Sentencia Social 926/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Cuarta, Rec. 784/2024 de 19 de diciembre del 2024

PRIMERO:la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 46 de Madrid, de fecha tres de mayo de 2024, en procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo con lesión de derechos fundamentales y reclamación de cantidad, nº 168/2024, seguido a instancia de Don Emiliano contra WIDERPOOL LTD, CIONET WORKING SL y GENPACT BUSSINES COMUNICATIÒN EXPERTS SL, previa declaración de grupo patológico de empresas a efectos laborales respecto de las codemandadas, rechaza la existencia de indicios suficientes de vulneración del derecho fundamental alegado por el actor, en la decisión empresarial que impugna, declarándola, no obstante, contraria a las exigencias del art. 41 del ET, por dos razones, la primera por no haber acreditado la necesidad de presencialidad del actor, y en segundo lugar por no seguir el procedimiento previsto en el referido art. 41 ET. Al no haberse apreciado lesión alguna de derecho fundamental no se asume la cantidad indemnizatoria por daño moral, ni tampoco se estima acreditada la cantidad reclamada por gastos asumidos por el actor, al no considerarlos ni especificados debidamente ni acreditados en el acto del juicio oral.- Partiendo de estas premisas, se estima parcialmente la demanda del actor declarando injustificada la modificación sustancial que se le ha comunicado al actor el día 22 de enero de 2024, condenando a CIONET WORKING SL a reponerlo en las condiciones laborales existentes con anterioridad a la modificación impugnada, y se desestima la acción de vulneración de derechos fundamentales y la acción de reclamación de cantidad acumuladas con absolución de las codemandadas respecto de estas pretensiones.

Recurren en Suplicación, tanto la representación del actor como las empresas demandadas.

RECURSO DE SUPLICACIÓN FORMALIZADO POR LA REPRESENTACIÓN LETRADA DEL ACTOR.

1.- Al amparo procesal del art. 193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se denuncia la infracción del art. 191 y 195.2 de la LRJS solicitando la reposición de actuaciones al momento de la admisión del recurso de Suplicación y se declare firme la sentencia de instancia por considerar que contra la misma no cabe recurso extraordinario de Suplicación. El motivo no puede ser atendido por cuanto, conforme a Doctrina del TS. unificada, en sentencia de fecha 13/09/2023 , dictada por el Pleno, RUD 2589/2020 , La Sala cumpliendo con la misión que constitucional y legalmente nos está reservada ( arts. 123 y 152.1 CE; art. 219 LRJS) unifica las discrepantes doctrinas enfrentadas en el caso y considera acertada la contenida en la sentencia recurrida, que establece que no cabe recurso de suplicación frente a la sentencia dictada en modalidad procesal de MSCT aunque incorpore reclamación de cuantía superior a 3.000 € derivada de aplicar la decisión empresarial impugnada. Así se desprende de una interpretación sistemática, teleológica y literal de los preceptos procesales en presencia ( arts.138.7; 191.2.e y 191.2 LRJS) y de su entendimiento acorde con las garantías constitucionales ( Art. 24 CE) . Pero, aunque modifica la doctrina sentada por SSTS 210/2016 de 10 marzo (rcud 1887/2014) y 831/2017 de 24 octubre (rcud. 3175/2015) y concordantes en cuanto permitían la suplicación atendiendo a la cuantía de los daños y perjuicios provocados por la decisión empresarial cuestionada, se mantiene la posibilidad de recurso de Suplicación cuando se denuncia, como es el caso, la vulneración de derechos fundamentales.

En el supuesto que enjuiciamos, donde a la impugnación de la MSCT se le ha unido una lesión de derecho fundamental, cabe el acceso al recurso de Suplicación y por ende el motivo no puede prosperar.

