Sentencia Social 376/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 1086/2025 de 17 de abril del 2026

PRIMERO.-En el presente recurso se impugna la sentencia de fecha 12 de junio de 2025 del Juzgado Social nº 9 de Madrid, en la que se debatía el derecho de la actora a que se le declare afecta a una IPA, teniendo reconocida una IPT.

La actora, nacida el NUM002-73, tiene como profesión habitual la de dependiente de comercio

La actora tenía reconocida una IPT por enfermedad profesional para la profesión de Técnico especialista en RX con efectos desde el 01-10-2003 y Base reguladora mensual de 1.152,19 euros (pensión inicial de 633,70 euros) por: Anafilaxia por sensibilización al látex.: asma y urticaria profesional.

En el año 2020 se inicia expediente de IP y por resolución del INSS de 25-11-20 se le reconoció una IPT por contingencias comunes para la profesión de dependienta de comercio, con fecha de efectos desde 29-9-20 y Base Reguladora de 1.126,25 euros (pensión inicial de 619,44 euros); pero como percibía otra pensión de IPT de mayor cuantía, se le reconoció sin efectos económicos.

Iniciado expediente de revisión de grado, por resolución del INSS de fecha 9-10-23 se acuerda mantener el grado de IPT por contingencias comunes para la profesión de dependienta de comercio.

La actora tiene actualmente las siguientes patologías: Anafilaxia por sensibilización al látex: asma y urticaria profesional ;en rodilla dcha de artrosis avanzada + rotura meniscal degenerativa; gonalgia derecha mecánica con limitación de la flexión a 100º y rodilla ízqda con molestias en cara anterior con la flexión forzada, con dolor mecánico; tendinitis hombro derecho; dolor crónico generalizado; fibromialgia y Síndrome de ansiedad generalizada, crisis de pánico con agorafobia, dolor de hombro bilateral, psoriasis, fascitis plantar y crisis asmáticas.

Las limitaciones que padece son: además de los dolores y limitaciones antes descritos, astenia, fatiga, inestabilidad, dificultad para mantener atención y concentración; y deambula con apoyo en bastón por la inestabilidad.

Impugna dicha resolución solicitando que se le declare afecta a una IPA, sin postular en la demanda una Base reguladora concreta.

El conocimiento del asunto se atribuyó al Juzgado Social nº 9 de Madrid, que por sentencia de fecha 12 de junio de 2025 (autos 909/2024) estimó su pretensión, declarando que la actora se halla afecta a una IPA con una Base reguladora mensual de 681,99 euros y efectos desde 10-10-23.

SEGUNDO.-Disconforme con el sentido del fallo, la parte actora se alza en suplicación articulando su rechazo a lo resuelto en dos motivos.

El primero de ellos, al amparo de la letra b) del art. 193 de la LRJS, pretende la revisión del hecho probado OCTAVO, que tiene el siguiente contenido:

"OCTAVO.- Para el caso de prosperar la demanda la base reguladora sería de 681,99 euros y fecha de efectos económicos de 10 de octubre de 2023. (hecho no controvertido)".

Y pretende sustituirlo por el siguiente texto:

" OCTAVO.- Para el caso de prosperar la demanda la base reguladora sería de 1126,25 eurosy fecha de efectos económicos de 10 de octubre de 2023."

Se apoya en los documentos obrantes en folios nºs 84 ,92 y 18 del expediente administrativo.

No cabe duda de que cuando la Base Reguladora de la prestación es controvertida, constituye una cuestión jurídica que no puede revisarse por la vía de la letra b) del art. 193 LRJS, y lo que ha de consignarse en los hechos probados son las bases de cotización y los periodos a los que corresponden cuando sean las que hayan de tomarse para calcular la misma, defiriendo a los fundamentos de Derecho las cuestiones relativas a la aplicación de la norma que regula la forma de cálculo de la correspondiente base reguladora.

Por tanto, el motivo no puede estimarse, si bien debe tenerse en cuenta que el citado hecho no constituye un hecho probado, sino un concepto jurídico que se entiende controvertido entre las partes, por lo que será objeto de examen y resolución posteriormente, en sede de revisión de la fundamentación jurídica.

TERCERO.-El segundo motivo, al amparo de la letra c) del art. 193 LRJS se centra en denunciar la infracción del artículo 200 LGSS, al entender que la revisión de grado no puede producir una minoración de la Base Reguladora anteriormente reconocida, debiéndose reconoce la Base Reguladora de 1.126.25 euros, porcentaje del 100% y fecha de efectos económicos del 10 de octubre de 2023.

En materia de revisión de grado de IP, el art. 200 LGSS establece:

"1. Corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos que reglamentariamente se establezcan y en todas las fases del procedimiento, declarar la situación de incapacidad permanente, a los efectos de reconocimiento de las prestaciones económicas a que se refiere este capítulo.

2. Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional, en tanto que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 205.1.a), para acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión.

No obstante lo anterior, si el pensionista de incapacidad permanente estuviera ejerciendo cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, de oficio o a instancia del propio interesado, promover la revisión, con independencia de que haya o no transcurrido el plazo señalado en la resolución.

Las revisiones fundadas en error de diagnóstico podrán llevarse a cabo en cualquier momento, en tanto el interesado no haya cumplido la edad a que se refiere el primer párrafo de este apartado.

3. Las disposiciones que desarrollen la presente ley regularán el procedimiento de revisión y la modificación y transformación de las prestaciones económicas que se hubiesen reconocido al trabajador, así como los derechos y obligaciones que a consecuencia de dichos cambios correspondan a las entidades gestoras o colaboradoras y servicios comunes que tengan a su cargo tales prestaciones.

Cuando, como consecuencia de revisiones por mejoría del estado incapacitante profesional proceda reintegrar, parcialmente o en su totalidad, la parte no consumida de los capitales coste constituidos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por las empresas que hubieran sido declaradas responsables de su ingreso, este último no tendrá la consideración de ingreso indebido, a los efectos previstos en el artículo 26, apartados 1, 2, 3 y 5 de esta ley, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria .

4. Las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y siete años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación. La nueva denominación no implicará modificación alguna, respecto de las condiciones de la prestación que se viniese percibiendo."

En interpretación de dicha normativa, la STS de 12 de junio de 2000, rec 898/1999 ,señala en relación a la Base Reguladora en un proceso de revisión de grado:

"1).- La pensión de incapacidad permanente absoluta reconocida al actor, como consecuencia de la revisión de su grado de invalidez, es una sola prestación de la Seguridad Social, y por ello la base reguladora de la misma ha de ser también única.Por ende, no es acertada, la solución que a este respecto adopta la sentencia recurrida, pues toma en consideración dos bases reguladoras diferentes, a saber: una primera, cuya cuantía es la misma que la de la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente total que percibía el actor antes de la revisión de autos, a la que aplica también un módulo porcentual del 55%; y una segunda base reguladora de cuantía inferior a la que se acaba de citar, sobre la que se aplica el porcentaje del 45%, que falta o resta hasta el 100% correspondiente a la pensión de incapacidad permanente absoluta.

Pero, como se acaba de precisar, no es admisible efectuar el cálculo del importe de una sola prestación de la Seguridad Social, computando dos bases reguladoras distintas.

2).- El hecho de que, en este caso, la invalidez permanente total originaria se derivase de enfermedad profesional, y en cambio la incapacidad absoluta se haya entendido causada por enfermedad común, no altera en forma algunalo que se acaba de expresar. A este respecto se recuerda que la sentencia de esta Sala de 6 de mayo de 1994 declaró: "el objeto de este proceso es una pretensión procesal única, consistente en que se reconozca la situación de invalidez permanente total por quien la tenía concedida en grado de incapacidad parcial derivada de accidente de trabajo y la acción que se ejercita no se puede escindir en dos distintas a consecuencia de que el reconocimiento del nuevo grado pueda tener su origen en contingencia común o profesional, o en ambos conjuntamente, pues el estado de salud del demandante que menoscaba su capacidad para el trabajo es una situación unitaria que ha de ser valorada globalmente".

