Sentencia Social 158/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Cuarta, Rec. 577/2024 de 28 de febrero del 2025

PRIMERO:La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid de fecha 13 de abril de 20224, tras desestimar la concurrencia de la excepción de cosa juzgada en su efecto positivo, no acoge la demanda en la que se interesaba la condena a la empresa a abonar a su trabajadora diversas cantidades, en concepto de principal, por el concepto de diferencias entre lo percibido realmente y su derecho a percibir 5,48 pagas anuales vinculadas al concepto de primas por el período inicial de mayo de 2021 a diciembre de 2022.

Frente al fallo, se interpone el presente Recurso de Suplicación por la Graduado Social Doña Alicia López Carmona, en nombre y representación de la demandante DOÑA Graciela, habiéndose presentado escrito de impugnación por la contraparte, la demandada CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (CASER),

SEGUNDO:Se formulan como motivos del Recurso de Suplicación los que se indican seguidamente:

MOTIVOS PRIMERO y SEGUNDO. -Al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que afecta a dos de los hechos probados de la sentencia.

Como recuerdan, entre otras muchas, las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2023, (rec. 19/2023) y 7 de junio de 2023, (rec. 145/2021), la prosperabilidad de la revisión fáctica en la casación ordinaria y lógicamente en el recurso de suplicación que participa de su misma naturaleza extraordinaria presenta como "limitaciones"que no se permita una "...reconsideración plena del material probatorio...",sino tan solo "...un reexamen excepcional de la declaración de hechos probados cuando a la luz de ciertas pruebas... se acredite que algún extremo de la misma es, sin duda, equivocado...",exigiéndose, en definitiva:

"... 1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental".

Primero. -Ampliación del Hecho Probado SEPTIMO.

Ha de partirse del contenido del hecho probado séptimo de la sentencia de instancia cuyo tenor literal es el siguiente:

"Se reclama por la actora el pago de 5,48 pagas que por el periodo reclamado de mayo a diciembre 2021 (3.280,95 €) y enero a diciembre de 2022 (4.541,45 €), daría la suma de 7.822,4 €".

Se propone en el recurso su sustitución por el siguiente texto:

"Se reclama por la actora el pago de 5.48 pagas que por el periodo reclamado de mayo a diciembre 2021 (3.280,95 euros), enero a diciembre de 2022 (4.541,45 euros), y enero a diciembre de 2023 (5.210,92 euros), alcanzaría la suma total de 13.033,31 euros."

Todo ello con base en prueba documental consistente en el documento que la parte recurrente remitió vía lex net al Juzgado en el que figuraban las diferencias salariales devengadas de enero a diciembre del año 2023, constando en los folios 26 y 27 de los Autos.

Si bien, como ya tuvo ocasión de indicar esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia de su Sección 1ª, de 27-09-2019, "los escritos procesales de las partes, en que éstas efectúan alegaciones o proponen pruebas, no son "documentos" propiamente dichos, tal como viene entendiendo constantemente la jurisprudencia, no pudiendo por tanto fundarse en ellos la revisión fáctica en vía de recurso de suplicación. El hecho de que estos aportes alegatorios figuren incorporados físicamente a las actuaciones mediante soporte material escrito no les confiere tal carácter..."a los meros efectos de que quede correctamente determinada cual ha sido la petición articulada por la actora, en dos momentos procesales distintos, se accede a lo solicitado,

Segundo. - Eliminación parcial del Hecho Probado OCTAVO.

Ha de partirse del contenido del hecho probado octavo de la sentencia de instancia cuyo tenor literal es el siguiente:

"Se da por reproducido el informe pericial (folios 246 a 348) comparativo de las condiciones laborales del Acuerdo Laboral de CASER de 19 de noviembre de 2002 frente a las del Convenio Colectivo 2000/2003, que superan en 10.681.214,19 €."

Proponiéndose en el recurso la eliminación de la última frase ("que superan en 10.681.214,19 euros"),de manera que su redacción quedaría de la siguiente manera:

"Se da por reproducido el informe pericial (folios 246 a 348) comparativo de las condiciones laborales del Acuerdo Laboral de CASER de 19 de noviembre de 2002 frente a las del Convenio Colectivo 2000/2003."

