Sentencia Social 745/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 453/2025 de 11 de septiembre del 2025

PRIMERO.- I).-La actora presentó demanda solicitando, por una parte, la declaración de su despido disciplinario, que produjo efectos de 3-2-24, como improcedente, y de otra que se le abonasen 2.970,50€ (s.e.u.o) adeudados conforme al siguiente desglose:

-Salario 3 días de febrero: 88,13€

- Paga Navidad/2023: 851,88€

-P. P. P Verano/2024: 508,79€

- Paga Beneficios 2023: 851,88€

- P.P. P Beneficios 2024: 79,35€ P.P.

- P Navidad 2024: 79,35€ Vacaciones N/D: 511,12€

II).-El conocimiento del asunto se atribuyó al Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid que emitió sentencia el 28 de febrero de 2025 , en sus autos nº 387/2024, efectuando dos pronunciamientos: desestima la declaración del despido como improcedente, calificándolo de procedente, y por otra parte condena a la empresa al abono a la actora de la suma de 2.970,50 €, más el 10 % de interés por mora.

III).-La carta de despido se sustentaba en que la actora había simulado prestar sus servicios profesionales para la empresa que aparentemente la ha contratado actuando fraudulentamente. En concreto se le imputaba lo siguiente:

"Se ha quebrantado por Ud. el principio de buena fe contractual, toda vez que Ud. ha simulado prestar sus servicios profesionales para la empresa que aparentemente la ha contratado. Siendo un hecho conocido por otros empleados de Valgren.

Ud. fue contratada y dada de alta en seguridad social en fecha 01.01.18 para desempeñar las funciones de gestión de cobro. en régimen de jornada parcial de veinte horas a la semana; con un horario de 9 horas a 13 horas de martes a sábado y salario según convenio.

Ud. no ha prestado ni un solo día sus servicios de forma presencial, desconociendo así cómo Ud. ha podido prestar sus servicios a distancia cuando todos los medios de producción e información se encontraban físicamente en las instalaciones de la empresa, careciendo Ud. de dichos medios dado que no disponía de dirección de correo electrónico de la empresa ni usuario para la conexión en remoto, no teniendo así acceso a la información financiera para el desarrollo de sus funciones.

Todo el personal de Valgren presta sus servicios de forma presencial, siendo la información que llega a nosotros que es D. Everardo quien decide que Ud. trabaje en remoto y, como hemos dicho, sin disponer de los medios oportunos para poder trabajar en remoto".

A criterio de la Juez de instancia no se puede considerar que actora haya demostrado los hechos que permitirían estimar su pretensión de declaración de improcedencia de su despido, esto es la falsedad de la imputación empresarial, habida cuenta de que no ha demostrado hechos que enerven o desacrediten los hechos imputados por la empresa; y por lo que respecta a la reclamación de cantidad formulada conjuntamente por la actora, no habiéndose opuesto expresamente la demandada a dicha reclamación y habiendo mostrado conformidad con la cantidad, condena a la empresa demandada a abonar a la actora, en concepto de saldo y finiquito, la cantidad total de 2.970,50 €, de conformidad con el desglose detallado en el hecho quinto de la demanda; debiendo incrementarse dicha cantidad con el 10% de interés de mora (ex art. 29.3 ET) .

SEGUNDO.-Disconforme se alza en suplicación la letrada de Doña Macarena, articulando un primer motivo por el cauce del apartado b) del artículo 193 LRJD, solicitando la aclaración de la sentencia tanto en su encabezamiento como en el Hecho probado Primero y en el Fallo, ya que se hace constar el nombre de la letrada y no el de la trabajadora demandante Doña Macarena.

Si bien el motivo desplegado es deficitario procesalmente, ya que la aclaración de la sentencia se debió hacer mediante escrito presentado ante el propio Juzgado de lo Social que profirió la sentencia, en aplicación del artículo 267 la Ley Orgánica del Poder Judicial y 214 y 215 LEC, nada obsta a que se corrija en esta sede el error material palmario en que se ha incurrido por la sentencia del órgano a quo, que confunde el nombre de la letrada con el de la actora, como reconoce la parte demandada en su escrito de impugnación, y por consiguiente el nombre de Doña Tania se sustituye en el encabezamiento, hecho probado primero y fallo por el de Doña Macarena, lo cual es un hecho conforme.