Por consiguiente, aunque la incapacidad permanente resultante de la revisión se declare que está causada por una contingencia distinta de aquélla por la que se otorgó la invalidez de grado inferior primeramente reconocida, no cabe duda que la prestación que corresponde abonar a consecuencia de tal revisión, es una pensión única (lo cual también lo mantiene y confirma la sentencia de este Tribunal de 20 de diciembre de 1993 ); y una sola pensión no puede ser calculada sobre dos bases reguladoras diferentes.

3).- Ahora bien, el problema esencial que se ha de resolver en el presente recurso es el de esclarecer cual es el importe de la única base reguladora de la pensión de incapacidad permanente absoluta que se ha reconocido al actor en virtud de la revisión de autos.

Sin duda, en los casos de revisión del grado de incapacidad permanente, en los que no varía ni cambia el riesgo causante de la incapacidad, es decir, cuando tanto la invalidez permanente total anterior a la revisión, como la invalidez absoluta reconocida a consecuencia de esa revisión, tienen un mismo origen, bien sea enfermedad común, bien accidente laboral, bien cualquier otro riesgo análogo, no suelen plantearse problemas en relación con la fijación de la cuantía de la base reguladora, pues ésta no suele experimentar modificación alguna.

Sin embargo, a pesar de lo que se acaba de indicar, cuando el trabajador inicialmente declarado en situación de incapacidad permanente total, consigue luego un nuevo trabajo,y después de ese nuevo período de actividad laboral, por presentársele dolencias o lesiones generadoras de una incapacidad permanente absoluta, solicita ante el INSS la revisión del grado de invalidez inicialmente reconocido, obteniendo una resolución estimatoria de esta solicitud, es casi seguro que la cuantía de la base reguladora de la nueva pensión será más elevada que la anterior,dado que lógicamente se habrán de tener en cuenta las cotizaciones o las retribuciones del nuevo período de actividad laboral desarrollado por el interesado.

También puede producirse el incremento de la base reguladora en los casos de revisión en que, aunque el operario no haya trabajado después de haber sido declarado afecto de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común, en razón de tal revisión se le concede una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional (o de accidente laboral, aunque ésto es sumamente difícil si no realizó actividad laboral alguna después del primer reconocimiento), habida cuenta que lo normal es que la base reguladora correspondiente a prestaciones derivadas de riesgos profesionales sea más alta que las derivadas de riesgos comunes.

Estas aseveraciones ponen en evidencia que en el problema que estamos analizando no es posible establecer una regla única, ni aplicar una solución unitaria válida para todos los supuestos; al contrario, para llegar a una solución correcta en cada caso, es necesario tener en cuenta las circunstancias y particularidades que en él concurren.

4).- En el supuesto de autos, como se ha explicado, se trata de un trabajador que en junio de 1992 fue declarado afecto de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional, y que más tarde, sin que en el relato histórico de la sentencia recurrida aparezca que hubiese trabajado después de esa primera declaración de invalidez permanente, en agosto de 1996 solicitó la revisión del grado de su incapacidad, solicitud que fue rechazada por el INSS, pero que ha sido estimada por la sentencia del Juzgado de Málaga nº 4 de 18 de noviembre de 1997 , recaída en la instancia en este proceso, en la que se le ha reconocido estar aquejado de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común.

En estos casos, en que la incapacidad permanente total inicial se deriva de un riesgo profesional (enfermedad profesional o accidente de trabajo), y en cambio la incapacidad absoluta reconocida en la revisión se declara que es debida a enfermedad común,es claro que, si a cada una de estas situaciones se aplica la base reguladora que legalmente corresponde a la causa que se reconoce como generadora del grado de invalidez, resultaría que la base reguladora de la incapacidad absoluta sería inferior a la correspondiente a la prestación de invalidez permanente total. Sin embargo, la Sala considera que, en tales casos, debe mantenerse, después de efectuada la revisión, el montante o importe de la base reguladora que se aplicó a la pensión de incapacidad permanente total primeramente reconocida. Basamos esta decisión en las siguientes razones:

a).- Nada resuelven sobre esta concreta cuestión las normas legales que tratan de la revisión del grado de incapacidad. Ni el art. 143, números 2 y 3, de la Ley General de la Seguridad Social , ni el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, ni los arts. 17 , 18 y 19 de la Orden Ministerial de 18 de enero de 1996 abordan esta específica cuestión.

Es cierto que el número 3 del citado art. 143 admite la posibilidad de que se produzcan modificaciones y transformaciones en "las prestaciones económicas que se hubiesen reconocido al trabajador". Pero en él no se precisa que tales modificaciones puedan alcanzar a la base reguladora de la prestación; por otra parte, es obvio que no en todas las revisiones se tiene que producir necesariamente el cambio de la base reguladora inicial; además este precepto no dispone nada directamente a este respecto, pues se limita a decir que esas modificaciones y transformaciones se regularán en "las disposiciones que desarrollen la presente Ley", pero ni el Real Decreto 1300/1995 ni la Orden de 18 de enero de 1996 contienen disposición alguna que trate de este específico problema.

b).- El concepto de revisión del grado de la incapacidad permanente da idea de una cierta unidad o conexión entre las situaciones de invalidez inicial y resultante de tal revisión; lo que nos lleva a la conclusión de que en ella debe mantenerse el importe de la base reguladora primeramente reconocida, a no ser que existan razones de peso que impongan un cambio de tal importe. Sin duda, en los supuestos mencionados en los párrafos tercero y cuarto del punto 3 precedente existen razones que pueden justificar una variación de la cuantía de dicha base; pero fuera de esos supuestos, lo más razonable es que esa cuantía permanezca sin variaciones.

c).- Sobre todo, no parece aceptable una reducción en el montante inicial de la base reguladora, como acontecería en los casos en que se cambia la causa generadora de la invalidez, de riesgo profesional a enfermedad común, que es lo que ha sucedido en el supuesto de autos. Téngase en cuenta que si se aplica esa reducción, se produce una mengua del nivel de protección del trabajador, sin que concurran razones plenamente convincentes para ello. Esta reducción de la protección social no encaja ni se acomoda con el sentido unitario y de vinculación con la situación precedente que presenta la revisión, como se acaba de apuntar; máxime cuando el grado de incapacidad permanente absoluta resultante de tal revisión, aunque se declare solamente causado por enfermedad común, es indiscutible que también se debe en parte al menos a las dolencias profesionales que dieron lugar a la primitiva incapacidad total.

Como precisa la ya citada sentencia de la Sala de 6 de mayo de 1994 , "el estado de salud del demandante que menoscaba su capacidad para el trabajo es una situación unitaria que ha de ser valorada globalmente"; de ahí que este Tribunal haya declarado en su sentencia de 9 de junio de 1987 que "la agravación ha de referirse a la situación de invalidez apreciada en su conjunto, teniendo en cuenta no sólo las lesiones originarias del grado ya reconocido, sino las que puedan advenir por otras contingencias".

