Sentencia Social 2198/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 2337/2024 de 09 de octubre del 2025

PRIMERO.-Los demandantes ejercitaban una acción tendente a obtener la declaración de que la relación que les une a la demandada es de carácter indefinido no fijo discontinuo y la demandada se opuso a ello alegando la carencia sobrevenida del objeto del proceso con respecto a D. Ildefonso pues ya le había sido reconocida la condición que pretende y argumentando imposibilidad presupuestaria para reconocérsele a D. Felix.

La Sentencia dictada ha estimado la excepción de carencia sobrevenida del objeto del proceso respecto de la demanda interpuesta por D. Ildefonso contra "CETURSA SIERRA NEVADA, SA, y estima íntegramente la demanda interpuesta por D. Felix contra CETURSA SIERRA NEVADA, SA, declarando el carácter fijo discontinuo de la relación laboral que les une.

Frente a dicha Sentencia se alzan en suplicación el trabajador D. Ildefonso planteando dos motivos, el primero con amparo en el apartado a) del artículo 193 de la LRJS, con el objeto de reponer los autos al estado en que se encontraban, por haberse infringido normas o garantías de procedimiento que hayan producido indefensión, y en concreto por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución española, en relación con el artículo 413.1 de la LEC, dado que la Sentencia admite la excepción de carencia sobrevenida de la demanda alegada por la demandada, fundamentando su decisión en que el trabajador es fijo discontinuo de la empresa demandada desde diciembre de 2022 al entender que la formalización de dicho contrato, con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda de origen, implica "haber reconocido ya a D Ildefonso lo que pretende, en virtud de contrato de trabajo fijo discontinuo celebrado el 12/12/22", argumentando el recurrente que lo que pedía en su demanda era que se declarara la condición de su relación laboral como indefinido no fijo discontinuo debido a que se trata de contratación temporal en fraude de ley en sociedades mercantiles del sector público, como es el caso de la demandada, no solicitándose, por tanto, la declaración del mismo como trabajador fijo discontinuo, de tal forma que le ha causado una falta de satisfacción del interés legítimo del actor. lo resuelto en la Sentencia recurrida ante la falta de respuesta a la solicitud contenida en la demanda considerando por ello acreditada la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva alegado, así como del artículo 413 de la LECv. El segundo motivo del recurso del trabajador se plantea con amparo en el apartado c) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, denunciando la infracción del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y SSTS de 18 de septiembre de 2012, recurso 3880/2011; de 7 de mayo de 2015, recurso 343/2014; 24 de febrero de 2016, recurso 2493/2014; y 28 de septiembre de 2016, recurso 3936/2014, alegando en resumen que la sucesión de contratos de duración determinada en temporadas consecutivas para el desempeño por parte del actor de idénticas funciones, adscrito al mismo departamento de la demandada, con la misma categoría profesional y en el mismo puesto de trabajo, que acredita el Hecho Probado Primero de la sentencia impugnada, evidencia que la actividad que viene a realizar el mismo en virtud de todas y cada una de dichas contrataciones tienen un claro carácter cíclico o intermitente que justifica la discontinuidad de la relación laboral, y confirma, en consecuencia, el carácter fraudulento de las contrataciones temporales impugnadas en el presente procedimiento, y por tanto, la condición del actor como trabajador indefinido no fijo discontinuo de la demandada. En el suplico pide que con expresa estimación de los motivos aducidos, revoque la sentencia impugnada y estime la demanda íntegramente, o subsidiariamente reponga los autos al estado en que se encontraban en el momento de producirse la infracción de las normas de procedimiento alegadas, remita los autos al Juzgado de referencia para que dicte resolución sobre el fondo de la cuestión estimando íntegramente la demanda inicial. El recurso ha sido impugnado por la empresa demandada.

