumulen en semanas alternas para evitar aglomeraciones en el centro de trabajo.

-La empresa comunica a la autoridad laboral y al SEPE los porcentajes de reducción de jornada de los trabajadores afectados que prevé aplicar durante la vigencia de la medida temporal.

-La empresa no comunica a la autoridad laboral ni a la entidad gestora de la prestación por desempleo la concreción o distribución horaria de la prestación de servicios de cada uno de los trabajadores afectados por la medida de reducción de jornada temporal.

-El día 24 de abril de 2020, por motivos de producción y reinicio de la actividad, la empresa comunica al SEPE la baja en las prestaciones por desempleo de los trabajadores referidos en el acta de infracción por renuncia al ERTE, con fechas de desafección entre el 22 de abril al 27 de abril de 2020, dependiendo de los trabajadores.

-Como consecuencia de lo anterior, durante la vigencia del ERTE quince trabajadores afectados por la medida de reducción de jornada por fuerza mayor prestan servicios a tiempo completo o en una jornada superior a la comunicada inicialmente al SEPE.

-La empresa no comunica al SEPE las variaciones producidas en las reducciones de jornada de los trabajadores referidos anteriormente ni durante la vigencia del ERTE ni una vez comunicada la baja en la prestación por desempleo.

-Los trabajadores referidos anteriormente percibieron prestación por desempleo por ERTE fuerza mayor COVID-19 en la proporción correspondiente a la reducción de jornada comunicada al SEPE desde el inicio de las medidas de regulación de empleo hasta la fecha de desafección de la misma.

-Los trabajadores anteriores no percibieron retribución alguna correspondiente a la jornada efectivamente realizada durante el mes de abril/2020.

-La empresa acuerda con el comité de empresa compensar el débito horario derivado del permiso retribuido recuperable impuesto por Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, con las horas realizadas de más por los trabajadores referidos anteriormente durante la vigencia del ERTE.

-La empresa disfrutó de exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social establecidas en el artículo 24 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo , de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, por los quince trabajadores referidos.

En este caso no se puede sostener que se haya producido una simple modificación horaria o distribución horaria de la jornada como así pretende justificar la empresa, máxime cuando ésta no se comunicó a la entidad gestora, como así se reconoce por la empresa, sino que lo que se ha producido es una modificación del porcentaje de la reducción de jornada comunicada, o incluso la inexistencia de la reducción de jornada efectiva en algunos trabajadores, como así acredita la inspectora actuante con las horas trabajadas por cada trabajador afectado durante el periodo de vigencia del ERTE, pues si la empresa distribuyó la reducción de jornada acumulándola en semanas alternas, sin haberlo puesto en conocimiento del SEPE, rescatado a los trabajadores antes de la finalización del periodo de referencia para acumulación de la reducción de jornada por semanas alternas, ese rescate anticipado conlleva que los trabajadores prestaron servicios en una jornada superior a la prevista o incluso a tiempo completo durante el periodo de vigencia de la medida, sin haber disfrutado la semana o fracción de la misma correspondiente a la reducción de jornada acumulada, circunstancia que repercute en el cómputo de la jornada efectivamente realizada durante la vigencia del ERTE, y por consiguiente, en el porcentaje de reducción de jornada, siendo finalmente inferior al comunicado o inexistente en algunos casos.

Por otro lado señalar que de haberse producido una simple modificación de la distribución horaria no habría existido la necesidad de haber adoptado un acuerdo con los representantes legales de los trabajadores para compensar la realización de horas de más durante la vigencia del ERTE, como así reconoce la empresa.

El hecho de que se compensen las horas realizadas de más durante la vigencia del ERTE con el descanso del permiso retribuido recuperable en vez de haberlas retribuido, no supone que no hubieran realizado una jornada superior a la comunicada, pues la forma de compensación no evita que los trabajadores hayan prestado servicios durante el ERTE en una jornada superior a la comunicada al SEPE, porque precisamente su compensación supone la realización de una jornada superior a la que les hubiera correspondido realizar durante el ERTE. Así, pues, el mero hecho de reconocer su compensación, ya sea mediante descanso o retribución, conlleva implícitamente el reconocimiento de una prestación de servicios indebida o superior a la jornada comunicada al SEPE durante el ERTE.

