Sentencia Social 983/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 801/2025 de 14 de noviembre del 2025

PRIMERO.- La situación de hecho de la que se parte es la siguiente: la empresa pública INCIBE tenía cuatro trabajadores en su único centro de trabajo de Madrid en régimen de teletrabajo 3/2. Se cierra ese centro de trabajo y se les comunica a los trabajadores una jornada de teletrabajo al 100% y se le adscribe de forma virtual a León. Uno de los trabajadores pide la rescisión indemnizada del contrato de trabajo vía art 40 ET. Los dos demandantes, no conformes con la modificación, accionaron contra la decisión adoptada por la empresa de cerrar el centro de trabajo situado en Madrid el 1-1-25, en el que venían prestando sus servicios desde hacía años (edificio Bronce), y de acordar su traslado virtual al centro de trabajo situado en León.

La sentencia de instancia estima la demanda considerando injustificada la movilidad geográfica adoptada por la empresa y no da pie de recurso. La empresa anunció su recurso, dictándose auto inadmitiéndolo. La parte demandada fue en queja, dictándose auto estimando dicho recurso por esta sección.

El recurrente encauza su recurso de suplicación contra la sentencia de instancia por la vía del artículo 191.3 d) LRJS, en conexión con el artículo 193 a) LRJS, que operan en sintonía, dado que ambos permiten accionar contra el mismo vicio: infracciones procesales causantes de indefensión. Tales preceptos disponen:

Art 191 LRJS: "3. Procederá en todo caso la suplicación:

d) Cuando el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión del intento de conciliación o de mediación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan producido indefensión. Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los límites de la suplicación, la sentencia resolverá sólo sobre el defecto procesal invocado".

Art 193 LRJS "El recurso de suplicación tendrá por objeto:

a) Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión. (...)"

El motivo basado en infracciones procedimentales no puede extenderse a cuestiones ajenas a tales problemas, pero procede independientemente de que la sentencia fuese recurrible (por cuantía o modalidad procesal), y su examen habrá de circunscribirse al punto procedimental examinado y no a otro, por mor de las previsiones del citado art. 191.3 d) LRJS.

El recurrente se remite a la sentencia TSJ de Madrid nº176/2025, de 21 de febrero. Recurso de suplicación n.º 845/2024 de esta sección 1ª: "Sin embargo, no basta con que el órgano judicial haya incurrido en alguna irregularidad; sino que además es imprescindible que tal infracción determine la indefensión del afectado - sentencia del TCo 158/1989 -. Indefensión no solo en un sentido puramente formal, sino también material -TCo, resoluciones 158/1989 y 124/1994-. Dicha situación, recordemos, supone impedir el ejercicio de la potestad de alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, se constituye en obstáculo insalvable para ejercitar el de defensa del involucrado. Se le priva, de esa manera, el justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en la ejecución del indispensable principio de contradicción - TCo, sentencia 89/1986 -."

Dice la parte recurrente que entre esas infracciones procesales está la del deber de motivación de la sentencia conforme a una valoración racional de la prueba practicada y conforme a una argumentación lógica y coherente. Se remite al artículo 97.2 de la LRJS ,que dispone: "La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

Precepto este que relaciona con el deber general de motivación del artículo 218.2 LEC, que dispone: "Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón".Cita asimismo el art 24 de la Constitución.

El recurrente señala que la sentencia de instancia ha incurrido en dos infracciones, la primera una motivación ilógica, por contradictoria, y segundo en una valoración sesgada de la prueba, que obvia por completo, sin siquiera mencionarla, la documental y la testifical propuestas por la parte demandada y admitidas y practicadas en el acto del juicio

Dice el recurrente que esta vía de acceso al recurso de suplicación por los artículos 191.3 d) y 193 a) LRJS pretende garantizar que las normas procesales no queden desvirtuadas en ningún procedimiento, con independencia de la materia o cuantía litigiosa. Pero ello no significa que la parte recurrente pueda aprovechar para formular motivos suplicacionales relativos al fondo del asunto, ya que el TSJ sólo podrá entrar a conocer sobre el motivo procedimental.