Por su parte, en el recurso de la empresa se plantean cuatro motivos, todos de censura jurídica con amparo en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS para examinar las infracciones de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, denunciando en el primero la infracción del artículo 16 del ET, por aplicación indebida del mismo así como la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la adquisición de indefinido no fijo en vez de adquisición de la condición de fijeza, expresada en sentencias, entre otras las de Pleno del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2020 (rec.2811/2018; rec. 1911/2018); en el segundo motivo denuncia la infracción del artículo 15 del ET, por no aplicación del mismo; en el tercer motivo se denuncia la infracción de los artículos 13 y 24 de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, en relación con el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, con el artículo 81 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y con el artículo 6.3 del Código Civil, y la Jurisprudencia que desarrolla tales preceptos; y. por último, en el cuarto motivo se denuncia la infracción de los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española, en relación con los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público y consideración de "indefinido no fijo-discontinuo", así como la Jurisprudencia que desarrolla tales preceptos. En el suplico pide se dicte sentencia por la que estimando el recurso de suplicación interpuesto por esta parte, revoque la sentencia de instancia desestimando íntegramente las pretensiones deducidas en la demanda. El recurso ha sido impugnado por el trabajador.

Pues bien, a la vista de los numerosos pronunciamientos ya recaídos sobre idénticas cuestiones por esta Sala, con bases fácticas y jurídicas sustancialmente idénticas, por evidentes razones de seguridad jurídica e igualdad ante la ley y al no concurrir circunstancias nuevas que justifiquen cambio de criterio, igual ha de ser la respuesta judicial. En definitiva pues, resolvemos como hemos dicho en las Sentencias dictadas el 16 de enero de 2025, Recurso 712/23, y Recurso 3/24, así como la dictada más recientemente el día 29 de mayo de 2025, Recurso 1424/24.

SEGUNDO.-Siguiendo en concreto para resolver el recurso del trabajador, la Sentencia de esta Sala Núm. 81/2025 de fecha 16 de enero de 2025, dictada en el Recurso de Suplicación 3/2024, resolviendo recurso planteado por el trabajador frente a la sentencia de instancia que estima la excepción de carencia sobrevenida de objeto planteada por CETURSA SIERRA NEVADA S.A. frente a la demanda interpuesta y en consecuencia, absuelve a la demandada de las peticiones deducidas en su contra, expresando que : "... Se articula el primer motivo de recurso al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 letra a) de la LRJS, con el objeto de reponer los autos al estado en que se encontraban, por haberse infringido normas o garantías de procedimiento que hayan producido indefensión, y en concreto por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución Española, en relación con el artículo 413.1 de la LEC. A este respecto la parte recurrente considera que no concurre la excepción de carencia sobrevenida de la demanda por cuanto que considera que hay diferencia jurídica entre el contrato fijo discontinuo formalizado por el actor y la declaración de una relación laboral como indefinida no fija discontinua y por lo tanto la sentencia incurre en falta de satisfacción del interés legítimo del actor. Subsidiariamente en el segundo motivo se recurre al amparo de lo previsto en el artículo 193 letra c) de la LRJS, se motiva el recurso en la infracción del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y SSTS de 18 de septiembre de2012, recurso 3880/2011; de 7 de mayo de 2015, recurso 343/2014; 24 de febrero de 2016, recurso 2493/2014;y 28 de septiembre de 2016, recurso 3936/2014. Y ello con la finalidad que se declare al actor como indefinido no fijo discontinuo.