Todo ello con base en prueba documental, consistente en las sentencias firmes de la trabajadora dictadas por Juzgados de lo Social, confirmadas por TSJ Madrid, todas ellas estimatorias y previas al presente procedimiento, que constan en Autos

No se accede a lo solicitado puesto que el informe pericial se ha dado por reproducido en su totalidad, y dentro del mismo, como ya se explica en la fundamentación jurídica, así f. 16/19 de la sentencia, se identifica el punto concreto del informe en el que se recoge precisamente la afirmación cuya supresión solicita la recurrente.

A ello debe adicionarse que la supresión pura y simple de un hecho probado -o de parte de él- es seguramente la pretensión de mayor intensidad que se puede hacer en materia de revisión de hechos probados; y es al menos sumamente difícil, si no imposible, que una pretensión de tal índole pueda prosperar.

Es así porque ello implica la más completa sustitución del criterio del juzgador por el del recurrente, solicitándose que se dejen de considerar probados los hechos cruciales del proceso para reemplazar la convicción judicial por la de la parte, en el sentido de que tales hechos no han quedado demostrados, despojando así al juez a quode las facultades de valoración probatoria y fijación de hechos que forman parte esencial de la función judicial y que vienen a plasmarse en el art. 97.2 de la LRJS.

Por todo ello se desestima el motivo.

MOTIVOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO. -Al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se denuncia la vulneración:

-Motivo Tercero: del denominado "efecto positivo de la cosa juzgada",en relación a las sentencias dictadas por el Juzgado Social nº 9, Autos 268/2016, ratificada por TSJ Madrid; el Juzgado Social nº 30, Autos 265/2017, ratificado por el TSJ de Madrid; el Juzgado Social nº 13, Autos 328/2019, ratificado por el TSJ de Madrid; y el Juzgado Social nº 7, autos 400/2020, con infracción de lo dispuesto en el art. 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los principios básicos tradicionales del derecho de seguridad jurídica y el "Non Bis In Idem",así como la doctrina emanada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, alegando que la actora ha obtenido a favor de su pretensión para otros períodos anteriores un total de cuatro sentencias judiciales firmes, que deben vincular al Tribunal que conozca sobre un proceso posterior, con cita de las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1994 (RJ 1994/7732), y de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nº 875/2010 de 22 de Octubre y nº 166/2012 de 20 de febrero, cuestionando la aplicación que se hace en la resolución del Juzgado de lo Social de dos sentencias del Tribunal Supremo, la de 11/6/2020, y la de 07/09/2021.

-Motivo Cuarto: de lo dispuesto en los artículos 31.2, 31.3, 31.4 y 31.7 del convenio general del sector, en relación con lo preceptuado en el artículo 4 y 30 de la citada norma convencional.

Comenzando el recurrente el desarrollo de este motivo copiando parte del articulado cuya vulneración denuncia, considera que el Acuerdo laboral de 19/11/2002 regula las condiciones laborales de todos los empleados de la empresa demandada tras la fusión de las filiales españolas, de varias mutuas francesas y reorganización funcional del grupo Caser, unificando los derechos de los trabajadores de las distintas procedencias, y respecto de los empleados provenientes de MAAF S.A., como es su caso, se prevé que los conceptos de exceso de compensación de primas y compensación adicional por primas establecidos en el convenio general del sector, se sustituyen y compensan por el sistema salarial y retributivo que para los mismos se regula en el acuerdo, debiendo entenderse que el sistema de sustitución y compensación de las partidas "exceso de compensación de primas"y "compensación adicional por primas"está referido exclusivamente, al sistema salarial y retributivo y no a otras condiciones laborales, conteniendo dicho acuerdo -a criterio de la recurrente- una doble escala salarial, que con cita de sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Supremo califica de "inaceptable"por no poder ser la fecha de ingreso un factor relevante a efectos retributivos.

Concluye que efectuando una comparación que debe serlo de conceptos homogéneos, se constata que la retribución de la demandante es inferior a la establecida en el convenio, con cita esta vez de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 19/12/2013, rec. 5893/2012, Sent. 883/2013.