2.- Como segundo motivo de recurso, al amparo del art. 193b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se interesa la adición de un nuevo hecho probado décimo, con el tenor literal siguiente:

"El trabajador desde la modificación y hasta el acto de la vista ha incurrido en los siguientes daños directos:

62,98 Vuelo Lisboa-Madrid (21/2 a 23/2) -Easyjet reserva NUM001

156,98 Vuelo Lisboa-Madrid (25/2 a 1/3) -Easyjet reserva NUM002

54,98 Vuelo para Alberto para ocuparse de Fonsito

25,4 Abono mensual transporte

288,48 Vuelo Lisboa-Madrid (03/03 a 08/03) -EasyJet reserva NUM003

238,48 Vuelo Lisboa-Madrid (10/03 a 15/03) -EasyJet reserva NUM004

173,48 Vuelo Lisboa-Madrid (17/03 a 12/04) -EasyJet reserva NUM005

144,45 Vuelo Lisboa-Madrid (14/04 a 19/04) -TAP reserva NUM006

142,98 Vuelo Lisboa-Madrid (21/04 a 26/04) -Easyjet reserva NUM007

124,46 € Vuelo Lisboa-Madrid (28/04 a 03/05) -TAP reserva NUM008

149,99 Vuelo Lisboa-Madrid (30/04) -EasyJet reserva NUM009

42,66 Vuelo Lisboa-Madrid (02/05) -TAP reserva NUM010

25,4 Abono mensual transporte

23,22 14/04 Uber al aeropuerto

24,77 12/04 Uber a casa

18,95 07/04 Uber a casa

27,94 16/03 Uber a casa

32,85 09/03 Uber a casa

33,00 21/04 Taxi a casa

27,97 19/04 Uber a casa

Total gastos derivados del traslado: 1819,42"

No cumple el motivo con los requisitos mínimos para que la Sala pueda conocer una revisión de hechos, en este caso por adición, máxime cuando el doc. 30 en el que se apoya, ha sido objeto de valoración por la Magistrado de Instancia, con una conclusión contraria a la pretendida por la parte recurrente y además, no se justifica ni se razona ante la Sala que el juicio valorativo de instancia esté equivocado o sea erróneo. En realidad, carece el motivo de todo tipo de justificación, tampoco de su relevancia en un fallo, respecto del cual, en el motivo precedente, se está solicitando la declaración de fijeza, por irrecurrible.

3.- Al amparo del art. 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se denuncia la infracción del art. 138.7 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en el sentido de mantener la pretensión de daños directos como consecuencia de la Modificación sustancial que ha sido estimada.

Al respecto el fallo recurrido razona que no se ha especificado por el actor los gastos reales asumidos desde la decisión empresarial que se declara no ajustada a derecho. Así se hace expresa mención al doc. 30, del que se indica literalmente que "no se sustenta en una relación fáctica en demanda". Concluyendo que la relación de billetes o viajes de UBER no se compadecen con la cantidad reclamada, y que recaída sobre la parte actora la carga probatoria y su acreditación, la prueba aportada resulta insuficiente en este sentido (sic), lo que configura la desestimación de la pretensión de cantidad por gastos. Inalterado el relato fáctico de la resolución recurrida no cabe sino desestimar la demanda tal y como ha efectuado la sentencia de instancia, cuyas conclusiones jurídicas no pueden sino ser compartidas por esta Sala.

En definitiva el motivo ahora examinado incurre en el rechazable vicio procesal de la llamada «petición de principio» o «hacer supuesto de la cuestión», que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida, desconociendo con ello que en casación (e igualmente en suplicación) no es factible dar por supuestos otros hechos que no sean los declarados probados ( SSTS 15-3-2007, R. 44/06 , 12-12-2012, R. 294/11 ( 14) , 27-5-13, R. 78/12 ; todas ellas citadas en la más reciente de 27-1-2014, R. 100/13).

Por lo expuesto, el recurso del actor se desestima sin costas. ( art.235.1 de la LRJS)

2.- RECURSO FORMALIZADO POR LA REPRESENTACIÓN DE CIONET WORKING SL y GENPACT BUSINESS COMUNICATION EXPERTS SL.