Por ello, aunque se declare que la invalidez absoluta resultante de la revisión se deriva de enfermedad común, ello no elimina en modo alguno la incidencia que, como concausa de la misma, normalmente tiene el riesgo profesional que produjo la incapacidad inicial. Así lo entiende la sentencia de esta Sala de 20 de diciembre de 1993 , en un caso similar al de autos, manifestando a este respecto: "en la configuración de la situación invalidante última -I.P.A.- que aqueja al trabajador demandante confluyen, de forma conjunta e indistinguible, tanto las lesiones derivadas del accidente laboral que, en su día, sufrió el mismo, como la patología de enfermedad común manifestada posteriormente. No es dable admitir, de lo actuado en el expediente administrativo de invalidez, que solo la mencionada patología sea susceptible de generar, por sí misma, el efecto absolutamente invalidante para el trabajo o que, esto último, lo genere la agravación de las lesiones originariamente sufridas que tuvieron su causa en accidente de trabajo"; reiterando a continuación que "la agravación de la situación invalidante de autos, aunque declarada por vía revisoria, se revela ajena al cuadro de patología derivado del accidente de trabajo, cuyas secuelas, sin embargo, entrañantes de una I.P.T., concurren, juntamente con las ulteriores lesiones derivadas de enfermedad común, a la conformación global del cuadro lesivo merecedor de la calificación de I.P.A.". Siendo claro que estas aseveraciones son perfectamente aplicables al caso aquí examinado.

d).- Y si en la conformación global del cuadro lesivo determinante de la invalidez absoluta también intervienen y repercuten las dolencias profesionales generadoras de la incapacidad total,y no se aprecia ninguna otra razón atendible para alterar la cuantía de la base reguladora de la prestación inicialmente fijada, tal cuantía debe mantenerse después de la revisión.

e).- Es más, normalmente toda revisión del grado de incapacidad similar a la de autos, se lleva a cabo algunos años después del reconocimiento de la invalidez permanente total, en ocasiones bastantes años después, por lo que, si el interesado no ha podido desarrollar en el período intermedio ninguna actividad laboral, las consecuencias que se derivarían para dicho pensionista, si se sigue el criterio de cuantificar la base reguladora de la nueva prestación de acuerdo con las normas que al respecto rigen para las invalideces derivadas de enfermedad común, serían excesivamente perjudiciales, pues esa base reguladora cuanto más años hayan pasado desde el reconocimiento de la invalidez total, más reducida sería en su importe.Por el contrario, en los casos comentados, el mantenimiento de la base reguladora inicial permite, normalmente, que la prestación resultante de la revisión conserve un nivel más adecuado de protección.

CUARTO.- Lo expresado en el fundamento de derecho anterior obliga a concluir que, en el caso aquí discutido, la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente absoluta reconocida al actor a consecuencia de la revisión, ha de ser la misma que se aplicó a la prestación de invalidez total precedente;por consiguiente esa base reguladora se ha de cuantificar en la suma de 131.096 pesetas."

En este caso, del relato de hechos probados se deduce que la actora tenía reconocida una IPT por enfermedad profesional para la profesión de Técnico especialista en RX con efectos desde el 01-10-2003 (aunque del expediente administrativo se deduce que es desde el 23-10-05) y una Base Reguladora de 1.152,19 eurospor: Anafilaxia por sensibilización al látex.: asma y urticaria profesional.

Posteriormente, habiendo prestado servicios como dependienta, por resolución del INSS de 25-11-20 se le reconoció la IPT por contingencias comunes para la profesión de dependienta de comercio, con fecha de efectos de 29-9-20 y Base Reguladora de 1.126,25 euros;pero como percibía otra pensión de IPT de mayor cuantía, se le reconoció sin efectos económicos.

Iniciado expediente de revisión de grado, por resolución del INSS de 9-10-23 se acuerda mantener el grado de IPT por contingencias comunes para la profesión de dependienta de comercio, padeciendo actualmente, además de la Anafilaxia por sensibilización al látex y asma y urticaria profesional, un cuadro de multipatologías.

En relación a la Base Reguladora de la IPT, que no había producido efectos económicos, existen documentos contradictorios en el expediente administrativo.

En efecto, en los folios nºs 10/ 61 y 48/99 del expediente administrativo consta que la Base Reguladora mensual de la IPT sería de 1.126,25 euros(pensión inicial de 619,44 euros), con fecha de efectos del 29-9-20, pero como la actora percibía una pensión superior de 633,71 euros, no se le reconoce efectos económicos a dicha prestación.

Sin embargo, en el folio 46/61 del expediente administrativo se reconoce una Base Reguladora mensual por contingencias comunes de 681,99 eurospara el periodo de 2/2015 a 7/2020, con fecha del hecho causante del 19-9-20, y haciendo constar como incidencia que "se han reducido bases durante situación de IT"; que es precisamente la Base Reguladora reconocida en sentencia.

En la demanda el actor no postula una Base Reguladora determinada, y examinada la grabación del juicio, se observa que en el minuto 1,54 la letrada del INSS alega que la Base Reguladora mensual por contingencias comunes sería de 681,99 euros por el periodo de 2/2015 a 7/2020, y en el minuto 1,54 el letrado de la actora muestra su conformidad, siendo la que finalmente se determina en la sentencia recurrida; si bien posteriormente, la actora presentó aclaración respecto a la Base Reguladora, que fue desestimada por auto de fecha 2-7-25.

Pues bien, no cabe duda de que la Base Reguladora que se le reconoce en la IPA por enfermedad común es notablemente inferior a la anteriormente reconocida en la IPT, lo cual constituye una clara infracción de la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta, debiéndose por ello mantener la misma Base Reguladora ya reconocida, ya que debe ser única para el mismo beneficiario, y además de que el cuadro residual de la IPA se incluyen las patologías reconocidas para la IPT.

Por tanto, dado que la actora postula en su recurso una Base Reguladora para la IPA por enfermedad común de 1.126,25 euros,habrá de estarse a dicha Base, que coincide con la que obra en los folios nºs 10/ 61 y 49/100 del expediente administrativo; por lo que procede estimar el motivo y revocar la sentencia recurrida en cuanto a la determinación de la Base Reguladora de la IPA reconocida en dicha resolución.

CUARTO.-No ha lugar a la imposición de costas (art. 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción).

Vistos los preceptos citados,

PRIMERO.-En el presente recurso se impugna la sentencia de fecha 12 de junio de 2025 del Juzgado Social nº 9 de Madrid, en la que se debatía el derecho de la actora a que se le declare afecta a una IPA, teniendo reconocida una IPT.

La actora, nacida el NUM002-73, tiene como profesión habitual la de dependiente de comercio

La actora tenía reconocida una IPT por enfermedad profesional para la profesión de Técnico especialista en RX con efectos desde el 01-10-2003 y Base reguladora mensual de 1.152,19 euros (pensión inicial de 633,70 euros) por: Anafilaxia por sensibilización al látex.: asma y urticaria profesional.

En el año 2020 se inicia expediente de IP y por resolución del INSS de 25-11-20 se le reconoció una IPT por contingencias comunes para la profesión de dependienta de comercio, con fecha de efectos desde 29-9-20 y Base Reguladora de 1.126,25 euros (pensión inicial de 619,44 euros); pero como percibía otra pensión de IPT de mayor cuantía, se le reconoció sin efectos económicos.

Iniciado expediente de revisión de grado, por resolución del INSS de fecha 9-10-23 se acuerda mantener el grado de IPT por contingencias comunes para la profesión de dependienta de comercio.

La actora tiene actualmente las siguientes patologías: Anafilaxia por sensibilización al látex: asma y urticaria profesional ;en rodilla dcha de artrosis avanzada + rotura meniscal degenerativa; gonalgia derecha mecánica con limitación de la flexión a 100º y rodilla ízqda con molestias en cara anterior con la flexión forzada, con dolor mecánico; tendinitis hombro derecho; dolor crónico generalizado; fibromialgia y Síndrome de ansiedad generalizada, crisis de pánico con agorafobia, dolor de hombro bilateral, psoriasis, fascitis plantar y crisis asmáticas.

Las limitaciones que padece son: además de los dolores y limitaciones antes descritos, astenia, fatiga, inestabilidad, dificultad para mantener atención y concentración; y deambula con apoyo en bastón por la inestabilidad.

Impugna dicha resolución solicitando que se le declare afecta a una IPA, sin postular en la demanda una Base reguladora concreta.

El conocimiento del asunto se atribuyó al Juzgado Social nº 9 de Madrid, que por sentencia de fecha 12 de junio de 2025 (autos 909/2024) estimó su pretensión, declarando que la actora se halla afecta a una IPA con una Base reguladora mensual de 681,99 euros y efectos desde 10-10-23.

SEGUNDO.-Disconforme con el sentido del fallo, la parte actora se alza en suplicación articulando su rechazo a lo resuelto en dos motivos.