En el fundamento jurídico 4º la sentencia de instancia señala que: "(...) Sin embargo, y aunque pudiera estar este caso encuadrado en la situación a la que alude la sentencia referida, la realidad es que los trabajadores demandantes están llevando a cabo su actividad mediante teletrabajo sin que hayan consentido en el mismo, no se acredita por la empresa demandada que ambas partes hayan firmado tal acuerdo. La consecuencia de esta situación es que habiéndose cerrado el centro de trabajo al que estaban adscritos, y eso no es hecho controvertido, (ya que, si en el contrato de D. Armando sí se establece y en el de Dª Debora no, pero lleva 20 años trabajando en el mismo, este centro de trabajo era el único abierto en Madrid), quedando los trabajadores sin centro de trabajo en su ciudad, de modo, que si la empresa revierte la situación de teletrabajo, la obligación de ambos debe ser la de prestar servicios en León.

Por tanto, lo que se está dando realmente es una obligatoriedad de los trabajadores de prestar servicios en la ciudad de León, a 300 km de Madrid sin que se haya acreditado por la empresa demandada la necesidad de tal movilidad geográfica en modo alguno. No se ha acreditado que la empresa RED hubiera decidido no alquilar la oficina durante más tiempo a la empresa demandada, como se viene manteniendo por la misma, ni que el gasto de dicha oficina fuera tal que no pudiera ser mantenido en el tiempo, es más, lo que se acredita mediante la testifical es que hay una jornada de teletrabajo de 3/2 semanal y que dicha oficina se estaba utilizando para ello, por lo que la misma sigue siendo necesaria.

La conclusión es que la empresa de forma unilateral ha decidido variar las condiciones del contrato de los trabajadores sin justificación alguna, imponiéndoles un teletrabajo de todos los días de la semana, obligándoles a "esporádicamente" ir a León a llevar a cabo su trabajo, ocasionándoles una situación de inseguridad, ya que en cualquier momento van a tener que trasladar su residencia a León, sin que se haya llevado a cabo el procedimiento correcto, ya que tampoco en las comunicaciones a los mismos, se ofrece la indemnización que se establece legislativamente para ello.

Por ello, se debe estimar la demanda, declarando injustificada la decisión de traslado de los trabajadores a la ciudad de León, debiendo mantenerse su centro de trabajo en Madrid. "

En el desarrollo del recurso de suplicación por la vía del artículo 191.3 d) y el 193 a) LRJS el recurrente se basa en las infracciones que entiende que afectan por completo a la sentencia, en ningún momento se refiere a actuaciones y resoluciones previas al juicio, ni tampoco al propio acto del juicio. Por lo que habrá que determinar si existe alguna infracción procesal en la redacción de la sentencia, y no una mera discordancia o disconformidad de la parte recurrente con su contenido.

Lo primero que se alega es la motivación ilógica e irracional de la sentencia de instancia, afirma la parte demandada que "la Juzgadora de instancia sostiene, por un lado, que INCIBE ha impuesto la obligatoriedad de los trabajadores de prestar servicios en la ciudad de León, a 300 km de Madrid, para más adelante sostener que la empresa, de forma unilateral ha decidido variar las condiciones del contrato de los trabajadores sin justificación alguna, imponiéndoles un teletrabajo de todos los días de la semana.

O se ha obligado a los empleados a trasladarse a León, o se les ha obligado a teletrabajar en su domicilio de Madrid. Convendrá la Ilustre Sala a la que nos dirigimos que ambas cosas a la vez no pueden darse."

Cita recurrente la doctrina del Tribunal Constitucional que "se considera que no están motivadas aquellas resoluciones judiciales que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas, de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas"( STCo 248/2006).