1.- Al amparo del art.193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se denuncia la infracción del art. 97.2 de la LRJS y 209 de la LEC, alegando insuficiencia de hechos probados, con base a dicha denuncia el cauce procesal que se utiliza conllevaría la petición de nulidad de la sentencia de instancia y reposición de actuaciones que se suplica con carácter principal.

La existencia de indefensión, se argumenta, en la necesidad para la parte recurrente de fijar en los hechos probados datos y extremos que no se han establecido como probados por la Magistrado de Instancia. Concretamente, que "el contrato entre el actor y CIONET consistió en origen y en principio en una prestación de servicios presencial que, posteriormente y mediante pacto voluntario, pasó a ser de teletrabajo, implicando con ello que estamos ante una reversión de dicho pacto y no ante una modificación sustancial de condiciones laborales", por esta razón se entiende concurre motivo de nulidad, al no haberse valorado adecuadamente por la Juez el interrogatorio del actor.

El motivo no puede ser atendido por las razones que exponemos a continuación:

1.- La existencia de indefensión constituye elemento esencial para entender que el motivo se encuentra debidamente formalizado, y pueda sustentarlo con cierta posibilidad de éxito.

2.-El derecho a la tutela judicial efectiva exige del órgano judicial que valore de manera ponderada la prueba practicada y razone como ha logrado la convicción que plasma en la sentencia, pero no supone que tal valoración se tenga que ajustar a la que interesa a las partes. En la resolución dictada por el Juzgado de lo Social sí se expresan en los fundamentos de derecho, las pruebas tenidas en cuenta y aquellas que practicadas, no se han considerado relevantes a los fines de las acciones ejercitadas.

Como ya ha tenido ocasión de indicar el Tribunal Constitucional, así sentencias de 26 de julio de 1984 o de 25 de octubre de 1996, el derecho a la tutela judicial efectiva no ampara la valoración de la prueba conforme a las pretensiones ejercitadas por la parte recurrente, sino el derecho de los litigantes a "una valoración de la prueba que no sea manifiestamente irrazonable o totalmente infundada, absurda o notoriamente errónea", y que únicamente cabe apreciar indefensión por la valoración de la prueba cuando exista "una defectuosa utilización de las reglas rectoras de la carga de la prueba" (así, sentencia de 9 de mayo de 1994), o "por prescindir de la contemplación racional de la prueba de una de las partes" (así, sentencia de 1 de marzo de 1993), situaciones que en este supuesto no concurren.

Las alegaciones contenidas en este motivo no reúnen las características exigibles a un recurso de suplicación, ya que se intenta rebatir los fundamentos de la sentencia mediante alegaciones discrepantes, en las que se aduce "error en la valoración de la prueba", y se mezclan apreciaciones jurídicas, citas de preceptos legales y cuestiones de hecho para las que se invocan determinados documentos, sin haber intentado en debida forma su inclusión en el relato de hechos probados.

No existe en el recurso de suplicación una clase de motivo de "error en la valoración de la prueba" en el que se articule la discrepancia respecto a cuestiones de hecho y aplicación de las normas jurídicas simultáneamente. La estructura del recurso de suplicación se corresponde con la de la sentencia del proceso laboral, con una separación nítida entre el hecho y el derecho, como muestra el art. 193 de la LRJS. La recurrente expone su versión de los hechos aludiendo a determinadas cuestiones de hecho que no han sido recogidas en los hechos probados ni se ha intentado su modificación.

Para la Sala es forzoso atenerse a los hechos probados de la sentencia - o a su rectificación si ha sido propuesta y aceptada - para sobre esa base fáctica analizar si se han producido infracciones jurídicas sustantivas.

En cuanto a la valoración de la prueba, la doctrina constitucional ( STC 44/1989, de 20 de febrero) tiene señalado que corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales, por ser facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional, ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Y esta libertad del órgano judicial para la libre valoración de la prueba, implica, como también señala la misma doctrina que pueda realizar inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas (por todas, SSTC 175/85, de 15 de febrero; 141/2001, de 18 de junio, FJ 4; 244/2005, de 10 de octubre, FJ 5, y 136/2007, de 4 de junio, FJ 2). Ahora bien, el Juez o Tribunal de instancia es soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que su libre apreciación sea razonada, como ha puesto de manifiesto la propia doctrina constitucional ( STC 24/1990, de 15 de febrero).