-Motivo Quinto: de lo dispuesto en el artículo 31.2 y 3 del convenio general del sector, en relación con lo preceptuado en el artículo 4 y 46 de la citada norma convencional, y el artículo 1256 del Código Civil.

En este sentido se indica por la recurrente que del contenido del convenio, se extrae la posibilidad de que el exceso de compensación, y la compensación adicional por primas, se integren con otros conceptos retributivos diferentes, enumerando como tales los sistemas de previsión social complementaria, planes de pensiones de empleo, sistemas de retribución variable, por objetivos u otras opciones similares o análogas, pero siempre teniendo en cuenta que el propio convenio exige como vía para establecerlos, el acuerdo en el ámbito de empresa con la representación legal de los trabajadores, condicionado a que el conjunto de condiciones de trabajo sea igual o más favorable que el establecido en la norma colectiva, no siendo éste el presente caso. Además, sigue manteniendo que las mejoras sociales mínimas que aparecen en el Acuerdo, lo son para todos los trabajadores, incluidos los de Caser, que perciben las 5,48 pagas, y que continúan percibiéndolas, lo que contradice claramente que la intención de las partes fuera la de compensar con esas mejoras sociales complemento alguno, de ser una compensación todos los trabajadores percibirían 2 pagas, pues las 3.48 estarían "compensadas".

Partiendo de que las sentencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia no constituyen Jurisprudencia a tenor del artículo 1.6 del Código Civil y, en consecuencia, no son un medio hábil para poder acoger un recurso como el de suplicación, ya que no pueden ser alegadas como infringidas por la sentencia de instancia, sino solo como apoyo doctrinal o argumental a las tesis del recurso, esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre recursos prácticamente idénticos al presente, resolviendo demandadas interpuestas por compañeros de trabajo de la ahora recurrente, por lo que por razones de coherencia y seguridad jurídica asumimos lo expuesto en resoluciones anteriores que han desestimado el recurso de los actores, no existiendo argumentos que permitan a esta Sección de Sala apartarse del criterio ya establecido de forma prácticamente uniforme por esta Sala de lo Social.

Comenzando por el tema de la institución de la cosa juzgada, se va a trascribir parte de la sentencia dictada en fecha 27-9-2024 por la Sección 1ª de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso de suplicación nº 324/2024, donde se mantiene lo siguiente:

"PRIMERO. - La parte actora presentó demanda reclamando que se declarase su derecho a recibir 5,48 pagas anuales por compensación de primas debiéndose abonar por este concepto y por el período enero de 2.021 a diciembre de 2.021 la suma de 3.133,49 €.

La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 40 de Madrid desestimó íntegramente la petición de la parte...

Disconforme con el sentido del fallo, la parte actora se alza en suplicación...

SEGUNDO. - El segundo motivo se centra en la denuncia de infracciones legales, en concreto los artículos 222 de la LEC en relación con el artículo 24 de la CE y, como motivo tercero, los artículos 31.2, 31.3, 31,.4 y 31.7 del Convenio colectivo del sector de entidades de seguros y reaseguros en relación con el Acuerdo de 19 de noviembre de 2.022.

Respecto de la primera cuestión se rechaza que la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Madrid en relación con el período inmediatamente anterior pueda desplegar el efecto positivo de la cosa juzgada.

Se señala por la parte actora con referencia a la Sentencia de la sección 3 de 2 de junio de 2.023 que no es dable trasladar a períodos posteriores lo juzgado en los pleitos previos en tanto que hay que estar a lo percibido en cada momento pudiendo darse soluciones diferentes.

De la lectura de la sentencia de instancia se deprende que el momento del que se parte para hacer la comparativo entre las condiciones reconocidas por el Acuerdo de 2.002 y las que se contemplan en el convenio es el momento de su aplicación, esto es 2.003.

Se recogen en la fundamentación, con evidente carácter de hecho probado, que estas condiciones superaban con creces las fijadas en el Convenio cuestión que ya fue objeto de debate.