No compartimos la afirmación realizada por la empresa y no consideramos que exista en este punto una motivación ilógica e irracional. Por el contrario, la juzgadora lo que dice es que se ha cerrado el centro de trabajo de Madrid, que ha sido durante muchos años de centro habitual de los dos trabajadores, que se han quedado sin centro de trabajo en su localidad, que deben realizar teletrabajo en toda su jornada semanal, sin consentimiento y sin acuerdo, y que en el caso de que se revierta el teletrabajo se encuentran adscritos a un centro de trabajo a 300 km. Por lo que se deduce de la grabación del juicio y de las posturas de las partes, estos hechos parecen no controvertidos, cosa distinta es la valoración jurídica que se pueda dar a los mismos. Esta tarea en absoluto corresponde a este recurso de suplicación, en el que sólo puede enjuiciarse si existe infracción o vulneración de normas procesales desde la admisión de la demanda hasta el dictado la sentencia, siendo, como ya hemos advertido, solamente alegadas infracciones relativa a la propia sentencia.

SEGUNDO.-En relación a la omisión en la sentencia de instancia de la valoración de la prueba propuesta por la parte demandada, quien alega vulneración de los artículos 97.2 LRJS y 218.2 LEC y del artículo 24.1 de la Constitución, en el recurso de suplicación se señala que no se hace siquiera mención a la prueba documental, ni testifical propuestas por esta parte, cuando presentaron hasta diecisiete documentos.

En cuanto a la testifical, dice la empresa que comparecieron a declarar Don Severiano y Don Jacinto, responsables respectivos de los trabajadores demandantes, quienes depusieron sobre cuestiones de interés, tales como su régimen de trabajo presencial o a distancia, si acudían y cuántos días a la semana al centro de trabajo del edificio "Bronce", y sobre si en dicha oficina se celebraban otros eventos de INCIBE.

Se remite el recurrente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid n.º 176/2025, de 21 de febrero, en la que se exige, so pena de nulidad de la sentencia por indefensión, que el Juez a quo se refiera a las declaraciones de los testigos, aunque sea brevemente: "A tal efecto y de acuerdo a lo señalado en el tercer párrafo, del segundo antecedente de hecho de instancia, efectivamente fueron tres los testigos que depusieron en la vista oral, a solicitud de la demandante. Sin embargo, el primer fundamento de derecho y también de instancia, solo hace referencia a la documental aportada por ambas partes, al igual que al expediente administrativo. Ni rastro del interrogatorio de los testigos; ni para bien, ni para mal.

Llegados a este punto, es evidente que el Juzgador de instancia en uso de las atribuciones que le confiere el art. 97.2, de la LRJS , no tiene porqué vincularse a lo manifestado por los mismos en el acto del juicio. Pero tampoco pueden obviarse, dándoles igual tratamiento que si no hubieran comparecido; en ese sentido nos remitimos a lo que acabamos de relacionar sobre el citado fundamento. Por breve que fuera, merecerían una mera referencia explicativa. E, insistimos, no es el caso. Por lo que también desde este punto de vista podría corroborarse la nulidad pretendida."

Insiste la parte recurrente en el deber de valorar las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica según el artículo 376 LEC : "Los tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado".

Hemos de señalar que no se ajusta a la realidad la alegación efectuada por la parte demandada en relación a la declaración de los testigos y la falta de inclusión de mención alguna los mismos en la sentencia de instancia. De hecho, tanto en los fundamentos jurídicos como en los hechos probados se hace alusión a la testifical y a su valoración:

? en el fundamento jurídico primero de la sentencia se hace referencia a que los hechos probados, resultan "... de la confrontación de las alegaciones de las partes y de la prueba documental aportada al acto del juicio, así como de la testifical de D. Severiano, trabajador de la empresa, responsable de D. Armando, y de D. Jacinto, responsable de Dña Debora. En el fundamento jurídico cuarto, que más arriba hemos reproducido, se hace referencia a que "lo que se acredita mediante la testifical es que hay una jornada de teletrabajo de 3/2 semanal y que dicha oficina se estaba utilizando para ello, por lo que la misma sigue siendo necesaria".