Como declara la sentencia del TS de 12-5-08, citando entre otros el art. 382 LEC, "la valoración de la prueba es cometido exclusivo del Juez o Tribunal que presidió el juicio, el cual deberá determinar qué hechos alegados por las partes, de interés para la resolución del pleito, han quedado o no acreditados a fin de declararlos o no probados, y esta valoración la lleva a cabo el juzgador libremente, apreciando toda la prueba en su conjunto sin otras limitaciones que las derivadas de la "sana crítica" ( arts., 316 , 348 , 376 y 382 de la LEC ), esto es, sin llegar a conclusiones totalmente ilógicas o absurdas. La libre facultad del juzgador para valorar la prueba con arreglo a la "sana crítica" únicamente se ve constreñida por las reglas legales de valoración establecidas para pruebas concretas ( arts. 1218 y 1225 del Código Civil , 319.1 y 2 , y 326.1 de la LEC , respecto de los documentos, según sean públicos, privados o administrativos), no siendo éste el caso de autos."

2.- Al amparo del art. 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se interesa la revisión del hecho probado segundo de la sentencia recurrida, y su sustitución por el texto siguiente:

5"SEGUNDO. -El actor suscribió con CIONET WORKING, S.L. contrato de trabajo indefinido en fecha 18 de julio de 2017, con contrato de trabajo indefinido a tiempo completo TC 100, y Grupo Profesional 01 Ingeniero Licenciado. Prestando sus servicios de forma presencial en Madrid hasta la pandemia cuando la empresa elimino sus oficinas físicas. En dicha época, y de forma provisional se instaura el teletrabajo en la empresa y es cuando el trabajador, sin autorización de la compañía decidió mudarse a vivir a Cascáis (Portugal) siguiendo a su esposa, por dicho motivo la prestación de servicios a DISTANACIA no se formalizó hasta el 25de abril de 2022, en el domicilio ubicado en DIRECCION000) Cascais-Portugal".

Se apoya en el interrogatorio del actor y el correo electrónico de fecha 25 de abril de 2022.-ambos valorados en instancia. El motivo no puede ser estimado. Así, la STS de 4-10-23, Rec. nº. 3/22, nos recuerda que en este tipo de recurso,no cabe pretender "...la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado....", la jurisprudencia "... excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec 166/2011, con cita de otras muchas).

Con igual amparo procesal, se interesa la revisión del hecho probado tercero para el que se propone el texto siguiente:

"TERCERO. Como antecedentes, el actor prestó servicios como autónomo facturando a la empresa BUSINESS COMMUNICATION EXPERTS SL en los meses de mayo, julio, agosto y septiembre de 2015 (Folios 150 a 153). Con posterioridad, suscribió contrato de trabajo indefinido con GENPACT BUSINESS COMUNICATION EXPERTS SL el 19/10/2015 (folios 154 a 158).El actor suscribió luego con CIONET WORKING, S.L. contrato de trabajo indefinido en fecha 18 de julio de 2017. D. Emiliano siempre vino prestando su trabajo de forma presencial en Alcobendas y temporalmente en dos centros de coworking de CIONET en Madrid capital. Durante la pandemia, D. Emiliano, ante la posibilidad de trabajar a distancia por la situación especial de pandemia, decide de forma unilateral trasladarse a vivir a Portugal, donde CIONET WORKING, S.L. no ha tenido nunca presencia ni infraestructura, pero dada la especial situación de pandemia y que se cerraron las oficinas y que todos los empleados estuvieron en sus casas, no había ninguna restricción para que D. Emiliano se trasladara a vivir al país vecino. Pasada la especial situación de pandemia, en abril de 2022 se firma una nueva versión del contrato de 2017en el que se pacta la prestación del trabajo a Distancia".

