Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 1613/2023 de 13 de enero del 2025

PRIMERO.-En sentencia dictada por el Juzgado de lo Social N.º 1 de PALENCIA se estima parcialmente la demanda de DON Luis María, sobre CANTIDAD, siendo el fallo del siguiente tenor literal:

"Que ESTIMO LA DEMANDA parcialmente en su petición subsidiaria, deducida por DON Luis María, frente a PRODUCTOS SOLUBLES S.A. y DECLARO parcialmente NULA LA CLAUSULA ADICIONAL CUARTA DEL CONTRATO DE TRABAJO DE FECHA 13.07.2021, sin que proceda condena a la empresa demandada, en los términos consignados en el fundamento de derecho cuarto, absolviendo a la demandada de los pedimentos instados en su contra en este procedimiento".

Frente a dicha resolución se alzan tanto el demandante como la empresa PRODUCTOS SOLUBLES SA. En el caso del actor por motivos de orden fáctico y jurídico y en el de la empresa por motivos únicamente de orden jurídico.

SEGUNDO.-Con carácter previo la Sala quiere precisar que, aunque el fallo de la sentencia de instancia dice que absuelve a la empresa, ha de entenderse que la condena en lo que se estima y que se concreta en la "petición subsidiaria"de la demanda en el sentido que se expresa al final del fundamento de derecho cuarto -al que la Juez a quo se remite en el fallo-, y en el que "se reputa nula parcialmente la cláusula cuarta del clausulado adicional al contrato de trabajo...".

TERCERO.-Comenzamos por dar contestación al recurso de la parte demandante dado que en el mismo se interesa la revisión del hecho probado décimo, al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Se propone la redacción alternativa siguiente:

"Según la hoja de control de acceso a las instalaciones de la empresa (documental cuatro del ramo de prueba de la demandada que se da por reproducida) se contabiliza un total de horas de presencia del trabajador de 1375 horas; siendo las horas teóricas por los días de prestación de servicios 1280 horas.

Además el demandante ha prestado su trabajo los días 10, 11 y 24 de septiembre de 2020, 22 de octubre de 2020, 17 y 26 de febrero de 2021 y los días 11,12,15,16,17,18, 24 y 25 de marzo de 2021., siendo estos días laborales según el calendario laboral obrante en el acontecimiento 92 del expediente digital que acredita igualmente el n o de horas teóricas y nóminas aportadas en el acontecimiento 80 del expediente digital

Por tanto las horas realmente efectuadas por el trabajador suman 1487 horas que restadas de las horas teóricas suponen 207 horas extras que a razón de 78,48 euros la hora son 16.245,36 euros."

Se apoya esta revisión en el documento 4 obrante al acontecimiento 76 del expediente digital, consistente en la hoja de control de acceso a las instalaciones de la empresa aportado por la empresa Prosol S.L., y convenio colectivo obrante al documento n.º 4 del acontecimiento n.º 92 del expediente digital y en el calendario laboral obrante al documento n.º 3 del acontecimiento 92 del expediente digital; en el calendario laboral adjuntado como doc. n.º 3 del acontecimiento 96 del expediente; en los acontecimientos 80 y 83 del expediente digital, consistentes en correos electrónicos correspondientes a días no computados por la empresa y nóminas de enero y febrero de 2021.

Alega la parte recurrente que las horas que se reflejan en la hoja de registro de acceso a la empresa son horas de presencia en la misma, sin que a su juicio exista justificación alguna para descontar una hora diaria de descanso por comida, puesto que ninguna prueba lo refiere, siendo según el convenio colectivo no de carácter obligatorio, sino dispositivo, según refiere el convenio obrante al acontecimiento 92 del expediente digital, (doc no 4). Añade que en la citada hoja de acceso a la empresa aportada por la demandada, no es el sistema de regulación que establece el RD Ley 8/2019, de 8 de marzo, donde de una forma regulada se constatan las horas efectivas de trabajo de cada empleado, evitando con ello la omisión de días laborales de trabajo sin ningún tipo de justificación, por lo que los días indicados por el recurrente como realmente trabajados considera que deberán ser computados conforme se recoge en el calendario laboral y demás documentación debidamente reseñada en el presente motivo de recurso.

