Sentencia Social 274/2025 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Social, Rec. 586/2023 de 07 de marzo del 2025

PRIMERO:Fallo de la Sentencia de Instancia. Recurso de Suplicación: Sus motivos. Impugnación del Recurso.

Por el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, se dictó Sentencia el día 17/02/2023, en el Proceso nº 530/2021, sobre incapacidad permanente, acordando la desestimación de la demanda en la que se pretendía el reconocimiento del grado de incapacidad permanente total para la profesión habitual.

Frente a dicho pronunciamiento, se interpone Recurso de Suplicación por la parte actora en el proceso de referencia, complementándolo posteriormente, basándolo en los siguientes motivos:

A) Al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

B) Al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para el examen de las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

El recurso ha sido por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social en la representación que legalmente ostenta de la parte demandada, solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia. Ello se reitera en su escrito de complementación de la impugnación.

SEGUNDO:Motivo del Recurso al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitándose la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

En Sentencia de 16/10/2018, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene establecido que "el recurso de suplicación es un recurso extraordinario y, como tal, la facultad del órgano de suplicación de revisar las pruebas aparece seriamente limitada, procediendo la revisión de hechos únicamente en los supuestos que taxativamente establece el artículo 193.b) de la LRJS , es decir, "a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas". El Tribunal "ad quem" no puede hacer una valoración de la prueba practicada en el juicio, por lo que solo la evidencia de un documento o informe pericial, sin otras consideraciones colaterales, permitirá a la Sala la modificación fáctica".

Al amparo de este motivo, no es posible una nueva valoración de toda la prueba practicada, según ha establecido el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, en Sentencias de 18/11/2015 y 21/03/2017, y tampoco es posible introducir por los litigantes hechos nuevos que no se debatieron en la instancia, según estableció esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su Sentencia de 23/04/2007.

De esta manera, el error que se atribuya a la Sentencia de Instancia ha de reunir las siguientes características:

A) Ha de ser evidente y resultar del análisis de los medios considerados hábiles a tal fin, como son la prueba documental, la prueba pericial, la revisión expresamente admitida por el impugnante del recurso y, así mismo, la revisión por infracción de normas sobre valoración de la prueba. Sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

B) Debe ser trascendente para la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente es esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

C) El recurrente debe ofrecer una redacción alternativa al hecho probado que pretende modificar, señalándolo expresamente, adicionando o suprimiendo su tenor literal, debiendo ser la redacción propuesta clara, precisa y congruente, citando pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. En ningún caso en la redacción alternativa se pueden introducir normas jurídicas o preceptos de Convenios Colectivos, así como tampoco conceptos, expresiones o juicios de valor que impliquen una predeterminación del fallo.

Dicho esto, por el recurrente se solicita la modificación de los hechos probados en los siguientes términos:

1º.Modificación del hecho probado Tercero proponiendo la siguiente redacción :" Tramitado expediente administrativo de incapacidad permanente a instancia de la entidad IBERMUTUA con Dictamen-Propuesta de existencia de lesiones que limitan de forma permanente al trabajador para su actividad como agricultor/ganadero, fue sometido a reconocimiento médico, en fecha 04- 7 12-2020, se emitió informe médico de síntesis; el Equipo de Valoración de Incapacidades en fecha 12-04-2021, elevó dictamen propuesta de inexistencia de incapacidad permanente en ninguno de sus grados para la profesión de agricultor-ganadero en el RETA, que fue aceptado íntegramente por la Dirección Provincial del INSS, en fecha 16-04-2021".

Basa la revisión en sus documentos 8 a 11 acompañados con la demanda.

Visto ello, la Sala entiende que la modificación propuesta es inadmisible por intrascendente para la modificación del Fallo de la sentencia recurrida en cuanto que, a lo que se refiere la redacción alternativa no es más que una mera propuesta de una Mutua sin efectos vinculantes pata la Entidad Gestora.

2º.Modificación del hecho probado Quinto.

La redacción alternativa propuesta es la siguiente. "El actor presenta las dolencias y limitaciones funcionales siguientes: Traumatismo dorsolumbar severo con fractura de tres vertebras D12, L1 Y L2, intervenido en Barcelona; artrodesis de L1 a L3 sin datos de complicaciones; TAC de09-11-2020: fractura de L2 con desplazamiento posterior de un fragmento óseo que ocupa un 30% del canal neural, Fractura inestable vertebra T12. Lumbarización de S1, con déficit neurológico, Radiculopatías L2, L3, L5 de grado moderado a severo todas y S1, S2 y S3, de grado severo; cambios postquirúrgicos de fijación posterior normo posicionada; limitado para sobrecargas lumbares, imitación dolorosa dorsolumbar, especialmente en la flexión y en la lateralización y rotación izquierda, determinantes de una situación de Incapacidad Permanente Total tanto para su profesión de camionero como para peón de finca agrícola".

Fundamenta la revisión en los informes que constan en los acontecimientos 100 y 101 del expediente judicial.