En el segundo motivo, una vez más por el apartado b) del artículo 193 LRJS, propone suprimir los hechos probados sexto, séptimo y octavo, a lo que no es posible acceder, ya que la valoración de la prueba corresponde a la Juez de instancia, si bien ya adelantamos que cuestión diferente , y sobre ello volveremos, es si las inferencias obtenidas por el órgano judicial de primer grado pueden ser calificadas de lógicas, debiendo recordarse la valoración de la prueba es facultad atribuida al juez de instancia y no es revisable en el recurso extraordinario de suplicación salvo en el extremo caso de que aquel hubiera incurrido en inferencias arbitrarias o irracionales. La doctrina constitucional ( STC 44/1989, de 20 de febrero) tiene señalado que corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales, por ser facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional, ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Y esta libertad del órgano judicial para la libre valoración de la prueba, implica, como también señala la misma doctrina que pueda realizar inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas (por todas, SSTC 175/85, de 15 de Febrero; 141/2001, de 18 de junio, FJ 4; 244/2005, de 10 de octubre, FJ 5, y 136/2007, de 4 de junio, FJ 2; el Juez o Tribunal de instancia es soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que su libre apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de manifiesto la propia doctrina constitucional ( STC 24/1990, de 15 de Febrero), lo cual quiere decir que la resolución judicial ha de contener el razonamiento sobre las conclusiones de hecho, a fin de que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el órgano Judicial, tal como dispone el art. 97.2 LRJS.

TERCERO.-En el tercer motivo, canalizado por el apartado c) del artículo 193 LRJS, denuncia infracción por aplicación indebida del artículo 54.3 del Convenio Colectivo de mayoristas de frutas, hortalizas y plátanos de la Comunidad de Madrid, 24.2 CE y del Convenio de la OIT nº 158, y consecuente interpretación errónea de la jurisprudencia en cuanto a la aplicación del artículo 54.2.d) del ET. Todo ello en clara conexión con una valoración que tilda de errónea de la prueba practicada.

Defiende que el despido disciplinario se basó por la empresa en el art. 54.3 del Convenio Colectivo de mayoristas de frutas, hortalizas y plátanos de la Comunidad de Madrid, que recoge como falta muy grave:

"El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como en el trato con los otros trabajadores o con cualquier otra persona durante el trabajo, o hacer negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra persona sin expresa autorización de la empresa, así como la competencia desleal en la actividad de la misma";que la concreta imputación que hace la empresa y apoya la Sentencia, es que Dª Macarena, durante 6 años ha simulado tener una relación laboral con la empresa Valgren SL.

Y que, a pesar de estar acreditada dicha relación laboral por un contrato laboral (documento 3 de su ramo de prueba que es aportado también al de empresa, sin ser reputado de falso) encabezado por el Administrador de la empresa, D. Bernardo, un alta en Seguridad Social (documento 1 de su ramo de prueba), unas nóminas que durante 6 años se han abonado por la empresa (documentos 4 y 5 adjuntado a su ramo) y listados de clientes, direcciones de correo electrónico, whapsaps de recobros, testifical de quien fue comercial de la empresa durante 26 años y que confirmó el trabajo de la actora, "resulta que la empresa no se ha enterado hasta enero de 2024" ; que la actividad probatoria de la empresa se limitó a aportar documentos que no fueron ratificados a presencia judicial, de los que se ha servido la Juzgadora de instancia para apoyar, o quizás suplir, la nula actividad de la empresa en el juicio; que de la grabación de este se puede observar (apenas duró 8 minutos) como la empresa no realiza el menor esfuerzo en probar la grave acusación de la carta de despido. Su contestación a la demanda fue "Nos oponemos Señoría". Nada más. Como prueba, renuncia a unas testificales y sólo presenta documental; que su valoración de lo actuado se limitó a decir: "Ha quedado probado que la trabajadora no ejercitó el trabajo real y que el contrato se realizó en fraude de ley";y, a pregunta de Su Señoría, añadió: "No ha tenido un trabajo efectivo durante este tiempo";que en ningún momento valoró, ni en positivo ni en negativo, la empresa el testimonio del testigo presentado por la parte actora (el único que depuso en juicio) y finalizó manifestando el representante de la demandada que estaba conforme con la antigüedad, categoría y salario que consta en Demanda y que también estaba conforme con la cantidad y conceptos reclamada en el hecho quinto de la demanda; que se ha invertido la carga de la prueba sin que pueda exigirse a la demandante «la carga de la prueba de la inexistencia de las causas de despido», pues ello vulneraría el artículo 24 CE.

