Sentencia Social 375/2025 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social, Rec. 1/2025 de 07 de mayo del 2025

PRIMERO.- Los hechos declarados probados resultan de la apreciación conjunta de la prueba de interrogatorio, testifical y documental, valorada libremente según las reglas de la sana critica y, en concreto, el primero del contrato de arrendamiento de servicios y su adenda, así como del documento 17 de SERVEO, el segundo del documento 8 de SERVEO, el tercero de los documentos 2 a 6 de SERVEO, el cuarto de los documentos 6.5 y 11 a 16 de SERVEO, el quinto del documento remitido en virtud de oficio de 21.3.2025 y ulterior diligencia final, del acta de la 2º reunión del expediente de despido colectivo y de la testifical, el sexto de los documentos 1 y 2 de BENTELER, el séptimo de los documentos 5 y 6 de BENTELER y el octavo del expediente del despido colectivo y de datos consignados en demanda no discutidos de contrario.

SEGUNDO.- Vistas las alegaciones realizadas por la parte actora en la demanda y su delimitación del objeto del proceso en el acto del juicio, en el que se estableció que no se invoca subrogación convencional ni cesión ilegal de trabajadores, el litigio se centra, por un lado, en la existencia o no de una sucesión legal entre las empresas codemandadas conforme al art. 44 ET, y, por otro, en la falta de aportación de documentación relevante solicitada por la representación de los trabajadores en orden a valorar y, en su caso, acreditar el cumplimiento de los presupuestos la subrogación. Aunque en la demanda no se especifica qué documentación es esa, en el acto de juicio se aludió particularmente a los medios materiales transmitidos.

TERCERO.- Sobre esta última cuestión, según dispone el art. 51.2 ET, la comunicación de inicio del procedimiento de despidos colectivos a los representantes legales de los trabajadores deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de la documentación contable y fiscal y los informes técnicos. Como señala la STS, Pleno, de 25.9.2018, rec. 43/2018, no basta "la mera notificación formal a los representantes de los trabajadores del inicio de la consulta y del propósito empresarial, se precisa, además, que ambas vayan acompañadas de toda la información y documentación constitutiva del objeto de la propia consulta, de suerte que la obligación de documentación se configura como parte esencial del deber empresarial de información en el procedimiento de despidos colectivos, que, vinculado a las consultas, conecta, sin duda, con el principio de buena fe que, por imperativo legal debe presidir la negociación en esta fase procedimental".El objetivo último es que los representantes de los trabajadores tengan una información suficientemente expresiva para conocer las causas del despido y poder afrontar el periodo de consultas adecuadamente. (entre otras, STS de 21.5.2014, rec. 249/2013).

Se trata, en todo caso, de un deber "de carácter instrumental al servicio del derecho a la negociación colectiva en el seno de las consultas lo que implica que no todo incumplimiento de obligación documental conlleva la nulidad de la decisión extintiva sino tan sólo aquella que sea trascendente a los efectos de una negociación adecuadamente informada"de forma que tan drástica consecuencia no es aplicable cuando la omisión afecta a "documentos que se revelen «intrascendentes» a los efectos que la norma persigue [proporcionar información que consienta una adecuada negociación en orden a la consecución de un posible acuerdo sobre los despidos y/o medidas paliativas ... Ello aboca a examinar el cumplimiento de la obligación informativa desde una óptica finalista; es decir el problema de la necesidad de aportación o no de una determinada documentación -no prevista normativamente- vendrá determinada por la solicitud de los representantes de los trabajadores y por la utilidad de la documentación pedida a los fines examinados. La incorrección del despido colectivo por infracción de la obligación informativa vendrá determinada, en consecuencia, por la negativa de la empresa a la aportación de la información solicitada o por su defectuosa aportación, siempre que la solicitud esté justificada puesto que no se puede imponer al empresario la aportación de cualquier documentación no prevista legalmente salvo que quede acreditada su relevancia para la negociación durante las consultas ( STS de 18 de julio de 2014, rec. 288/2013 )".

