Sentencia Social 145/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 813/2024 de 14 de febrero del 2025

PRIMERO.-Frente a sentencia del Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid de seis de febrero de 2024, dictada en sus autos nº 219/2023, que ha desestimado la demanda rectora del proceso en curso, en la que se solicitaba la declaración de nulidad de la Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Servicio Público de Empleo Estatal de 28-10-2022, por ser correcta, en su opinión, la percepción de la prestación de desempleo, debiendo así revocarse la extinción acordada por la entidad gestora, se interpone recurso de suplicación por la actora.

En el primer motivo, en su primer apartado, por el cauce del apartado b) del artículo 193 LRJS, solicita la revisión del hecho probado segundo, que reza así:

"La demandante, que tiene reconocido un Grado de Discapacidad del 65 por 100, por Resolución del E.V.O. de 19 de agosto de 2016, sin que conste necesidad de asistencia de tercera persona, salió de España el 5 de julio de 2021 con destino a Marruecos, permaneciendo allí hasta su regreso el 28 de septiembre de 2021, no efectuando comunicación previa al SEPE ni tampoco con posterioridad al viaje.

(Del expediente administrativo y pasaporte)".

Propone esta redacción alternativa:

"La demandante, que tiene reconocido un Grado de Discapacidad del 65 por 100, por Resolución del E.V.O. de 19 de agosto de 2016, en fecha indeterminada, salió de España, por necesidad de estar acompañada de su madre con la que convive, no efectuando comunicación previa al SEPE, ni tampoco con posterioridad al viaje".

Sustenta la revisión en los documentos nº 1 y 2 de su ramo de prueba consistentes en certificado de minusvalía y certificado de empadronamiento familiar.

No es admisible por las razones que pasamos a exponer:

A).- De dichos documentos no se advierte de modo fiel, indubitado y fehaciente el texto que se nos propone, y, por consiguiente, el error in facto que se achaca a la sentencia.

A este respecto, y en palabras de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2017, recurso: 107/2017:

" No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, rec. 166/2011 , con cita de otras muchas)"; doctrina que figura en múltiplessentencia como las de 1 de diciembre de 2015, recurso 60/15, y las que en ella se citan de 13 julio 2010, recurso 17/2009; 21 octubre 2010, recurso 198/2009; 5 de junio de 2011, recurso 158/2010 y 23 septiembre 2014, recurso 66/2014".

B).- Olvida así la recurrente que, según jurisprudencia reiterada que cita y aplica la sentencia de 17 de febrero de 2022 (Rec. 289/2021), de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dado que la valoración de los medios de prueba corresponde al órgano judicial y no a los litigantes, la revisión fáctica no puede encontrar sustento en el mismo documento en que se basó el juez "a quo" para sentar sus conclusiones, al no resultar admisible la sustitución de su criterio objetivo por el subjetivo de las partes. El órgano de casación admite una excepción a la regla general cuando el órgano jurisdiccional de instancia incurre en un error palmario en la apreciación de un determinado documento, pero tal excepción no opera en el supuesto de autos, dado que el magistrado justificó su decisión de negar eficacia a los documentos en cuestión en el fundamentos de derecho segundo: " (...) no consta que la demandante tenga necesidad de ayuda de tercera persona para las actividades de la vida diaria, extremo que debería haber estado indicado en la Resolución Administrativa que reconoce el grado de discapacidad conforme al Anexo 2 del RD 1971/1999. Es más, no se determina cuáles son las concretas deficiencias o limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales de la actora justifican el grado de discapacidad reconocido. Que tal hecho no obsta a la obligación de comunicar con carácter previo, o en caso de imposibilidad por urgencia, al regreso la salida al extranjero".

En el primer motivo, en su segundo apartado, interesa la modificación del hecho probado tercero, que reza así:

"Iniciado expediente de revocación de prestaciones y devolución de prestación indebidas, con fecha 30 de agosto de 2022, se dicta Resolución por la Dirección Provincial del SEPE finalizó el mismo, determinando la extinción de prestaciones con efectos 2 de agosto de 2017, así como la devolución de prestaciones indebidas percibidas desde 5 de julio de 2021, con una cuantía de 3.019,08.-€. En dicha Resolución se fija como fecha de salida el 5-7-2021 y como fecha de entrada a España el 28-9-2021.(Del expediente administrativo)"

Propone esta otra redacción:

"Iniciado expediente de revocación de prestaciones y devolución de prestación indebidas, con fecha 30 de agosto de 2022, se le comunica Salida al extranjero no comunicada, del 05/07/2022 al 28/09/2022, percibiendo prestación, una vez realizado el trámite de alegaciones se dicta Resolución de fecha 30 de Octubre de 2022, donde se indica la salida al extranjero de fecha 5 de julio de 2021, a 28 de Septiembre de 2021, determinando la extinción de prestaciones con efectos 2 de agosto de 2017, así como la devolución de prestaciones indebidas percibidas desde 5 de julio de 2021 con una cuantía de 3.019,08.-€".