Continúa diciendo que la juzgadora de instancia "hace de empresa". O, más bien, teniendo preconstituida su valoración, revierte en la parte actora la carga de la prueba, premiando la inactividad de contrario y exigiendo una prueba diabólica a la actora, vulnerándose el 105 LRJS: "1. Ratificada, en su caso, la demanda, tanto en la fase de alegaciones como en la práctica de la prueba, y en la fase de conclusiones corresponderá al demandado exponer sus posiciones en primer lugar. Asimismo, le corresponderá la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo.

2. Para justificar el despido, al demandado no se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación escrita de dicho despido".

Agrega que si el contrato de trabajo fue una simulación, como dice la empresa y mantiene la Sentencia, una simulación que duró 6 años, se hace muy difícil la comprensión de tres hechos concretos:

1) Que la empresa en momento alguno haya solicitado la declaración de nulidad del contrato de trabajo

2) Que la empresa, que se "harta" en la carta de despido de acusar a la trabajadora de cometer un ilícito penal "en connivencia con otras personas" (no sabemos quiénes), dejó de denunciar los hechos y a sus autores más allá de despedir a la actora a coste cero y sometida a amenaza.

3) Que resulta sorprendente por incongruente la empresa se allanara en en cuanto a la reclamación de cantidad que recoge el hecho quinto de la demanda, reconociendo adeudar 2.970,50€, según este desglose: Salario 3 días de febrero: 88,13€ Paga Navidad/2023: 851,88€ P. P. P Verano/2024: 508,79€ Paga Beneficios 2023: 851,88€ P.P. P Beneficios 2024: 79,35€ P.P. P Navidad 2024: 79,35€ Vacaciones N/D: 511,12€.

Concluye que la trabajadora no incurrió en conducta alguna subsumible en el art. 54.3 del Convenio Colectivo de mayoristas de frutas, hortalizas y plátanos de la Comunidad de Madrid, no quedando pues justificada la decisión adoptada por la empresa demandada, y debiendo declararse la improcedencia del despido.

CUARTO.-Para dar adecuada respuesta a la censura planteada debemos tomar como punto de partida unas reflexiones de carácter general en línea con la doctrina científica: ha de aflorar en el Derecho en general la verdad real sobre la apariencia formal, lo oculto, alterado y disimulado sobre lo simulado o nominado. Y es que, en el Derecho del Trabajo en particular, no es infrecuente, desgraciadamente, que se configure desviadamente, irregularmente, anómalamente, la relación laboral. De manera que los sujetos del contrato no se someten a las normas sustantivas básicas a que debe adecuarse el momento constitutivo de la relación, sino que, por el contrario, han actuado tratando de evitar las consecuencias o efectos jurídicos que tales normas atribuyen naturalmente a la celebración del contrato. En el ordenamiento laboral el contrato de trabajo regula la prestación de servicios de quien se sujeta en condiciones de desigualdad al círculo rector o poder de organización y dirección de la persona que la recibe y retribuye, esto es, el patrono ( art. 1.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) . Lo normal, deseable, saludable, y como no, jurídicamente exigible, en el desarrollo de una economía productiva basada en la libre competencia, -que abomina de sus prácticas desleales- con incidencia en la prosperidad de una comunidad organizada, y también con repercusión en financiación de la Seguridad Social, es la convergencia entre la base real de la prestación de servicios y la nomenclatura jurídica que el ordenamiento ha previsto.