Co nsta en autos, y así se señala en el hecho probado 3º.3 de esta resolución, que, ante la petición realizada por la parte social en el periodo de consultas, en el transcurso de la segunda reunión negociadora SERVEO informó sobre las concretas carretillas y trenes utilizadas por BENTELER, con identificación de cada máquina, el chasis y el tipo. Se especificó, igualmente, que cada trabajador, en el desarrollo de su prestación laboral, hacía uso de una "pistola de lectura de etiquetas" al objeto de contabilizar o ubicar el material o producto, que se vuelca en un sistema informático completo de gestión de almacén. Se añadió, por último, que cada carretilla disponía de una emisora donde los trabajadores recibían las ordenes de trabajo.

So bre esta detallada información nada dijo la representación de los trabajadores en dicha reunión ni en la siguiente y última. En ningún momento se expuso un incumplimiento empresarial en esta materia ni se solicitó que fuese completada en algún aspecto, del mismo modo que tampoco se ha especificado en este proceso qué concretos datos considera la parte actora que, habiendo sido pedidos en su momento, no fueron facilitados. No pueden serlo, desde luego, los relativos al destino dado por BENTELER a la maquinaria una vez que SERVEO se desvinculó de ella tras la finalización de la contrata, pues realizado este acto, con el consiguiente cese de cualquier relación entre las empresas, no hay motivo para entender que la antigua contratista pudiese conocer, al tiempo de la tramitación del periodo de consultas, los términos en que la contratante asumió la actividad logística y los medios destinados para su desarrollo. Por otra parte, existe detalle suficiente para la identificación de los medios.

To do ello abunda en la inoperancia de la causa de nulidad que estamos examinando: existe una clara voluntad empresarial de facilitar la documentación requerida, habiéndose atendido la petición efectuada con la celeridad exigible, no se acredita ningún tipo de resistencia u omisión en este aspecto y la información suministrada por la empresa fue suficiente para la representación de los trabajadores, que no solicitó información adicional durante el periodo de consultas, lo que apoya la conclusión de intrascendencia respecto de cualquier otra en la que se pueda apoyar la alegación de subrogación legal que se sostiene.

CUARTO.- 1. Sobre la sucesión de empresa, la STS/4ª de 20 de mayo de 2021 (recurso 145/2020) compendia la doctrina jurisprudencial acerca del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, en los siguientes términos:

2.- Existe sucesión empresarial cuando se transmite "una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria" [ art. 44.2 del ET y art. 1.1.b) de la Directiva 2001/23/CE ].

El art. 44 del ET exige, bien la trasmisión de elementos patrimoniales y de personas, o bien, en el caso de que la actividad en concreto descanse fundamentalmente en la mano de obra, que sea esta (mano de obra) la que se transmita (por todas, sentencias del TS de 16 de abril de 2018, recurso 2392/2016 ; 29 de enero 2020, recurso 2914/2017 ; y 24 de septiembre de 2020, recurso 300/2018 ).

3. - No se aplica el art. 44 del ET cuando se produce la mera sucesión en la ejecución de una actividad económica porque "una entidad empresarial no puede reducirse a la actividad de que se ocupa y por ello el mero cambio en el titular de la actividad no determina la aplicación de la normativa sobre transmisión de empresa, en tanto la operación no vaya acompañada de una cesión -entre ambos empresarios- de elementos significativos del activo material o inmaterial. Porque -y este es el caso- en las contratas sucesivas de servicios, en las que lo que se transmite no es una empresa ni una unidad productiva con autonomía funcional, sino de un servicio carente de tales características, no opera, por ese solo hecho, la sucesión de empresas establecida en el artículo 44 ET "( sentencia del TS de 12 de diciembre de 2017, recurso 668/2016 , y las citadas en ella).

