Sentencia Social 421/2025 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Social, Rec. 758/2023 de 08 de abril del 2025

PRIMERO:Fallo de la Sentencia de Instancia. Recurso de Suplicación: Sus motivos. Impugnación del Recurso.

Por el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, se dictó Sentencia el día 25/1/2023, en el Proceso nº 682/2021, sobre reconocimiento de antigüedad a efectos de trienios y cantidad, acordando la desestimación de la demanda por existencia de cosa juzgada.

Frente a dicho pronunciamiento, se interpone Recurso de Suplicación por la parte actora en el proceso de referencia, con sede procesal en el artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para el examen de las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO:Motivo del Recurso por Infracción de las normas jurídicas o de la Jurisprudencia al amparo del artículo 193 c) de la Ley de la Jurisdicción Social.

Las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos:

A)Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva, o bien se trate de la jurisprudencia, entendiendo por esta la que emana de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al resolver el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

B)Deben referirse a los hechos declarados probados. Por ello, no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C)Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida.

D)Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica.

La parte recurrente entiende que la sentencia de instancia incurre en infracción por inaplicación del artículo 24 de la Constitución y de los artículos 222 y 400 de la ley de Enjuiciamiento Civil, así como el artículo 1 y anexo del I Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Murcia, junto con el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Se razona sobre ello, por lo que la Sala considera que el motivo del recurso cumple con las exigencias formales que acabamos de señalar.

Criterio de la sentencia de instancia.

La Magistrada entendió que la pretensión de la demanda debía ser desestimada por la existencia de cosa juzgada negativa o excluyente pues de lo actuado en el proceso se derivaba que lo que ahora se reclamaba en la demanda rectora de las actuaciones, ya había sido atendido en el procedimiento de ejecución seguido ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia ( ETJ 78/2021) en virtud de sentencia dictada en el procedimiento PO 495/2017 dictada el 5/1/2018 , con las correcciones introducidas por la sentencia de 10/7/2019 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en resolución dictada en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social. Se siguió razonando que como la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia estableció el derecho de la trabajadora a que en lo sucesivo se le abone el salario mensual de 3.147,56 euros, ese salario incluía la cantidad por trienios reconocidos, tal como se indicaba en el hecho probado octavo de esa resolución. Se afirma que esa condena de futuro determinó que en la ejecución de dicho procedimiento se hayan satisfecho las cantidades inicialmente reclamadas en la presente litis, por lo que nada impide a la demandante seguir reclamando en dicha ejecución las cantidades objeto del presente pleito de instancia, es decir, las devengadas con posterioridad al 31/8/2021, sin que se pueda entrar a conocer de nuevo una pretensión que debieron ser objeto de anterior pleito con identidad de petitum, causa y partes que el presente, y ello en virtud del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Decisión de la Sala.

1º. Antecedentes de interés.

Tal como se desprende de los hechos probados de la sentencia recurrida, ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia se siguió a instancia de la parte ahora recurrente, el proceso ordinario 495/2017 que terminó con sentencia de 5/1/2018 en la que se acordó la existencia de cesión ilegal de la trabajadora demandante, la existencia de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y la condena solidaria de los demandados a que , en conceto de salarios debidos , abonaran a la actora la cantidad de 46.652,72 euros. Más el 10% por mora en el pago, y a que en lo sucesivo se la abone el salario mensual de 3.147,56 euros.

La sentencia fue objeto de recurso de suplicación que se registró con el nº 1282/2018, donde se dictó sentencia el 10/7/2019 , revocando la de instancia en cuanto a la existencia de cesión ilegal de mano de obra y la existencia de vulneración de derechos fundamentales , dejando así mismo sin efecto las diferencias salariales reclamadas , condenando a la Fundación Museo Ramón Gaya y al Ayuntamiento de Murcia a pagar a la actoras la cantidad de 31.475,00 euros por salarios devengados desde el 1/2/2017 hasta el 30/11/2017 a razón de 3.147,56 euros al mes, sin perjuicio del derecho de la parte condenada a deducir las sumas abonadas por los mismos conceptos , manteniendo los restantes pronunciamientos contenidos en la sentencia recurrida.