En este orden de ideas, cuando nos referimos al trabajo sumergido podemos integrar en él a tres figuras: la simulación del contrato, al empresario aparente, y al trabajo negro.

La simulación es la operación deformadora consistente en la creación de una apariencia falsa que encubre el propósito real de los contratantes. O lo que es lo mismo, trayendo a colación la teoría del negocio jurídico, estaríamos ante una declaración de voluntad no verdadera que se hace con la intención de que nazca la apariencia de un contrato.

En el caso de la interposición, la deformación afecta a uno de los sujetos del contrato, mediante la introducción de una tercera persona que va a figurar como empresario aparente, con disociación entre éste y el que realmente recibe y utiliza la prestación de servicios del trabajador.

En el llamado trabajo "negro" se produce una ocultación del negocio realizado.

La irregularidad representada por la simulación se produce en el momento de celebración del contrato mediante un acuerdo deliberado y consciente de los sujetos con la intención de crear una apariencia que oculte el verdadero propósito. Tal acuerdo bilateral distinguiría la simulación de situaciones como el dolo y el error. En definitiva, en la simulación ambos contratantes coinciden en la creación de un velo que trata de ocultar algo o de hacer aparecer algo que en realidad no existe.

Simulación que puede ser absoluta o relativa. La simulación absoluta supone la creación de la apariencia de un contrato de esta naturaleza que los sujetos no tienen intención de celebrar: se finge la constitución de una relación laboral como mera apariencia externa que no contiene ni su sustrato ni ningún otro negocio distinto; la finalidad que normalmente se persigue con esta operación es la de lograr que el supuesto "trabajador" consiga determinadas ventajas de la condición de asalariado. Por ejemplo, supongamos que una persona, puesta de acuerdo con un pariente cercano simula un contrato de trabajo, suscribiéndolo, dándole una formalidad, sin que haya intercambio de prestaciones del uno al otro. En realidad, no estaría prestando el trabajo y no se abonaría el salario, pero, pasado el tiempo, si se pone término a esta apariencia mediante un "finiquito", se estaría buscando la obtención de prestaciones por desempleo en manifiesto fraude.

En la simulación relativa, por su parte, dos variantes son posibles: en la primera, el contrato de trabajo aparece como contrato simulado, ocultando otro negocio distinto que se quiere ocultar o disimular; con toda probabilidad, el objetivo perseguido en este caso coincide con el de la simulación absoluta, con la diferencia importante de que ahora sí existe un negocio real, el disimulado tras la apariencia del contrato de trabajo, que los sujetos sí quieren celebrar y que será normalmente un contrato de actividad (mandato, arrendamiento de servicios, contrato de obra, por ejemplo) próximo al de trabajo, aunque también puede ser de otro tipo diferente (sociedad, arrendamiento de industria, entre otros). En la segunda variante, la situación es precisamente la contraria: el contrato de trabajo es ahora el disimulado, mientras que el negocio que se simula oculta ese propósito real; los contratantes han procedido en este caso a manipular y deformar los rasgos externos del negocio, de forma que éstos parezcan coincidir con los de otra figura contractual (civil o mercantil, en la generalidad de los supuestos); lo que ahora se intenta se encuentra en el polo opuesto de la primera variante de la simulación relativa, esto es, evitar la aplicación de la normativa laboral y/o de Seguridad Social a una relación jurídica sometida a ella por definición.

QUINTO.-En el supuesto concreto que aquí nos ocupa la empresa imputa a la actora que ha actuado fraudulentamente simulando absolutamente un contrato de trabajo que no es tal, pues según se nos dice no ha trabajado un solo día en seis años. Desde luego tal acusación causa extrañeza a la Sala, ya que no es conforme con los actos propios de la empresa que reconoce, e incluso aporta a su ramo de prueba, el contrato de trabajo entre las partes, que no reputa de falso, imputando a la demandante actuar fraudulentamente, cuando de ser así el fraude sería recíproco y por las dos partes.