El TS, en sentencia de 9/10/19, dictada en el recurso 91/18, declaró lo siguiente en relación con la excepción de falta de acción:" Respecto a la falta de acción esta Sala se ha pronunciado, entre otras, en la sentencia de 3 de julio de 2019, casación 51/2019 ,en los siguientes términos:"3. La falta de acción. En diversas SSTS, como las de 18 de julio de 2002 (rec. 1289/2001)y 8 mayo 2015 (rec. 56/2014), explicamos que la denominada " falta de acción" no tiene, al menos desde la visión de los tribunales laborales, un estatuto procesal claramente delimitado que le otorgue autonomía propia. Ello ha propiciado que, según las ocasiones, se la haya identificado, y no en todos los casos acertadamente, con: A) Un desajuste subjetivo entre la acción y su titular. B) Una inadecuación objetiva del proceso elegido en relación con la pretensión ejercitada. C) La ausencia de un interés litigioso actual y real, de modo especial cuando se ejercitan acciones declarativas. D) Una falta de fundamentación de la pretensión ejercitada. En este sentido, por interesar para nuestro caso, conviene recordar que carece de legitimación para litigar y recurrir quien sólo tiene un interés preventivo o cautelar, no efectivo ni actual. "No se descubre el interés que puede tener el recurrente en obtener una declaración judicial, que ni en el presente ni en el futuro, se va a traducir en nada útil a sus derechos, derivados de la situación sobre la que ha versado la presente controversia" ( STS 5 diciembre 2006, rec.2286/2005 ). Resaltemos también que la falta de acción es cuestión que afecta al orden público procesal y que por ello -tratarse de materias de Derecho necesario- no resulta aplicable el principio de justicia rogada, de manera que los órganos jurisdiccionales deben proceder de oficio a su análisis y resolución, sin necesidad que hayan sido alegadas previamente por alguna de las partes (recientes, SSTS 30/06/016 -rco 231/15 -; 22/02/17 -rco 120/16-; y 09/03/17 -rcud 2958/15.-"Relacionado con la falta de acción nos encontramos con la figura de la carencia sobrevenida de objeto, respecto de la cual señala la STS de 13 de julio del 2022(RCUD 2828/2019) que: "En efecto, es doctrina constitucional reiterada aquella según la cual el derecho a la jurisdicción, reconocido en el art. 24.1de la Constitución Española(RCL 1978, 2836), como derecho del justiciable a obtener una decisión de fondo sobre sus pretensiones no se vulnera cuando medie causa legal que lo impida y la misma se aplique de forma razonada y proporcionada. Como se recoge en el art. 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ), una causa de terminación del proceso es la satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto, lo que implica que existan circunstancias sobrevenidas durante la tramitación del proceso que tienen el efecto de dejar sin interés legítimo la tutela judicial que se quiere obtener al haber sido la misma ya satisfecha. En la jurisdicción social, aquel precepto procesal, en lo que al proceso ordinario y especiales se refiere, sería de aplicación al ser regulación procesal supletoria. Es más, los arts. 191.4 c.1 ºy 206.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) ya establecen que los autos que se dicten en instancia y acuerden la terminación anticipada del proceso por pérdida sobrevenida de objeto podrán ser objeto de los recursos extraordinarios de suplicación y casación, respectivamente. Junto a ello, en relación con los recursos de casación y casación para la unificación de doctrina esa causa por la que se puede dar por concluido el procedimiento en ese momento procesal está expresamente contempla en los arts. 213.4 y 225.4 de la LRJS. El art. 225.4 de la LRJS, como acabamos de indicar, recoge como causas de inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina la carencia sobrevenida de objeto del recurso diciendo lo siguiente: "Son causas de inadmisión, el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos para recurrir, la carencia sobrevenida del objeto del recurso, la falta de contenido casacional de la pretensión y el haberse desestimado en el fondo otros recursos en supuestos sustancialmente iguales". La STC 102/2009, con base en la regulación civil procesal, ya señaló que " la causa legal de terminación anticipada de un proceso por pérdida sobrevenida de su objeto, de conformidad a lo establecido en el art. 22 LEC, se conecta con la pérdida del interés legítimo en obtener la tutela judicial en relación a la pretensión ejercitada, y precisamente, por ello, su sentido es evitar la continuación de un proceso en el cual el demandante haya perdido sobrevenidamente todo el interés jurídico que en él tenía". También esta Sala ha precisado que la desaparición o pérdida de objeto del recurso constituye uno de los modos por los que puede concluir el proceso, lo que ha apreciado en situaciones en las que determinados actos administrativos quedan privados de eficacia. Así lo recordaba la STS de 24de noviembre de 2016, rec. 53/2016, con cita de la STC 84/2006, que aplica igual efecto en relación con el recurso de amparo, sentencia recogida, a su vez, en la STC 44/2013, en la que se dijo que " la desaparición sobrevenida del objeto del proceso, aun cuando no contemplada expresamente en el art. 86.1 LOTC, ha sido admitida por este Tribunal como forma de terminación de los distintos procesos constitucionales, como en los casos en los que en el procedimiento que dio origen al recurso de amparo, los propios órganos judiciales han reparado las lesiones del derecho invocado en sede constitucional, o bien cuando la reparación se ha producido por desaparición de la causa o acto que inició el procedimiento". Por tanto, la carencia sobrevenida del objeto supone la producción de un hecho que incide de forma determinante sobre la pretensión articulada en el proceso en curso de manera que la tutela judicial que se interesaba al activarlo ha perdido su razón de ser al haber sido satisfecho el derecho que se postulaba. "