? en su fundamento jurídico cuarto se dice que "... lo que se acredita mediante la testifical es que hay una jornada de teletrabajo de 3/2 semanal y que dicha oficina se estaba utilizando para ello, por lo que la misma sigue siendo necesaria".

? en el hecho probado segundo se señala que "en dicho centro de trabajo llevan a cabo su actividad cuatro trabajadores, teniendo una política de teletrabajo de 3/2 desde la pandemia. - De la documental de la parte demandante y de la testifical -".

? en el hecho probado cuarto se señala que: "la empresa demandada había venido manteniendo una oficina en la que trabajaban los demandantes desde al menos el comienzo de la relación laboral de ambos, llevándose a cabo eventos en el mismo edificio, el cual es propiedad o es utilizado por la empresa RED, dicho eventos no se celebraban en la misma oficina, por ser exclusiva para el trabajo, pero dicha empresa alquilaba en esas ocasiones a la empresa demandada sus espacios para ello. - De la testifical realizada en el acto de la vista".

Por tanto, en la sentencia de instancia se hace referencia en una valoración conjunta de la testifical y el resto de las pruebas se concretan por el juez de instancia los hechos probados. De la audición de la grabación del juicio comprobamos que los dos testigos, jefes de los demandantes, efectivamente hace referencia al teletrabajo que se realizaba desde la pandemia del régimen de 3/2, de la forma de llevar a cabo los eventos por parte de la empresa. A todo ello se hace referencia la sentencia de instancia. Por tanto, no podemos decir que se haya ignorado esa prueba practicada, ni que al respecto haya un "silencio atronador", oxímoron utilizado por el recurrente.

No podemos olvidar la doctrina constitucional ( STC 44/1989, de 20 de febrero), que tiene señalado que corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales, por ser facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional, ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Y esta libertad del órgano judicial para la libre valoración de la prueba, implica, como también señala la misma doctrina que pueda realizar inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas (por todas, SSTC 175/85, de 15 de febrero; 141/2001, de 18 de junio, FJ 4; 244/2005, de 10 de octubre, FJ 5, y 136/2007, de 4 de junio, FJ 2).

TERCERO.-Continúa el recurso de la parte recurrente al amparo del artículo 193 a) LRJS: Error palmario en la valoración de la prueba. Artículos 97.2 LRJS y 218.2 LEC. Considera los siguientes errores en la valoración de la prueba:

I. dice la empresa recurrente que en los fundamentos de la sentencia consta que "no se ha acreditado que la empresa RED hubiera decidido no alquilar la oficina durante más tiempo."

Se remite el recurrente al documento n.º 3 de su ramo de prueba, que se trata de una comunicación dirigida por el Director General de INCIBE al Director General de RED.ES, en la que claramente se pone de manifiesto que RED.ES había decidido no prorrogar más el contrato de arrendamiento suscrito entre ambas partes porque necesitaba el espacio en el que se ubicaba la oficina alquilada a INCIBE.

Asimismo, se remite al documento nº 41 de su ramo de prueba suscrito por RED.ES e INCIBE, llamado "Anexo al expediente relativo al contrato de arrendamiento del espacio destinado a oficina dentro del edificio De bronce y de servicios corporativos, en cuya cláusula 3ª se acordaba la resolución del contrato de arrendamiento sobre la oficina en la que se ubicaba el centro de trabajo de INCIBE en Madrid. Cita el exponendo n.º XIII.

Efectivamente en los hechos probados no se hace alusión a estos documentos, ni su contenido, y estimamos que los mismos revisten importancia para la resolución del pleito, y por tanto, tampoco parece que hayan sido valorados en los fundamentos jurídicos para resolver la pretensión de la demanda. Si es así porque la empresa justifica su decisión en la rescisión del contrato de arrendamiento.