Por escrito de la parte actora en el presente proceso, se desistió de las cantidades inicialmente reclamadas en conceto de trienios correspondientes al periodo entre el 01/02/2017 a 30/08/2021, toda vez que las mismas ya había sido satisfechas a la parte actora por ser objeto de ejecución en el PO 495/2017 del Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia (ETJ 78/2021).

2º. Solución del caso concreto.

Partiendo del inalterado relato de hechos probados, la Sala va a desestimar el recurso.

Se constituye como referencia ineludible el ordinal Tercero de la crónica fáctica de instancia. En él se hace una descripción que, entendemos, cercena los argumentos de la parte recurrente.

Se deja constancia por la Juzgadora que una vez iniciado el proceso, la parte actora y ahora recurrente, actualizó las cantidades reclamadas, fijando su importe en 5.119,49 euros más intereses por mora y ello por los trienios devengados entre el 01/09/2021 y el 31/08/2022, desistiendo en dicho escrito de las cantidades inicialmente reclamadas en concepto de trienios correspondientes al periodo entre el 01/02/2017 a 30/08/2021, toda vez que las mismas ya habían sido satisfechas a la actora por ser objeto de ejecución, ETJ 78/2021, derivada del PO 495/2017 del Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia .

Ello, bien a las claras quiere decir que en el seno del citado proceso de ejecución se estaban reclamando los trienios que ahora se han vuelto a reclamar en fase declarativa y respecto de los cuales se ha aplicado en la instancia el obstáculo procesal de la cosa juzgada.

La decisión recurrida nos parece correcta. Si como consecuencia de la sentencia dictada en su momento por el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia, luego revocada en parte por esta Sala, ya se sigue un proceso de ejecución donde se han abonado las cantidades correspondientes por trienios entre el 01/02/2017 y el 30/8/2021, cuando ahora , mediante nueva acción declarativa, se pide que se le abonen trienios desde el 01/09/2021 y el 31/8/2022 derivados de la misma sentencia , es evidente que estamos en presencia de una reclamación que debió encauzarse procesalmente a través del citado proceso de ejecución y no mediante una nueva acción judicial que, en ningún caso podría provocar un nuevo pronunciamiento sobre el fondo pues ello ya fue resuelto en el proceso seguido ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia.

Debemos recordar que, respecto de la cosa juzgada material, el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la Ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley .

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen",añadiendo en su número 4º que " Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal ".

Por su parte, el artículo 400 de la misma norma nos dice que "...los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste".

Desde el punto de vista jurisprudencial, tomamos como referencia la Unificación de Doctrina, representada en este caso por la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 25/10/2018,Recurso 203/2017,ECLI:ES: TS:2018:3728, donde se dice lo siguiente:

A) Efecto positivo de la cosa juzgada.

Son innumerables las ocasiones en que nos hemos debido ocupar de aquilatar el llamado efecto positivo de la cosa juzgada. La STS 564/2018 de 29 mayo (rec. 2333/2016 ) , con cita de otras muchas, lo resume así:

El efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada se configura como una especial vinculación que, en determinadas condiciones, se produce entre dos sentencias, y, en virtud de la cual, lo decidido por la resolución dictada con carácter firme en el primer proceso vincula la decisión que ha de adoptarse en la segunda cuando la primera decisión actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial en la segunda. Los elementos necesarios para el efecto positivo de la cosa juzgada son la identidad subjetiva entre de las partes de los dos procesos y la conexión existente entre los pronunciamientos.

B) Efecto negativo de la cosa juzgada.