En este caso, el hecho que ha motivado que la sentencia de instancia considere que no tiene el demandante interés legítimo en la pretensión de la demanda es que como se recoge en el fundamento de derecho segundo:" Se trata de excepción que ha de prosperar y ello porque al suplico de la demanda se interesaba, literalmente, "sentencia por la que estimando la demanda declare mi condición de trabajador indefinido no fijo-discontinuo de la demandada, condenando a la misma a estar y pasar por dicha declaración". Es evidente que la suscripción de contrato de trabajo de duración indefinida, para la realización de trabajos fijos discontinuos en diciembre de 2022 satisface plenamente las peticiones contenidas en la demanda, en la que no se incluía ningún otro tipo de petición sobre antigüedad ni ninguna otra distinta a la calificación del vínculo laboral como indefinido fijo discontinuo."

La decisión adoptada por el juzgador de instancia se comparte por esta Sala toda vez que el suplico dela demanda solicitaba que se: "dicte sentencia por la que estimando la demanda declare la condición de trabajador indefinido no fijo discontinuo de la demandada". Por tanto, la única petición que se realiza en demanda es la calificación del trabajador como "indefinido no fijo discontinuo" sin solicitarse reconocimiento de antigüedad alguna de contratos eventuales previos. Se está solicitando, en definitiva, una sentencia declarativa de derechos que se concretan en la naturaleza del vínculo que une entre las partes, en este caso, a su juicio debe ser fijo discontinuo, "no fijo" por jurisprudencia. En consecuencia el juzgador queda vinculado por la petición concreta que se efectúa, sin que proceda por vía de recurso introducir peticiones distintas delas reclamadas en demanda. Es por ello por lo que en el fundamento de derecho segundo se determina que :"la oposición de la parte actora a la estimación de la excepción, basada en una solicitud de vínculo laboral indefinido no fijo discontinuo y no el de fijo discontinuo que se dice corresponder al contrato es más retorica que real, pues en definitiva el vínculo laboral es indefinido y de hecho, más seguro que el peticionado en demanda, por no venir sujeto a una eventual cobertura tras proceso selectivo que pudiera determinar la extinción de un contrato indefinido no fijo". Efectivamente, al interponer la demanda, lo que se reclama es que la naturaleza de la relación es indefinida y no temporal y la denominación de "no fijo" se deriva de que tal reconocimiento se hace a través de un reconocimiento jurisprudencial y no a través de los procesos reglamentarios para ello. De hecho, la propia argumentación jurídica de la demanda, y el propio recurso, se refiere al artículo 16 del E.T. que regula los contratos fijos discontinuos por lo que la petición de no fijo se vincula únicamente a la forma de reconocimiento de ese derecho, no a su propia naturaleza que se corresponde con la ya adquirida por el actor, toda vez que el carácter indefinido de la relación ya le ha sido reconocido a la parte recurrente, que se ha presentado a un proceso de empleo público y ha formalizado un contrato fijo discontinuo con la empresa demandada".

Dicho lo cual, como ha señalado la Sala en Sentencia Núm. 781/2025 de fecha 20 de Marzo de 2025 dictada en el Recurso de suplicación 542/24, si en su día se pretendiera plantear en el futuro una acción para el reconocimiento de mayor antigüedad, si se reclamasen derechos concretos sobre los que aún no existe controversia jurídica pendiente, cabría al actor la posibilidad de ejercitar acciones futuras.

Por lo expuesto, como se resolvió procede desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador.