II. Señala la empresa que la sentencia de instancia dice también que no ha justificado que el gasto de dicha oficina fuera tal que no pudiera ser mantenido en el tiempo. Defiende el recurrente que sí se practicó prueba que demostró la necesidad de abaratar costes, máxime tratándose de una oficina infrautilizada, puesto que, al tiempo de su cierre, solo había cuatro empleados prestando allí servicio, quienes además tenían un régimen de teletrabajo de 3:2 (3 días de la semana presencial, 2 en teletrabajo). En concreto, dice que existe prueba de que:

1. INCIBE pagó en 2024 un montante total de 34.569?67 euros (2880?80 euros/mes) por el contrato de alquiler con:

a. documento 5: documento resumen del coste del contrato de arrendamiento en 2024 (34.569?67 euros),

b. bloque documental 6: facturas del arrendamiento del año 2024.

2. Que existían cuatro trabajadores en el momento del cierre de trabajo y que uno de ellos Martin había optado por extinguir su contrato por el artículo 40 ET (documentos 8,10,11, y 16).

Respecto a este último punto la sentencia hace alusión en sus hechos probados a que haya cuatro trabajadores en la empresa, el hecho de que uno de ellos optara por extinguir su contrato por el artículo 40 ET, no es relevante para la resolución del proceso.

Hemos de señalar al respecto que encontrándonos dentro de los márgenes del artículo 193 a) LRJS, no puede el recurrente pretender una nueva valoración de la prueba documental. El juzgador de instancia valoró la prueba en su conjunto y siendo que el proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo no admite recurso, no puede pretenderse por la vía del apartado a) que se considere la existencia de una infracción por no estar conforme con la valoración de la prueba.

En cuanto a los errores en la valoración de la prueba con carácter general, hay que destacar en primer lugar que en el supuesto de insuficiencia de hechos probados, es doctrina comúnmente aceptada por los tribunales entender que es al propio Tribunal que conoce del recurso a quien corresponde normalmente determinar la suficiencia o insuficiencia de los hechos probados de la sentencia recurrida, sin que como norma general las partes puedan basar los motivos de sus recursos de suplicación en esa particular alegación de nulidad de lo actuado. El cauce procesal que, para remediar esa insuficiencia, pueden utilizar las partes es la pertinente adición o revisión fáctica basada en documentos o pericias obrantes en autos por vía del artículo 193 LRJS en su apartado b).

Así lo ha proclamado con reiteración la Sala IV del Tribunal Supremo en numerosas Sentencias de las que mencionamos las de 4 y 7 noviembre 1988, 7 junio, 11 octubre y 27 diciembre 1989 y 21 mayo 1990.

Eso se aplica obviamente en las modalidades procesales en los que cabe recurso de suplicación. En el presente proceso, como ya hemos reiterado, al tratarse de la modalidad procesal de modificación sustancial de condiciones de trabajo y no sé susceptible la sentencia de recurso suplicación, no puede recurrente ampararse en el apartado a), como si realmente se tratara del apartado b).

Debe además recordarse que en nuestro sistema procesal se atribuye al Juzgador de instancia la apreciación de los elementos de convicción- concepto más amplio que el de medios de prueba- para fijar una verdad procesal que sea lo más próxima posible a la real, para lo que ha de valorar, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la LRJS; así lo ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (entre otras sentencia de 17 de diciembre de 1990). Y en la misma medida se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sentencia 81/88, de 28 de abril señalando que el Juez de lo Social incardina unos hechos en las previsiones legales, reiterando que la carga de la prueba de los hechos corresponde a las partes, mientras que al Juez corresponde la determinación de los hechos probados, decidiendo "en conciencia y mediante una valoración conjunta".

La valoración de la parte está efectuando del documento 5 y bloque documental 6, no se encuentra dentro de las infracciones procesales que se pueden realizar por la vía del apartado a) del artículo 193 LRJS.

CUARTO.-Al amparo del artículo 193 a) LRJS: conclusión jurídico-sustantiva manifiestamente ilógica. Por último, dice el recurrente que la sentencia alcanza una conclusión jurídico sustantiva que atenta contra las reglas de la lógica.