Es te Tribunal sostiene que "en la sucesión de contratas o concesiones administrativas para la prestación de servicios públicos sólo se produce subrogación empresarial si se trasmite la unidad productiva [...] ni la contrata ni la concesión administrativa, son unidades productivas autónomas a los efectos del art. 44 ET , salvo entrega al concesionario o al contratista de la infraestructura u organización empresarial básica para la explotación", de forma que en general no se trata de una sucesión de empresas regulado en dicho precepto sino que la sucesión de empresas contratistas de servicios, al carecer la sucesión de un soporte patrimonial, por lo que no tiene más alcance que el establecido en las correspondientes normas sectoriales" ( sentencia del TS de 27 de febrero de 2018, recurso 724/2016 ). (...).

6. - En caso de sucesión de empresas contratistas, la subrogación laboral puede producirse aunque la nueva adjudicataria no reciba los medios materiales de la anterior contratista sino de la empresa principal, a quien pertenecen. En tal caso, no hay un traspaso de medios de contratista a contratista sino que la empresa adjudicadora pone dichos medios a disposición de las sucesivas adjudicatarias: "El dato de que las infraestructuras o los medios materiales pertenezcan a la administración que descentraliza y las entrega a la empresa contratista para que lleve a cabo la actividad o el servicio encomendado no impide que pueda apreciarse una sucesión empresarial encuadrable en el ámbito de aplicación de la Directiva. Ello puede ser determinante, incluso, para comprobar la existencia de transmisión empresarial. Así se pone de relieve en la STJUE de 26 de noviembre de 2014, C-509/2014, Asunto Aira Pascual [...] la circunstancia de que los elementos materiales asumidos por el nuevo empresario no pertenecieran a su antecesor, sino que simplemente fueran puestos a su disposición por la entidad contratante, no puede excluir la existencia de una transmisión de empresa en el sentido de la Directiva" [por todas, sentencias del TS de 19 de septiembre de 2017 (dos), recursos 2629/2016 y 2832/2016 ; y 25 de noviembre de 2020, recurso 684/2018 ].

DÉ CIMO.- 1.- El TJUE explica que el criterio decisivo para determinar la existencia de una transmisión de empresa "consiste en saber si la entidad económica mantiene su identidad, lo que se desprende, en particular, de la circunstancia de que continúe efectivamente su explotación o de que esta se reanude [...] Para determinar si se cumple este requisito, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación examinada, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios o los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario contrate o no a la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades" ( sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2020, C-298/18 , y las citadas en ella).

2. - El TJUE sostiene que, "en un sector en el que la actividad se basa esencialmente en el equipamiento, el hecho de que el nuevo empresario no se haga cargo de la plantilla que su antecesor había dedicado al desarrollo de la misma actividad no basta para excluir la existencia de una transmisión de una entidad que mantenga su identidad, en el sentido de la Directiva 2001/23 " ( sentencia del TJUE de 7 de agosto de 2018, C-472/16 )".

La más reciente jurisprudencia al respecto ( STS de 5.3.2025, rec. 4728/2023) ha dicho:

"L a interpretación de la normativa - artículo 44 ET - ha de realizarse, tal como reiteradamente ha venido señalando la jurisprudencia de esta Sala, a la luz de la normativa Comunitaria Europea - Directiva 2001/23 CE, del Consejo de 12 de marzo de 2001- y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La STS de 12 de diciembre de 2002 (Rec. 764/02 ), con cita de sentencias anteriores destacó que el supuesto de hecho del artículo 44 ET , al que se anuda la consecuencia jurídica de la sucesión o subrogación de un nuevo empleador en la posición del anterior empresario, presenta una cierta complejidad. La ley española lo describe en términos genéricos como "cambio de titularidad" de la empresa, centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma". Dejando a un lado el caso especial de sucesión en la empresa "mortis causa" a que se refiere el art. 49.1 g. ET , los acontecimientos constitutivos del cambio de titularidad de la empresa o de alguno de sus elementos dotado de autonomía productiva, han de ser, siguiendo la formulación de la propia norma española, actos "inter vivos" determinantes de una transmisión del objeto sobre el que versa (la empresa en su conjunto, un centro de trabajo, o una unidad productiva autónoma) por parte de un sujeto cedente, que es el empresario anterior, a un sujeto cesionario, que es el empresario sucesor. En efecto, a tenor del precepto, se considera que existe sucesión de empresa, cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria (art. 1 b de la Directiva).