TERCERO.-Para resolver el recurso de CETURSA, en cuanto a los dos primeros motivos, la Sala comparte el razonamiento de la Sentencia recurrida, rechazando y ya se adelanta las infracciones denunciadas, al resultar acreditado que en cuanto a la acción declarativa de derechos ejercitada por D. Felix y partiendo de la declaración de hechos probados efectuada en dicha Sentencia tras valorar el conjunto de la prueba documental aportada por ambas partes, acudiendo a lo que establece el artículo 31 del convenio colectivo de aplicación, según el cual la contratación de los trabajadores fijos con carácter discontinuo estará en función de la carga de trabajo que exista en la Empresa y se efectuará en consonancia con la profesión y categoría del trabajador y puesto laboral a desarrollar, adquiriendo la condición de fijos discontinuos aquellos trabajadores que, incorporados a la Empresa el día 10 de febrero de 2003, tengan acreditados 450 días trabajados en la misma, aunque no sea de forma continuada e independientemente de las categorías profesionales en que haya desempeñado su función, llegando a la conclusión que el demandante ostenta dicha condición ya que fue contratado como eventual y tiene acreditados conforme a su informe de vida laboral 520 días trabajados, por lo que estima la demanda respecto del mismo, siendo plenamente ajustado a derecho este pronunciamiento a tenor de los hechos declarados probados con los que se conforma la empresa y que constan en los antecedentes de la presente Sentencia.

En cuanto al tercer y cuarto motivos, siguiendo la Sentencia también de esta Sala de lo Social de Granada de fecha 28 de enero de 2021 en el recurso 1091/20 que también fue interpuesto por CETURSA SIERRA NEVADA SA, exponiendo que: "TERCERO.- Se interpone recurso de suplicación así mismo al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , alegando en concreto que incurre la sentencia impugnada en infracción por inaplicación del articulo 13.1 de la Ley 5/2017, de 05 de diciembre, del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2018 (BOJA 15.12.2017); así como en infracción por inaplicación de los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española . En síntesis, lo que se denuncia en el recurso es que se haya reconocido el carácter indefinido de la relación laboral de la actora con Cetursa, pese a que ésta pertenece al sector público y, por ende, está sometida a la Ley de Presupuestos, de manera que queda sujeta a la tasa de reposición, inexistente en la fecha en laque pretende acceder a la plantilla de la demandada, según la resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. A continuación, se invocan los principios de mérito, igualdad y capacidad previstos en la Constitución Española para el acceso a la función pública, como veto a la posible transformación del contrato temporal de la actora en fijo discontinuo. Pues bien, resolveremos, en primer lugar, la censura jurídica planteada en segundo lugar en el recurso, por cuanto se alega la vulneración de normas de rango constitucional. En relación con esta cuestión, lo recientemente resuelto por el Tribunal Supremo (Sala de lo Social) en su Sentencia núm. 472/2020 de 18 junio , en relación AENA es plenamente aplicable al caso de autos. Según esta Sentencia: " La resolución de la controversia litigiosa requiere partir deque AENA no es una Administración pública, ni una entidad de derecho público. Pero el contrato de trabajo indefinido no fijo no se aplica exclusivamente a las Administraciones públicas ni a las entidades de derecho público sino que también opera en las entidades del sector público en las que el acceso se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 1ª en relación con el art. 55.1 del EBEP . Cuando el EBEP ha querido referirse a las entidades del sector público lo ha hecho así expresamente. La mentada disposición adicional amplía la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad a las "entidades del sector público estatal". Estos principios se aplican a entidades que no están mencionadas en el art. 2 del EBEP . El concepto jurídico "entidad del sector público estatal" incluye entidades privadas que, de conformidad con el art. 2 del EBEP , integran el sector público institucional. 2. La relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no sólo a la función pública) a fin de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando. Para impedirlo, su condición pasa a ser la de trabajador contratado por tiempo indefinido con derecho a ocupar la plaza hasta que se cubra por el procedimiento previsto o se amortice. Dicha finalidad debe cumplirse también en las entidades públicas cuya normativa prevé el acceso respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad. 3. Es cierto que el art. 103 de la Constitución hace referencia al "acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad". Pero el hecho de que la Carta Magna solamente vincule el mérito y la capacidad con el acceso a la función pública no impide que normas con rango legal también puedan exigir el respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a empleo público distinto de la función 7 JURISPRUDENCIA pública, como ha hecho la disposición adicional 1ª en relación con el art. 55.1 del EBEP , ampliando el ámbito de aplicación de dichos principios a fin de evitar que la contratación temporal irregular permita el acceso a la condición de trabajador fijo de estas empresas del sector público. Se trata de salvaguardar el derecho de los ciudadanos a poder acceder en condiciones de igualdad al empleo público en dichas entidades. DUODÉCIMO.- Las precedentes consideraciones obligan, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, a estimar el recurso, a casar y anular la sentencia recurrida y a resolver el debate planteado en suplicación en el sentido de estimar en parte el recurso de suplicación interpuesto por AENA SA, revocando la sentencia de instancia. Se desestima la pretensión principal de la demanda interpuesta por D. Inocencio frente a AENA SA, denegando el reconocimiento como personal laboral fijo de la demandada. Se estima la pretensión subsidiaria de que se le declare trabajador indefinido no fijo. Sin pronunciamiento sobre costas ( art. 235 de la LRJS (RCL 2011, 1845)). Se acuerda la devolución de los depósitos para recurrir". Por aplicación de esta doctrina jurisprudencial resulta que la actora tendría derecho a que se le reconozca su condición de indefinida con carácter discontinuo, pero no fija (lo cual no hace constar la sentencia y las partes no lo denuncian, pero por aplicación de esta jurisprudencia así sería), respecto de la empleadora Cetursa, dado que se trata de una sociedad mercantil perteneciente al sector público andaluz, tal y como ya hemos dejado dicho en múltiples sentencias de esta Sala, entre ellas, la dictada en fecha 23 de abril de 2020, recurso nº 1775/19 . Por lo tanto, la aplicación de los mencionados principios constitucionales lo que conlleva, según dicha jurisprudencia, no es la no transformación de los contratos temporales realizados en fraude de ley en indefinidos, sino que, hasta el momento, lo que provoca es que los trabajadores en esta situación, cuando presten servicios para una Administración Pública e incluso una mercantil perteneciente al sector público, se conviertan en indefinidos-no fijos de la misma. Por lo tanto, procede la desestimación de la infracción jurídica invocada en el recurso en segundo lugar".