Esta sección en nuestra sentencia de 14 de mayo de 2.024, recurso 23/24 y sobre en qué momento se debe llevar a cabo la comparativa hemos tenido la oportunidad de señalar:

"CUARTO. - I.- Así las cosas, la incógnita principal que corresponde despejar para resolver el recurso formulado por la empresa, ...se refiere al elemento referencial que hay que tener en cuenta a efectos de llevar a cabo la operación de cotejo a la que alude el convenio colectivo estatal.

El Letrado de CASER entiende que la comparación entre las condiciones previstas en el convenio colectivo sectorial y las aplicadas por la empresa en virtud del Acuerdo Laboral de 19 de noviembre de 2002, se debe realizar tomando en consideración la fecha en que se alcanzó ese pacto, mientras que a juicio de la magistrada de instancia "la comparativa no puede hacerse o congelarse en 2002 sino que la virtualidad de este Acuerdo está siempre supeditada a que el conjunto de condiciones de trabajo sea igual o más favorable que la establecida en la norma en cada momento, pues de otro modo ello implicaría un perjuicio a los trabajadores en los casos en que la negociación colectiva introdujere mejoras por encima del Acuerdo, según valoración en 2002. Por ello, se exige una comparación global de las reconocidas cada año en virtud del Acuerdo y las que introduce el Convenio vigente en cada momento".

II.- Planteado el dilema en los términos indicados, la primera razón que milita a favor de la interpretación que hace la empresa reside en la propia finalidad del sistema instaurado por el convenio colectivo sectorial para los años 2000 a 2003, reiterado en los posteriores, que lo conciben como un instrumento de salvaguarda, con el que se pretende dar respuesta a una situación puntual y bien definida en el tiempo - la existencia de un acuerdo de empresa referido a la compensación de primas previo a la entrada en vigor del convenio 2000-2003, o de un pacto suscrito con posterioridad a ese nivel - supuestos en los que la regulación sectorial en la materia no se impone a la pactada en el ámbito inferior en el caso de que el conjunto de las condiciones de trabajo aplicadas en la empresa en virtud de ese acuerdo sean iguales o más favorables que el conjunto de las reguladas en el convenio estatal, valoradas unas y otras globalmente y en cómputo anual .

Tal exégesis se ve notablemente reforzada si acudimos al canon de la literalidad en tanto que el apartado 7 del art. 36 del último convenio del ramo, dispone expresamente, al igual que los precedentes, que la comparación se hará con el "conjunto de condiciones reguladas en el Convenio Sectorial , valoradas también globalmente, en el momento de la conclusión de los citados acuerdos".

En la misma dirección apunta el método sistemático en tanto que la solución antedicha es la que mejor se cohonesta con la previsión convencional de que los trabajadores de nuevo ingreso en la empresa, una vez transcurrido un periodo de carencia de tres años tendrán derecho a percibir el exceso de compensación por primas y la compensación adicional por primas), con el alcance y en la medida en que, en su caso, existieran en tal momento en la empresa.

El criterio de la dinamicidad permanente que acoge la sentencia impugnada, obligaría a cotejar cada año las condiciones de trabajo aplicadas por la empresa en virtud del Acuerdo de 2002, y de los posibles pactos posteriores, con las establecidas en la norma sectorial vigente en el respectivo ejercicio, lo que se aviene mal con el objetivo que persigue el régimen previsto convencionalmente y con su propia regulación.

La referencia al eventual perjuicio que generaría a los trabajadores el hecho de que el convenio de ámbito estatal introdujera mejoras por encima del Acuerdo, "según valoración en 2002", no es una razón concluyente para descartar la conclusión que se obtiene a la luz de los parámetros hermenéuticos expuestos, máxime si se tiene en cuenta que tal gravamen no se produciría "sine die" si las condiciones aplicadas por la demandada en el año 2003 fuesen inferiores a las fijadas en la norma sectorial vigente a la sazón.

Por tanto, si de lo que se trata es de establecer si las condiciones pactadas en el Acuerdo de 2.002 y aplicado en 2.003 son mejores que las de convenio, la respuesta solo puede ser que no es posible llevar a cabo esa comparativa de forma dinámica, sino que, dado que el convenio también señala en qué momento se debe hacer ese cotejo como una foto fija de la situación y siempre deberá ser el momento de la conclusión de los citados acuerdos.