El primero de ellos, al amparo de la letra b) del art. 193 de la LRJS, pretende la revisión del hecho probado OCTAVO, que tiene el siguiente contenido:

"OCTAVO.- Para el caso de prosperar la demanda la base reguladora sería de 681,99 euros y fecha de efectos económicos de 10 de octubre de 2023. (hecho no controvertido)".

Y pretende sustituirlo por el siguiente texto:

" OCTAVO.- Para el caso de prosperar la demanda la base reguladora sería de 1126,25 eurosy fecha de efectos económicos de 10 de octubre de 2023."

Se apoya en los documentos obrantes en folios nºs 84 ,92 y 18 del expediente administrativo.

No cabe duda de que cuando la Base Reguladora de la prestación es controvertida, constituye una cuestión jurídica que no puede revisarse por la vía de la letra b) del art. 193 LRJS, y lo que ha de consignarse en los hechos probados son las bases de cotización y los periodos a los que corresponden cuando sean las que hayan de tomarse para calcular la misma, defiriendo a los fundamentos de Derecho las cuestiones relativas a la aplicación de la norma que regula la forma de cálculo de la correspondiente base reguladora.

Por tanto, el motivo no puede estimarse, si bien debe tenerse en cuenta que el citado hecho no constituye un hecho probado, sino un concepto jurídico que se entiende controvertido entre las partes, por lo que será objeto de examen y resolución posteriormente, en sede de revisión de la fundamentación jurídica.

TERCERO.-El segundo motivo, al amparo de la letra c) del art. 193 LRJS se centra en denunciar la infracción del artículo 200 LGSS, al entender que la revisión de grado no puede producir una minoración de la Base Reguladora anteriormente reconocida, debiéndose reconoce la Base Reguladora de 1.126.25 euros, porcentaje del 100% y fecha de efectos económicos del 10 de octubre de 2023.

En materia de revisión de grado de IP, el art. 200 LGSS establece:

"1. Corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos que reglamentariamente se establezcan y en todas las fases del procedimiento, declarar la situación de incapacidad permanente, a los efectos de reconocimiento de las prestaciones económicas a que se refiere este capítulo.

2. Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional, en tanto que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 205.1.a), para acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión.

No obstante lo anterior, si el pensionista de incapacidad permanente estuviera ejerciendo cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, de oficio o a instancia del propio interesado, promover la revisión, con independencia de que haya o no transcurrido el plazo señalado en la resolución.

Las revisiones fundadas en error de diagnóstico podrán llevarse a cabo en cualquier momento, en tanto el interesado no haya cumplido la edad a que se refiere el primer párrafo de este apartado.

3. Las disposiciones que desarrollen la presente ley regularán el procedimiento de revisión y la modificación y transformación de las prestaciones económicas que se hubiesen reconocido al trabajador, así como los derechos y obligaciones que a consecuencia de dichos cambios correspondan a las entidades gestoras o colaboradoras y servicios comunes que tengan a su cargo tales prestaciones.

Cuando, como consecuencia de revisiones por mejoría del estado incapacitante profesional proceda reintegrar, parcialmente o en su totalidad, la parte no consumida de los capitales coste constituidos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por las empresas que hubieran sido declaradas responsables de su ingreso, este último no tendrá la consideración de ingreso indebido, a los efectos previstos en el artículo 26, apartados 1, 2, 3 y 5 de esta ley, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria .

4. Las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y siete años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación. La nueva denominación no implicará modificación alguna, respecto de las condiciones de la prestación que se viniese percibiendo."

En interpretación de dicha normativa, la STS de 12 de junio de 2000, rec 898/1999 ,señala en relación a la Base Reguladora en un proceso de revisión de grado:

"1).- La pensión de incapacidad permanente absoluta reconocida al actor, como consecuencia de la revisión de su grado de invalidez, es una sola prestación de la Seguridad Social, y por ello la base reguladora de la misma ha de ser también única.Por ende, no es acertada, la solución que a este respecto adopta la sentencia recurrida, pues toma en consideración dos bases reguladoras diferentes, a saber: una primera, cuya cuantía es la misma que la de la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente total que percibía el actor antes de la revisión de autos, a la que aplica también un módulo porcentual del 55%; y una segunda base reguladora de cuantía inferior a la que se acaba de citar, sobre la que se aplica el porcentaje del 45%, que falta o resta hasta el 100% correspondiente a la pensión de incapacidad permanente absoluta.

Pero, como se acaba de precisar, no es admisible efectuar el cálculo del importe de una sola prestación de la Seguridad Social, computando dos bases reguladoras distintas.

2).- El hecho de que, en este caso, la invalidez permanente total originaria se derivase de enfermedad profesional, y en cambio la incapacidad absoluta se haya entendido causada por enfermedad común, no altera en forma algunalo que se acaba de expresar. A este respecto se recuerda que la sentencia de esta Sala de 6 de mayo de 1994 declaró: "el objeto de este proceso es una pretensión procesal única, consistente en que se reconozca la situación de invalidez permanente total por quien la tenía concedida en grado de incapacidad parcial derivada de accidente de trabajo y la acción que se ejercita no se puede escindir en dos distintas a consecuencia de que el reconocimiento del nuevo grado pueda tener su origen en contingencia común o profesional, o en ambos conjuntamente, pues el estado de salud del demandante que menoscaba su capacidad para el trabajo es una situación unitaria que ha de ser valorada globalmente".

Por consiguiente, aunque la incapacidad permanente resultante de la revisión se declare que está causada por una contingencia distinta de aquélla por la que se otorgó la invalidez de grado inferior primeramente reconocida, no cabe duda que la prestación que corresponde abonar a consecuencia de tal revisión, es una pensión única (lo cual también lo mantiene y confirma la sentencia de este Tribunal de 20 de diciembre de 1993 ); y una sola pensión no puede ser calculada sobre dos bases reguladoras diferentes.

3).- Ahora bien, el problema esencial que se ha de resolver en el presente recurso es el de esclarecer cual es el importe de la única base reguladora de la pensión de incapacidad permanente absoluta que se ha reconocido al actor en virtud de la revisión de autos.

Sin duda, en los casos de revisión del grado de incapacidad permanente, en los que no varía ni cambia el riesgo causante de la incapacidad, es decir, cuando tanto la invalidez permanente total anterior a la revisión, como la invalidez absoluta reconocida a consecuencia de esa revisión, tienen un mismo origen, bien sea enfermedad común, bien accidente laboral, bien cualquier otro riesgo análogo, no suelen plantearse problemas en relación con la fijación de la cuantía de la base reguladora, pues ésta no suele experimentar modificación alguna.

Sin embargo, a pesar de lo que se acaba de indicar, cuando el trabajador inicialmente declarado en situación de incapacidad permanente total, consigue luego un nuevo trabajo,y después de ese nuevo período de actividad laboral, por presentársele dolencias o lesiones generadoras de una incapacidad permanente absoluta, solicita ante el INSS la revisión del grado de invalidez inicialmente reconocido, obteniendo una resolución estimatoria de esta solicitud, es casi seguro que la cuantía de la base reguladora de la nueva pensión será más elevada que la anterior,dado que lógicamente se habrán de tener en cuenta las cotizaciones o las retribuciones del nuevo período de actividad laboral desarrollado por el interesado.

También puede producirse el incremento de la base reguladora en los casos de revisión en que, aunque el operario no haya trabajado después de haber sido declarado afecto de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común, en razón de tal revisión se le concede una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional (o de accidente laboral, aunque ésto es sumamente difícil si no realizó actividad laboral alguna después del primer reconocimiento), habida cuenta que lo normal es que la base reguladora correspondiente a prestaciones derivadas de riesgos profesionales sea más alta que las derivadas de riesgos comunes.

Estas aseveraciones ponen en evidencia que en el problema que estamos analizando no es posible establecer una regla única, ni aplicar una solución unitaria válida para todos los supuestos; al contrario, para llegar a una solución correcta en cada caso, es necesario tener en cuenta las circunstancias y particularidades que en él concurren.