La STS 69/2017 de 26 enero (rec. 115/2016 ) analiza los efectos de las sentencias firmes de conflicto colectivo y concluye así:

En definitiva, la institución de la cosa juzgada impide la decisión del proceso actual cuando ya hubiere sentencia firme sobre la misma cuestión y entre las mismas partes. La institución posee doble efecto: negativo o excluyente y positivo o prejudicial (cuando no hay identidad absoluta de los elementos de la pretensión, pero si hay una parcial identidad en el objeto de uno y otro proceso).

Puesto que opera sobre la base de una situación jurídica ya dada en la realidad histórica en virtud de una sentencia que es firme, es clave el examen de la identidad entre lo resuelto en el procedimiento colectivo (antes reseñado) y el (presente) individual.

En numerosas ocasiones, como allí recordamos, se expone cómo mientras el efecto negativo o preclusivo impide a los Tribunales de Justicia pronunciarse de nuevo sobre un asunto ya resuelto por sentencia firme, la función positiva o prejudicial de la cosa juzgada no prohíbe que se dicte sentencia en el segundo juicio, sino que obliga tan sólo a que en esa segunda sentencia se sigan y apliquen los mandatos y criterios establecidos por la sentencia firme anterior. La estimación del efecto negativo y excluyente de la cosa juzgada exige que entre el caso resuelto por la primera sentencia y el posteriormente planteado, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.

C) Preclusión.

La aplicación del artículo 400.2 LEC (supletorio de la LRJS) ha dado lugar a una doctrina resumida por la STS 17 octubre 2013 (rec. 3076/2012 ) , conforme a la cual, en el proceso laboral, los efectos preclusivos de la cosa juzgada, igual que los de la litis pendencia, se extienden tanto a los hechos y fundamentos jurídicos aducidos en el proceso previo como a los que en él hubieran podido alegarse".

Más recientemente, la misma Sala nos ha recordado en sentencia de 6/3/2024,Recurso 26/2022, ECLI:ES:TS:2024:1359, lo siguiente: "En nuestra sentencia núm. 1208/2021, de 2 de diciembre de 2021 (Recurso: 1724/2020), por remisión a la STS de 4 de marzo de 2010, rec. 134/07 , estableció: "A tal afirmación llegamos, partiendo de las siguientes consideraciones:

a) la cosa juzgada es una proyección del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, exigiendo que las resoluciones judiciales tengan la eficacia que supone la ejecución en sus propios términos y el respeto a la firmeza de las situaciones jurídicas declaradas (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 190/1999 ; 58/2000 ; 135/2002 ; 200/2003 Y 15/2006 )

b) por ello se impone una concepción amplia de la cosa juzgada y la consiguiente interpretación flexible de sus requisitos (entre las recientes, SSTS de 9 de diciembre de 2010,Rec. 46/2009 ; 5 de diciembre de 2005, rec. 996/04 y 6 de junio de 2006, rec. 1234/05 ) ;

c) con mayor motivo se impone esa flexibilidad al aplicarse a una relación como la laboral, de tracto sucesivo y susceptible de planteamientos plurales por distintos sujetos de una idéntica pretensión, de manera que no ha de excluirse el efecto de cosa juzgada material por el hecho de que en los procesos puestos en comparación se hayan ejercitado acciones distintas por sujetos diferentes ( SSTS de 30 de septiembre de 2004, rec. 1793/03 ( y 20 de diciembre de 2004, rec. 4058/2003 , que hacen eco de la precedente de 29 de mayo de 1995 ; y d) conforme al 222 LEC , "la cosa juzgada ... excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo" [párrafo 1] y que "lo resuelto con fuerza de cosa juzgada ... vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal".