TERCERO. - Una vez que hemos establecido cual es el momento de comparación, sí apreciamos que sobre este particular se dictó sentencia entre las mismas partes que fue desestimatoria de la demanda y cuyo fallo fue confirmado por la Sentencia del TSJ de 4 de noviembre de 2.022, sección 3 Recurso 600/22.

En aquella Sentencia ya se señalaba que el régimen establecido como consecuencia del Acuerdo del año 2.002 era más favorable para los trabajadores, y así se reitera en la sentencia de instancia..."

En las sentencias citadas en el hecho probado noveno de la resolución objeto de suplicación y que son las que sustentan que por el Juzgador de instancia no se haya acogido la aplicación de la cosa juzgada, en contra del criterio de la trabajadora actora, no se contenía como aquí acontece, un hecho probado -o un fundamento jurídico con igual valor- donde se afirmara de manera clara que comparando las condiciones laborales del Acuerdo Laboral de noviembre de 2002 frente a las del Convenio Colectivo 2000/2003, el conjunto de las condiciones de trabajo aplicadas en virtud del Acuerdo superaban a las de éste en 10.681.214,19 euros".

No consta que en todas ellas se hiciera referencia a esta materia, y en otras se partía de que no había quedado acreditado que el conjunto de condiciones de trabajo aplicadas en la empresa en cómputo global y anual, fueran iguales o más favorables que las del convenio sectorial en la fecha del Acuerdo de noviembre de 2002, en contra de lo afirmado en la resolución dictada por el Juzgado de lo Social en instancia.

Y partiendo de esa afirmación contenida en el relato fáctico, no combatida por la parte actora no ha prosperado, entre otras, en la reciente sentencia de diez de julio de dos mil veinticuatro, dictada por la Sección 2ª se recoge lo siguiente:

"ÚNICO. - La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda de cantidades...

El único motivo de recurso de la empresa se ampara en la letra c del artículo 193 de la Ley de la Jurisdicción Social y denuncia la vulneración del artículo 36, apartado 7º del Convenio Colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo, del acuerdo de 19 de noviembre de 2002 (artículos 8 a 14 así como la disposición final primera de dicho acuerdo) y de las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2020 y 7 de septiembre de 2021 .

Debemos comenzar por recordar lo dicho previamente por esta Sala y Sección en sentencias como la de 15 de febrero de 2023, recurso 1230/2022 :

" La Sala va a partir de lo dicho en sentencias como las de 13 de octubre de 2021, rec. 618/2021 , 23 de junio de 2021, rec. 336/2021 , 14 de marzo de 2022, rec 66/2022 ó 18 de mayo de 2022, rec. 323/2022 .

Los criterios que entendemos aplicables son los siguientes:

a) El artículo 31 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad social para el año 2016 (BOE de 1 de junio de 2017) regula un concepto salarial pagadero en dos mensualidades anuales (marzo y septiembre) y denominado "compensación general por primas", formado por los conceptos de sueldo base y complemento por experiencia, además de antigüedad cuando se viniera percibiendo a 31 de diciembre de 1996. Además, en las empresas que en el momento de entrada en vigor de dicho convenio tuvieran establecidas más de dos pagas de dicho concepto, se seguirán percibiendo bajo el concepto de "excesos de compensación por primas". Igualmente, en las empresas que lo tuvieran ya establecido, se mantiene el complemento denominado "compensación adicional por primas". Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de dicho convenio tienen derecho a percibir esos complementos, si bien los trabajadores de nuevo ingreso solamente tendrán derecho los tres primeros años a la compensación general por primas, pasando a devengar el cuarto año el 50% de los otros complementos pasados esos tres años en las empresas en que fueran aplicables y ya a partir del quinto año el 100%. Esta percepción es la que reclaman los actores, a cuyos efectos resulta irrelevante que prestasen servicios para CASER en el año 2002.