Al comprobar que los quince trabajadores relacionados en el acta de infracción prestaron servicios a tiempo completo o en una jornada superior a la comunicada al SEPE durante la vigencia del ERTE sin que la empresa hubiera comunicado dicha circunstancia al SEPE, spone que los trabajadores percibieron indebidamente prestaciones por desempleo, o al menos en una cuantía superior a las que les hubiera correspondido.

En consecuencia, de la valoración conjunta de los hechos acreditados en el procedimiento permite concluir, en virtud de prueba indiciaria, que la empresa DIRECCION000. proporcionó datos falsos e inexactos al SEPE, al comunicar que los trabajadores referenciados iban a encontrarse en situación de reducción de jornada como consecuencia del expediente de regulación de empleo sin que los mismos hayan reducido su jornada o lo hayan hecho en una proporción inferior a la comunicada, lo que ha generado la obtención indebida de prestaciones por desempleo a favor de esos trabajadores.

QUINTO. Delimitados los hechos acreditados en el procedimiento sancionador, se ha de analizar si los mismos son constitutivos de infracción administrativa en el orden social.

La empresa refiere que los hechos comprobados se adaptan a la infracción leve tipificada en el artículo 21.4 de la LISOS al considerar que lo único que se le puede imputar es haber consignado datos inexactos, o subsidiariamente en el artículo 22.13 de la LISOS , por no haber comunicado la distribución horaria de la jornada o la actualización de los horarios, pero en ningún caso a la infracción propuesta tipificada como muy grave en el artículo 23.1.c) de la LISOS , ya sea en la redacción actual, al no encontrarse vigente en la fecha de la comisión de la infracción (13/04/2020), o en su redacción vigente en dicha fecha, al no existir intencionalidad o ánimo fraudulento.

En primer lugar, señalar que el artículo 21.4 de la LISOS tipifica como infracción leve "No facilitar o comunicar fuera de plazo a las entidades correspondientes los datos, certificaciones y declaraciones que estén obligados a proporcionar u omitirlos o consignarlos inexactamente". No obstante, en este caso, esos datos que reconoce la empresa al menos como inexactos han dado lugar a la obtención indebida de prestaciones de desempleo por los trabajadores afectados.

En este sentido precisar que parece que es deseo del legislador calificar como una infracción muy grave la conducta de proporcionar datos inexactos cuando éstos tienen efecto en la obtención indebida de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, tipificando la conducta en el artículo 23.1.c) de la LISOS ; por lo que los hechos acreditados no se ajustan a la tipificación propuesta por la empresa, infracción leve del artículo 21.4 de la LISOS , en cuanto supondría obviar el acceso indebido a las prestaciones por desempleo.

Descartada la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 21.4 de la LISOS procede analizar si los hechos comprobados tienen encaje en la infracción grave tipificada 22.13 de la LISOS, como así propone la empresa subsidiariamente, o en la infracción muy grave tipificada del artículo 23.1.c) de la LISOS , como así califica la Inspectora actuante en el acta de infracción.

El hecho de no comunicar a la entidad gestora de la prestación por desempleo la concreción o distribución horaria de la reducción de jornada de cada uno de los trabajadores afectados por la medida de reducción de la jornada temporal y/o la variación de la distribución comunicada con carácter previo a que se produzca la variación, como hecho aislado, podría constituir la comisión de una infracción administrativa grave en materia de Seguridad Social, tipificada en el artículo 22.13 de la LISOS .

Sin embargo, en este caso no podemos olvidar que la empresa, además de no comunicar la distribución horaria de la reducción de jornada no comunicó la variación de los porcentajes de la reducción de jornada, omisión que supone que los porcentajes de reducción de jornada comunicados al SEPE al inicio del ERTE no sean reales o exactos, debiendo ser calificados de falsos o inexactos. Si además tenemos en cuenta que dichas reducciones de jornadas, falsas o inexactas, han dado lugar a la obtención indebida de prestaciones por desempleo, podemos afirmar que concurren los presupuestos o elementos necesarios para considerar que la empresa incurrió en comisión de la infracción muy grave en materia de Seguridad Social tipificada en el artículo 23.1.c) de la LISOS .

