Sentencia Social 162/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 916/2024 de 14 de febrero del 2025

PRIMERO.-En el presente recurso se impugna la sentencia de fecha 24 de mayo de 2024 del Juzgado Social nº 10 de Madrid, en la que se debatía el reconocimiento de una IPT para la profesión de personal de limpieza.

La parte actora, de profesión personal de limpieza, padece las siguientes dolencias: "Fx distal radio izquierdo (diestra, evolución tórpida/ fx consolidada en rx/ rm mayo21: sinovitis huesos carpo, signos afectación de llig intrínsecos, rotura parcial inserción volar lig escafosemilunar/ artroscopia dca: 03/10/2022: rotura lig ascafolunar y luno piramidal, lesión cartílago art radio distal/ en le para qx".

Instado expediente de IP, por resolución del INSS de fecha 10 de enero de 2023 se le deniega todo grado de incapacidad permanente; y el actor interpone demanda reclamando una IPT.

El conocimiento del asunto se atribuyó al Juzgado Social nº 10 de Madrid, que por sentencia de fecha 24 de mayo de 2024 (autos 640/23) desestimó su pretensión señalando en síntesis que las patologías que padece no le impiden desempeñar sus funciones porque el personal de limpieza no tiene una carga física excesiva, teniendo además en cuenta que no se acredita la imposibilidad de adaptar su puesto de trabajo.

SEGUNDO.-Disconforme con el sentido del fallo, la parte actora se alza en suplicación articulando su rechazo a lo resuelto en dos motivos.

El primero de ellos, al amparo de la letra b) del art. 193 de la LRJS, pretende la revisión del hecho probado 2º, que tiene el siguiente contenido:

"Incoado expediente de incapacidad permanente, emitió dictamen el UVAMI, el 19/12/2022, que recogía como dolencias: "FX DISTAL RADIO IZQUIERDO (DIESTRA). EVOLUCIÓN TÓRPIDA/ FX CONSOLIDADA EN RX/ RM MAYO21: SINOVITIS HUESOS CARPO, SIGNOS AFECTACIÓN DE LLIG INTRÍNSECOS, ROTURA PARCIAL INSERCIÓN VOLAR LIG ESCAFOSEMILUNAR/ ARTROSCOPIA DCA: 03/10/2022: ROTURA LIG ASCAFOLUNAR Y LUNO PIRAMIDAL, LESIÓN CARTÍLAGO ART RADIO DISTAL/ EN LE PARA QX" y resolvió la Dirección Provincial del I.N.S.S. en Madrid, el 10/01/2023, declarando que no se encontraba afecta a ningún grado de incapacidad."

Y propone como redacción alternativa la siguiente: "Incoado expediente de incapacidad permanente, emitió dictamen el UVAMI el 19/12/2022, que recogía como dolencias: "FX DISTAL RADIO IZQUIERDO (DIESTRA). EVOLUCIÓN TÓRPIDA/ FX CONSOLIDADA EN RX/ RM MAYO21: SINOVITIS HUESOS CARPO, SIGNOS AFECTACION DE LLIG INTRÍNSECOS, ROTURA PARCIAL INSERCIÓN VOLAR LIG ESCAFOSEMILUNAR/ ARTROSCOPIA DCA: 03/10/2022: ROTURA LIG ASCAFOLUNAR Y LUNO PIRAMIDAL, LESIÓN CARTÍLAGO ART RADIO DISTAL/ EN LE PARA QX", estableciendo como tratamiento efectuado, evolución y posibilidades terapéuticas: "artroscopia dea oct22... pendiente de nueva QX - si se consigue reducir huesos se podría reconstruir ligamentos escafolunar y lunopiramidal...aunque parece que la posición en flexión del escafoides no es reducible y posiblemente no se puedan reconstruir ligamentos ... - si no se consigue reducir / se valorará superficie articular: si el radio no está mal se haría carpectomía proximal; si el radio está mal pero la mediocarpiana bien: artrodesis radioescafolunar; si ambas están mal: artrodesis total de muñeca... Sa está en LeOx", siendo las conclusiones: "Dolor muñeca izda, limitacion flexoextensión muñeca 50%, tamb en menor grado lateralizaciones, rotura ligamento escafolunar y luno piramidal... en espera de reintervención" y resolvió la Dirección Provincial del IN.S.S. en Madrid, el 10/01/2023, declarando que no se encontraba afecta a ningún grado de incapacidad...... » (subrayado en negrilla el texto que se pretende incorporar).

Se fundamenta en los documentos obrantes en folios nºs 30 y 40 del expediente administrativo y en la pericial practicada por la actora.