Se rechaza esta modificación, porque el recurrente lo que pretende es que la Sala valore nuevamente toda la prueba aportada para justificar la realización de horas extras por él defendidas. Debe recordarse aquí que el orden jurisdiccional social carece de doble instancia, ya que, a diferencia de otros órdenes, como ocurre en el civil, en el que las sentencias son recurribles en apelación, en el social rige un procedimiento de instancia única y recurso extraordinario de suplicación y casación. La naturaleza extraordinaria del recurso determina que el conocimiento del Tribunal ad quemsea limitado, ya que el recurso solo puede interponerse por los motivos taxativamente establecidos por la ley y su objeto no es la cuestión de fondo, sino la sentencia de instancia.

De este modo, en el proceso social hay una única valoración de toda la prueba y es el Magistrado del Juzgado de lo Social quien efectúa la valoración del conjunto de la prueba y dicta la correspondiente sentencia. Si se recurre en suplicación, el Tribunal Superior de Justicia no efectúa una nueva valoración de la prueba, con la salvedad de que se alegue alguna cuestión, como la incompetencia de jurisdicción, que afecta al orden público procesal.

El objeto del recurso es limitado y se ciñe a examinar la concurrencia de defectos procedimentales determinantes de nulidad, según lo dispuesto en el art. 193.a) LRJS; la corrección probatoria de la sentencia de instancia, en función de dos únicos medios de prueba, que son la documental fehaciente y la prueba pericial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 193.b) LRJS, o a examinar las posibles infracciones jurídicas de la sentencia de instancia, conforme a lo establecido en el art. 193.c) LRJS.

Como recoge la STS de 15-11-2008, la valoración de la prueba es un cometido exclusivo del Juez o Tribunal que conoció del juicio en la instancia, a quien además corresponde la determinación de los hechos acreditados. Debe efectuar dicha valoración libremente, apreciando toda la prueba en su conjunto sin otras limitaciones que las derivadas de la "sana critica", esto es, sin llegar a conclusiones totalmente ilógicas o absurdas. Conviene recordar, además, que el recurso de suplicación es de naturaleza extraordinaria, donde debe invocarse la doctrina legal plasmada, entre otras, en las SSTS de 9-12-2013 (Rec. 71/2013), 18-12-2012 (Rec.18/2012), 6-6-2012 (Rec. 166/2011), 23-4-2012 (Rec. 52/2011) y 11-11-2009 (Rec. 38/2008), que atribuyen al Magistrado de instancia, con carácter exclusivo, la función de valorar la prueba, fijando los hechos relevantes para la resolución del litigio y determinando cuál de ellos ha sido acreditado.

En este caso concreto, como decíamos, se pretende que la Sala valore toda la prueba aportada para acreditar la realización de unas horas extras, incluidos unos correos electrónicos, para que se hagan unas deducciones y se obtenga por la Sala una conclusión en el sentido defendido por el demandante frente a la valoración que de las mismas pruebas se ha efectuado por la Juez a quo, lo cual no procede en el recurso de suplicación. Es decir, de las pruebas alegadas no se deduce directa y claramente lo que se incluye en el texto propuesto (párrafo segundo y tercero), pues por ejemplo el documento 3 es un calendario impreso de tipo genérico, que nada concreto prueba. En el registro de jornada no aparecen como trabajados por el actor todos los días que se recogen en el segundo párrafo propuesto, pues una cosa es que unos días sean laborables en la empresa y otra que se haya trabajado efectivamente por un trabajador.

El tercer párrafo es una conclusión y los datos del primer párrafo ya los incorpora la Juez a quo en su sentencia.

CUARTO.-Continuamos resolviendo el motivo de recurso segundo del demandante que es al amparo de lo dispuesto en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. En el mismo se denuncia por la parte recurrente la infracción de lo establecido en el artículo 35

del Estatuto de los trabajadores en relación con el artículo 27 del Convenio de aplicación y artículo 10 del RD Ley 8/2019, de 8 de marzo.