El motivo no puede ser atendido, al no acreditarse ante la Sala el error valorativo de instancia. Como viene poniendo de relieve la doctrina de esta Sección en relación con la modificación de hechos probados (así, y por todas, su sentencia de 3 de octubre de 2014, rec. 61/2014 ):

" (...) el recurso de suplicación se configura como de naturaleza extraordinaria, casi casacional, de objeto limitado, [base trigésimo tercera de la Ley 7/1989] en el que el tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada ni revisar el Derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, [ SSTC 18/1993 y 294 /1993 ], lo que no obsta a reconocer se haya evolucionado hacia la consideración de oficio de determinados temas como son la insuficiencia de hechos probados y los defectos procesales, procedente contra las resoluciones y por las causas o motivos limitativamente tasados o seleccionados por el legislador. De donde se sigue que, a diferencia de lo que ocurre en la apelación civil, recurso este de carácter ordinario, no existe en el proceso laboral una doble instancia que permita traer la cuestión objeto de la resolución impugnada al pleno conocimiento de un órgano superior, sino que el sistema de recursos viene inspirado, según el legislador, por el principio de doble grado jurisdiccional, [base trigésimo primera de la Ley 7/1989].

Los Juzgados de lo Social vienen diseñados como órganos de acceso a la prestación jurisdiccional en primera y única instancia, no habiéndose incorporado al orden jurisdiccional laboral la figura de la apelación. Las sentencias de esos órganos unipersonales podrán ser recurribles en suplicación ante los Tribunales Superiores de Justicia y sólo ante ellos, con lo que se cumple, y en términos rigurosos, la previsión constitucional de culminar la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. [ Artículo 152.1, párrafo 3.º, CE y punto III exposición de motivos Ley 7/198].

Solamente se puede pedir la revisión de los hechos probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, conforme determina el art. 193 b) LRJS .

Es necesario, atendiendo a reiterada doctrina judicial para que pueda operar la revisión de los hechos declarados probados propuesta por las partes que concurran los siguientes requisitos [ STSJ Madrid 17 ene.02 ]:

A) Ha de devenir trascendente a efectos de la solución del litigio, con propuesta de texto alternativo o nueva redacción que al hecho probado tildado de erróneo pudiera corresponder y basada en documento auténtico o prueba pericial que, debidamente identificado y obrante en autos, patentice, de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales o razonables, el error en que hubiera podido incurrir el juzgador, cuya facultad de apreciación conjunta y según las reglas de la sana critica, ( artículo 97.2 LPL ) no puede verse afectada por valoraciones o conclusiones distintas efectuadas por parte interesada. Es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba- para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practica.

B) La revisión pretendida sólo puede basarse en las pruebas documentales o periciales sin que sea admisible su invocación genérica, y sin que las declaraciones de las partes o de testigos sea hábiles para alcanzar la revisión fáctica en el extraordinario recurso de suplicación.

C) El Juzgador ha de abstenerse de consignar en la relación de hechos probados cualquier anticipación de conceptos de derecho, que tienen su lugar reservado en la fundamentación jurídica.

D) La alegación de carencia de elementos probatorios eficaces, denominada por la doctrina "obstrucción negativa", resulta completamente inoperante para la revisión de los hechos probados en suplicación ante la facultad otorgada al Magistrado de apreciar los elementos de convicción.

E) La revisión pretendida debe ser trascendente para el sentido del fallo, esto es, influir en la variación de la parte dispositiva de la sentencia, y no puede fundarse en hechos nuevos no tratados ante el Juzgado de lo Social. Excepcionalmente debe tenerse en cuenta la posibilidad de aportar documentos nuevos, después de la celebración del juicio en la instancia, en el caso del artículo 231 LPL en relación al 270 LEC .

(...) De los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido:

a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico.

b) Los hechos notorios y los conformes.

c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso.

d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación.

e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos".