De esta manera, la comisión de la infracción grave por no comunicar la distribución horaria de la reducción de jornada de cada uno de los trabajadores afectados por el ERTE, es un hecho indiciario, que junto con el resto de hechos comprobados, permiten determinar la comisión de una infracción en virtud de prueba indiciaria, en este caso una infracción muy grave establecida en el artículo 23.1.c) de la LISOS motivo por el que se desestima la tipificación subsidiaria del artículo 22.13 de la LISOS propuesta por la empresa, pues en ese caso se estaría utilizando un mismo hecho para sancionar a la empresa por dos infracciones distintas.

Respecto a la infracción del artículo 23.1.c), señalar que efectivamente, la redacción de la infracción tipificada en dicho precepto ha sido objeto de modificación por Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril . No obstante, no podemos olvidar que el régimen sancionador correspondiente a las solicitudes presentadas por las empresas que contuvieran falsedades o incorrecciones en relación con los ERTE por COVID-19 se reguló por primera vez con el Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados del COVID-19, a través de la disposición adicional segunda, cuya redacción original, antes de su modificación por la disposición final 9ª del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril , establecía:

"En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes (...) siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas".

Teniendo en cuenta la evolución de las normas sancionadoras en relación al acceso a prestaciones por ERTE como consecuencia del COVID-19, podemos determinar que el legislador con el Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, ya estableció como conducta sancionable, entre otras, la de presentar solicitudes empresariales que contuvieran falsedades o incorrecciones que dieran lugar a la generación u obtención indebida de prestaciones en aplicación de lo dispuesto en la LISOS, conducta que se incardina en la infracción tipificada en el artículo 23.1.c) de la LISOS, cuya redacción fue objeto de modificación el 21 de abril de 2020 con el Real Decreto-Ley 15/2020, con el objeto de reforzar el régimen sancionador que fue implementado por el Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, como así se justifica en el preámbulo de dicho Real Decreto Ley: "Por otra parte, el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, desarrolló un régimen sancionador adaptado a las circunstancias actuales con implementación de los mecanismos de control y sanción necesarios que eviten comportamientos fraudulentos en la percepción de las prestaciones. En el presente real decreto-ley se refuerzan estos mecanismos de control y sanción.

Es decir, la comunicación efectuada no tiene por objeto la eliminación del ánimo fraudulento como alega la empresa, circunstancia relevante para la empresa a efectos de determinar la aplicación del tipo infractor, sino la de introducir en la infracción la alusión correspondiente a la consignación o declaración de datos inexactos proporcionados por la empresa, con el objeto de reforzar el régimen sancionador establecido por la disposición adicional 2ª del Real Decreto 9/2020, de 27 de marzo .

Realizada la aclaración legislativa anterior, como la empresa denuncia la aplicación no vigente del precepto 23.1.c) de la LISOS, en primer lugar, debemos fijar la fecha de comisión de las infracciones para determinar qué precepto es aplicable:

Atendiendo a la redacción de la conducta tipificada actualmente en vigor, para cometer la infracción es necesario la concurrencia de tres elementos: (i) que la empresa comunique unos datos, (ii) que los datos sean falsos o inexactos y (iii) que esos datos falsos o inexactos den lugar a la obtención o disfrute indebido de prestaciones. De modo que, si los datos comunicados son falsos o inexactos, pero los trabajadores no obtienen o acceden a las prestaciones de la Seguridad Social por cualquier causa, la infracción no se habrá cometido. Por tanto, nos encontramos con una infracción que exige la concurrencia de tres presupuestos de hechos necesarios, debiendo señalar que esos hechos pueden producirse simultáneamente o en momentos temporales distintos. Es decir, los datos comunicados pueden ser falsos desde un inicio, desde que se declaran, cuando se tratan de datos pasados, proporcionando desde ese momento el acceso indebido a las prestaciones, o con posterioridad a la declaración, cuando se refieren a datos futuros, proporcionando el acceso indebido de las prestaciones, desde el momento en que se reputan como falsos, con independencia de la fecha de efectos económicos de las prestaciones, pues hasta el momento en que no se reputan como falsos los datos comunicados, el acceso a la prestación no puede comunicarse como indebido.