b) Se establecen sin embargo dos excepciones: La primera es que en el ámbito de la empresa se alcance un acuerdo sustitutivo o alternativo después de la entrada en vigor del convenio. La segunda es que en esa empresa existiera un acuerdo previo, en cuyo caso se puede aplicar en lugar de la regulación del convenio en los siguientes términos: "Los acuerdos ya alcanzados o que se alcancen en esta materia a través de convenios o pactos de empresa no se verán en modo alguno afectados por la regulación que el presente Convenio colectivo contiene sobre compensación por primas, siempre que el conjunto de las condiciones de trabajo aplicadas en la empresa cualquiera que fuera su naturaleza, en su valoración global y cómputo anual, sean iguales o más favorables que el conjunto de condiciones reguladas en el Convenio sectorial, valoradas también globalmente, en el momento de la conclusión de los citados acuerdos".

c) Por tanto si existe un acuerdo previo, como ocurre en la empresa CASER, en la que se alcanzó un acuerdo el 19 de noviembre de 2002 con efectos desde el 1 de enero de 2003, ese acuerdo previo sustituye a la regulación del artículo 31 del convenio con una condición: "siempre que el conjunto de las condiciones de trabajo aplicadas en la empresa cualquiera que fuera su naturaleza, en su valoración global y cómputo anual, sean iguales o más favorables que el conjunto de condiciones reguladas en el Convenio sectorial, valoradas también globalmente, en el momento de la conclusión de los citados acuerdos".

d) Debe subrayarse que se trata de comparar el acuerdo de empresa con el convenio colectivo vigente en el momento en que se concluyó aquel acuerdo, no con el convenio colectivo de 2016 ni otro posterior. Y esa comparación debe hacerse de forma global y en cómputo anual.

e) Dado que se trata de una excepción a la regulación general del convenio colectivo, quien pretenda aplicar un acuerdo previo en lugar de la misma tiene la carga de probar su existencia y contenido. En ese caso, una vez acreditados tales extremos, procede la comparación de sus términos y condiciones con los regulados en el convenio colectivo que fuese aplicable en el momento en que se concluyó aquel acuerdo. Tal y como se plantean estos conflictos, en que son los trabajadores los que reclaman los conceptos salariales del convenio de 2016 y es la empresa CASER la que, frente a ello, alega el acuerdo de 2002, compete a esta última acreditar la existencia de aquel acuerdo y su contenido, para enfrentar el mismo al contenido del convenio colectivo que estuviera vigente en el año 2002 cuando aquel acuerdo se concluyó.

f) Una vez fijados los términos y condiciones del acuerdo de empresa previo al convenio analizado, la labor de determinar el convenio colectivo aplicable en la misma empresa en la fecha en que tal acuerdo se concluyó y comparar los términos y condiciones de ambos para determinar cuál es más favorable (globalmente y en cómputo anual) debiera formar parte del núcleo del razonamiento judicial, al tratarse de una operación jurídica consistente en aplicar la norma contenida en el convenio colectivo a los hechos (los concretos términos del acuerdo de empresa). Sin embargo, en los litigios de instancia se ha transformado tal cuestión jurídica en una cuestión fáctica, articulando sobre la misma prueba pericial. Se trata de una operación incorrecta, puesto que sobre el Derecho no cabe prueba ni pericia, salvo que se trate de costumbre o de Derecho extranjero, lo que no es el caso. Pero al haberse admitido así en la instancia siguiendo el planteamiento de las partes, incluso con informes periciales contrapuestos, resulta que la decisión sobre cuál sea el conjunto normativo más favorable se ha convertido en estos procesos en una decisión sobre la valoración de la prueba, de manera que la Sala ha de estar a lo declarado en la instancia sobre cuál fuera el orden normativo más favorable en 2002...".

(...) la literalidad del convenio colectivo sectorial claramente introduce el inciso "en el momento de la conclusión de los citados acuerdos", lo que obliga a comparar el conjunto de las condiciones de trabajo del convenio sectorial y del acuerdo de empresa en el momento en que se concluyó el acuerdo de empresa.