Y es que jamás puede existir en el sentido técnico-jurídico del art. 41 ET una supuesta "Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo" que se anuda a una circunstancia "no producida", cuál era la exigencia de desplazamiento a León, que es hipotética y futura, como la propia sentencia reconoce. No ha por tanto afectación de onerosidad permanente en el tiempo, sino un carácter meramente hipotético y futuro.

Ya hemos hecho referencia en los anteriores fundamentos jurídicos, que se ha hecho alusión al desplazamiento a León en la sentencia y estimamos que ello va relacionado con la voluntariedad del trabajo a distancia o teletrabajo, que requiere un acuerdo entre el trabajador y el empleador y la posibilidad según el artículo 5.3 de la ley 10/2021 de 9 de julio de trabajo instancia de reversión del trabajo de instancia al trabajo presencial. No estimamos que esas menciones se encuentren fuera de la lógica. El cierre del centro de trabajo en Madrid, la asignación de teletrabajo a jornada semanal completa a los actores y la adscripción al centro de trabajo de León no son hipótesis, son realidades, valorando el Juez de instancia las consecuencias para los trabajadores de dichos hechos decididos por la empresa.

En cualquier caso, no se puede utilizar, como ya se ha reiterado, el recurso a través del artículo 191.3 d) y 193 c) LRJS, para hacer valoraciones sobre el fondo de la sentencia.

QUINTO.-La parte recurrente ha solicitado que se anule la sentencia recurrida y se devuelva la causa a la Juez a quo para que dicte una nueva sentencia. Pide se dicte sentencia estimatoria del presente recurso, se anule la sentencia recurrida y se devuelva la causa a la Juez a quo para que dicte una nueva sentencia que:

1. Resuelva la contradicción irreductible en que incurrió cuando sostuvo, por un lado, que INCIBE "ha impuesto la obligatoriedad de los trabajadores de prestar servicios en la ciudad de León, a 300 km de Madrid", para más adelante sostener que la empresa, "de forma unilateral ha decidido variar las condiciones del contrato de los trabajadores sin justificación alguna, imponiéndoles un teletrabajo de todos los días de la semana".

2. Valore la prueba documental (documentos nº.1 a 17) y testifical (Don Severiano y Don Jacinto), propuesta, admitida y practicada a instancia de esta parte.

3. Valore racionalmente la prueba documental propuesta, admitida, y practicada a instancia de la parte recurrente, lo que habrá de suponer:

a. Que revise la afirmación "No se ha acreditado que la empresa RED hubiera decidido no alquilar la oficina durante más tiempo", a la vista de los documentos nº 2.1, 3 y 4 de nuestro ramo de prueba, en los que se acredita que RED.ES había decidido extinguir el contrato de arrendamiento de la oficina arrendada a INCIBE en el Edificio Bronce"

b. Que revise la afirmación "la empresa no ha justificado que el gasto de dicha oficina fuera tal que no pudiera ser mantenido en el tiempo", a la vista de los documentos n.º5 y 6, que demuestran que INCIBE pagó en renta anual de 2024 un montante total de 34.569?67 euros; documentos n.º 8, 10, 11 y 16, que evidencian que en la fecha en la que se produjo el cierre del centro de trabajo de Madrid (1-1-25), prestaban servicios en él solamente 4 trabajadores, de los cuales uno optó por la extinción del contrato ( Martin) y los otros tres teletrabajaban el 40% de su jornada laboral.

4. Resuelva la conclusión jurídico-sustantiva ilógica alcanzada, cuando se afirma que ha habido una modificación sustancial anudada a una circunstancia no producida, el desplazamiento de Madrid a León, y que es hipotética y futura.

Hemos de recordar que la nulidad de actuaciones es siempre un remedio de carácter extremo y excepcional al que solo debe acudirse cuando efectivamente se haya producido una vulneración de normas procesales esenciales que no sea posible subsanar por otros medios y que tal infracción haya producido indefensión a la parte que la denuncia. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha venido declarando (por ejemplo, en sentencias SSTC 70/1984, 48/1986, 89/1986, 98/1987 y 140/1996) que el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos todavía puede equipararse la indefensión con dimensión constitucional con cualquier infracción de normas procesales que los órganos judiciales puedan cometer. Para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el art. 24.2 CE se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones para que le sean reconocidas.