En el presente caso, para determinar la fecha de la comisión de la infracción, se ha de tener en cuenta que la infracción deriva principalmente de la concurrencia de dos hechos que no se producen en la misma fecha:

-Por un lado, la empresa comunica al SEPE el día 13/04/2020 los porcentajes de reducción de jornada de los trabajadores que van a estar afectos por la medida de regulación de empleo de reducción de jornada, fecha que coincide con los efectos económicos de las prestaciones por desempleo.

Se ha de precisar que en este momento no se pueden calificar ni como reales ni como falsas las reducciones de jornada comunicadas, sino como inciertas, al tratarse de unos datos de reducciones de jornadas previstas.

-Por otro lado, la empresa comunica al SEPE el 24/04/20 la desafección de los trabajadores sin poner en conocimiento de la entidad gestora la variación de los porcentajes de reducción de jornada o la inexistencia de la misma de determinados trabajadores durante la vigencia del ERTE, circunstancia que provoca la obtención indebida de las prestaciones por desempleo, momento temporal en el que se reputan como falsas las reducciones de jornada comunicadas el 13/04/2020.

De esta manera, se ha de concluir que en este caso el hecho determinante de comisión de la infracción se produce el 24/04/2020, una vez comunica la empresa la desafección de los trabajadores sin advertir al SEPE que ha existido una variación en las reducciones de la jornada, o la inexistencia de la misma, provocando el acceso indebido a las prestaciones por desempleo.

En consecuencia, a la vista de los hechos comprobados, nos encontramos con una infracción cuya comisión no deriva de un solo hecho, sino de una pluralidad de hechos que se producen en momentos temporales distintos, motivo por el que debemos atender a la fecha de los distintos hechos, pudiendo afirmar que la infracción se inicia el 13/04/2020, fecha de comunicación de las reducciones de jornada, que coinciden con los efectos económicos de las prestaciones por desempleo, y finalizada el 24/04/2020, fecha en la que se comunica la desafección del ERTE, sin advertir las variaciones producidas en la reducción de jornada, provocando el acceso o disfrute indebido a las prestaciones por desempleo, pues hasta el 24/04/2020 la empresa podría haber evitado la comisión de la infracción en tanto los datos de reducción de jornada que inicialmente comunicó al SEPE no se reputaban como falsos hasta esa fecha, por lo que se considera procedente la redacción del precepto tipificado aplicada por la Inspectora actuante en el acta de infracción, correspondiendo al momento en que se produce el hecho determinante de la comisión de la infracción (24/04/2020), sin perjuicio de que a efectos de declarar la responsabilidad de la empresa en la devolución de las prestaciones indebidas se haya tenido en cuenta la normativa vigente en la fecha de efectos económicos de las prestaciones (13/04/2020), al retrotraerse a un momento anterior en el que no existía tipificada dicha responsabilidad directa por tratarse de una norma más favorable para el sujeto infractor.

No obstante, señalar, que aunque se considerase que la fecha de la comisión de la infracción fuera el 13/04/2020, se estima que los hechos tienen encaje en la infracción tipificada en el artículo 23.1 c) de la LISOS en su redacción anterior al 23 de abril de 2020, pues, como señala la Inspectora actuante, tanto si se denomina "falseamiento de documentos" o bien "efectuar declaracione o facilitar, comunicar o consignar datos falsos", en ambas redacciones la infracción es la misma, que es la que se imputa a la empresa, siendo la única variación introducida la de facilitar los datos inexactos, con el objeto de reforzar el régimen sancionador establecido con anterioridad a través de la disposición adicional 2ª del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo , pero que no es la infracción imputada a la empresa, ya que la empresa lo que hace es facilitar datos falsos (o falsear datos) a la Administración generándose prestaciones por desempleo indebidas o en cuantías superiores a las debidas.