4).- En el supuesto de autos, como se ha explicado, se trata de un trabajador que en junio de 1992 fue declarado afecto de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional, y que más tarde, sin que en el relato histórico de la sentencia recurrida aparezca que hubiese trabajado después de esa primera declaración de invalidez permanente, en agosto de 1996 solicitó la revisión del grado de su incapacidad, solicitud que fue rechazada por el INSS, pero que ha sido estimada por la sentencia del Juzgado de Málaga nº 4 de 18 de noviembre de 1997 , recaída en la instancia en este proceso, en la que se le ha reconocido estar aquejado de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común.

En estos casos, en que la incapacidad permanente total inicial se deriva de un riesgo profesional (enfermedad profesional o accidente de trabajo), y en cambio la incapacidad absoluta reconocida en la revisión se declara que es debida a enfermedad común,es claro que, si a cada una de estas situaciones se aplica la base reguladora que legalmente corresponde a la causa que se reconoce como generadora del grado de invalidez, resultaría que la base reguladora de la incapacidad absoluta sería inferior a la correspondiente a la prestación de invalidez permanente total. Sin embargo, la Sala considera que, en tales casos, debe mantenerse, después de efectuada la revisión, el montante o importe de la base reguladora que se aplicó a la pensión de incapacidad permanente total primeramente reconocida. Basamos esta decisión en las siguientes razones:

a).- Nada resuelven sobre esta concreta cuestión las normas legales que tratan de la revisión del grado de incapacidad. Ni el art. 143, números 2 y 3, de la Ley General de la Seguridad Social , ni el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, ni los arts. 17 , 18 y 19 de la Orden Ministerial de 18 de enero de 1996 abordan esta específica cuestión.

Es cierto que el número 3 del citado art. 143 admite la posibilidad de que se produzcan modificaciones y transformaciones en "las prestaciones económicas que se hubiesen reconocido al trabajador". Pero en él no se precisa que tales modificaciones puedan alcanzar a la base reguladora de la prestación; por otra parte, es obvio que no en todas las revisiones se tiene que producir necesariamente el cambio de la base reguladora inicial; además este precepto no dispone nada directamente a este respecto, pues se limita a decir que esas modificaciones y transformaciones se regularán en "las disposiciones que desarrollen la presente Ley", pero ni el Real Decreto 1300/1995 ni la Orden de 18 de enero de 1996 contienen disposición alguna que trate de este específico problema.

b).- El concepto de revisión del grado de la incapacidad permanente da idea de una cierta unidad o conexión entre las situaciones de invalidez inicial y resultante de tal revisión; lo que nos lleva a la conclusión de que en ella debe mantenerse el importe de la base reguladora primeramente reconocida, a no ser que existan razones de peso que impongan un cambio de tal importe. Sin duda, en los supuestos mencionados en los párrafos tercero y cuarto del punto 3 precedente existen razones que pueden justificar una variación de la cuantía de dicha base; pero fuera de esos supuestos, lo más razonable es que esa cuantía permanezca sin variaciones.

c).- Sobre todo, no parece aceptable una reducción en el montante inicial de la base reguladora, como acontecería en los casos en que se cambia la causa generadora de la invalidez, de riesgo profesional a enfermedad común, que es lo que ha sucedido en el supuesto de autos. Téngase en cuenta que si se aplica esa reducción, se produce una mengua del nivel de protección del trabajador, sin que concurran razones plenamente convincentes para ello. Esta reducción de la protección social no encaja ni se acomoda con el sentido unitario y de vinculación con la situación precedente que presenta la revisión, como se acaba de apuntar; máxime cuando el grado de incapacidad permanente absoluta resultante de tal revisión, aunque se declare solamente causado por enfermedad común, es indiscutible que también se debe en parte al menos a las dolencias profesionales que dieron lugar a la primitiva incapacidad total.

Como precisa la ya citada sentencia de la Sala de 6 de mayo de 1994 , "el estado de salud del demandante que menoscaba su capacidad para el trabajo es una situación unitaria que ha de ser valorada globalmente"; de ahí que este Tribunal haya declarado en su sentencia de 9 de junio de 1987 que "la agravación ha de referirse a la situación de invalidez apreciada en su conjunto, teniendo en cuenta no sólo las lesiones originarias del grado ya reconocido, sino las que puedan advenir por otras contingencias".

Por ello, aunque se declare que la invalidez absoluta resultante de la revisión se deriva de enfermedad común, ello no elimina en modo alguno la incidencia que, como concausa de la misma, normalmente tiene el riesgo profesional que produjo la incapacidad inicial. Así lo entiende la sentencia de esta Sala de 20 de diciembre de 1993 , en un caso similar al de autos, manifestando a este respecto: "en la configuración de la situación invalidante última -I.P.A.- que aqueja al trabajador demandante confluyen, de forma conjunta e indistinguible, tanto las lesiones derivadas del accidente laboral que, en su día, sufrió el mismo, como la patología de enfermedad común manifestada posteriormente. No es dable admitir, de lo actuado en el expediente administrativo de invalidez, que solo la mencionada patología sea susceptible de generar, por sí misma, el efecto absolutamente invalidante para el trabajo o que, esto último, lo genere la agravación de las lesiones originariamente sufridas que tuvieron su causa en accidente de trabajo"; reiterando a continuación que "la agravación de la situación invalidante de autos, aunque declarada por vía revisoria, se revela ajena al cuadro de patología derivado del accidente de trabajo, cuyas secuelas, sin embargo, entrañantes de una I.P.T., concurren, juntamente con las ulteriores lesiones derivadas de enfermedad común, a la conformación global del cuadro lesivo merecedor de la calificación de I.P.A.". Siendo claro que estas aseveraciones son perfectamente aplicables al caso aquí examinado.

d).- Y si en la conformación global del cuadro lesivo determinante de la invalidez absoluta también intervienen y repercuten las dolencias profesionales generadoras de la incapacidad total,y no se aprecia ninguna otra razón atendible para alterar la cuantía de la base reguladora de la prestación inicialmente fijada, tal cuantía debe mantenerse después de la revisión.

e).- Es más, normalmente toda revisión del grado de incapacidad similar a la de autos, se lleva a cabo algunos años después del reconocimiento de la invalidez permanente total, en ocasiones bastantes años después, por lo que, si el interesado no ha podido desarrollar en el período intermedio ninguna actividad laboral, las consecuencias que se derivarían para dicho pensionista, si se sigue el criterio de cuantificar la base reguladora de la nueva prestación de acuerdo con las normas que al respecto rigen para las invalideces derivadas de enfermedad común, serían excesivamente perjudiciales, pues esa base reguladora cuanto más años hayan pasado desde el reconocimiento de la invalidez total, más reducida sería en su importe.Por el contrario, en los casos comentados, el mantenimiento de la base reguladora inicial permite, normalmente, que la prestación resultante de la revisión conserve un nivel más adecuado de protección.

CUARTO.- Lo expresado en el fundamento de derecho anterior obliga a concluir que, en el caso aquí discutido, la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente absoluta reconocida al actor a consecuencia de la revisión, ha de ser la misma que se aplicó a la prestación de invalidez total precedente;por consiguiente esa base reguladora se ha de cuantificar en la suma de 131.096 pesetas."

En este caso, del relato de hechos probados se deduce que la actora tenía reconocida una IPT por enfermedad profesional para la profesión de Técnico especialista en RX con efectos desde el 01-10-2003 (aunque del expediente administrativo se deduce que es desde el 23-10-05) y una Base Reguladora de 1.152,19 eurospor: Anafilaxia por sensibilización al látex.: asma y urticaria profesional.

Posteriormente, habiendo prestado servicios como dependienta, por resolución del INSS de 25-11-20 se le reconoció la IPT por contingencias comunes para la profesión de dependienta de comercio, con fecha de efectos de 29-9-20 y Base Reguladora de 1.126,25 euros;pero como percibía otra pensión de IPT de mayor cuantía, se le reconoció sin efectos económicos.