En el presente motivo de recurso parte el demandante-recurrente de la base de que el artículo 10 del RD Ley 8/2019, de 8 de marzo, establece que la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establezca. Y alega que solicitó en su escrito de demanda la aportación de este registro de jornada diario, único garante de la legalidad de las horas efectivamente trabajadas, sin que en ningún momento se aportara dicho registro, tal y como previene el citado artículo, lo que representa que la empresa incumple flagrantemente con dicha obligación legal. Por el contrario, se aportó una hoja de entrada y salida en la empresa obtenida de una tarjeta digital, utilizada para abrir las puertas de acceso al recinto, salida del mismo y entrada/salida a algunas dependencias internas, sobre la que se pretende acreditar que las horas realmente realizadas por el trabajador ascienden a 1.279 horas, al restar de forma improcedente y unilateral 1 hora de descanso por comida, sin ningún tipo de probatura al respecto tal y como era su obligación. Además, se deja de contabilizar días efectivamente trabajados por el demandante en días laborales según calendario laboral, sin haberse justificado desde la empresa el porqué de no computar dichos días. Es por ello que con la idea de facilitar la demostración de las horas realizadas por parte del trabajador se reconoció en sede judicial el total de horas que el trabajador permaneció en la empresa según la hoja de registro aportada por ésta y que asciende a 1.375 horas, habiendo interpretado erróneamente el Juzgador de instancia la eliminación de una hora diaria de comida, tal y como computa la empresa en dicha hoja de registro, al no existir ningún tipo de prueba del empleo de esa hora de comida por parte del trabajador.

Por ello considera que en base al incumplimiento de la empresa de lo previsto en el artículo 10 del RD Ley 8/2019, de 8 de marzo, se deben computar todas las horas de trabajo que reconoce la empresa en su hoja de registro, añadiendo los días laborales no computados por ésta, lo que arrojaría un resultado de 1.487 horas (1.375 horas hoja de registro + 112 horas no computadas días laborales), que frente a las 1.280 horas teóricas que resultan por el tiempo trabajado arrojan 207 horas extras, a razón de 78,48 euros la hora según convenio.

Se desestima este motivo de recurso pues el recurrente se basa en los datos que se han pretendido incluir en el motivo anterior destinado a la revisión fáctica y que ha resultado desestimado por las razones allí dadas. La Juez a quo ha valorado el conjunto de la prueba y ha concluido cuáles son las horas trabajadas por el actor, valoración conjunta que no puede realizar la Sala en sede de recurso de suplicación. En concreto, ha concedido suficiente valor probatorio al informe de la empresa que se recoge en el hecho probado decimotercero, que no ha sido impugnado.

La Juez a quo reconoce que según el registro de jornada de la empresa el actor permaneció en la misma en número de 1.375, si bien de estas resultan, una vez descontada la hora de comida, un total efectivo de trabajo de 1.279 horas. Las horas de comida son valoradas por la Juez a quo como de descanso y no de trabajo efectivo, por ello considera que no han existido horas extras.

En cuanto a los 14 días que no figuran como trabajados (112 horas) nada se ha acreditado y sí se trataría de horas extras u ordinarias.

QUINTO.-El último motivo de recurso del demandante y el recurso de la empresa van destinados a la cuestión del pacto de no competencia, por lo que se va a resolver de forma conjunta. No obstante, dado el contenido del primer motivo de recurso de la empresa vamos a hacer una precisión previa sobre el mismo.

La empresa en su primer motivo de recurso denuncia, al amparo de lo dispuesto en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la infracción de lo establecido en los artículos 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución Española. Denuncia que la sentencia incurre en una incongruencia "extra petita" y las normas que denuncia como infringidas son de carácter procesal si bien no termina pidiendo la nulidad de actuaciones.

En consecuencia, la Sala no puede estimar este motivo de recurso como si se tratara de la letra a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social acordando la nulidad de actuaciones por apreciarse que la sentencia de instancia incurre en una incongruencia extra petita, sino que se va a resolver como si fuera la letra c) del referido precepto junto al fondo del asunto. De cualquier manera, aunque se hubiera solicitado la nulidad de actuaciones la Sala debería resolver, con base en el artículo 202.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, siempre que hubiera suficientes hechos probados para ello.

SEXTO.-Denuncia el demandante la vulneración e interpretación indebida y no aplicación del artículo 21.2.b) del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 35 de la Constitución Española, así como vulneración por no aplicación de los artículos 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288 y 1289 del Código Civil, en relación con los artículos 1101 a 111 de dicho cuerpo legal.