En cuanto al informe que consta en el acontecimiento nº 100 del expediente judicial electrónico, es un informe forense emitido en un proceso penal del que no se deriva con literosuficiencia la redacción propuesta pues no contiene descripción de dolencias sino su mera conformidad con un informe de un médico rehabilitador.

Por lo que se refiere al documento que conforma el acontecimiento nº 101 del expediente judicial, ocurre lo mismo que con el documento anterior.

También se trata de un informe forense en un proceso penal del que no se deriva con literalidad la redacción propuesta. En cualquier caso, no se acredita un error palmario de la Juzgadora pues por ésta se da cuenta de la fractura sufrida, de la artrodesis lumbar y de las limitaciones que lo acompañan, concretamente, limitación para sobrecarga de raquis. En consecuencia, los documentos a los que se refiere el recurrente no aportan datos con capacidad para la modificación del Fallo recurrido.

Añadimos que, además, la redacción propuesta ahora tras la incorporación al recurso del Informe Forense que admitimos por Auto de 7/10/2024, contiene expresiones inaceptables por predeterminantes del Fallo cuando dice "...determinantes de una situación de Incapacidad Permanente Total" ·

3º.Adición de un nuevo hecho probado, que sería el Décimo.

La redacción propuesta es la siguiente. "El demandante, por Resolución de la Dirección Provincial de Tráfico de fecha 05 de abril de 2022, ha sido privado de la Licencia para conducir vehículos de las clases de los que era titular, declarando no apto para las clases C1, C, C1E Y CE"

Basa la revisión en el documento que consta en el acontecimiento 114 del expediente judicial y en los folios 47 a 51 del expediente administrativo.

Examinados esos documentos, la Sala considera que no son relevantes para decidir pues, por un lado, no cita como es obligación procesal en número concreto de su prueba documental pues el acontecimiento 114 contiene toda ella sin índice documental ni numeración alguna, no siendo obligación del Tribunal realizar ninguna búsqueda y, por otro lado, esa retirada de permiso de conducción se refiere , tal como se pone de relieve en la impugnación del recurso y se deriva también del hecho probado Segundo a la actividad de conductor de camión cuando la profesión que ahora ha de valorarse es la de agricultor/ ganadero autónomo.

En consecuencia, el relato de hechos de la sentencia recurrida queda inalterado pues como la Sala viene reiterando, las características del Orden Social de la Jurisdicción exigen al Juez de Instancia la construcción de un relato de hechos probados suficiente, no solo para la Sentencia que debe dictar, sino también para el órgano de Suplicación a la hora de resolver el Recurso. Ahora bien, la construcción judicial fáctica no tiene por qué ser extenuante en el sentido de que el Juez de Instancia tenga que recoger en su crónica todos y cada uno de los documentos y demás medios probatorios aportados por los litigantes y si, únicamente, aquellos que considere de trascendencia para resolver el debate. También venimos diciendo que no es sustituible el imparcial criterio alcanzado por el Magistrado de instancia, por el más subjetivo de parte en legítima defensa de sus intereses (S.T. Sala de lo Social del T.S.J. de Murcia de 10/11/2020. Rec. 101/2019).

En el presente caso, y con amparo en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la Magistrada de Instancia ha dado por probados aquellos hechos que consideró esenciales para dictar Sentencia, la cual es producto de un examen racional, comparativo y crítico de todo el conjunto probatorio que se puso a su disposición.

Así mismo, es doctrina reiterada de la Sala que en materia de valoración de informes médicos, para desvirtuar el criterio del Equipo de Valoración de Incapacidades, es preciso que los documentos o pericias que aporte la parte recurrente acrediten una superior y excepcional cualificación científica pues, si no es así, esos elementos probatorios se sitúan en pie de igualdad con el E.V.I., aunque se trate de informes médicos de la medicina pública, pero sin desbancar el criterio de aquél.

Desestimamos pues este primer motivo del recurso.

TERCERO:Motivo del Recurso por Infracción de las normas jurídicas o de la Jurisprudencia al amparo del artículo 193 c) de la Ley de la Jurisdicción Social.

Las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos:

A)Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva, o bien se trate de la jurisprudencia, entendiendo por esta la que emana de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al resolver el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

B)Deben referirse a los hechos declarados probados. Por ello, no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C)Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida.

D)Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica.

La parte recurrente entiende que la sentencia de instancia incurre en infracción de lo dispuesto en los artículos 193.1º y 194.1º de la Ley General de la Seguridad Social y la jurisprudencia de aplicación. Respecto de esta última, ninguna de las sentencias que cita, todas ellas de esta Sala, son jurisprudencia por lo que no pueden servir para vertebrar un recurso de suplicación al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En sentencia de 30/01/2024, Recurso 19/2023, ECLI:ES.TSJMU:2024:53, esta Sala ha dicho en la materia que ahora nos ocupa lo siguiente: " 7.1 El artículo 193 del TRLGSS establece en su núm. uno (párrafo primero) que "1. La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo".

Por tanto, tres son, por tanto, las notas características que definen el concepto legal de la incapacidad permanente:

(a) Que las reducciones anatómicas o funcionales sean objetivables susceptibles de determinación objetiva"), es decir, que se puedan constatar médicamente de forma indudable, no basándose en la mera manifestación subjetiva del interesado.

(b) Que sean "previsiblemente definitivas", esto es, incurables, irreversibles; siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto de invalidez permanente, ya que, al no ser la medicina una ciencia exacta, sino fundamentalmente empírica, resulta difícil la absoluta certeza del pronóstico, que no puede emitirse sino en términos de probabilidad. Por eso, el precepto que se comenta añade que "no obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo".

(c) Que las reducciones sean graves, desde la perspectiva de su incidencia laboral, hasta el punto de "que disminuyan o anulen su capacidad laboral" - se trata de la incapacidad permanente absoluta -, o en una escala gradual que va desde el mínimo de un 33% de disminución en su rendimiento normal para su profesión habitual -incapacidad permanente parcial-, o la que impide la realización de todas o las fundamentales tareas de esta -incapacidad permanente total -.

7.2 El artículo 194.4 de la LGSS define a la incapacidad permanente total, al igual que lo hiciera el artículo 137.4 LGGSS/1994como la situación que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual siempre que pueda dedicarse a otra distinta, y el apartado 2 dispone que "Se entenderá por profesión habitual, en caso de accidente, sea o no de trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo, y en caso de enfermedad, común o profesional, aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el periodo de tiempo anterior a la iniciación de la incapacidad temporal que reglamentariamente se determine".

7.3 El vigente sistema de calificación de la incapacidad permanente es de carácter profesional, lo que comporta que no haya de realizarse una valoración del estado psicofísico del trabajador conforme a criterios tasados, sino mediante la evaluación conforme a criterios estimativos de la incidencia del cuadro patológico que le aqueja en su aptitud para el desempeño de su profesión habitual, concepto este último que no resulta equiparable a las labores que se realicen en un determinado puesto de trabajo, sino que se identifica con aquella actividad profesional que esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en virtud de la movilidad funcional.

De modo que la profesión habitual se define en atención al ámbito de las funciones que engloba el tipo de trabajo que se realiza o pueda realizarse dentro de la movilidad funcional, no estando encorsetada a la delimitación formal del grupo profesional.

Por otra parte, a efectos de calificación de la incapacidad permanente, han de tenerse en cuenta todas las funciones que objetivamente integran esa profesión. ( Sentencias Tribunal Supremo -Social- 7-06-12, Rec. 1939/10 ; 22-05-12, Rec. 2.111/11 ; 10-10-2011 Rec. 5611/10 )

Finalmente, no basta por tanto que las lesiones supongan una disminución de la capacidad laboral, sino que es necesario que afecten de forma importante a la realización de las tareas habituales de la profesión".

El caso que se somete a consideración de la Sala, el recurrente es trabajador autónomo por tareas de agricultor/ ganadero de animales de engorde y plantación de patatas y lechugas. Ello ha de completarse con lo que se dice en el hecho probado Noveno en el sentido de que cuando lo precisa, el recurrente da de alta a trabajadores para la recolección y que en el mes de febrero de 2018 dio de alta a un trabajador en el Régimen General. Así mismo se nos dice que la actividad agrícola no exige mano de obra continua ya que no necesita mantenimiento continuado.

Las dolencias que se han de tener en cuenta son las descritas en el hecho probado Quinto y de ellas se deriva que como consecuencia que por las fracturas vertebrales que sufrió, se le practicó artrodesis de L1 a L3 sin complicaciones y sin datos de déficit neurológico, con marcha normal, fuerza en miembros inferiores conservada y Lassegue negativo. Es cierto que se dice que está limitado para sobrecargas lumbares pero ello no es determinante.

En efecto, el recurrente no es un trabajador agrícola/ ganadero por cuenta ajena sino propia con capacidad de contratar, tal como así se acreditó, a trabajadores que realicen las tareas que más exigencia física y biomecánica exijan, sin olvidar que el tipo de producción agrícola a la que se dedica no exige un trabajo mantenimiento continuado. Tampoco se puede olvidar que, con autentico valor de hecho probado, la Juzgadora da cuenta de que la actividad agrícola y ganadera ha sido secundaría para el actor pues la ha compatibilizado con la profesión de conductor de camión por cuenta ajena para la que ya se le ha reconocido el grado de incapacidad total.

En consecuencia, entendemos que no hay incapacidad para realizar todas o las fundamentales tareas de la profesión habitual, de manera que no se han infringido los artículos 193 y 194 de la Ley General de la Seguridad Social, éste último en la redacción dada por la Disposición Transitoria 26ª de la misma norma. Desestimamos el recurso con confirmación de la sentencia de instancia.

CUARTO:Costas.

En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Seguridad Social, en el presente caso no procede la imposición de costas la gozar el recurrente del beneficio de justicia gratuita.