El elemento relevante para determinar la existencia de una transmisión, a los efectos ahora examinados, consiste en determinar si la entidad de que se trata mantiene su identidad, lo que se desprende, en particular, de la circunstancia de que continúe efectivamente su explotación o de que esta se reanude (SSTJUE de 18 de marzo de 1986, Spijkens, 24/85 ; de 11 de marzo de 1997 , Süzen , C-13/95 ; de 20 de noviembre de 2003, Abler y otros, -340/01 y de 15 de diciembre de 2005, Guney-Gorres, C.232/04 y 233/04). La transmisión debe referirse a una entidad económica organizada de forma estable, infiriéndose el concepto de entidad a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio (sentencias Süzen y Abler y otros, antes citadas).

Pa ra determinar si se reúnen los requisitos necesarios para la transmisión de una entidad, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación de que se trate, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios y los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y de la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente (asunto Süzen antes citado).

En todo caso [ STS 10-mayo-2013 (Rcud. 683/2012 ) entre otras], hay que tener presente que el elemento característico de la sucesión de empresa es la transmisión de una persona a otra de la titularidad de una empresa o centro de trabajo, entendiendo por tal una unidad de producción susceptible de continuar una actividad económica preexistente. El mantenimiento de la identidad del objeto de la transmisión supone que la explotación o actividad transmitida continúe efectivamente o que luego se reanude.

3. -De la doctrina contenida en las sentencias citadas se desprende que en aquellos sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra -como ocurre en el caso examinado- un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad económica, que puede mantener su identidad, cuando se produce una transmisión, y el nuevo empresario no sólo continua con la actividad de que se trata, sino que también se hace cargo de una parte "esencial" del personal del anterior empresario. ( SSTJUE de 11 de marzo de 1997, Süzen, C-13/95 ; de 10 de diciembre de 1998 (asuntos C-127/96 , C-229/96 y C-74/97 , Hernández Vidal y otros, de 24 de enero de 2002 (asunto C-51/00 , Temco); de 29 de julio de 2010 (asunto C-151/09 , FSP/UGT/Ayuntamiento La Línea); de 20 de enero de 2011 (asunto C-463/09 , Martín Valor), del servicio de ayuda a domicilio y vigilancia (de 10 de diciembre de 1998 (asuntos C-173/96 y 247/96, Sánchez Hidalgo y otros) o con la actividad de una ETT (de 13 de septiembre de 2007 (asunto C-485/05 , Mohamed Jouini). Por contra, si la actividad de que se trata no descansa fundamentalmente en la mano de obra, sino que exige material e instalaciones importantes, aunque se produzca la continuidad de la actividad por un nuevo empresario y éste asuma un número importante de trabajadores del anterior, no se considera que hay sucesión de empresa si no se transmiten los elementos materiales necesarios para el ejercicio de la actividad".

2. El caso que nos ocupa, en los términos perfilados en los hechos probados, es un supuesto de reversión, en el que BENTELER resolvió la contrata por la que SERVEO le prestaba la actividad de logística, asumiendo ella misma su desempeño.