Iniciado expediente de revisión de grado, por resolución del INSS de 9-10-23 se acuerda mantener el grado de IPT por contingencias comunes para la profesión de dependienta de comercio, padeciendo actualmente, además de la Anafilaxia por sensibilización al látex y asma y urticaria profesional, un cuadro de multipatologías.

En relación a la Base Reguladora de la IPT, que no había producido efectos económicos, existen documentos contradictorios en el expediente administrativo.

En efecto, en los folios nºs 10/ 61 y 48/99 del expediente administrativo consta que la Base Reguladora mensual de la IPT sería de 1.126,25 euros(pensión inicial de 619,44 euros), con fecha de efectos del 29-9-20, pero como la actora percibía una pensión superior de 633,71 euros, no se le reconoce efectos económicos a dicha prestación.

Sin embargo, en el folio 46/61 del expediente administrativo se reconoce una Base Reguladora mensual por contingencias comunes de 681,99 eurospara el periodo de 2/2015 a 7/2020, con fecha del hecho causante del 19-9-20, y haciendo constar como incidencia que "se han reducido bases durante situación de IT"; que es precisamente la Base Reguladora reconocida en sentencia.

En la demanda el actor no postula una Base Reguladora determinada, y examinada la grabación del juicio, se observa que en el minuto 1,54 la letrada del INSS alega que la Base Reguladora mensual por contingencias comunes sería de 681,99 euros por el periodo de 2/2015 a 7/2020, y en el minuto 1,54 el letrado de la actora muestra su conformidad, siendo la que finalmente se determina en la sentencia recurrida; si bien posteriormente, la actora presentó aclaración respecto a la Base Reguladora, que fue desestimada por auto de fecha 2-7-25.

Pues bien, no cabe duda de que la Base Reguladora que se le reconoce en la IPA por enfermedad común es notablemente inferior a la anteriormente reconocida en la IPT, lo cual constituye una clara infracción de la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta, debiéndose por ello mantener la misma Base Reguladora ya reconocida, ya que debe ser única para el mismo beneficiario, y además de que el cuadro residual de la IPA se incluyen las patologías reconocidas para la IPT.

Por tanto, dado que la actora postula en su recurso una Base Reguladora para la IPA por enfermedad común de 1.126,25 euros,habrá de estarse a dicha Base, que coincide con la que obra en los folios nºs 10/ 61 y 49/100 del expediente administrativo; por lo que procede estimar el motivo y revocar la sentencia recurrida en cuanto a la determinación de la Base Reguladora de la IPA reconocida en dicha resolución.

CUARTO.-No ha lugar a la imposición de costas (art. 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción).

Vistos los preceptos citados,

PRIMERO.-En el presente recurso se impugna la sentencia de fecha 12 de junio de 2025 del Juzgado Social nº 9 de Madrid, en la que se debatía el derecho de la actora a que se le declare afecta a una IPA, teniendo reconocida una IPT.

La actora, nacida el NUM002-73, tiene como profesión habitual la de dependiente de comercio

La actora tenía reconocida una IPT por enfermedad profesional para la profesión de Técnico especialista en RX con efectos desde el 01-10-2003 y Base reguladora mensual de 1.152,19 euros (pensión inicial de 633,70 euros) por: Anafilaxia por sensibilización al látex.: asma y urticaria profesional.

En el año 2020 se inicia expediente de IP y por resolución del INSS de 25-11-20 se le reconoció una IPT por contingencias comunes para la profesión de dependienta de comercio, con fecha de efectos desde 29-9-20 y Base Reguladora de 1.126,25 euros (pensión inicial de 619,44 euros); pero como percibía otra pensión de IPT de mayor cuantía, se le reconoció sin efectos económicos.

Iniciado expediente de revisión de grado, por resolución del INSS de fecha 9-10-23 se acuerda mantener el grado de IPT por contingencias comunes para la profesión de dependienta de comercio.

La actora tiene actualmente las siguientes patologías: Anafilaxia por sensibilización al látex: asma y urticaria profesional ;en rodilla dcha de artrosis avanzada + rotura meniscal degenerativa; gonalgia derecha mecánica con limitación de la flexión a 100º y rodilla ízqda con molestias en cara anterior con la flexión forzada, con dolor mecánico; tendinitis hombro derecho; dolor crónico generalizado; fibromialgia y Síndrome de ansiedad generalizada, crisis de pánico con agorafobia, dolor de hombro bilateral, psoriasis, fascitis plantar y crisis asmáticas.

Las limitaciones que padece son: además de los dolores y limitaciones antes descritos, astenia, fatiga, inestabilidad, dificultad para mantener atención y concentración; y deambula con apoyo en bastón por la inestabilidad.

Impugna dicha resolución solicitando que se le declare afecta a una IPA, sin postular en la demanda una Base reguladora concreta.

El conocimiento del asunto se atribuyó al Juzgado Social nº 9 de Madrid, que por sentencia de fecha 12 de junio de 2025 (autos 909/2024) estimó su pretensión, declarando que la actora se halla afecta a una IPA con una Base reguladora mensual de 681,99 euros y efectos desde 10-10-23.

SEGUNDO.-Disconforme con el sentido del fallo, la parte actora se alza en suplicación articulando su rechazo a lo resuelto en dos motivos.

El primero de ellos, al amparo de la letra b) del art. 193 de la LRJS, pretende la revisión del hecho probado OCTAVO, que tiene el siguiente contenido:

"OCTAVO.- Para el caso de prosperar la demanda la base reguladora sería de 681,99 euros y fecha de efectos económicos de 10 de octubre de 2023. (hecho no controvertido)".

Y pretende sustituirlo por el siguiente texto:

" OCTAVO.- Para el caso de prosperar la demanda la base reguladora sería de 1126,25 eurosy fecha de efectos económicos de 10 de octubre de 2023."

Se apoya en los documentos obrantes en folios nºs 84 ,92 y 18 del expediente administrativo.

No cabe duda de que cuando la Base Reguladora de la prestación es controvertida, constituye una cuestión jurídica que no puede revisarse por la vía de la letra b) del art. 193 LRJS, y lo que ha de consignarse en los hechos probados son las bases de cotización y los periodos a los que corresponden cuando sean las que hayan de tomarse para calcular la misma, defiriendo a los fundamentos de Derecho las cuestiones relativas a la aplicación de la norma que regula la forma de cálculo de la correspondiente base reguladora.

Por tanto, el motivo no puede estimarse, si bien debe tenerse en cuenta que el citado hecho no constituye un hecho probado, sino un concepto jurídico que se entiende controvertido entre las partes, por lo que será objeto de examen y resolución posteriormente, en sede de revisión de la fundamentación jurídica.

TERCERO.-El segundo motivo, al amparo de la letra c) del art. 193 LRJS se centra en denunciar la infracción del artículo 200 LGSS, al entender que la revisión de grado no puede producir una minoración de la Base Reguladora anteriormente reconocida, debiéndose reconoce la Base Reguladora de 1.126.25 euros, porcentaje del 100% y fecha de efectos económicos del 10 de octubre de 2023.

En materia de revisión de grado de IP, el art. 200 LGSS establece:

"1. Corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos que reglamentariamente se establezcan y en todas las fases del procedimiento, declarar la situación de incapacidad permanente, a los efectos de reconocimiento de las prestaciones económicas a que se refiere este capítulo.

2. Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional, en tanto que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 205.1.a), para acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión.

No obstante lo anterior, si el pensionista de incapacidad permanente estuviera ejerciendo cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, de oficio o a instancia del propio interesado, promover la revisión, con independencia de que haya o no transcurrido el plazo señalado en la resolución.

Las revisiones fundadas en error de diagnóstico podrán llevarse a cabo en cualquier momento, en tanto el interesado no haya cumplido la edad a que se refiere el primer párrafo de este apartado.