Por la fundamentación anterior se considera que no se han vulnerado los principios de tipicidad, legalidad, seguridad jurídica, irretroactividad de las normas sancionadoras y tutela judicial efectiva regulados en los artículos 9.1 , 9.3 , 24 y 25.1 de la Constitución Española denunciados por la empresa.

SEXTO. En relación a la exigencia de intencionalidad o dolo en la comisión de esta infracción, antes de entrar a valorar la concurrencia de la misma en el presente caso, volver a incidir en que la modificación en la redacción del precepto tipificador efectuado por Real Decreto 15/2020, de 21 de abril, no afecta a esta circunstancia, pues como se puede apreciar de los preámbulos tanto del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, como del Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, la finalidad del régimen sancionador es evitar el uso fraudulento de los recursos públicos, sin que la modificación tenga por objeto otra cuestión distinta que la de reforzar el régimen sancionador, mediante la incorporación en el tipo infractor la conducta de proporcionar datos inexactos, ya que la conducta de proporcionar datos falsos ya se encontraba regulada con anterioridad.

En el preámbulo del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, se establece a este respecto que: "Por otro lado, este real decreto-ley prevé medidas que permitan proporcionar un equilibrio entre los recursos del sector público y las necesidades de respuesta de empresas y personas trabajadoras afectadas por la grave situación de crisis sanitaria por la que atravesamos. Todo ello, sin olvidar, la necesidad de implementar todos los mecanismos de control y de sanción necesarios, con el fin de evitar el uso fraudulento de los recursos públicos para finalidades ajenas a las vinculadas con su naturaleza y objetivo (...)".

Por su parte el Preámbulo del Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, establece a este respecto: (...) el Real-Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo desarrolló un régimen sancionador adaptado a las circunstancias actuales con la implementación de los mecanismos de control y sanción necesarios que eviten comportamientos fraudulentos en la percepción de las prestaciones. En el presente real decreto-ley se refuerzan estos mecanismos de control y sanción (...)".

Aclarado lo anterior, en este caso, se estima la concurrencia de intencionalidad o ánimo fraudulento por parte de la empresa porque no se puede obviar la existencia de hechos acreditados relevantes en la delimitación de la conducta, como son que la empresa:

-No abonó a los trabajadores la retribución correspondiente a la jornada efectivamente realizada durante la vigencia del ERTE.

-Acordó compensar la jornada realizada de más durante la vigencia del ERTE con la recuperación del permiso retribuido recuperable impuesto por el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo.

Estos dos hechos permiten concluir que el permiso retribuido recuperable a cargo de la empresa fue finalmente financiado por el SEPE, a través de las prestaciones por desempleo por ERTE fuerza mayor COVID-19.

-Disfrutó indebidamente de las exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social establecidas en el artículo 24 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo , previstas para trabajadores afectos por ERTE fuerza mayor por COVID-19.

De no concurrir estos hechos se podría aceptar que la falta de comunicación de la variación de porcentajes de debió a un simple error no intencionado, como así alega la empresa, no obstante, en el presente caso concurre la existencia de intencionalidad en la omisión de la comunicación de la variación de los porcentajes de reducción de jornada de los trabajadores afectados porque la empresa era conocedora de que los trabajadores realizaron horas de más durante el ERTE no habiendo comunicado tal circunstancia al SEPE para evitar la obtención indebida de prestaciones, adoptando, por el contrario, un acuerdo compensatorio con trabajadores, a todas vistas fraudulento, con el objeto de eludir el pago de los salarios de los trabajadores y disfrutar indebidamente de las exenciones de cuotas.

A este respecto, se comparte el criterio de la Inspectora en el informe ampliatorio, debiendo resaltar que el fraude se comete con independencia del tamaño de la empresa y la cantidad defraudada, de hecho, la ley no vincula el fraude a la plantilla de la empresa ni a la cantidad indebidamente percibida para considerar cometida la infracción por fraude.

De esta manera no se puede aceptar la falta de motivación denunciada porque en el acta de infracción se recogen todos los hechos que permiten apreciar la intencionalidad o el ánimo fraudulento en la conducta de la empresa; por lo que se entiende que el acta está motivada y cumple con todos los requisitos legales establecidos para las actas de infracción en el artículo 14.1 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo por el que se aprueba el Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de las Sanciones por Infracciones del Orden Social y para los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, sin que se produzca indefensión a la empresa.