Y en lo que respecto a la tasa de reposición definida en la Leyes de Presupuestos de la Junta de Andalucía y el obstáculo que ello supondría a la transformación de la relación laboral de la actora en indefinida-no fija, discontinua, el examen de esta cuestión permite traer a colación los pronunciamientos de las SSTS 3-2-2015 (RJ 2015, 768) (Rec. 37/2014 ) y 18-12-2012 (RJ 2012, 11092) (Rec. 185/2011 ), por cuanto analizan y resuelven cómo deben interpretarse los conceptos "contratación", "nuevo ingreso" e "incorporación" empleados en la normativa presupuestariaque regula la conocida "tasa de reposición" en la Administración Pública. Las referidas sentencias se refieren a normas presupuestarias diferentes a aquella, pero consideramos que resulta aplicable. De este modo, es necesario partir deque los conceptos "contratación", "nuevo ingreso" e "incorporación", no comprenden los casos en los que se produzca "un cambio en la calificación jurídica de un contrato ya existente, aunque dicho cambio conlleve un cierto -pero muy limitado- aumento de costes. Como establecía la STS 18-12-2012 (Rec. 185/2011 ), referida también a una norma presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía: "El requerimiento de autorización para la conversión en indefinidos de los diez contratos temporales aque se refiere el presente conflicto, prevista en el art. 11 de la Ley 5/2009 citada, no es aplicable al caso, pues -como ya señalaba la Dirección de Recursos Humanos de EPSA en su informe- no se pretende efectuar nuevas contrataciones de personal laboral fijo o indefinido, sino claramente, la estabilidad en el empleo de unos trabajadores temporales, con contrato de obra o servicio determinado, que cumplen los requisitos previstos en el art. 21 del convenio colectivo aplicable, mediante la transformación de estos contratos temporales en indefinidos, lo cual no supone un coste de contratación añadido, pues dicho colectivo no se encuentra dentro del 15% de la Tasa de Reposición". Por todo lo anterior debe desestimarse el recurso formalizado por la empresa CETURSA SIERRA NEVADA, SA y estimarse el recurso interpuesto por los tres trabajadores recurrentes, si bien matizando ,al igual que debe hacerse con el trabajador recurrido D. Imanol ,que la naturaleza de la relación laboral que les vincula con la empresa CETURSA SIERRA NEVADA, SA, es de duración indefinida para la realización de trabajos de carácter fijo discontinuo".