En definitiva, si el acuerdo de empresa en el momento en que se alcanzó suponía la aplicación de condiciones globalmente más favorables que el convenio sectorial el mismo era válido y con él quedó excluida la materia correspondiente de la negociación sectorial y sometida al acuerdo de empresa. Evidentemente ello conllevaba el riesgo de que el citado acuerdo de empresa en su desarrollo ulterior terminase teniendo condiciones más desfavorables que el acuerdo sectorial, pero en tal caso la solución para los negociadores del ámbito de empresa sería abandonar completamente aquel ámbito de negociación, sometiéndose por completo a la negociación sectorial. Esto no se alega en momento alguno que se haya producido, ni que el acuerdo de empresa haya dejado de tener vigencia por no haber sido renovado, debiendo recordarse que los acuerdos colectivos extraestatutarios se regulan en cuanto a su duración, prórrogas y ultraactividad por lo que ellos mismos dispongan, no siéndoles de aplicación las normas al respecto del Estatuto de los Trabajadores. En todo caso no es éste el ámbito por el que discurre el litigio entre las partes.

Siendo esto así la respuesta al recurso de la empresa depende por completo de que en los hechos de la sentencia de instancia se haya dado por probado (puesto que las partes convirtieron tal extremo en una cuestión meramente fáctica e incluso practicaron prueba pericial al respecto) que el conjunto normativo más favorable en el año 2002 era el acuerdo de empresa...

A tales efectos da igual la antigüedad de la trabajadora, porque lo que determina la aplicación de uno u otro acuerdo no es la situación personal de cada trabajador, sino el orden convencional aplicable al conjunto de la plantilla de la empresa. Y por otra parte la comparación no se refiere solamente, como se pretende en la impugnación, en la materia relativa a las primas, sino al "conjunto de las condiciones de trabajo aplicadas en la empresa cualquiera que fuera su naturaleza, en su valoración global y cómputo anual".

Pues bien, en la sentencia aquí recurrida se dice como hecho probado décimo, que es transcendental, lo siguiente:

"Los empleados de CASER, en el año 2003, disfrutaron de unas condiciones laborales, por todos los conceptos en aplicación del Acuerdo Laboral de 2002, por importe de 32.068.852,10 euros. De aplicarse el salario previsto en el Convenio Sectorial la suma por salario anual de 2003 habría ascendido a 24.847.655,45 euros, ello teniendo en cuenta también las diferencias por participación en primas conforme al 5,4846 que establece el Convenio, lo que arroja una diferencia salarial a favor de los trabajadores de 7.221.196,65 euros, de un 29,1% superior a las que les hubiera correspondido de la estricta aplicación del Convenio Colectivo para el sector de entidades de seguros. Según valoración económica de todas las condiciones de trabajo que contemplan los documentos del Acuerdo Laboral de fecha de efectos 1 de enero de 2003 y del Convenio Colectivo que era de aplicación en el mismo año 2003, las condiciones laborales del Acuerdo Laboral de las empresas de CASER, en su valoración global y cómputo anual, en el momento de la conclusión de dicho acuerdo, es superior en 10,68 millones de euros a la valoración de las condiciones laborales establecidas en el Convenio Colectivo. Incluso en los distintos escenarios más extremos, ese importe diferencial sería de al menos 2,34 millones de euros de condiciones más favorables en el Acuerdo Laboral frente a lo dispuesto en el Convenio Colectivo (informes periciales de la demandada, docs 3 y 4, folios 294 al 406)".

Pues bien, partiendo de ese hecho, se cumple la condición que permite activar la excepción a la regulación de la compensación de primas prevista en el convenio sectorial, por lo que el recurso de la empresa debe ser estimado..."

En igual sentido, se dejan reseñadas las sentencias de fechas 30 de mayo de 2024 -de la Sección 3ª-; 14 de junio de 2024 -de la Sección 1ª-; 3 de junio de 2024 -de la Sección 5ª-; y 27 de septiembre de 2024 -de esta Sección 4ª-.

Por lo expuesto, ha de concluirse que la sentencia del Juzgado de lo Social no ha incurrido en las infracciones puestas de manifiesto en el recurso, que, en consecuencia, debe ser desestimado.

CUARTO:En materia de imposición de costas, deberá estarse al art. 235.1 LRJS que prevé esta medida únicamente respecto a la parte recurrente que resulta vencida y no disponga del beneficio de justicia gratuita o no haya sido eximida legalmente de dicho deber.

QUINTO:Contra la presente sentencia cabe Recurso de Casación para la unificación de doctrina ( art. 218 LRJS) .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.