Co mo ha señalado nuestra jurisprudencia (entre otras, STJUE de 10 de diciembre de 1998, Asunto Hernández Vidal y otros, C-127/96, C-229/96, C-74/97, y STS de 6.2.1997, rcud. 1886/1996), "la extinción de la contrata y la asunción con trabajadores propios de la actividad antes descentralizada no constituye, por sí misma, un supuesto de subrogación empresarial"pero ello no implica que este no pueda darse si, como indica la STJUE de 20 de enero de 2011, Asunto CLECE (C-463/09), la transmisión tiene por objeto una entidad económica que mantiene su identidad tras el cambio de titular. "Para determinar si tal entidad mantiene su identidad-afirma esta última sentencia-, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho que caracterizan a la operación de que se trata, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el hecho de que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios y bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades".En concreto, la STS de 4.10.2017, rcud. 2389/2015, establece las condiciones para que se produzca la sucesión de empresa ex art. 44 ET y, por tanto, la responsabilidad del arrendador, empresario principal o contratista, en los supuestos de reversión de la actividad, condicionándolo al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que se produzca efectiva reversión del servicio o actividad al arrendador; b) Que éste continúe desarrollando la actividad que tenía arrendada; c) Que se produzca transmisión de elementos patrimoniales para llevar a cabo dicha actividad o, en aquellos sectores en los que la actividad descansa de forma preponderante sobre la mano de obra, que se produzca una transmisión de elementos personales, es decir, que se produzca una "sucesión de plantilla".

Y ello, considerando la configuración que la jurisprudencia europea y nacional han hecho del alcance de la transmisión de bienes como elemento determinante de la aplicación del art. 44 ET. Podemos citar, entre otras muchas, la STJUE de 20.11.2003, C-340/01, que dispone que existe sucesión de empresa cuando se produce la transmisión de los equipos cuando estos son indispensables para realizar la actividad económica aun cuando el cesionario no se haga cargo del personal anterior; la STS de 14.4.2003, rcud. 4228/2000, que vincula la aplicación del art. 44 ET a que los elementos cedidos patrimoniales constituyan una unidad de producción susceptibles de explotación o gestión separada, de forma que no basta la simple transmisión de bienes, sino que estas han de constituir un soporte económico suficiente para que continúe activa la acción empresarial precedente; o la STS nº 249/2019, de 26 de marzo, que se remite a la STJUE de 26 de noviembre de 2015, C- 509/2014 (TJCE 2015, 283) ,Asunto Aira Pascual, antes ya referida, indicando que concurre sucesión de empresas "cuando en un supuesto de reversión de contrata la reasunción de la actividad por parte de la Administración vaya acompañada de la transmisión de los elementos necesarios para desarrollar la actividad, entendidos tales elementos en un sentido amplio, de manera que incluya los activos materiales, inmateriales, la clientela, la analogía o similitud de la actividad desarrollada",añadiendo que "la circunstancia de que los elementos materiales asumidos por el nuevo empresario no pertenecieran a su antecesor, sino que simplemente fueran puestos a su disposición por la entidad contratante, no puede excluir la existencia de una transmisión de empresa en el sentido de la Directiva". ( SSTS de 19 de septiembre de 2017, Rcud. 2629/16 (RJ 2017, 4527 ) y Rcud. 2832/16 (RJ 2017, 4481) , entre otras)".

En este caso parece claro que no hay sucesión de plantilla. Tras la reversión, BENTELER pasó a desarrollar con sus propios trabajadores el objeto de la contrata extinguida, sin que ello conllevase un incremento de personal (hecho probado 6º). No puede decirse, además, que la actividad asumida descansase fundamentalmente en la mano de obra. Por el contrario, la realización de operaciones logísticas, objeto de dicha contrata y recuperadas por la inicial arrendadora como consecuencia de la reversión, implica la decisiva participación de maquinaria y equipos esenciales para el desarrollo ordinario de la actividad productiva. Esta vinculación se plasmó en el propio contrato entre BENTELER y SERVEO, donde se contemplaba una cesión de equipos de la primera a la segunda en función de la "naturaleza de la actividad a desarrollar" y en el acta de la 2ª reunión negociadora del periodo de consultas, que constató el uso por la arrendataria de 15 carretillas y trenes, además emisoras en cada carretilla y pistolas de lectura de etiquetas para cada trabajador al objeto de contabilizar o ubicar el producto o material, volcándose sus datos en el sistema informático de BENTELER. Hablando en términos cuantitativos y cualitativos, una parte muy importante de estos instrumentos, particularmente los medios de transporte y carga se constituyeron como elementos productivos indispensables para realizar la actividad, que hubiese devenido en imposible sin su presencia.