Por ello no existe indefensión cuando no se llega a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa ni cuando ha existido posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos, por lo que no puede equipararse con cualquier infracción o vulneración de normas procesales, sino únicamente cuando el interesado, de modo injustificado, ve cerrada la posibilidad de impetrar la protección judicial o cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado, de manera que la referida indefensión no puede ser aducida por quien no actuó en el proceso con la debida diligencia o cuando aquélla resulta imputable a su propia conducta ( SSTC 135/1986; 98/1987; 41/1989, de 16 febrero; 207/1989; 145/1990, de 1 octubre ; 6/1992 ; 289/1993).

De lo expuesto se desprende que para dar una respuesta hemos de examinar no solo la infracción que se dice cometida, sino también si se ha producido una indefensión de la parte que invoca la nulidad, entendida esta como un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, si se da una situación en la que el órgano judicial impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa privándola de su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el uso del indispensable principio de contradicción.

De esta forma, para apreciar tal vulneración y estimar la pretensión de nulidad es necesario:

a) Que se haya infringido una norma procesal;

b) Que se cite por el recurrente el precepto que establece la norma cuya infracción se denuncia;

c) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma, pidiendo la subsanación de la falta, con el fin de que no pueda estimarse consentida;

d) Que el defecto no sea invocado por la parte que lo provoca, pues sólo el perjudicado puede denunciar el defecto y

e) Que la infracción de la norma procesal haya producido indefensión (ex art. 24.1 CE) .

Resumiendo todo lo argumentado en la presente resolución, no podemos estimar la nulidad que pretende la parte actora por vía del apartado a) del artículo 193 LRJS al considerar que lo que pretende con este recurso la parte recurrente es efectuar una nueva valoración de los documentos conforme a sus intereses, no existiendo una infracción de carácter procesal que tenga cabida en dicho apartado.

Tampoco podemos considerar que la sentencia es incongruente, la parte demandante solicitó que se declarara injustificada y en ese sentido ha resuelto la sentencia de instancia, haciendo una valoración conjunta de la prueba.

En ese sentido, según una pacífica jurisprudencia: "(...) Una sentencia es congruente cuando adecua sus pronunciamientos a las peticiones de las partes y a la causa o razón de tales peticiones, llamada comúnmente fundamento histórico (que no jurídico) de la acción que se ejercita"( sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1.994).

A su vez, la doctrina constitucional tiene dicho, entre otras, en sentencia del Tribunal Constitucional 67/1.993, de 1 de marzo: "La congruencia delimita el ámbito del enjuiciamiento en función de 'las demandas y demás pretensiones', en el lenguaje de la época, 1891, mientras que en otros órdenes procesales como el contencioso-administrativo se habla de las 'pretensiones de las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición', expresión equivalente aun cuando utilice otra terminología. En definitiva, la congruencia consiste en la adecuación entre los pronunciamientos judiciales y lo que se pidió al Juez, incluida la razón de ser de esa petición. El vicio de incongruencia, como reverso de lo anterior, no es sino el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido, y en ocasiones especiales, no siempre ni necesariamente, puede llegar a menoscabar el principio procesal de contradicción, creando eventualmente situaciones de indefensión, proscritas en el artículo 24.1 de la Constitución Española . Ahora bien, tal acaecimiento se produce excepcionalmente cuando el desenfoque entre las peticiones y la decisión es tal que da como resultado una modificación sustancial del planteamiento originario del debate, pronunciándose un fallo extraño a las recíprocas pretensiones de las partes ( sentencias TC 14/1984 , 191/1987 , 144/1991 y 88/1992 )".

No es posible, por tanto, la estimación del recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada. Teniendo beneficio de justicia gratuita ex lege, no procede la imposición de costas.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,