Defiende el demandante-recurrente que teniendo en cuenta lo pactado entre las partes (empresa y trabajador) resulta que siendo la retribución anual bruta del trabajador de 80.000 euros (hecho probado cuarto) éste, de conformidad con la citada cláusula de Pacto de no competencia, se ve abocado en caso de violación o incumplimiento del compromiso adquirido a abonar a la empresa la suma de 160.000 euros correspondiente al doble de la cantidad percibida durante un año de trabajo. Por el contrario, el trabajador percibe tan solo la suma de 12.000 euros brutos anuales pagaderos mensualmente como compensación económica adecuada en concepto de indemnización por la no concurrencia post-contractual. En estos términos del debate para el demandante resulta palmaria la conclusión a la que llega la Juzgadora de instancia en la fundamentación jurídica de la sentencia al considerar que si el trabajador debe devolver 136.000 ó 160.000 euros frente a los 12.000 que percibiría supone una clara desproporción, máxime cuando además se mantiene el pacto de 24 meses, una vez extinguido el vínculo laboral, lo que necesariamente conlleva la nulidad de este pacto por conculcación del art 21 del Estatuto de los Trabajadores y de la jurisprudencia.

El demandante considera en contra de lo resuelto por la Juez a quo que se vulnera el art 21.2.b) del Estatuto de los Trabajadores, dado que en dicho precepto se contiene el mandato u obligación de satisfacer al trabajador una compensación económica adecuada, lo que, dice, no se ha contemplado en la resolución recurrida. Entiende que la exigencia de una compensación económica adecuada recogida en el art 21.2 del Estatuto de los Trabajadores, pese a tratarse de un concepto indeterminado, tiene como finalidad la de resarcir la limitación que supone para el trabajador el pacto de no competencia a su libertad de trabajo, amparada en el artículo 35 de la Constitución Española. El legislador viene a reconocer que el trabajador sufre un sacrificio que debe ser debidamente compensado, al privársele de oportunidades de trabajo y por consiguiente la finalidad de esta indemnización debe compensar la limitación de un derecho constitucional. En este caso dice el recurrente que la desproporción es clara y manifiesta entre las obligaciones contraídas por las partes en cuanto al pacto de no competencia y ello da lugar a la nulidad parcial de la cláusula que lo regula y a su juicio la sentencia debiera haber fijado un importe indemnizatorio a su favor en base precisamente al mandato contenido en el apartado b) del no 2 del art 21 del Estatuto de los Trabajadores. Para que ambas obligaciones fueran recíprocas y adecuadas el trabajador debiera percibir de foma mensual 13.333,33 euros como consecuencia del pacto de no competencia y dado que el trabajador estuvo trabajando 9 meses en la empresa demandada percibiendo tan sólo 1.000,00 euros del pacto de no competencia le correspondería percibir la cantidad de 110.999 euros (12.333,33 euros mes x 9), lo que supone una cantidad inferior a la que de forma prudencial se ha interesado en el escrito de demanda. De forma subsidiaria resulta que, si se ha fijado la suma indemnizatoria a favor del trabajador en la cantidad de 12.000,00 euros al año, habiendo percibido lo correspondiente al periodo de trabajo (9.000,00 euros por 9 meses) aún le restarían por percibir 15 meses más correspondientes al período de tiempo para el que se haya limitado para realizar actividades coincidentes con la desarrollada por PRODUCTOS SOLUBLES S.A., lo que supondría en el peor de los casos percibir un total de 15.000,00 euros a su favor, siendo por ello obligado abonar la indemnización correspondiente por todo el período pactado de no competencia y no sólo limitarlo a 9 meses, como ha entendido la Juzgadora de Instancia.

SÉPTIMO.-Por su parte, la empresa defiende en el primer motivo de recurso, sobre el que ya nos hemos pronunciado en cuanto a la forma, que la sentencia de instancia declara parcialmente nula la cláusula adicional cuarta del contrato de trabajo del actor por una razón diferente a la planteada por en su demanda. Así, dice la empresa que en la demanda lo que se plantea es la insuficiencia o desproporción de la compensación mensual (1.000 euros) al trabajador derivada del pacto de no competencia y esa la desestima la sentencia de instancia, si bien declara la nulidad parcial de la referida cláusula, y dice la empresa que la sentencia va más allá de lo solicitado pues estima parcialmente la nulidad por el hecho de que en el caso de que el trabajador incumpliese el pacto de no competencia y tuviese que indemnizar a la empresa la desproporción entre lo recibido (9.000 euros) y la penalización que recaería sobre el trabajador sería mucho más elevada.