Aceptamos la revisión, y no tanto por su trascendencia, como por tener refrendo fiel, indubitado y fehaciente en los folios del expediente que indica.

SEGUNDO.-En el segundo motivo, ya en sede del Derecho aplicado, por la vía del apartado c) del artículo 193 LRJS, denuncia, por una parte, infracción del artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por considerar que "las distintas comunicaciones administrativas o resoluciones, se deben redactar con claridad y no ser diferentes entre sí, porque si ya el lenguaje no es inclusivo, si además contienen errores, pueden generar más confusión de la necesaria, sobre todo, si nos encontramos con una persona discapacitada grave con un grado de 65%, por lo que no sirve que se redacten de forma genérica, en aplicación de esta ley, si no teniendo en cuenta las características especiales del destinatario, para garantizarle la igualdad de oportunidades y la no discriminación."

De otra parte denuncia infracción del artículo 279 de la LGSS defendiendo que, para operar la sanción administrativa de extinción de la prestación por desempleo, la exigencia de comunicación y previa autorización deben ser posibles. Y esto, en su opinión, no ocurre en el presente caso, en el que nos encontramos con una persona discapacitada que no puede quedarse sola, y que se ve obligada a irse con su madre con quien convive. Pues si la demandante tiene dificultades para realizar sus tareas diarias, y sus autocuidados, por su discapacidad, que se encuadra en el Grado 4, no le puede ser exigible el cumplimiento de unas obligaciones administrativas tan específicas, si no se ha asegurado por la entidad gestora de que las haya entendido de manera eficaz.

El tema sometido a la consideración de la Sala debe ser resuelto en sentido desfavorable a la recurrente, ya que la resolución recurrida no ha incurrido en ninguno de los defectos de los que se le acusa.

Para ello nos basamos en los argumentos que pasamos a desglosar:

En primer lugar, la recurrente hace supuesto de hecho de la cuestión incurriendo en una petición de principio, ya que para el magistrado autor de la sentencia recurrida no ha quedado acreditado que la demandante tenga necesidad de ayuda de tercera persona para las actividades de la vida diaria, extremo que debería haber estado indicado en la Resolución Administrativa que reconoce el grado de discapacidad conforme al Anexo 2 del RD 1971/1999. Sin que en dicha resolución se determinen cuáles son las concretas deficiencias o limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales de la actora que justifiquen el grado de discapacidad reconocido. Por consiguiente, falta la premisa base en la que sustentar el reproche jurídico que articula, esto es, que la persona discapacitada no podía quedarse sola y que por ello se vio obligada a irse con su madre a Marruecos, con quien convive. Consciente de ello, la parte recurrente se limita a hacer supuesto de la cuestión, para lo que parte de datos fácticos carentes de reflejo en la versión judicial de los hechos y, por tanto, de conclusiones que no se deducen de ella, intentando, así, sentar conclusiones jurídicas dispares de las alcanzadas por el Juez a quo, lo que no podemos asumir.

En segundo lugar, el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1/2013 se refiere a determinadas medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas discapacitadas, siendo la resolución de la entidad gestora por la que se acuerda la extinción de la prestación y el reintegro de prestaciones indebidas meridianamente clara: la salida del territorio nacional sin haberlo puesto en conocimiento y contar con la autorización del SEPE, por lo que, para haberse infringido la normativa denunciada, se tendría que haber acreditado por la parte actora que por el tipo de discapacidad que padece no podía quedarse sola y por ello vino obligada a acompañar a su madre. La propia parte actora en sus alegaciones (folio 28 vuelto de autos) lo dice claramente: "que no tenía la menor idea de que tenía que hacerlo",en referencia a comunicar a la entidad gestora su viaje a Marruecos.

TERCERO.-En el tercer y cuarto motivo denuncia infracción del artículo 53, apartado 2, a) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado, y a su juicio, el procedimiento nace viciado por falta de claridad y precisión en la fijación de los hechos imputados.