Re iterada jurisprudencia (entre otras, SSTS de 19.10.2017, rcud. 2629/2017, 10.10.2018, rcud. 2767/2016, y 26.9.2017, rcud. 3533/2015) indica que, si el equipamiento es relevante, su transmisión produce una sucesión de empresa a efectos laborales y el nuevo titular queda subrogado en los contratos de trabajo del anterior titular, en el bien entendido que: a) la circunstancia de que los elementos materiales asumidos por el nuevo empresario no pertenecieran a su antecesor, sino que simplemente fueran puestos a su disposición por la entidad contratante, no puede excluir la existencia de una transmisión de empresa en el sentido de la Directiva (entre otras, SSTS de 19.9.2017, rcuds. 2629/16 y 2832/16, entre otras, y sentencia de esta Sala de 27.3.2018, rec. 153/2018); y b) la subrogación en las relaciones laborales existentes integra cualquier tipo de transmisión, siendo irrelevante la forma o título en virtud del cual se produce, tal y como han establecido, entre otras, la STS de 9.10.1988 y la del TJUE de 19.5.1992, asunto Stichting, según la cual la Directiva 2001/23/CE es "aplicable a todos los supuestos de cambio, en el marco de relaciones contractuales, de la persona física o jurídica responsable de la explotación de la empresa". De este modo, el concepto de "traspaso" o "transmisión" no puede ser entendido exclusivamente como negocio traslativo de la propiedad de los medios de producción, siendo lo realmente decisivo a tales efectos que haya una continuidad de la actividad empresarial, para lo que deberá atenderse a un cúmulo de elementos o circunstancias a fin de comprobar si lo transmitido es la empresa en su conjunto, uno de sus centros, o una unidad productiva autónoma.

Según se ha acreditado (hecho probado 5º), la finalización de la contrata suscrita entre las codemandadas, que sí terminó con la cesión de equipos pactada, no supuso, sin embargo, la devolución a su arrendadora, KION RENTAL SERVICES, S.A.U., de dichos instrumentos. Por el contrario, de los 12 vehículos cedidos, solo tres fueron retirados, manteniéndose los otros 9 en las instalaciones de BENTELER en plena capacidad de un uso que se materializó en buena parte de ellos (7 sobre 10) con ciertos incrementos de actividad en los términos obrantes en el indicado ordinal fáctico y con el destacable detalle de que los tres restantes habían sido retirados antes de la terminación del vínculo entre las dos empresas.

Es tos datos ponen de relieve la transferencia a BENTELER de la maquinaria vinculada a la contrata que estaba disponible cuando la misma finalizó, de manera que, a pesar del cese de la prestación de servicios por SERVEO, los bienes materiales destinados a la actividad de logística que esta gestionaba fueron asumidos por BENTELER en coincidencia con la paralela asunción de esa misma gestión. Con ello, se produjo un cambio en el sujeto de la explotación y la consiguiente reasignación de los mismos elementos productivos e infraestructuras que habían sido puestas a disposición del contratista hasta la revocación de la contrata, suscrita, a su vez, en relación con una actividad que, como hemos expuesto, descansa sustancialmente en el equipamiento.

De be destacarse, en todo caso, que, el hecho de que cesionario, recuperado el servicio y los medios materiales destinados al mismo, no los ponga en funcionamiento, no afecta a ese cambio de titularidad. Si bien es cierto que la Sala 4ª ha indicado, entre otras, en sentencias de 9.10.1984 y 3.2.1987, que el art. 44 del ET exige para su debida aplicación que el empresario subrogado continúe la actividad negocial o de tráfico mercantil o industrial del cedente o subrogante, también ha establecido (entre otras, STS de 5.2.1991) que, producida la sustitución en la posición jurídica del empresario, "lo decisivo, para que exista subrogación, no puede estar en que el titular continúe el servicio o actividad objeto de concesión administrativa, cosa que puede depender únicamente de su voluntad, sino en que tenga la posibilidad de hacerlo. Aquello supondría abrir una ancha puerta al fraude, al permitir a quienes utilizan esta forma de gestión indirecta de servicios el poder desprenderse en cualquier momento de la plantilla sin costo alguno, recuperando los bienes que constituyen el "substratum" objetivo de la empresa. Iría por ello contra el fin perseguido por el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores "(en igual sentido, sentencia de esta Sala de 21.7.1997, rec. 511/1997).

La s circunstancias expuestas determinan la existencia de una real transmisión que, según la jurisprudencia y normativa expuesta, completa el conjunto de requisitos exigibles para apreciar una sucesión de empresa en un supuesto, como el presente, que nos remite a la anteriormente mencionada STJUE de 26.11.2015, C-509/2014, asunto Aira Pascual: "Cuando en un supuesto de reversión de contrata la reasunción de la actividad por parte de la Administración vaya acompañada de la transmisión de los elementos necesarios para desarrollar la actividad, entendidos tales elementos en un sentido amplio, de manera que incluya los activos materiales, inmateriales, la clientela, la analogía o similitud de la actividad desarrollada. Además, la circunstancia de que los elementos materiales asumidos por el nuevo empresario no pertenecieran a su antecesor, sino que simplemente fueran puestos a su disposición por la entidad contratante, no puede excluir la existencia de una transmisión de empresa en el sentido de la Directiva".

Es ta sentencia contiene, por otra parte, razonamientos que, al margen de inevitables diferencias, son fácilmente extrapolables al caso que nos ocupa. Así, señala que "para lo que se revela decisivo que el medio patrimonial relevante para llevarlo a cabo son las grúas, las cuales las puso ADIF a disposición de ALGEPOSA y, claro es, las mantiene tras asumir directamente su realización, sin que le prive de ello que aquí no tengamos un nuevo concesionario sino que es el titular del servicio quien ha optado por asumirlo directamente, como tampoco que éste no haya querido hacerse cargo de los trabajadores por tener la intención de hacerlo con sus propios empleados",que "la Directiva 2001/23 es aplicable a una situación en la que una empresa que confía a otra empresa la ejecución efectiva de determinadas tareas decide poner fin al contrato que la vincula a ésta y ejecutar por sí misma esas tareas (véase, en este sentido, la sentencia CLECE, C-463/09 , EU:C:2011:24 , apartado 31)"y que "la cuestión de si se ha transmitido la propiedad de los elementos materiales carece de pertinencia a efectos de aplicar la Directiva 2001/23 ",pues de "la jurisprudencia reiterada del TJUE se desprende que el ámbito de aplicación de esa Directiva abarca todos los supuestos de cambio, en el marco de relaciones contractuales, de la persona física o jurídica responsable de la explotación de la empresa, que por este motivo asume las obligaciones del empresario frente a los empleados de la empresa, sin que importe si se ha transmitido la propiedad de los elementos materiales (véanse las sentencias Abler y otros, C-340/01 , EU:C:2003:629 , apartado 41, y CLECE, C-463/09 , EU:C:2011:24 , apartado 30)."