Finalmente, referir que la sanción propuesta en acta de infracción es la mínima, de conformidad con lo establecido infracción artículo 40.1 c) de la LISOS en relación con lo establecido en el artículo 23.2 del mismo texto legal , al proceder a imponer una sanción por cada trabajador que haya obtenido o disfrutado indebidamente de prestaciones de la Seguridad Social en la cuantía mínima tramo inferior establecida en 6.251 euros, ascendiendo el importe total a 93.765 euros al afectar a quince trabajadores.

La Resolución expresada del Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social-Jefe de la Unidad Especializada en el área de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude acuerda: Confirmar la sanción inicialmente propuesta en el Acta de 93.765,00 € (NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS). Confirmar la responsabilidad solidaria del empresario de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por los trabajadores. No obstante, cuando en el carácter indebido de la percepción no medie dolo o culpa del trabajador, dicha responsabilidad será directa y única en caso de infracciones tipificadas en el artículo 23.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por el RDL 5/2000, de 4 de agosto.

QUINTO.- Por la empresa DIRECCION000. se interpuso recurso de alzada ante el Director General de Trabajo contra la Resolución de 7 de junio de 2021 dictada por el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social - Jefe de la Unidad Especializada en el Área de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude solicitando que se dictase resolución por la que se acordase alguno de los siguientes pronunciamientos: a) Se declare nula de pleno Derecho o, subsidiariamente anulable la resolución recurrida, y en consecuencia el Acta de Infracción levantada por quebranto del principio de tipicidad, legalidad, seguridad jurídica, irretroactividad de las normas sancionadoras y tutela judicial efectiva ( artículos 9.1 , 9.3 , 24 , 25.1 de la Constitución Española ), respecto de la infracción supuestamente cometida por la empresa. b) Subsidiariamente, se declare nula de pleno Derecho o, subsidiariamente anulable, la resolución recurrida y, en consecuencia, el Acta de Infracción, por falta de motivación y actividad probatoria, generadoras de indefensión ( artículo 24 de la Constitución Española ); c) subsidiariamente, se revoque la resolución dictada y, en consecuencia, el acta levantada como consecuencia de la ausencia de incumplimiento por parte de la empresa respecto de los hechos objeto de la sanción; d) subsidiariamente, se aplique el principio de proporcionalidad, la teoría gradualista y, como mínimo se rebaje el importe de la sanción en los términos anteriormente expuestos.

SEXTO. - Con fecha 2 de agosto de 2021 la Inspectora de Trabajo emitió Informe del siguiente tenor literal: "En las actuaciones inspectoras previas de comprobación, así como en el procedimiento sancionador no se ha excedido de los plazos establecidos para la caducidad.

El recurso de alzada se estima interpuesto en tiempo y forma según los plazos legales para que proceda su admisión.

Las alegaciones contenidas en el mencionado recurso de alzada no desvirtúan el fundamento de la Resolución recurrida, toda vez que, en esencia, reproducen anteriores alegaciones y éstas ya fueron objeto de análisis y suficientemente rebatidas por esta Inspección Provincial, lo que a nuestro juicio hace inviable su estimación. Por ello, entendemos que el mencionado recurso de alzada procede ser desestimado. Ello, no obstante, esa Dirección General resolverá".

SÉPTIMO. - Con fecha 7 de junio de 2021 la Directora General de Trabajo, a propuesta de la Subdirección General de Informes, Recursos y Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social emitió resolución del siguiente tenor literal:

"Visto el recurso de alzada interpuesto ante esta Dirección General por la empresa interesada que al margen se cita, contra Resolución de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Guadalajara, de la que asimismo se ha hecho referencia y teniendo en consideración los siguientes»

TERCERO.-Que contra dicha Sentencia se formalizó Recurso de Suplicación, en tiempo y forma, por la representación de DIRECCION000,, el cual fue impugnado de contrario, elevándose los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, en la que, una vez tuvieron entrada, se dictaron las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma; poniéndose en su momento a disposición del Magistrado Ponente para su examen y resolución.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,