El primer documento (folio nº 47 de autos) se refiere a un informe del Hospital de Fuenlabrada de fecha 25 de noviembre de 2022 en el que consta: "Paciente con dolor en muñeca izda tiene roto lig escafolunar y lunopiramidal. Limitación de movilidad en muñeca, flexión 30, extensión 10. Parece que la posición en flexión del escafoides no es reducible por lo que posiblemente no se puedan reconstruir los ligamentos. Se valorará superficie articular, si la del radio no está mal se hería carpectomía proximal, si la del radio está mal pero la mediocarpiana bien artrodesis radioescafolunar y si ambas están mal artrodesis total de muñeca."

El segundo documento (folio 52 de autos) se refiere a un informe del Hospital de Fuenlabrada de fecha 3 de octubre de 2022 en el que consta que el paciente ingresa para cirugía programada de artroscopia de muñeca izquierda, siendo intervenido el 3 de octubre de 2022, con el resultado que consta en dicho informe, y figurando en el mismo el siguiente contenido: "Se evidencia lesión condral 1 X 5 MM grado 1V en fosa semilunar de radio izdo. Trampoline -, con integridad de FCT. Desde portales mediocarpianos se evidencia signo de la mecedora + con rotura de ligamento E-L por su parte volar CRONICA y rotura completa (volar + dorsal) CRONICA de ligamento lunopiramidal."

Sin duda, conforme a doctrina jurisprudencial reiterada y unánime, no es aceptable sustituir la percepción que haga de las pruebas el Juzgador por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada sin más (13 julio 2010, recurso 17/2009; 21 octubre 2010, recurso 198/2009; 5 de junio de 2011, recurso 158/2010; 23 septiembre 2014, recurso 66/2014; y 1 de diciembre de 2015, recurso 60/15) puesto que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación.".

La revisión propuesta debe desestimarse porque de dichos documentos no se deduce claramente las limitaciones de la movilidad de muñeca que pretende la recurrente, además de que dichos informes y la pericial practicada ya fueron valorados por el juez a quo en la valoración conjunta de la prueba, no estimándose error alguno en su valoración.

SEGUNDO.-El segundo, al amparo de la letra c) del art. 193 LRJS se centra en denunciar la infracción de los artículos 193 y 194 de la LGSS y jurisprudencia interpretativa, considerando que las patologías que padece la actora la limitan para realizar las actividades propias de su profesión habitual.

Los perfiles de la incapacidad permanente vienen definidos por el artículo 193 y 194 de la LGSS.

El primero establece qué debe considerarse como "permanente": la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación.

El segundo define el tipo de vínculo que mantienen las situaciones permanentes descritas en el artículo precedente con la actividad laboral: La incapacidad

permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial.

b) Incapacidad permanente total.

c) Incapacidad permanente absoluta.

d) Gran invalidez.

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca.

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que

ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de

producirse el hecho causante de la incapacidad permanente.

Por tanto, para que se pueda atender a la petición de incapacidad permanente absoluta o total que se postula en demanda es preciso que el trabajador carezca de toda posibilidad física para realizar un trabajo o, si le resta alguna capacidad, que no tenga entidad para llevar a cabo las tareas inherentes de las actividades que se ofrecen en el mundo laboral y que implican la posibilidad de efectuar cualquier tarea, y además, la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia, durante la jornada laboral. Y es que la incapacidad permanente absoluta se define en la norma como aquella que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio y a total como aquella que afecta a la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la profesión habitual del beneficiario.

Una incapacidad parcial significaría que, manteniendo la capacidad para llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la profesión habitual, el conjunto de limitaciones supone una reducción en el rendimiento del trabajo de más de un tercio. Este porcentaje no es aleatorio, sino que tiene que responder a una concreción de aquellas actividades y tareas en las que inciden de forma negativa el cuadro secuelas del trabajador.

En interpretación de dicha normativa, la reciente STS de 11 de abril de 2024, rec 197/23, señala que:

"El recto entendimiento del artículo 198.2 LGSS conduce a determinar que los trabajos compatibles con las prestaciones de incapacidad allí determinadas (Incapacidad Permanente Absoluta -IPA- y Gran Invalidez -GI-) autorizados por dicha norma son aquellos de carácter marginal y de poca importancia que no requieran darse de alta, ni cotizar por ellos a la Seguridad Social; es decir los residuales, mínimos y limitados y ,en manera alguna, los que constituyen la propios que se venían realizando habitualmente ni cualesquiera otros que permitan la obtención regular de rentas y que, como se ha precisado, den lugar a su inclusión en un régimen de la Seguridad Social.