3. Las disposiciones que desarrollen la presente ley regularán el procedimiento de revisión y la modificación y transformación de las prestaciones económicas que se hubiesen reconocido al trabajador, así como los derechos y obligaciones que a consecuencia de dichos cambios correspondan a las entidades gestoras o colaboradoras y servicios comunes que tengan a su cargo tales prestaciones.

Cuando, como consecuencia de revisiones por mejoría del estado incapacitante profesional proceda reintegrar, parcialmente o en su totalidad, la parte no consumida de los capitales coste constituidos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por las empresas que hubieran sido declaradas responsables de su ingreso, este último no tendrá la consideración de ingreso indebido, a los efectos previstos en el artículo 26, apartados 1, 2, 3 y 5 de esta ley, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria .

4. Las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y siete años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación. La nueva denominación no implicará modificación alguna, respecto de las condiciones de la prestación que se viniese percibiendo."

En interpretación de dicha normativa, la STS de 12 de junio de 2000, rec 898/1999 ,señala en relación a la Base Reguladora en un proceso de revisión de grado:

"1).- La pensión de incapacidad permanente absoluta reconocida al actor, como consecuencia de la revisión de su grado de invalidez, es una sola prestación de la Seguridad Social, y por ello la base reguladora de la misma ha de ser también única.Por ende, no es acertada, la solución que a este respecto adopta la sentencia recurrida, pues toma en consideración dos bases reguladoras diferentes, a saber: una primera, cuya cuantía es la misma que la de la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente total que percibía el actor antes de la revisión de autos, a la que aplica también un módulo porcentual del 55%; y una segunda base reguladora de cuantía inferior a la que se acaba de citar, sobre la que se aplica el porcentaje del 45%, que falta o resta hasta el 100% correspondiente a la pensión de incapacidad permanente absoluta.

Pero, como se acaba de precisar, no es admisible efectuar el cálculo del importe de una sola prestación de la Seguridad Social, computando dos bases reguladoras distintas.

2).- El hecho de que, en este caso, la invalidez permanente total originaria se derivase de enfermedad profesional, y en cambio la incapacidad absoluta se haya entendido causada por enfermedad común, no altera en forma algunalo que se acaba de expresar. A este respecto se recuerda que la sentencia de esta Sala de 6 de mayo de 1994 declaró: "el objeto de este proceso es una pretensión procesal única, consistente en que se reconozca la situación de invalidez permanente total por quien la tenía concedida en grado de incapacidad parcial derivada de accidente de trabajo y la acción que se ejercita no se puede escindir en dos distintas a consecuencia de que el reconocimiento del nuevo grado pueda tener su origen en contingencia común o profesional, o en ambos conjuntamente, pues el estado de salud del demandante que menoscaba su capacidad para el trabajo es una situación unitaria que ha de ser valorada globalmente".

Por consiguiente, aunque la incapacidad permanente resultante de la revisión se declare que está causada por una contingencia distinta de aquélla por la que se otorgó la invalidez de grado inferior primeramente reconocida, no cabe duda que la prestación que corresponde abonar a consecuencia de tal revisión, es una pensión única (lo cual también lo mantiene y confirma la sentencia de este Tribunal de 20 de diciembre de 1993 ); y una sola pensión no puede ser calculada sobre dos bases reguladoras diferentes.

3).- Ahora bien, el problema esencial que se ha de resolver en el presente recurso es el de esclarecer cual es el importe de la única base reguladora de la pensión de incapacidad permanente absoluta que se ha reconocido al actor en virtud de la revisión de autos.

Sin duda, en los casos de revisión del grado de incapacidad permanente, en los que no varía ni cambia el riesgo causante de la incapacidad, es decir, cuando tanto la invalidez permanente total anterior a la revisión, como la invalidez absoluta reconocida a consecuencia de esa revisión, tienen un mismo origen, bien sea enfermedad común, bien accidente laboral, bien cualquier otro riesgo análogo, no suelen plantearse problemas en relación con la fijación de la cuantía de la base reguladora, pues ésta no suele experimentar modificación alguna.

Sin embargo, a pesar de lo que se acaba de indicar, cuando el trabajador inicialmente declarado en situación de incapacidad permanente total, consigue luego un nuevo trabajo,y después de ese nuevo período de actividad laboral, por presentársele dolencias o lesiones generadoras de una incapacidad permanente absoluta, solicita ante el INSS la revisión del grado de invalidez inicialmente reconocido, obteniendo una resolución estimatoria de esta solicitud, es casi seguro que la cuantía de la base reguladora de la nueva pensión será más elevada que la anterior,dado que lógicamente se habrán de tener en cuenta las cotizaciones o las retribuciones del nuevo período de actividad laboral desarrollado por el interesado.

También puede producirse el incremento de la base reguladora en los casos de revisión en que, aunque el operario no haya trabajado después de haber sido declarado afecto de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común, en razón de tal revisión se le concede una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional (o de accidente laboral, aunque ésto es sumamente difícil si no realizó actividad laboral alguna después del primer reconocimiento), habida cuenta que lo normal es que la base reguladora correspondiente a prestaciones derivadas de riesgos profesionales sea más alta que las derivadas de riesgos comunes.

Estas aseveraciones ponen en evidencia que en el problema que estamos analizando no es posible establecer una regla única, ni aplicar una solución unitaria válida para todos los supuestos; al contrario, para llegar a una solución correcta en cada caso, es necesario tener en cuenta las circunstancias y particularidades que en él concurren.

4).- En el supuesto de autos, como se ha explicado, se trata de un trabajador que en junio de 1992 fue declarado afecto de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional, y que más tarde, sin que en el relato histórico de la sentencia recurrida aparezca que hubiese trabajado después de esa primera declaración de invalidez permanente, en agosto de 1996 solicitó la revisión del grado de su incapacidad, solicitud que fue rechazada por el INSS, pero que ha sido estimada por la sentencia del Juzgado de Málaga nº 4 de 18 de noviembre de 1997 , recaída en la instancia en este proceso, en la que se le ha reconocido estar aquejado de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común.

En estos casos, en que la incapacidad permanente total inicial se deriva de un riesgo profesional (enfermedad profesional o accidente de trabajo), y en cambio la incapacidad absoluta reconocida en la revisión se declara que es debida a enfermedad común,es claro que, si a cada una de estas situaciones se aplica la base reguladora que legalmente corresponde a la causa que se reconoce como generadora del grado de invalidez, resultaría que la base reguladora de la incapacidad absoluta sería inferior a la correspondiente a la prestación de invalidez permanente total. Sin embargo, la Sala considera que, en tales casos, debe mantenerse, después de efectuada la revisión, el montante o importe de la base reguladora que se aplicó a la pensión de incapacidad permanente total primeramente reconocida. Basamos esta decisión en las siguientes razones:

a).- Nada resuelven sobre esta concreta cuestión las normas legales que tratan de la revisión del grado de incapacidad. Ni el art. 143, números 2 y 3, de la Ley General de la Seguridad Social , ni el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, ni los arts. 17 , 18 y 19 de la Orden Ministerial de 18 de enero de 1996 abordan esta específica cuestión.