El reproche carece de fundamento atendiendo a la siguiente argumentación:

A).- Lo que establece el precepto denunciado como infringido es que el administrado tiene derecho a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia; y tal como se deduce del expediente lo que se le imputa, y ha quedado debidamente probado (hecho probado segundo), es haberse ausentado del territorio nacional sin ponerlo en conocimiento desde el 5 de julio al 28 de septiembre de 2021.

B).- Conviene dejar constancia del marco normativo aplicable en la doble dimensión prestacional y sancionadora que es preciso considerar.

En cuanto a la primera vertiente, el art. 272.2 f) de la Ley General de la Seguridad Social dispone que el traslado de residencia o estancia en el extranjero constituye causa de extinción de la prestación de desempleo, salvo en los casos que determine su suspensión, recogidos en las letras f) y g) del apartado 1 del art. 271 de ese mismo Texto legal.

La letra g) del art. 271.1, que es la que aquí interesa, hace referencia a "los supuestos de estancia en el extranjero por un período, continuado o no, de hasta noventa días naturales como máximo durante cada año natural, siempre que la salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora".

Por su parte, el párrafo final del art. 271.1 establece que "no tendrá consideración de estancia ni de traslado de residencia la salida al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales por una sola vez cada año, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 299".

Por consiguiente, la permanencia fuera de España que no rebase ese umbral no comporta la extinción ni la suspensión de la prestación por desempleo ni exige la notificación previa al SEPE. Así lo entiende la propia entidad gestora que en la página https://www.sepe.es ? estoy-cobrando-el-paro-y?me-traslado al extranjero, no la requiere cuando se trata de viajes al extranjero de una duración tan breve y se limita a indicar que "es conveniente que comunique al Servicio Público de Empleo Estatal la salida antes de producirse".

Finalmente, el art. 299.1 h) de la citada Ley General incluye entre las obligaciones de los trabajadores, la de "solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el momento de la producción de dichas situaciones".

De la regulación sustantiva expuesta se desprende que, en el caso de estancias en el extranjero por un período, continuado o no, superior a 15 días naturales y de hasta 90 días naturales como máximo, dentro de cada año natural, para que se produzca la suspensión de la prestación, es precisa la previa notificación al SEPE de la salida el territorio estatal y la autorización de este Organismo.

Desde la perspectiva sancionadora, que resulta de obligada ponderación, con las consecuencias que conlleva, comprendida la aplicación de los principios rectores del Derecho administrativo sancionador, la falta de comunicación de la salida al extranjero superior a 15 días, salvo que medie causa justificada, encuentra encaje en la infracción grave contemplada en el art. 25.3 de la LISOS - no comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones determinantes de la suspensión o extinción del derecho- que el art. 47.1.b de esa misma norma sanciona con la extinción de la prestación, sin perjuicio del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, como previene el apartado 3 de ese mismo precepto.

En tal sentido se ha pronunciado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencias de 28 de enero, 18 de junio y 16 de septiembre de 2020 ( Rec. 1922/2017, 494/2018 y 2678/2018) y 19 de enero de 2024 (Rec. 1026/2021). En esta última afirmó que "el art. 25.3 de la LISOS exige que no se haya comunicado la situación por la que la prestación pasa a estar suspendida, y en el momento en el que se produce. Esto es, si el beneficiario va a estar fuera del país más de quince días para que se mantenga como causa de suspensión, debe notificarlo y pedir autorización a la entidad gestora, de forma que, si tal proceder no se produce, ya se está ante el tipo sancionado. Ciertamente, el art. 25.3 no está tipificando la falta de autorización, pero si la falta de comunicación a la entidad gestora de que se incurre en causa de suspensión porque se va a estar más de quince días fuera del extranjero y precisa de su autorización y, en consecuencia, para que ella tenga conocimiento de la causa que provoca la suspensión de la prestación".

Por su parte, el Tribunal Constitucional, atendiendo a esa dimensión sancionadora, mediante auto 171/2020, de 15 de diciembre, inadmitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sección 3ª de esta Sala en relación con el art 47.1.b de la LISOS, conociendo de un litigio en el que la beneficiaria de la prestación por desempleo fue sancionada con su extinción por no haber comunicado al SPEE la salida al extranjero en el período superior a 15 días, incurriendo en la infracción prevista en el art. 25.3 de la LISOS. En lo que ahora importa, la Corte de Garantías razonó que la sanción de pérdida de la prestación no vulnera el principio de proporcionalidad, pues: 1º) no puede considerarse carente de justificación que se sancione con la pérdida de una prestación si no se cumplen los deberes que la ley impone para tener derecho a su percepción; 2º) la sanción no incurre en un patente exceso o derroche inútil de coacción, encontrando acomodo dentro del amplio margen de libertad que corresponde al legislador; 3º) no afecta al contenido de otros derechos o bienes constitucionales.