En el mismo sentido, por lo que aquí importa y afecta a los motivos tercero y cuarto, señalar la Sentencia Núm. 1434/25 de esta Sala de fecha 29 de mayo de 2025, Recurso de suplicación 1424/2024, salvando las diferencias no relevantes, expone que: " ... se alega en el recurso infracción de los artículos 13 y 24 de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021; en relación con el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores , con el artículo 81 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y con el artículo 6.3 del Código Civil . El artículo 13.3 de la Ley de presupuesto de la Junta de Andalucía, Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021 de aplicación establece lo siguiente: "Artículo 13. Oferta de Empleo Público 2021 u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.

3. Durante el año 2021, la contratación de personal laboral propio con carácter fijo o indefinido o temporal en las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía requerirá autorización de la Consejería competente en materia de Regeneración."

Según el artículo 24. "Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones y demás condiciones de trabajo.

2. También será preciso informe previo favorable de la Consejería competente en materia de Administración Pública para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas o de trabajo con incidencia económico-presupuestaria de todo el personal al que se refiere el apartado anterior. A efectos de la emisión de dicho informe se entenderá por determinación o modificación de condiciones retributivas y de trabajo las siguientes actuaciones:

a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.

b) Firma de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares con incidencia económica, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

c) Aplicación del convenio colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía y de los convenios colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

d) La determinación y modificación de las condiciones retributivas establecidas mediante contrato individual del personal laboral, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante convenio colectivo.

f) La modificación de la naturaleza de la relación de trabajo, aunque no conlleve modificación de condiciones retributivas, cuando pudiera comprometer presupuestos de ejercicios futuros.

4. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados o los contratos suscritos en esta materia en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras Leyes del Presupuesto. Dichos supuestos, y el de la omisión de los informes previstos en este artículo, darán lugar, en su caso, a la práctica de las diligencias y apertura de los expedientes para la determinación y exigencia de las responsabilidades que procedan, y a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, en los términos previstos en la legislación vigente."

Se asegura que el referido precepto es de aplicación a CETURSA de acuerdo con lo señalado en el art. 12 dela misma Ley, que establece:

"Artículo 12. Retribuciones del personal.

1. A efectos de lo establecido en este título, constituyen el sector público andaluz:

c) Las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía ."

Se argumenta en base a dicha normativa en el recurso que una entidad del sector público andaluz, como es CETURSA, está sujeta al imperio de la Ley y, por tanto, a lo establecido en la normativa administrativa y presupuestaria y, por ende, a los requisitos de autorización previos. Esa pertenencia al Sector Público hace que el empleo que la misma ofrece tenga que someterse a lo que dicha legislación establece y a la Tasa de Reposición existente, tasa que dice no existe.

Y, a continuación se remite al artículo 3 ET sobre principio de subordinación jerárquica del convenio colectivo o de los acuerdos con los trabajadores a la Ley; al art. 6.3 C. Civil , según el cual los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas son nulos de pleno derecho; así como al art. 81 de la Ley 40/2015de Régimen Jurídico del Sector Público , relativo a Principios Generales de Actuación del Sector Público (estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera).