En definitiva, se trata del llamado "efecto positivo " de la cosa juzgada, respecto del cual esta Sala ha sostenido que se configura como una especial vinculación que, en determinadas condiciones, se produce entre dos sentencias, en virtud de la cual, lo decidido por la resolución dictada con carácter firme en el primer proceso vincula la decisión que ha de adoptarse en la segunda cuando la primera decisión actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial en la segunda ( STS de 25 de mayo de 2011, rcud 1582/2010 ) , de forma que la aplicación del efecto de la cosa juzgada no precisa que el nuevo pleito sea una exacta reproducción de otros anteriores, sino que, pese a la ausencia de alguna de las identidades basta con que no produzca una declaración precedente que actúe como elemento condicionando y prejudicial de la resolución que ha de dictarse en el nuevo juicio ( SSTS de 9 de diciembre de 2010, rec. 46/2009 , antes citada, criterio que se sigue ya en la STS de 23 de octubre de 1995, rcud. 627/1995 ; y es reiterado en otras sentencias, como la STS de 3 de marzo de 2009, rcud. 1319/2008 ; y de 20 de enero de 2010, rcud 3540/2008 ) . Por tanto, "lo importante es la conexión de las decisiones; no la identidad de objetos, que por definición no podría producirse" ( SSTS de 25 de mayo de 2011, rcud. 1582/2010 y de 4 octubre 2012, rec. 273/ 2011 )) .

Sin embargo, el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, según reiterada jurisprudencia, impide a los Tribunales de Justicia pronunciarse de nuevo sobre un asunto ya resuelto por sentencia firme. Por ello exige que entre el caso resuelto por la primera sentencia y el planteado de nuevo en un posterior proceso, concurra identidad objetiva y extiende sus efectos no solo a las partes del proceso en que se dicta la sentencia firme, sino también a sus herederos y causahabientes y a los sujetos, no litigantes, titulares, por sucesión del objeto debatido en el proceso. El efecto positivo de la cosa juzgada no exige la identidad objetiva que es propia del efecto negativo y que, de darse, excluiría el segundo proceso según dispone el artículo 222.1 LEC ( STS de 23 de febrero de 2018, rcud. 2907/2015 ) ".

En definitiva, tal como adelantamos, en el caso que ahora se somete a nuestra consideración opera el efecto negativo de la cosa juzgada pues lo que se ha reclamado ahora ante el Juzgado de lo Social que ha dictado la sentencia recurrida, ya fue resuelto en el proceso seguido ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia, con las correcciones hechas por esta Sala en su momento, proceso que ha dado lugar a una ejecución de título judicial en la se está ventilando todo lo relativo a los trienios que correspondan a la trabajadora, no habiendo razón alguna en que , sin la citada ETJ ya se han reconocido y abonado los trienios entre el 01/02/2017 a 30/08/2021, los reclamados ahora entre el 01/09/2021 y el 31/08/2022, deban seguir un nuevo proceso declarativo cuando ya hay abierto uno de ejecución.

Terminamos diciendo que este criterio que ahora formamos no está en contradicción con el que hemos adoptado en nuestra sentencia de 06/02/2025, dictada en el RSU 637/2023 pues, aunque allí sí que dijimos que lo que operaba era el efecto positivo de la cosa juzgada, el caso resuelto en esa resolución era diferente al actual. En efecto, en la sentencia que acabamos de citar se reproducían los hechos probados de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Murcia el 19/12/2022 en el proceso 80/2022 y , en su ordinal Quinto se dejaba constancia de que el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación del Museo Ramón Gaya habían procedido a la ejecución parcial pero en ningún caso se da cuenta de la existencia de una ejecución de título judicial, razón que exigió una acción declarativa nueva, a diferencia del caso que resolvemos donde la citada ejecución si está abierta y con resultado positivo para la recurrente en periodos inmediatamente anteriores a los que se reclamaron con la demanda.

Por todo ello, no hay quebranto normativo alguno de los denunciados en el recurso, por lo que este queda desestimado, quedando confirmada la sentencia de instancia.

TERCERO:Costas.

De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el presente caso no procede la imposición de costas al gozar la recurrente del beneficio de justicia gratuita.