Es cierto que el número 3 del citado art. 143 admite la posibilidad de que se produzcan modificaciones y transformaciones en "las prestaciones económicas que se hubiesen reconocido al trabajador". Pero en él no se precisa que tales modificaciones puedan alcanzar a la base reguladora de la prestación; por otra parte, es obvio que no en todas las revisiones se tiene que producir necesariamente el cambio de la base reguladora inicial; además este precepto no dispone nada directamente a este respecto, pues se limita a decir que esas modificaciones y transformaciones se regularán en "las disposiciones que desarrollen la presente Ley", pero ni el Real Decreto 1300/1995 ni la Orden de 18 de enero de 1996 contienen disposición alguna que trate de este específico problema.

b).- El concepto de revisión del grado de la incapacidad permanente da idea de una cierta unidad o conexión entre las situaciones de invalidez inicial y resultante de tal revisión; lo que nos lleva a la conclusión de que en ella debe mantenerse el importe de la base reguladora primeramente reconocida, a no ser que existan razones de peso que impongan un cambio de tal importe. Sin duda, en los supuestos mencionados en los párrafos tercero y cuarto del punto 3 precedente existen razones que pueden justificar una variación de la cuantía de dicha base; pero fuera de esos supuestos, lo más razonable es que esa cuantía permanezca sin variaciones.

c).- Sobre todo, no parece aceptable una reducción en el montante inicial de la base reguladora, como acontecería en los casos en que se cambia la causa generadora de la invalidez, de riesgo profesional a enfermedad común, que es lo que ha sucedido en el supuesto de autos. Téngase en cuenta que si se aplica esa reducción, se produce una mengua del nivel de protección del trabajador, sin que concurran razones plenamente convincentes para ello. Esta reducción de la protección social no encaja ni se acomoda con el sentido unitario y de vinculación con la situación precedente que presenta la revisión, como se acaba de apuntar; máxime cuando el grado de incapacidad permanente absoluta resultante de tal revisión, aunque se declare solamente causado por enfermedad común, es indiscutible que también se debe en parte al menos a las dolencias profesionales que dieron lugar a la primitiva incapacidad total.

Como precisa la ya citada sentencia de la Sala de 6 de mayo de 1994 , "el estado de salud del demandante que menoscaba su capacidad para el trabajo es una situación unitaria que ha de ser valorada globalmente"; de ahí que este Tribunal haya declarado en su sentencia de 9 de junio de 1987 que "la agravación ha de referirse a la situación de invalidez apreciada en su conjunto, teniendo en cuenta no sólo las lesiones originarias del grado ya reconocido, sino las que puedan advenir por otras contingencias".

Por ello, aunque se declare que la invalidez absoluta resultante de la revisión se deriva de enfermedad común, ello no elimina en modo alguno la incidencia que, como concausa de la misma, normalmente tiene el riesgo profesional que produjo la incapacidad inicial. Así lo entiende la sentencia de esta Sala de 20 de diciembre de 1993 , en un caso similar al de autos, manifestando a este respecto: "en la configuración de la situación invalidante última -I.P.A.- que aqueja al trabajador demandante confluyen, de forma conjunta e indistinguible, tanto las lesiones derivadas del accidente laboral que, en su día, sufrió el mismo, como la patología de enfermedad común manifestada posteriormente. No es dable admitir, de lo actuado en el expediente administrativo de invalidez, que solo la mencionada patología sea susceptible de generar, por sí misma, el efecto absolutamente invalidante para el trabajo o que, esto último, lo genere la agravación de las lesiones originariamente sufridas que tuvieron su causa en accidente de trabajo"; reiterando a continuación que "la agravación de la situación invalidante de autos, aunque declarada por vía revisoria, se revela ajena al cuadro de patología derivado del accidente de trabajo, cuyas secuelas, sin embargo, entrañantes de una I.P.T., concurren, juntamente con las ulteriores lesiones derivadas de enfermedad común, a la conformación global del cuadro lesivo merecedor de la calificación de I.P.A.". Siendo claro que estas aseveraciones son perfectamente aplicables al caso aquí examinado.

d).- Y si en la conformación global del cuadro lesivo determinante de la invalidez absoluta también intervienen y repercuten las dolencias profesionales generadoras de la incapacidad total,y no se aprecia ninguna otra razón atendible para alterar la cuantía de la base reguladora de la prestación inicialmente fijada, tal cuantía debe mantenerse después de la revisión.

e).- Es más, normalmente toda revisión del grado de incapacidad similar a la de autos, se lleva a cabo algunos años después del reconocimiento de la invalidez permanente total, en ocasiones bastantes años después, por lo que, si el interesado no ha podido desarrollar en el período intermedio ninguna actividad laboral, las consecuencias que se derivarían para dicho pensionista, si se sigue el criterio de cuantificar la base reguladora de la nueva prestación de acuerdo con las normas que al respecto rigen para las invalideces derivadas de enfermedad común, serían excesivamente perjudiciales, pues esa base reguladora cuanto más años hayan pasado desde el reconocimiento de la invalidez total, más reducida sería en su importe.Por el contrario, en los casos comentados, el mantenimiento de la base reguladora inicial permite, normalmente, que la prestación resultante de la revisión conserve un nivel más adecuado de protección.

CUARTO.- Lo expresado en el fundamento de derecho anterior obliga a concluir que, en el caso aquí discutido, la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente absoluta reconocida al actor a consecuencia de la revisión, ha de ser la misma que se aplicó a la prestación de invalidez total precedente;por consiguiente esa base reguladora se ha de cuantificar en la suma de 131.096 pesetas."

En este caso, del relato de hechos probados se deduce que la actora tenía reconocida una IPT por enfermedad profesional para la profesión de Técnico especialista en RX con efectos desde el 01-10-2003 (aunque del expediente administrativo se deduce que es desde el 23-10-05) y una Base Reguladora de 1.152,19 eurospor: Anafilaxia por sensibilización al látex.: asma y urticaria profesional.

Posteriormente, habiendo prestado servicios como dependienta, por resolución del INSS de 25-11-20 se le reconoció la IPT por contingencias comunes para la profesión de dependienta de comercio, con fecha de efectos de 29-9-20 y Base Reguladora de 1.126,25 euros;pero como percibía otra pensión de IPT de mayor cuantía, se le reconoció sin efectos económicos.

Iniciado expediente de revisión de grado, por resolución del INSS de 9-10-23 se acuerda mantener el grado de IPT por contingencias comunes para la profesión de dependienta de comercio, padeciendo actualmente, además de la Anafilaxia por sensibilización al látex y asma y urticaria profesional, un cuadro de multipatologías.

En relación a la Base Reguladora de la IPT, que no había producido efectos económicos, existen documentos contradictorios en el expediente administrativo.

En efecto, en los folios nºs 10/ 61 y 48/99 del expediente administrativo consta que la Base Reguladora mensual de la IPT sería de 1.126,25 euros(pensión inicial de 619,44 euros), con fecha de efectos del 29-9-20, pero como la actora percibía una pensión superior de 633,71 euros, no se le reconoce efectos económicos a dicha prestación.

Sin embargo, en el folio 46/61 del expediente administrativo se reconoce una Base Reguladora mensual por contingencias comunes de 681,99 eurospara el periodo de 2/2015 a 7/2020, con fecha del hecho causante del 19-9-20, y haciendo constar como incidencia que "se han reducido bases durante situación de IT"; que es precisamente la Base Reguladora reconocida en sentencia.

En la demanda el actor no postula una Base Reguladora determinada, y examinada la grabación del juicio, se observa que en el minuto 1,54 la letrada del INSS alega que la Base Reguladora mensual por contingencias comunes sería de 681,99 euros por el periodo de 2/2015 a 7/2020, y en el minuto 1,54 el letrado de la actora muestra su conformidad, siendo la que finalmente se determina en la sentencia recurrida; si bien posteriormente, la actora presentó aclaración respecto a la Base Reguladora, que fue desestimada por auto de fecha 2-7-25.

Pues bien, no cabe duda de que la Base Reguladora que se le reconoce en la IPA por enfermedad común es notablemente inferior a la anteriormente reconocida en la IPT, lo cual constituye una clara infracción de la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta, debiéndose por ello mantener la misma Base Reguladora ya reconocida, ya que debe ser única para el mismo beneficiario, y además de que el cuadro residual de la IPA se incluyen las patologías reconocidas para la IPT.

Por tanto, dado que la actora postula en su recurso una Base Reguladora para la IPA por enfermedad común de 1.126,25 euros,habrá de estarse a dicha Base, que coincide con la que obra en los folios nºs 10/ 61 y 49/100 del expediente administrativo; por lo que procede estimar el motivo y revocar la sentencia recurrida en cuanto a la determinación de la Base Reguladora de la IPA reconocida en dicha resolución.

CUARTO.-No ha lugar a la imposición de costas (art. 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción).

Vistos los preceptos citados,