2.- Varias son las razones y argumentos que avalan este entendimiento y la vuelta a la interpretación primigenia de la Sala:

a) La propia interpretación literal de los preceptos que regulan la incapacidad permanente, su definición y naturaleza y el régimen de sus compatibilidades se entienden en el sentido apuntado. Así el artículo 198.2 LGSS se refiere a la compatibilidad de "aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión". A este respecto resulta palmario que la norma -al hablar de actividades compatibles (la propia dicción "actividades" y no "trabajos" contribuye a dicho entendimiento) se está refiriendo a labores o tareas marginales y limitadas y no a ocupaciones permanentes o cotidianas que por su extensión o intensidad den lugar a su inclusión en el sistema de Seguridad Social.

b) La interpretación sistemática conduce a la misma solución. Así, el vigente artículo 194 LGSS (según la Disposición Transitoria 26ª LGSS ) establece que se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio y por gran invalidez la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. Resulta difícil imaginar que, por un lado, la norma califique la IPA como situación que inhabilita por "completo" al trabajador para "toda" profesión u oficio; y que, por otra, este permitiendo la compatibilidad con actividades que, según la definición anterior no podría realizar. Sobre ello abunda el dato normativo según el que el artículo 198.1 LGSS -referido a la compatibilidad de la Incapacidad Permanente Total- hace referencia a la compatibilidad con el "salario" que pueda percibir el trabajador en funciones no coincidentes con las que provocaron la IPT; mientras que el precepto que nos ocupa no se refiere, en ningún momento al salario, sino a actividades que sean o no "lucrativas". Finalmente, el apartado 3 del artículo 198 LGSS que nos ocupa reitera, para después de la jubilación, la previsión del apartado 2 respecto de la IPA y GI antes de producirse la jubilación.

La lógica de la interpretación sistemática solo puede conducir a que la recta hermenéutica de las actividades compatibles únicamente puede referirse a tareas o funciones que no sean las correspondientes a alguna profesión u oficio, sino a labores de índole accesorio, marginal, ocasional o limitado que, siendo o no lucrativas, no den lugar a su inclusión en el sistema de Seguridad Social.

c) La finalidad genérica de todas las prestaciones que componen en cada momento el sistema de seguridad social es subvenir situaciones de necesidad de los ciudadanos o, más concretamente, de los afiliados al sistema, en tanto que la Seguridad Social es un régimen jurídico de protección social formado, entre otras ayudas o servicios, por prestaciones públicas que tratan de colocar a los ciudadanos a salvo de las situaciones de necesidad social a las que la vida les puede enfrentar. El sistema español se financia con aportaciones de empresarios y trabajadores (cotizaciones) y, también, con importantes transferencias de los presupuestos generales del Estado; esto es, con aportaciones de los impuestos de los ciudadanos. Con estos recursos, siempre limitados ante las múltiples necesidades a las que atender, el sistema -de conformidad con sus principios inspiradores y con las normas de aplicación- establece el régimen jurídico de cada prestación que incluye tanto la protección a otorgar como su régimen de compatibilidades. Tal normativa debe ser interpretada, por tanto, en función del diseño constitucional y legal del sistema y conforme a los principios de suficiencia de las prestaciones y equilibrio financiero.

d) Específicamente, las prestaciones de Incapacidad permanente tratan de sustituir la sobrevenida carencia de rentas del trabajo debida a la pérdida de ingresos derivada de la imposibilidad de trabajar que se produce como consecuencia de la situación incapacitante sufrida por el trabajador. Ello implica que, si no existe esa pérdida de rentas del trabajo porque la situación incapacitante no implica la imposibilidad de obtener las mismas, la prestación no nace porque no concurre situación de necesidad específica que precise de protección y del esfuerzo social del resto de ciudadanos para la acumulación de ingresos que permitan atender dicha situación de necesidad. Este razonamiento es el que llevó a la Sala (en sus SSTS 356/2017 de 26 abril, Rcud. 3050/2015 y 792/2020 de 23 septiembre, Rcud. 2800/2018 ; entre otras) a señalar que el régimen ordinario en la dinámica del derecho a prestaciones de Incapacidad permanente -por definición- tiene por principio básico la absoluta incompatibilidad entre la prestación a ella debida y el desempeño de la misma actividad para la que se proclama la incapacidad, pues no hay que olvidar que la pensión de Incapacidad Permanente se satisface precisamente para compensar la pérdida de ingresos provenientes del desempeño de la actividad profesional del trabajador, por lo que -sostiene la doctrina autorizada- "entre éste y aquélla existe una incompatibilidad esencial". Y en tales términos se ha manifestado esta Sala, al afirmar que "la pensión de invalidez permanente total tiene por finalidad, de modo análogo a lo que sucede en otras pensiones de invalidez o incapacidad y en los subsidios periódicos por incapacidad o imposibilidad de trabajo, la de suplir el defecto de rentas de trabajo que genera en un asegurado la pérdida definitiva del empleo que desempeñaba La pensión de invalidez tiene, por tanto, una función de sustitución de las rentas salariales que ya no se pueden obtener en el ejercicio de la actividad laboral.