Llegados a este punto son varias las consideraciones que justifican que la Sala acoja la tesis de la recurrente llegando a la conclusión de que el despido ha de calificarse de improcedente:

A).- Hemos comprobado la grabación del juicio, siendo cierto que la empresa asumió una actitud meramente pasiva, tan es así que toda su contestación a la demanda fue "Nos oponemos Señoría". Nada más. Como prueba, renunció a sus testificales y sólo presentó prueba documental de la que no se deduce objetivamente la veracidad de sus acusaciones e imputaciones; su valoración de lo actuado se limitó a decir: "Ha quedado probado que la trabajadora no ejercitó el trabajo real y que el contrato se realizó en fraude de ley";y, a pregunta de Su Señoría, añadió: "No ha tenido un trabajo efectivo durante este tiempo".Finalizando sus conclusiones el representante de la demandada señalando que estaba conforme con la antigüedad, categoría y salario que consta en Demanda y que también estaba conforme con la cantidad y conceptos reclamados en el hecho quinto de la demanda.

B).- Las inferencias obtenidas por la Juez de instancia de la prueba practicada no nos parecen lógicas ni razonables, ya que repugna a la lógica filosófica y jurídica más elemental que una cosa sea y deje de ser al mismo tiempo. Así, la sentencia recurrida admite por una parte la versión de la empresa de que se ha simulado absolutamente el contrato, por carecer de causa, y, por otra, en flagrante contradicción, entiende que la actora ha trabajado al reconocerle los salarios adeudados, la antigüedad, la categoría y el salario.

C).- Si lo que se imputa a la actora es una falta del artículo 54.3 del Convenio Colectivo de mayoristas de frutas, hortalizas y plátanos de la Comunidad de Madrid, que tipifica como como falta muy grave: "El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas,así como en el trato con los otros trabajadores o con cualquier otra persona durante el trabajo, o hacer negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra persona sin expresa autorización de la empresa, así como la competencia desleal en la actividad de la misma", entonces no acabamos de comprender como se niega por la empresa la existencia de una relación laboral y por otra parte se acusa a la actora de deslealtad en las gestiones encomendadas, lo que supone obviamente que alguna actividad debió tener la demandante siguiendo las instrucciones del patrono.

D).- Si lo que se está queriendo defender por la empresa, al partir de una simulación absoluta, es que el contrato suscrito entre las partes no tiene causa, que es un elemento esencial de cualquier negocio jurídico ( artículo 1261 del Código Civil) , por inexistencia del servicio que se remunera ( art. 1274 del Código Civil) , entonces el comportamiento coherente que debió seguir en Derecho es solicitar la declaración de nulidad del contrato en aplicación de los artículos 1276 y 1301 y siguientes del Código Civil, pero no acudir al despido.

E).- Se ha invertido en todo caso la carga probatoria, y por lo tanto se ha infringido por la sentencia impugnada el artículo 105 de la LRJS, haciéndola recaer sobre la demandante y no sobre la empresa la veracidad de las imputaciones contenidas en la carta de despido.

F).- Es a todas luces incomprensible que la empresa durante seis años haya estado pagando salarios a la actora en virtud del contrato de trabajo suscrito y luego se ponga en tela de juicio la existencia del contrato mismo, sin dar una explicación objetiva, razonable y verosímil de su actuación.

En cuanto a la indemnización arroja la suma de 7.124,28 euros, conforme al siguiente desglose obtenido de la aplicación informática (la empresa del CGPJ:

Fecha de inicio: 01/01/2018

Fecha de finalización: 03/02/2024

Número de días: 2225

Número de meses: 74

Salario bruto: Mensual

Importe: 1064,85

Salario diario: 35,01.

Sin costas ( art. 235 LRJS) .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,