Antes de la entrada en vigor del RDL 11/2013, de 2 de agosto, el TS había sostenido una doctrina contraria a entender que en casos de ausencias de España por un periodo inferior a 90 días pudiera darse la extinción de la prestación por desempleo, y así en tales términos pueden verse, entre otras, las SSTS/IV 18- octubre-2012 (rcud. 4325/2011 ), 23-octubre-2012 (rcud. 3229/2011 ), 24-octubre-2012 (rcud. 4478/2011 ), 30-octubre-2012 (rcud. 4373/2011 ), 17-junio-2013 (rcud. 1234/2012 ), 17- septiembre-2013 (rcud. 2646/2012 ), 22-octubre-2013 (rcud. 3200/2012 ), 23- octubre-2013 (rcud. 84/2013 ), 4-noviembre-2013 (rcud. 3258/2012 ), 13-noviembre-2013 (rcud. 1691/2012 ), 10-marzo-2014 (rcud. 1432/2013 ), 27-marzo-2014 (rcud. 3079/2012 ), 8-abril-2014 (rcud. 2675/2012 ), 2 junio 2014 (rec. 2114/2013 ), 3-junio-2014 (rcud. 1518/2013 ), 22 septiembre 2014 (rcud. 2834/2013 ); 25 noviembre 2014 (rec. 1969/2013 ) distinguiendo entre:

a) una prestación " mantenida" en los supuestos de salida al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales al año, por una sola vez, siempre que el desplazamiento se haya comunicado a la Administración española en tiempo oportuno;

b) una prestación "extinguida" en los supuestos de prolongación del desplazamiento al extranjero que comporte "traslado de residencia", es decir por más de los noventa días que determinan en la legislación de extranjería el paso de la estancia a la residencia temporal;

c) una prestación " suspendida" en el supuesto particular del artículo 6.3 del RD 625/1985 [redacción RD 200/2006] de "búsqueda o realización de trabajo" o "perfeccionamiento profesional" en el extranjero por tiempo inferior a "doce meses";

d) una prestación " suspendida", en todos los demás supuestos en que se haya producido el desplazamiento al extranjero por tiempo inferior a noventa días, con la consiguiente ausencia del mercado de trabajo español del beneficiario de la prestación de desempleo.

Sin embargo, el caso aquí enjuiciado es posterior a la entrada en vigor del RDL 11/2013 que introdujo en el art. 212 un nuevo apartado g) conforme al cual es causa de suspensión del derecho "la estancia en el extranjero por un período, continuado o no, de hasta 90 días como máximo durante cada año natural, siempre que la salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora" y también modificó el apartado g) del art. 213 LGSS con arreglo al cual es causa de extinción el " Traslado de residencia o estancia en el extranjero, salvo en los supuestos que sean causa de suspensión recogidos en las letras f) y g) del art. 212.1".

Es por ello que si bien es cierto la demandante estuvo fuera de España un tiempo que no rebasó los 90 días no lo es menos no comunicó esa ausencia al SEPE, dándose, en aplicación de la normativa de referencia, una causa de extinción y no de suspensión de la prestación [ art. 231.1.e) LGSS y 25.3 LISOS].

En definitiva:

1º) El tiempo de permanencia fuera de España fue superior a 15 días naturales, por lo que esa vicisitud tenía trascendencia en el mantenimiento del derecho a la prestación, al ser motivo, en su caso, de suspensión.

2º) La beneficiaria omitió la obligación de poner en conocimiento del SEPE su viaje y estancia en el extranjero, tanto antes de desplazarse como durante su permanencia en Marruecos, lo que pudo hacer por alguno de los medios disponibles. Tampoco lo hizo tras su regreso a España.

3º) Atendiendo a la doctrina constitucional anteriormente mencionada, para la aplicación de la sanción enjuiciada carecen de relevancia el número de días de permanencia en el extranjero que excedieron de tope legal de 15 días naturales.

4º) La actora no ha acreditado la realidad de la causa que invoca a efectos de justificar la falta de notificación previa al SEPE.

Cuanto se deja razonado permite concluir que al confirmar la resolución administrativa combatida en el proceso, la sentencia de instancia no cometió las infracciones sustantivas que se le imputan. Procede, por tanto, su ratificación, sin que haya lugar a pronunciamiento en materia de costas al gozar la demandante del beneficio legal de justicia gratuita y no mediar temeridad o mala fe en su actuación procesal (art. 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,