3.- Al amparo del art. 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se denuncia la infracción del art. 5.3 y 7 de la Ley de Trabajo a distancia, en relación con el art. 41º del Convenio Colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologicas y de la información, y estudios de mercado y de la opinión pública. También se denuncia el art. 41 del ET, considerando que ha existido un acuerdo reversible, y por último se reitera la denuncia de defectuosa valoración de la prueba.

Los motivos basados en el apartado c) del art. 193 de la LRJS, el recurrente tiene la carga de:

a) citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática;

b) razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos, lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.

Incluso declara la Doctrina jurisprudencial que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido.

El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que los requisitos y presupuestos establecidos por las leyes para recurrir han de ser interpretados y aplicados teniendo en cuenta la efectividad del derecho constitucional en el que tienen su razón de ser, y por ello, atendiendo a su finalidad.

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige, ciertamente, que en el escrito de interposición del recurso se expresen, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, debiendo en el caso de impugnación fáctica, señalar los medios de prueba, que pongan en evidencia el error del Juzgador, ya que la valoración de la prueba corresponde al Juzgador, citándose, asimismo, las normas del ordenamiento jurídico (derecho positivo o sustantivo) o la jurisprudencia que se consideren infringidas. Precepto que, como se dijo es acorde con el artículo 24.1 de la Constitución en cuanto persigue que el contenido del recurso -la pretensión o pretensiones formuladas en éste y su fundamentación- sea conocido por la otra parte, que pueda así debidamente defenderse, y por el órgano judicial, que ha de tener pleno conocimiento del "thema decidendi", para resolver congruentemente.

En el recurso que examinamos, la denuncia jurídica se articula partiendo de hechos que no son los que se han declarado probados, sobre una realidad fáctica y jurídica que no se corresponde con la que ha servido para sustentar el fallo que se recurre.

Se trata, en realidad, de fundamentar una denuncia jurídica en unos hechos que no son los que se han declarado probados, es más, sobre premisas fácticas que son diferentes a las expresamente declaradas, por lo que, como primera conclusión, hemos de convenir que la censura jurídica expuesta no puede ser acogida por cuanto que implica una premisa jurídica que es contraria a la mantenida por Juzgado de instancia, al ser inadmisible la nueva valoración de la prueba que pretende la recurrente y con ello buscar una manera de articular la pretensión revisora como si el presente recurso no fuera el extraordinario de suplicación sino el ordinario de apelación, y olvidando también que en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por la Ley al juzgador de instancia (en este caso el juzgado ), por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica ( SSTS 21/10/10 -recurso 198/09 -; 14/04/11 -recurso 164/10 - 07 / 10 / 11 -recurso 190/10 -; 25/01/12 -recurso 30/11 ; y 06/03/12 - recurso 11/11).

Inalterado el relato fáctico de la resolución recurrida no cabe sino que desestimar el recurso y confirmar el fallo recurrido. En definitiva el motivo ahora examinado incurre en el rechazable vicio procesal de la llamada «petición de principio» o «hacer supuesto de la cuestión», que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida, desconociendo con ello que en casación (e igualmente en suplicación) no es factible dar por supuestos otros hechos que no sean los declarados probados ( SSTS 15-3-2007, R. 44/06 , 12-12-2012, R. 294/11 ( 14) , 27-5-13, R. 78/12 ; todas ellas citadas en la más reciente de 27-1-2014, R. 100/13).

Por lo expuesto, el recurso debe ser desestimado con plena confirmación del fallo de la sentencia recurrida y costas a la recurrente ( art. 235.1 de la LRJS)

4.- RECURSO FORMALIZADO POR GENPACT BUSINESS COMUNICATION EXPERTS. S. L.-

Se formaliza en varios motivos al amparo del art. 193 a) b) y c) de la ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que resultan coincidentes con los formalizados por la codemandada CIONET WORKING SL, que hemos visto y resuelto en fundamento precedente y a cuyos fundamentos nos remitimos íntegramente, dando así respuesta a este recurso.

Por lo expuesto