e) Desde otra perspectiva, admitir la compatibilidad en los términos en los que lo hacía nuestra anterior jurisprudencia -que aquí expresamente rectificamos- implicaba, en muchas ocasiones ligadas a la prestación de un trabajo por cuenta ajena, la ocupación de un empleo que podría haber sido ocupado por un trabajador desempleado que percibía prestación pública de desempleo y que sí resultaba -y resulta- incompatible con ese nuevo empleo. De esta forma, aplicando el entendimiento anterior del sistema de compatibilidades resultaba que el beneficiario seguía percibiendo rentas del trabajo, mientras que la seguridad social abonaba dos prestaciones: una de incapacidad al propio beneficiario; y otra, de desempleo, al trabajador que no percibía rentas de trabajo por carecer de empleo y que podría haber accedido a las rentas de trabajo derivadas del empleo que ocupaba el beneficiario de la prestación de incapacidad. Ello resulta contrario a la lógica y a la sostenibilidad del sistema de prestaciones públicas de protección social; y, también, al principio de solidaridad que impregna e informa la concepción constitucional y legal de la Seguridad Social, en la medida en que una misma persona -imposibilitada normativamente para el ejercicio de toda profesión u oficio- compatibiliza una pensión pública con rentas derivadas del trabajo que desarrolla.

f) Si en las actuales circunstancias sociales, las nuevas tecnologías informáticas y el uso de la denominada inteligencia artificial pueden permitir a personas con serias dificultades somáticas la realización de trabajos con la ayuda de tales instrumentos, la solución al problema que se plantea no debe ser la compatibilidad de las rentas del trabajo con la prestación pública que compense la incapacidad; sino, al contrario, la revisión del sistema de incapacidades en general y, específicamente, la del beneficiario afectado en orden a potenciar sus capacidades y la consecución de rentas dignas derivadas de su esfuerzo y trabajo al margen de la pensión pública cuya finalidad era sustituir las rentas que no existían.

g) Por último, el sistema de protección social en general y las políticas de asistencia social, en particular, poseen y deben arbitrar nuevos mecanismos tendentes a la reinserción socio laboral de las personas con discapacidades para el trabajo, a través de programas y actividades destinadas al incremento de sus capacidades laborales, sin necesidad de sustituirlas con aportaciones prestacionales que resultan incompatibles con aquellos trabajos, incluidos en el ámbito de la seguridad social que permiten la obtención regular de rentas derivadas del trabajo."

La recurrente considera que las pluripatologías que padece le impiden realizar su profesión habitual con un mínimo de capacidad y eficacia, además de que la adaptación del puesto de trabajo es una obligación que tiene el empresario posterior al reconocimiento de una IP, sin que sea previa a dicha declaración.

Respecto a su cuadro residual, la sentencia considera que las lesiones que padece la actora, relativas a la muñeca izquierda, no le impiden realizar su profesión u oficio de personal de limpieza, teniendo en cuenta que "no tiene una carga física excesiva- en comparación con otras actividades- y atendiendo a la evolución de la técnica, uso sistemático de herramientas de apoyo y de automatismos".

En cuanto a la adaptación de la actividad el Magistrado considera que: "no se ha acreditado la imposibilidad de adaptación mínima de una actividad, tal como existe la normativa comunitaria según se ha señalado, -por ejemplo, medidas de horarios, pausas, medidas de relajación o entre otras, variación de actividades que fueran objetivamente de imposible o muy costosa implementación, uso de nuevas tecnologías, etc---"

El motivo debe rechazarse porque el juez "a quo" ha efectuado una valoración conjunta de la prueba practicada, incluida la pericial de parte, concluyendo que las patologías que padece, y en concreto la limitación de movilidad de la muñeca izquierda, no le impide realizar las actividades propias de su profesión habitual de personal de limpieza.

Por otra parte, el Magistrado no hace referencia a una adaptación del "puesto de trabajo", tal como alega la recurrente, sino de "la actividad" propiamente dicha, considerando que no ha acreditado las posibilidades reales de adaptación; lo cual es conforme con la doctrina jurisprudencial expuesta, por lo que el motivo debe rechazarse, confirmando la sentencia recurrida en todo su contenido.

TERCERO.-No ha lugar a la imposición de costas (art. 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción).

Vistos los preceptos citados,