En este contexto, la contratación por BENTELER de varias carretillas una vez asumido el servicio de logística (hecho probado 7º) no afecta a las conclusiones alcanzadas: la transmisión ya operada previamente completó por sí misma las condiciones de la sucesión en cuanto afectó a todos los elementos necesarios para desarrollar la actividad. En lo que ha sido acreditado, la nueva adquisición puede actuar, en su caso, como mero complemento, pero no consta que sea determinante una vez que la actividad de logística puede satisfacerse con la infraestructura constitutiva de una unidad productiva autónoma procedente de la contrata.

QUINTO.- En otro orden de cosas, BENTELER alega que, habiendo finalizado la contrata el 7.2.2025 y habiéndose extinguido las relaciones laborales de los trabajadores a partir del 17.2.2025, no hay nexo temporal que vincule uno y otro acto.

Ba sta examinar el periodo de consultas para advertir que tal alegación no puede prosperar. La comunicación a la representación de los trabajadores de la intención empresarial de realizar el despido colectivo se produjo el 21.11.2014 y el periodo de consultas se inicio el 3.1.2025, siendo la comunicación de la decisión final el 28.1.2025. Es decir, la tramitación del expediente y la decisión final, con clara definición de su causa (razones organizativas y productivas derivadas de la extinción de la contrata) fueron previos a la fecha de efectos de la rescisión, siendo esta relación la que debe marcar la calificación del despido colectivo. En todo caso, el transcurso del tiempo en los términos invocados solo tendría virtualidad en relación con una eventual caducidad de los despidos individuales, cuestión ajena a este proceso según el art. 124.13 LRJS.

SEXTO.- Resta, finalmente, pronunciarse sobre la calificación del despido una vez se ha declarado aplicable al caso el art. 44 ET. Se trata, en definitiva, de determinar si concurre el fraude que alega la parte actora y si, por tanto, el despido debe ser declarado nulo.

De bemos recordar al respecto, como señala, entre muchas otras, la STS de 20.5.2015, rec. 128/2014, que "el fraude de Ley ha de ser acreditado, y que ello ha de hacerse -como en el abuso del derecho- mediante pruebas directas o indirectas, admitiendo las presunciones ( arts. 385 y 386 Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC -). Hemos sostenido al respecto que, aunque el fraude es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, es suficiente con que los datos objetivos revelen el ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir un resultado prohibido o contrario a la ley (así, lo hemos recordado en múltiples sentencias, como la STS/4ª de 31 mayo 2007 -rcud 401/06 -)".

La demanda sostiene su pretensión en la STS de 18.2.2014, pero esta resolución no es de aplicación al presente caso. En el supuesto contemplado en ella el Tribunal deduce la existencia de un pacto interempresarial tendente a evitar las previsiones del art. 44 ET, lo que aquí no ocurre y, ni siquiera, es alegado por los litigantes. En un sentido totalmente diferente, en nuestro caso no existe constancia de conducta fraudulenta alguna, valoración en la que igualmente incide la Inspección de Trabajo, que no apreció dolo, fraude, abuso de derecho o coacción en el expediente. En definitiva, no podemos confundir el fraude, que es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico ( art. 6.4 CC) , con la mera infracción o incumplimiento de la norma, en este caso, del mencionado art. 44 del ET. Por otra parte, debemos considerar la doctrina de la Sala 4ª plasmada en su sentencia de 29.11.2022, rec. 119/2022, en el sentido de que "la falta de participación de la nueva contratista (...) en el procedimiento de despido colectivo tramitado por la antigua contratista (...) debido a la finalización de la contrata, no conlleva la declaración de nulidad del despido porque ello no está previsto como causa de nulidad en el art. 124 y concordantes de la LRJS ".La consecuencia jurídica de lo expuesto hasta ahora en esta resolución será, en definitiva, que no se declare ajustada a derecho la decisión extintiva ( art. 124.11 LRJS) .

SEPTIMO.- No procede la imposición de costas conforme al art. 97 LRJS

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,