Respecto a la tasa de reposición, el examen de la misma nos lleva a pronunciamientos contenidos, entre otras, en las SSTS 3-2-2015 (Rec. 37/2014 ) y 18-12-2012 (Rec. 185/2011 ), que analizan y resuelven cómo deben interpretarse los conceptos "contratación", "nuevo ingreso" e "incorporación" empleados en la normativa presupuestaria que regula la conocida " tasa de reposición " en la Administración Pública. Pues bien, según éstas, es necesario partir de que los conceptos "contratación", "nuevo ingreso" e "incorporación", no comprenden los casos en los que se produzca "un cambio en la calificación jurídica de un contrato ya existente, aunque dicho cambio conlleve un cierto -pero muy limitado- aumento de costes. Como establecía la STS18-12-2012 (Rec. 185/2011), referida también a una norma presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía: "El requerimiento de autorización para la conversión en indefinidos de los diez contratos temporales a que se refiere el presente conflicto, prevista en el art. 11 de la Ley 5/2009 citada, no es aplicable al caso, pues -como ya señalaba la Dirección de Recursos Humanos de EPSA en su informe- no se pretende efectuar nuevas contrataciones de personal laboral fijo o indefinido, sino claramente, la estabilidad en el empleo de unos trabajadores temporales, con contrato de obra o servicio determinado, que cumplen los requisitos previstos en el art. 21 del convenio colectivo aplicable, mediante la transformación de estos contratos temporales en indefinidos, lo cual no supone un coste de contratación añadido, pues dicho colectivo no se encuentra dentro del 15% de la Tasa de Reposición ".

Este motivo tampoco puede prosperar, ya que no se trata de realizar una nueva contratación, sino de que se respeten las normas sobre contratación laboral por parte de la Administración demandada.

CUARTO.- Infracción de los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española , en relación con los principios de igualdad, merito y capacidad para el acceso al empleo público y consideración de "indefinido no fijo-discontinuo", así como la Jurisprudencia que desarrolla tales preceptos.

Esta censura que ha de ser desestimada sin más preámbulos, dado que en la sentencia de instancia se estima la condición del trabajador, no como fijo, sino como indefinido no fijo, con el objeto, precisamente de respetarlos principios constitucionales invocados, que son efectivamente aplicables en el caso de la empleadora Cetursa, dado que se trata de una sociedad mercantil perteneciente al sector público andaluz.

En segundo lugar se alega en el recurso infracción por parte de la sentencia recurrida de los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española , en relación con los principios de igualdad, merito y capacidad para el acceso al empleo público, motivo que ha de ser desestimado, por cuanto la sentencia ahora combatida reconoce al actor la condición de indefinido no fijo, de conformidad con la jurisprudencia imperante sobre la materia, contenida en múltiples sentencias del Tribunal Supremo, de las últimas a mencionar, la STS de 25de noviembre 2024, RCUD 5549/22 . La contratación en la Administración pública al margen de un sistema adecuado de ponderación del mérito y la capacidad, impide equiparar a aquellos trabajadores contratados sin respetar la normativa sobre contratación temporal con los trabajadores fijos de plantilla, al estar esta condición ligada a la contratación por el procedimiento reglamentario. Para dar respuesta a esta situación, se crea por la jurisprudencia la figura del indefinido no fijo, de modo que el trabajador contratado de forma irregular en virtud de un contrato temporal adquirirá la condición no de fijo de plantilla, pero sí indefinido, lo que no supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla con una adscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que, por el contrario, la Administración está obligada a adoptar las medidas necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa provisión en la forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato.

Y, siendo esta la condición que se reconoce al actor en la sentencia recurrida, el motivo ha de decaer".

A mayor abundamiento, cabe decir, que en el caso presente la condición que se reconoce al trabajador es fijo discontinuo, de modo que en puridad no le afectan las normas denunciadas por la empresa y en todo caso como ha señalado reiteradamente la Sala con fundamento en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de febrero de 2015, no estamos ante una nueva contratación sino ante la conversión del vínculo laboral, en este caso a fijo discontinuo, lo que en modo alguno supone un incremento en los costes .

QUINTO.-El artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social consagra el principio del vencimiento en materia de costas devengadas en los recursos de suplicación, salvo en proceso de conflictos colectivos, excluyendo el precepto de tal condena a la parte vencida en el recurso a aquellos que gozaren del beneficio de justicia gratuita. Los motivos ya expuestos de desestimación del presente recurso determina que la imposición de costas ala recurrente, que, por importe de honorarios de letrado, se establece para el letrado impugnante del recurso en 300 €uros.

Desestimado el recurso de suplicación procede, conforme al artículo 204 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, condenar a la parte recurrente a la pérdida de las consignaciones realizadas, a las que sedará el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme, así como a la pérdida del depósito constituido, lo que también se realizará cuando la sentencia sea firme en los términos que se prevé en el artículo 229.3.