En el segundo motivo de recurso de la empresa, siguiendo con las alegaciones anteriores, denuncia la infracción del artículo 21.2, letras a) y b), del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 1154 del Código Civil.

Este segundo motivo se articula para el caso de que no se apreciara que la sentencia de instancia incurre en incongruencia extra petita y contesta a los razonamientos por los que la Juzgadora declara la nulidad parcial de la cláusula cuarta, diciendo en resumen que lo razonado y acordado por la Juez a quo procedería en el caso de que la empresa acordase una penalización por incumplimiento del trabajador del pacto de no competencia y, como este no es el caso, no procede tal declaración. Tampoco ha solicitado el trabajador la nulidad de la cláusula penal a los efectos de verse liberado de la prohibición de competencia postcontractual, pues lo que interesa es una mayor indemnización.

OCTAVO.-Para resolver las cuestiones planteadas por cada uno de los recurrentes debemos partir de lo solicitado en la demanda. Efectivamente, tal como defiende la empresa y como se desprende de la demanda, lo que solicita el actor es que se declare nula la cláusula cuarta del contrato de trabajo por entender que la compensación mensual de 1.000 euros por el pacto de no competencia era desproporcionada y por ello considera que cada mes que la empresa le abonó esa cuantía (9 meses) debió ser superior por entender que debía ser del 50% del salario bruto del empleado por cada año de vigencia del pacto. Y, además, la considera desproporcionada comparando el sacrificio que para él suponía no poder trabajar durante 24 meses en empresas del mismo sector una vez que dejara la empresa demandada e igualmente desproporcionada si se compara con la indemnización por penalización que debería abonar él a la empresa en caso de incumplimiento del referido pacto. Por ello, reclama la indemnización de 80.000 euros en su demanda.

La Juez a quo desestima la petición del actor en la forma solicitada en su demanda al considerar que la cantidad reclamada es también desproporcionada, calificando de enriquecimiento injusto si se estimara la indemnización reclamada por el actor. Ahora bien, sí llega a declarar que la cláusula cuarta es parcialmente nula por desproporción en caso de que se incumpliera el pacto vista la cantidad abonada al actor cada mes, pero no reconoce cantidad alguna al trabajador, por lo ya dicho.

Por tanto, la Juez a quo utiliza uno de los razonamientos vertidos por el actor en la demanda para basar su petición por comparación entre lo que él recibía y la obligación que adquiría.

No podríamos hablar claramente de una incongruencia extra petita pues no le reconoce una cantidad o declara nula la cláusula por cuestión diferente a lo planteado en demanda, aunque sí parece inadecuado el motivo de comparación para llegar a declarar parcialmente nula la cláusula cuatro del contrato de trabajo, pues no nos encontramos ante un procedimiento en el que se plantea la desproporción ante una penalización por incumplimiento del pacto de no competencia, en cuyo caso sería correcto valorar si la indemnización a abonar por el actor es desproporcionada dada la compensación mensual de 1.000 euros recibidas por el actor, esto es, si nos encontráramos ante la discusión de una penalización desproporcionada.

El actor lo que pide no es que la indemnización que le correspondiera abonar hipotéticamente a la empresa sería desproporcionada y se declare nula la cláusula cuarta, sino que lo que ahora plantea es que debió percibir durante los nueve meses que permaneció en la empresa una cantidad superior por el pacto de no competencia y eso lo resuelve la Juzgadora como si estuviéramos ante la efectiva penalización. Motivo por el que procede estimar el recurso de la empresa, dejando sin efecto la declaración de nulidad parcial de la cláusula cuarta.

Esto lleva a la desestimación del recurso del trabajador como consecuencia lógica de la estimación del recurso de la empresa en lo que al concepto de indemnización se refiere, habiendo desestimado anteriormente el de horas extraordinarias.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY,