Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 393/2026 de 18 de mayo del 2026

PRIMERO.-En sentencia dictada por el Juzgado de lo Social N.º 4 de VALLADOLID se estima la demanda planteada por DON Teodosio, sobre Despido Objetivo Individual, frente a la Empresa FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL, declarando lo siguiente:

"Que estimando la demanda interpuesta por D. Teodosio contra la FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL, en impugnación del despido objetivo con efectos de 16-02-2025, debo declarar y declaro improcedente dicho despido y, en consecuencia, condeno a la demandada a que, a su elección y dentro del plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, proceda a:

a) Readmitir a D. Teodosio en las mismas condiciones vigentes al tiempo del cese, con abono de los salarios de tramitación devengados desde el 16-02-2025 hasta la notificación de la sentencia o la readmisión efectiva, si esta fuera anterior, a razón de 148,08 euros/día, con las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes; deduciéndose de dichos salarios, en su caso, las cantidades

percibidas por el trabajador en otras empresas durante ese período y las prestaciones por desempleo satisfechas, conforme al art. 56.2 ET . En esta opción, el trabajador deberá reintegrar la indemnización por 20 días/año percibida en la extinción objetiva (53.308,80 €).

o bien,

b) Indemnizar al trabajador por despido improcedente en la suma de 113.814,29 euros, calculada con antigüedad 12-01-1995 / 16-02-2025 y salario regulador 148,08 €/día, de la que se descontará la cantidad ya abonada en concepto de indemnización por causas objetivas (53.308,80 €), resultando una diferencia de 60.505,49 €. Sobre la cantidad finalmente adeudada se devengarán los intereses del art. 576 LEC desde la fecha de esta resolución.

De no efectuar la empresa la opción dentro del referido plazo, se entenderá que opta por la readmisión del trabajador."

Frente a dicha sentencia se alza la demandada, solicitando que se revoque la misma por motivos tanto de índole fáctica como jurídica. A dicho recurso se opone el demandante.

SEGUNDO.-Al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se solicita la modificación del hecho probado séptimo, proponiendo la redacción alternativa siguiente:

"SÉPTIMO. - En el acto de juicio declaró don Luis María, Director de la Fundación Iberdrola, que en febrero de 2025 existía un convenio firmado con la Fundación Santa María la Real para 2024 y varios proyectos seguían ejecutándose en 2025; que estaban pendientes las obras del castillo de Ledesma y de la muralla de Béjar y había proyectos de iluminación en marcha (plaza Ochavada de Archidona y San Juan de Baños), además del de Caravaca de la Cruz iniciado sin convenio formalizado con la Fundación; que la directora de Patrimonio, doña Bárbara, comunicó el cese del actor y propuso cerrar la colaboración, aconsejando que la Fundación Iberdrola lo contratara directamente; que la Fundación Iberdrola mantuvo los contratos de obra civil (Ledesma, Béjar y Santa María de Almocóvar) - la Fundación ofreció continuarlos con un arquitecto propio-, canceló por mutuo acuerdo los convenios de iluminación (proyecto de iluminación ornamental de la plaza Ochavada de Archidona (resolución de 17-03-25); proyecto de iluminación ornamental interior de la basílica de San Juan de Baños en Palencia (resolución de 17-03-25)) y posteriormente contrató directamente al actor para finalizarlos; y que el Plan Románico Atlántico continúa con la Junta de Castilla y León, pasando desde 2025 la partida anual de unos 150.000 euros que se contrataba con la Fundación Santa María la Real a contratarse con otra entidad, habiéndose comunicado en octubre de 2024 la decisión de no continuar esa colaboración económica con dicha Fundación.

"Las actuaciones en ejecución en 2025 firmadas en 2024 importaban alrededor de 7.830,98 euros, al cancelarse de mutuo acuerdo la Iluminación de la Basílica de San Juan de Baños y la Iluminación de la Plaza Ochavada de Archidona); y si no hubieran sido cancelados estos trabajos su valoración ascendería a 27.865,15 €; y en el Románico Atlántico, la valoración de lo pendiente no llegaría a los 30.000 euros".

Los contratos concertados por el actor con la Fundación son los de iluminación de la Basílica de San Juan de Baños de Cerrato (Palencia) de 24-03-2025 por un importe de 2.168,17 euros; de la Plaza Ochavada de Archidona de 21-03-2025 por importe de 17.866 euros; de la Basílica de Vera Cruz de 04-03- 2025 por importe de 19.246 euros; de la Capilla del Palacio real de Madrid de 05-05-2025 por importe de 14.000 euros; del interior de la catedral de Málaga de 03-04-2025 por importe de 19.800 euros; del exterior de la Academia de Caballería de 01- 08-2025 por importe de 11.000 euros (documento 2 ramo de prueba de la demandada)."

Las modificaciones que se interesan de este hecho probado séptimo se concretan en este motivo de recurso de la siguiente manera:

"1º.- La adición en el hecho probado séptimo, entre el primer y el segundo párrafo, del siguiente:

"Las actuaciones en ejecución en 2025 firmadas en 2024 importaban alrededor de 7.830,98 euros, al cancelarse de mutuo acuerdo la Iluminación de la Basílica de San Juan de Baños y la Iluminación de la Plaza Ochavada de Archidona); y si no hubieran sido cancelados estos trabajos su valoración ascendería a 27.865,15 €; y en el Románico Atlántico, la valoración de lo pendiente no llegaría a los 30.000 euros".

2º. Además se suprimiría en este hecho probado séptimo la frase: "que existían cantidades pendientes de abono aproximadas de 70.000 euros y, en Románico Atlántico, otras de unos 95.000 euros".

3º.- La supresión en el hecho probado séptimo, en el primer párrafo, de la afirmación: "... que en dicho plan se incorporó monitorización e innovación tecnológica de la que el actor era el técnico encargado".

Se rechaza la modificación del hecho probado séptimo pretendida por el actor pues se excede de lo que se puede valorar por la Sala en un recurso de suplicación.

Debemos recordar que el orden jurisdiccional social carece de doble instancia, ya que, a diferencia de otros órdenes, como ocurre en el civil, en el que las sentencias son recurribles en apelación, en el social rige un procedimiento de instancia única y recurso extraordinario de suplicación y casación. La naturaleza extraordinaria del recurso determina que el conocimiento del Tribunal ad quemsea limitado, ya que el recurso solo puede interponerse por los motivos taxativamente establecidos por la ley y su objeto no es la cuestión de fondo, sino la sentencia de instancia.

De este modo, en el proceso social hay una única valoración de toda la prueba y es el Magistrado del Juzgado de lo Social quien efectúa la valoración del conjunto de la prueba y dicta la correspondiente sentencia. Si se recurre en suplicación, el Tribunal Superior de Justicia no efectúa una nueva valoración de la prueba, con la salvedad de que se alegue alguna cuestión, como la incompetencia de jurisdicción, que afecta al orden público procesal.

El objeto del recurso es limitado y se ciñe a examinar la concurrencia de defectos procedimentales determinantes de nulidad, según lo dispuesto en el art. 193.a ) LRJS ; la corrección probatoria de la sentencia de instancia, en función de dos únicos medios de prueba, que son la documental fehaciente y la prueba pericial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 193.b ) LRJS , o a examinar las posibles infracciones jurídicas de la sentencia de instancia, conforme a lo establecido en el art. 193.c ) LRJS . Como recoge la STS de 15-11-2008 , la valoración de la prueba es un cometido exclusivo del Juez o Tribunal que conoció del juicio en la instancia a quien además le corresponde la determinación de los hechos acreditados. Debe efectuar dicha valoración libremente, apreciando toda la prueba en su conjunto sin otras limitaciones que las derivadas de la "sana critica", esto es, sin llegar a conclusiones totalmente ilógicas o absurdas. Conviene recordar, además, que el recurso de suplicación es de naturaleza extraordinaria, donde debe invocarse la doctrina legal plasmada, entre otras, en las SSTS de 9-12-2013 (Rec. 71/2013 ), 18-12-2012 (Rec.18/2012 ), 6-6-2012 (Rec. 166/2011 ), 23-4-2012 (Rec. 52/2011 ) y 11-11-2009 (Rec. 38/2008 ), que atribuyen al Magistrado de instancia, con carácter exclusivo, la función de valorar la prueba, fijando los hechos relevantes para la resolución del litigio y determinando cuál de ellos ha sido acreditado.

En este caso concreto lo que se pretende es que esta Sala de lo Social valore nuevamente el conjunto de la prueba, lo que no es posible en un recurso de suplicación que tiene carácter cuasicasacional, pues se citan numerosos documentos que deberían valorarse por la Sala para llegar a conclusión distinta de lo reflejado por el Juez a quo en el hecho probado séptimo, máxime cuando el mismo se apoya en prueba testifical que la Sala no puede valorar en sede de recurso de suplicación.

TERCERO.- Con el mismo amparo procesal se interesa la modificación del hecho probado décimo, con propuesta de la adición del texto siguiente:

"La demandada mantiene tres arquitectos en plantilla".

Dice la recurrente que tal extremo ya consta en el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida, lo que en principio llevaría a considerar que dicha adición carece de trascendencia pues el Juez a quo ya ha tenido en cuenta dicha circunstancia. Lo cierto es que la recurrente utiliza este motivo de revisión fáctica en realidad para valorar nuevamente la prueba testifical practicada y hacer en cierto modo tacha de los testigos, que como es sabido dicha tacha no procede en la jurisdicción social.

No obstante, puede admitirse la adición interesada en el único sentido de entender incorporado dicho hecho probado en el relato fático a la vista de que el Juez ya lo incluye en la fundamentación jurídica. No obstante, dicha modificación fáctica se admite despojada de la valoración que se hace en el desarrollo de este motivo de revisión.

CUARTO.- Al amparo de lo dispuesto en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se denuncia por la parte recurrente la infracción de lo establecido en el artículo 52.C del Estatuto de los Trabajadores en relación al artículo 51.1 de la misma ley e inaplicación de la doctrina jurisprudencial respecto al despido por causas objetivas (productivas, organizativas y económicas).

Tras hacer una relación de los hechos que se han dado por acreditados en la sentencia recurrida y la trascripción parcial de diferentes sentencias del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia se aduce lo siguiente:

"Aplicando la doctrina jurisprudencial al supuesto concreto observamos que existen unos hechos objetivos que surgen al margen de la voluntad de la Fundación y de forma sorprendente : pérdida de un "cliente". La Fundación Iberdrola rompe con la dinámica de hace muchos años y deja de contar con mi representada como oficina técnica lo cual implica una disminución importante en la actividad de la misma (causas productivas). Ello se refleja en el hecho probado tercero cuando Fundación Iberdrola comunica que no va a seguir contando con mi representada como oficina técnica y en el hecho probado cuarto la ruptura con la dinámica anterior.

Hecho probado cuarto: " ...La primera etapa (2010-2014) se centró en la intervención en iglesias románicas, con 39 actuaciones en 17 templos y una inversión de 2,8 millones de euros. En la segunda etapa (2015- 2019) se llevaron a cabo 16 actuaciones en 19 iglesias y se puso en marcha el plan de dinamización cultural, con una inversión de 1,5 millones de euros. En la tercera etapa (2020- 2021) se realizaron actuaciones encaminadas a la conservación y puesta en valor de 9 templos, con una inversión de 1,3 millones de euros. En la cuarta etapa (2022-2024), a través de dos acuerdos de intervención, se ejecutaron distintas actuaciones de recuperación y puesta en valor de 10 enclaves de las provincias de Salamanca y Zamora, incluyéndose, junto a intervenciones en templos, la recuperación de bienes inmuebles correspondientes a conjuntos urbanos fortificados como Béjar o Ledesma, alcanzándose en esta fase una inversión total de 1,8 millones de euros."

La Fundación Iberdrola, desde 2017 a 2024 aportaba a la Fundación una cantidad alrededor de 150.000 euros anuales. En 2025, cero euros. En 2025 tampoco existía para el Área donde prestaba sus servicios el actor subvención alguna de la Junta de Castilla y León. Tal hecho implica una consiguiente pérdida de ingresos en el proyecto que ya desde el cambio de modelo de gestión no resultaba viable y que implicaba ya un desvío negativo en el ámbito económico del Área (causas económicas), con lo que la referida decisión implica un reajuste de organización, reunificándose las áreas de Paisaje, Cultura y Patrimonio (causas organizativas)

De los 4 arquitectos con que cuenta la Fundación Santa María la Real en el área técnico arquitectónico, ante la disminución de la actividad, se decide prescindir de uno, que implicaba un coste anual de más de 53.000 euros y que era precisamente el que estaba dedicado fundamentalmente al proyecto respecto al cual la Fundación Iberdrola deja de colaborar. Tal técnico además prestaba servicios a otras empresas y como se advierte claramente en el juicio y en la sentencia contaba con contactos profesionales y amistades que le iban a proporcionar abundante trabajo, como se ha acreditado en el juicio.

El fundamento de derecho tercero esgrime tres puntos o conclusiones para declarar improcedente la extinción del contrato por causas objetivas.

En el primero se utiliza como argumento la existencia de trabajos pendientes en cuya valoración, como se ha argumentado en el primer apartado del recurso, yerra el juzgador. No obstante, con independencia de las cuantías, lo que es obvio es que la sentencia olvida la causa del despido que es la disminución de la actividad que implica la cancelación por la Fundación Iberdrola de los servicios arquitectónicos que prestaba mi representada, con la consiguiente repercusión económica.

En el segundo, relativo a la idoneidad o no del actor para asumir la línea de monitorización e innovación tecnológica es cuestión que excede el control judicial, como hemos advertido en las sentencias invocadas, y olvida que es el empresario, en su obligación de dirección, el que tiene la facultad de elección entre los profesionales de la oficina técnica que es la afectada por la disminución de la actividad.

Pero es que, además, y el juzgador lo reconoce en hechos probados (en el primero concretamente), se extingue el contrato del arquitecto que precisamente estaba dedicado fundamentalmente desde 2004 hasta la fecha de su despido al proyecto que se cancela por decisión de la Fundación Iberdrola, extremo que se deja muy claro en la carta de despido.

No cabe por tanto apelar, como se hace en la sentencia a la idoneidad o no del actor o a la comparativa de funciones entre los distintos profesionales. El juzgador se excede entrometiéndose en facultades respecto a las cuales el empresario es soberano porque ni discrimina ni vulnera ningún derecho fundamental al actor.

Es obvio también que esta parte invoca las causas económicas ligadas a las productivas y, como reconoce la jurisprudencia, limitada a un área de actividad de la Fundación. Existe una pérdida de 150.000 euros para mi mandante en el año 2025, con el desequilibrio consiguiente que se debe compensar.

Por último, el juzgador se basa en posibles expectativas (anteproyectos) o adjudicaciones posteriores al tiempo del despido para justificar su decisión de estimar la demanda de despido improcedente.

El juzgador debe atender para controlar la procedencia de la extinción al tiempo en que se procede a la extinción.

Al tiempo de la extinción eran residuales los trabajos que estaban pendientes del Plan Románico Atlántico, apoyándose en otros trabajos que simplemente eran anteproyectos, o en adjudicaciones posteriores.

1º - Intervención en la Plaza de San Nicolás y el Casco Histórico de Ledesma. En este caso, se argumenta la existencia de unos trabajos que son posteriores a la fecha de extinción de la relación laboral con el demandante, tal y como puede corroborarse en el la documental (documento 4J aportado por la parte demandante. El proyecto aportado es de mayo de 2025, la extinción de la relación laboral se produce el 16 de febrero del año 2025, y la adjudicación de dicho contrato se produce el 24 de abril de 2025, tal y como se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado.

La sentencia incurre igualmente en error al considerar, como elemento relevante, la adjudicación a esta parte de un contrato público posterior al despido, afirmando que el actor podría haberlo desempeñado. Tal conclusión resulta jurídicamente improcedente, pues la valoración de la procedencia o improcedencia del despido debe realizarse atendiendo exclusivamente a las circunstancias concurrentes en la fecha en que se adoptó la decisión extintiva, sin que sea procedente introducirse hechos posteriores bastados en hipótesis o conjeturas ( STS 370/2022, 26 de Abril de 2022 ). El contrato en cuestión fue adjudicado con posterioridad al despido, por lo que en el momento de la decisión no existía garantía ni expectativa cierta de su obtención. La sentencia, al fundar parte de su razonamiento en un hecho sobrevenido y ajeno al momento del despido, no es conforme al principio de realidad probada del art. 97.2 LRJS .

Pero es que, por otro lado, la sentencia afirma en el FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO que "el anteproyecto de acondicionamiento y renovación de espacios en Ledesma, redactado en mayo de 2025 e informado favorablemente en junio de ese año, representa un presupuesto contrata total de 2.136.079,11 euros, con partidas específicas de redacción de proyectos por 74.972,40 €, dirección de obras por 43.733,90€ e iluminación por 49.400 €, lo que desmiente la afirmación contenida en la carta de despido sobre la inexistencia de perspectivas de proyectos de esa naturaleza". De nuevo estamos hablando de una conjetura, pues se trata de un mero anteproyecto, no de un contrato, y donde el importe total es irrelevante, al haber renunciado la parte demandada desde hace tiempo a la realización de obras, incluso con el cierre de la

empresa que tenían para esas cuestiones (Patrimonio y Restauración SL, documentos 21 y 2-2- de la parte demandada).

También dice en el FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO: "aun cuando en 2025 la demandada percibe 0 € tanto de Fundación Iberdrola como de la Junta por la línea vinculada a Románico Atlántico, consta documentalmente que la propia demandada continuó ejecutando trabajos ajenos a ese plan pero de la misma naturaleza profesional que venía desarrollando el actor, en particular la intervención en la Plaza de San Nicolás y casco histórico de Ledesma, el certificado de final de obra e informe final de la iluminación de la Catedral de Burgos y la dirección de obra del refuerzo en la Residencia de Tercera Actividad de Valdelafuente (León)". Se trata de un contrato que se produjo después de la salida del actor, y de otros dos absolutamente residuales, con importes muy bajos, y cuya finalización dependía además del propio demandante.

2º - Certificado final de obra e informe final de la iluminación de la Catedral de Burgos. Tal y como se puede observar en la documental (documento 9 de la parte demandante: "Adjudicación del Proyecto de Iluminación de la Catedral de Burgos"), se trata de un proyecto del año 2021, que tiene un año como plazo de ejecución, y que de hecho fue inaugurado en marzo de 2024, como se puede comprobar en numerosos medios de comunicación. Por tanto, la única tarea pendiente es un certificado que depende del propio actor, estando el proyecto terminado. No cabe, por tanto, darle entidad de tarea relevante pendiente de cara a motivar la existencia de trabajos que ocuparían al actor, o que seguían bajo el desarrollo de la empresa demanda. De hecho, en el documento 9, el propio demandante reconoce un importe de 2.500€ pendientes, cifra que es absolutamente residual y que, por otro lado, desconocemos de dónde proviene su cálculo, al ser un proyecto terminado.

3º - Dirección de obra del refuerzo estructural en la Residencia Tercera Actividad de Valdelafuente (León). De nuevo nos encontramos ante una tarea residual, que estaba únicamente a falta de los últimos trámites y a la espera del certificado final de obra. De nuevo el propio demandante la cuantifica en su prueba documental (documento 6 de la parta demandante) como algo residual: 5.000€. Pero es que, además, tal y como se recoge en la prueba documental de la parte demandante (documento 3: "Visado del proyecto de acondicionamiento de la estructura de la residencia Valdelafuente de León"), el proyecto lo realiza con otro compañero de la Fundación, D. Bienvenido, lo que viene a corroborar que es un trabajo que realizaban otros compañeros en la entidad.

Hay que mencionar, por otro lado, que según el artículo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE ), estas tareas dependían únicamente del demandante. El artículo 12.2.e) establece que es tarea del Director de Obra, entre otras, realizar el certificado final de obra. Es decir: sólo el arquitecto director de obra puede firmar el certificado final de obra, y su firma es requisito para la recepción y cierre administrativo de la misma. Por lo tanto, no se puede establecer que estas tareas pendientes sean achacables a la parte demandada, tal y como hace la sentencia al determinar que "la propia demandada continuó ejecutando trabajos ajenos a ese plan pero de la misma naturaleza profesional que venía desarrollando el actor". Ante esta situación, la falta de certificado de final de obra, algo que depende del demandante, podría alargar sine die cualquier tipo de proyecto."

En esencia, lo que se alega por la demandada-recurrente es que se produjo la pérdida de un cliente, FUNDACIÓN IBERDROLA, con la consiguiente disminución de actividad y de aportación económica (150.000 euros anuales) pasando en 2025 a cero euros; que de los cuatro arquitectos con que cuenta la Fundación Santa María la Real se eligió para la extinción al actor por ser el que estaba dedicado fundamentalmente al Proyecto respecto del cual la Fundación Iberdrola deja de colaborar; que los trabajos posibles que valora el Juez para considerar improcedente el despido objetivo bien son posteriores al despido, meros anteproyectos o de poca trascendencia económica o estaban pendientes únicamente de la firma del actor.

En definitiva, considera la recurrente que se daban todas las circunstancias para que el actor fuera despedido por causas objetivas, recordando que es al empresario a quien corresponde elegir en un caso como este quien de los trabajadores debe ver extinguido su contrato de trabajo.

Por su parte el recurrido se opone al recurso alegando lo siguiente:

"En orden a resolver el presente procedimiento, y si como solicita esta parte no se modifican los hechos declarados probados, o incluso si se modificaran habida cuenta de la nula trascendencia que la modificación pedida tiene sobre el fondo de la cuestión, habremos de partir de lo siguiente:

Que el actor ha venido prestando servicios para la empresa desde 1995 realizando multitud de tareas. Gran parte de ellas relacionadas con funciones de dirección y representación. No solo arquitecto. Se reseñan en el hecho probado primero que ha realizado asimismo tareas de diseño, formativas, y sobre todo de dirección.

Y esto dejaría sin contenido también por esta causa el despido por causas objetivas porque evidentemente no cabe relacionar la supuesta finalización de los planes del románico o iluminación con el despido por causas objetivas de carácter organizativo al no poderse vincular exclusivamente las tareas de arquitecto del actor con su contratación.

Véase que en la nómina se le reconoce la categoría de dirección.

Funciones distintas a las de los planes Románico y Atlántico exclusivos y solo como arquitecto se desprenden de muchos de los documentos y testificarles y especialmente de los siguientes:

Correo de 17 de Marzo de 2023 en que se pregunta al actor por temas tecnológicos que supuestamente no conoce. (Doc. 8A)

Correo de 20 de Noviembre de 2.024 donde se dice que el actor está redactando el proyecto fotovoltaico de Ucero (Doc. 8G)

Correo de 4 de Diciembre de 2024 se pregunta al actor sobre la instalación de TOTEMS en Iglesias de la provincia de Palencia (Doc. 8F)

Correo de 9 de Mayo de 2.024 se pregunta al actor por puesta en marcha de proyectos tecnológicos (Doc. 8E)

Es solo a partir del 2004 cuando las tareas se pueden entender que mayoritariamente se centran en la atención de los planes Románico y Románico Atlántico

Que en el momento de producirse el despido del actor ni tan siquiera habían finalizado los trabajos correspondientes a ese plan Románico Atlántico, quedando pendientes de ejecución varios proyectos y no solo de ese plan Atlántico sino de otro tipo.

Al objeto de no resultar reiterativos remitimos a la Sala a las alegaciones de esta parte vertidas en el motivo primero A. 1 0 y 20 de este mismo escrito en relación con el hecho probado séptimo de la sentencia y del documento (aceptado al parecer por la demandada a la vista de las alegaciones vertidas en este recurso) que constituye el documento 6 del ramo de prueba de esta parte, folio 99, del que se desprende que solo los trabajos con la Fundación Iberdrola de haberse continuado ejecutando por la empresa demandada hubieran supuesto ingresos de 85000 Euros más 14000 de dirección de obra (y que el Director de la Fundación Iberdrola entiende que ascendían a una cantidad aproximada de 95000 Euros) además de una evidente continuación de tareas que dejarían sin posibilidad de defensa la existencia de causas organizativas para el despido.

El mismo hecho probado séptimo recoge incluso otros trabajos como la restauración de la Iglesia de Santa María de Almocovar o la Plaza de San Nicolás y casco histórico de Ledesma, no cuantificados en sentencia pero si en el citado documento número 6 que abundan en la misma idea, es decir, en que no es cierto que se hubieran terminado los trabajos del actor aun cuando pudiéramos dar por bueno que fueran solo las de arquitecto.

Que, por otro lado, resulta tan evidente que los trabajos a los que se dedicaba el actor no habían finalizado que incluso la empresa demandada sugirió a las empresas con las que tenía contratados los mismos, y especialmente a la Fundación Iberdrola, que contratara directamente al trabajador despedido para la finalización de los mismos.

(Hecho probado séptimo que señala que la Fundación Santa María la Real aconsejó a la Fundación Iberdrola que contratara directamente al actor para la finalización de esos trabajos)

Ante algo así parece difícil sostener un despido por causas objetivas, sino que nos encontramos ante el claro intento de "colocarse" intencionadamente en una situación organizativa que permitiera un despido "barato".

En idéntico sentido ha de interpretarse el hecho de que la Fundación Santa María la Real se haya visto obligada a contratar arquitectos para la finalización de los trabajos pendientes al despido del actor. Así se pronuncia la sentencia en el fundamento de derecho tercero, penúltimo párrafo, afirmando que la empresa recurrió a los servicios del gabinete Bobillo y Asociados Arquitectos S.L.P, lo cual resulta lógico a la vista de que es la propia jefa de personal de la empresa la que reconoce que solo era el actor quien ejercía las labores de dirección de obra.

Que de igual forma resulta incierto lo que la carta de despido afirma, al hilo de la supuesta desaparición de trabajos que como hemos dicho no es tal, que la nueva actividad de la empresa parece ser la tecnológica, afirmando que van a ser las tareas de monitorización y tecnología las futuras, indicando que para las mismas el actor no está preparado.

De nuevo hemos de remitir a la Sala al hecho probado Noveno que recoge como fue la cualificación técnica del actor la que ha llevado a que ganara el concurso ante la Junta de Castilla y León que se presentó, después de su despido, con la empresa UTE Telefónica Soluciones de Infomática y Comunicaciones SAU precisamente para acometer la monitorización de 101 bienes de interés cultural en Castilla y León, ganando la convocatoria por encima de la propuesta de su anterior empresa la Fundación de Santa María la Real según declaró el Director General de la Junta en el acto del juicio.

Que según se declara probado en el hecho undécima "consta acreditada la existencia por parte de la Fundación demandada de un anteproyecto de acondicionamiento y renovación de espacio para mejora de experiencia ciudadana y turística del conjunto histórico de Ledesma (entornos de la puerta de San Nicolás y la Iglesia de Santa María la Mayor de mayo de 2025), anteproyecto que representa un presupuesto contrata total de 2.136.079,11 euros, cuyo proyecto básico ha sido redactado en mayo de 2025 e informado favorablemente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca en sesión celebrada el 18 de junio de 2025 (documentos 4H y 41 del ramo de prueba de la demandada). Proyecto que incluye entre sus partidas: redacción de proyectos: 74.972,40 euros; Dirección de obras: 43.733,90 euros; iluminación: 49,400 euros.", de donde se desprende que la actividad de la empresa por lo que respecta a lo que eran las tareas que venía realizando el actor en estos últimos años no solo no había finalizado, sino que va a continuar en cuantías que podemos calificar de lo suficientemente "holgadas" como para justificar la continuidad del demandante en la empresa.

Que la entidad demandada no ha acreditado, y a la vista de lo que dice la carta y señaladamente de lo que dice el recurso parece que ni siquiera lo ha intentado, la existencia de causas económicas que justificaran el despido.

Ya la propia carta no era clara creando indefensión al actor.

Nótese pese a todo que los ingresos son similares en los 3 ejercicios expuestos. Y que las pérdidas, si es que se pueden llamar así a lo que se denomina excedentes, también.

Por dar algún dato y pese a que insistimos en que parece que la propia empresa ha renunciado a sostener este motivo como causa del despido podrá verse como (Documento 6) en el acta de 10 de diciembre de 2024, se observa que el Area de Cultura, Patrimonio y Paisaje arroja un beneficio de 11,80%, porcentaje en la línea de otras actividades de la empresa demandada.

Y como, en el cuadro final del documento número 7, confeccionado claramente ad hoc para este procedimiento se ve igualmente que la sección de Patrimonio de la empresa demandada arroja un beneficio de 36.951,87 euros que representa un beneficio de 13,11% sobre ingresos.

Sin embargo sobre ese beneficio se aplica un Gasto general de área de 36.181,78, lo que supone un 12,8% sobre ingresos, que simplemente no se explica además de 30.000 euros de amortizaciones por 25.000 euros a la actividad Patrimonio, un 83,33%., que tampoco se explica, salvo por el interés de buscar un resultado negativo.

Y todo ello en un documento no oficial, confeccionado por la propia entidad demandada y sin el más mínimo respaldo en documentos contables o fiscales que poco propensos a la manipulación.

Lo expuesto no solo ha quedado probado a través de la amplia documental aportada a las actuaciones sino también de la testifical.

Y a pesar de las manifestaciones que se vierten en el recurso sobre la credibilidad de los testigos propuestos por esta parte no podemos sino recordar que estamos hablando de D. Vidal, patrono de la Fundación demandada, lo cual es desde luego muy significativo, de D Luis María, Director de la Fundación Iberdrola, que ha venido desarrollando convenios de colaboración con la propia Fundación Santa María la Real, y de un funcionario público perteneciente a la Junta de Castilla y León, D. Erasmo, Director General de Patrimonio.

En definitiva, si había actividades dentro de la empresa que venía realizando el actor al margen de las de su profesión de arquitecto, si incluso esa actividad de arquitecto que venía realizando el demandante en los últimos años no había terminado en el momento del despido, si además existían otras actividades que hubiera podido seguir realizando, tanto en lo referente a proyectos innovadores como en los de las mismas características de los que ha venido realizando hasta la fecha la entidad demandada, si incluso eso ha motivado la necesidad de contratar arquitectos externos y por tanto no hay una verdadera "amortización" sino exclusivamente el despido del trabajador más antiguo, y si por último tampoco se han acreditado causas económicas que justifiquen la extinción solo cabe resolver en los términos que lo hace la sentencia en el sentido de que la causa objetiva invocada no supera los estándares de realidad, entidad y razonabilidad, ni el juicio de necesidad y proporcionalidad exigidos por los arts. 52 y 53 ET y por la jurisprudencia qu evidentemente no es la invocada de contrario que resuelve supuestos muy distintos, por lo que procede a juicio de esta parte confirmar la declaración de improcedencia del despido, con los efectos del art. 56 ET ."

El recurso va a ser desestimado. Partimos del relato fáctico, obtenido esencialmente por el Juez de instancia de la prueba testifical practicada en el acto del Juicio. Prueba testifical que la Sala no puede valorar al ser facultad que la ley concede exclusivamente al Juez de instancia. Por otro lado, en relación con la prueba testifical cabe reiterar que no cabe la tacha de testigos ( artículo 92.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ). Partiendo de los hechos que han resultado acreditados la Sala comparte el criterio del Juez a quo.

En primer lugar, tenemos que el actor ha desempeñado diversas funciones en la Fundación Santa María la Real desde su contratación en el año 2004 y hasta su despido en febrero de 2025, destacando junto a las propias de Arquitecto las de dirección, así como de diseño y tareas formativas (hecho probado primero). A esto hemos de sumar otros datos obtenidos por el Juez a quo de prueba testifical y documental valorada en su conjunto.

Entre tales hechos podemos destacar los siguientes:

-A la fecha del cese del actor seguían en ejecución en 2025 actuaciones firmadas en 2024 y existían importes pendientes aproximados de 70.000 € y, en Románico Atlántico, de 95.000 € (testifical del Sr. Luis María).

-Los convenios de iluminación pendientes se cancelaron por mutuo acuerdo de la demandada con la Fundación Iberdrola y, por expresa indicación de la propia demandada, esta última contrató directamente al actor para su finalización (proyectos de Archidona y San Juan de Baños).

-La línea de monitorización e innovación tecnológica (en la que se considera por el Magistrado de instancia que se iba a centrar la demandada) formaba parte del propio desempeño del actor dentro del plan territorial (testificales de los Sres. Luis María y Erasmo), y su idoneidad técnica queda reforzada por la adjudicación, por acuerdo de la Mesa de Contratación de 05/06/2025 de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, del servicio de monitorización de 101 bienes de interés cultural a la UTE "Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U. - Luce Innovate Technologies, S.L.U.", contrato cuyos trabajos de monitorización realiza el actor.

-Aun cuando en 2025 la demandada percibe 0 € tanto de Fundación Iberdrola como de la Junta por la línea vinculada a Románico Atlántico, consta documentalmente que la propia demandada continuó ejecutando trabajos ajenos a ese plan pero de la misma naturaleza profesional que venía desarrollando el actor, en particular la intervención en la Plaza de San Nicolás y casco histórico de Ledesma, el certificado de final de obra e informe final de la iluminación de la Catedral de Burgos y la dirección de obra del refuerzo en la Residencia de Tercera Actividad de Valdelafuente (León). El anteproyecto de acondicionamiento y renovación de espacios en Ledesma, redactado en mayo de 2025 e informado favorablemente en junio de ese año, representa un presupuesto contrata total de 2.136.079,11 euros, con partidas específicas de redacción de proyectos por 74.972,40 €, dirección de obras por 43.733,90 € e iluminación por 49.400 €, lo que desmiente la afirmación contenida en la carta de despido sobre la inexistencia de perspectivas de proyectos de esa naturaleza.

-La responsable de Recursos Humanos reconoce la existencia de otros tres arquitectos en plantilla y que, por regla, las direcciones de obra en patrimonio las llevaba el actor; incluso se ofreció a Fundación Iberdrola la continuidad de determinadas obras con "otro arquitecto" de la casa al que el testigo Sr. Luis María no conocía.

-La demandada mantiene tres arquitectos en el área, procediendo incluso a la subcontratación de despachos externos (Bobillo y Asociados Arquitectos S.L.P.), siendo la razón del concreto despido respecto del resto de arquitectos la invocada falta de perfil profesional, lo que a la vista de la documental presentada y de la testifical de los Sres. Vidal y Erasmo no ha quedado acreditado. Esto justifica que el Juzgador valore la preparación y competencia profesional del actor como explicación al despido por causa objetivas, que el Juez descarta.

-En cuanto a las causas económicas alegadas, el Juez a quo no ha dado por acreditadas las mismas por parte de la empresa. En concreto razona el Juez a quo lo siguiente: "No es suficiente la extinción del plan territorial y la consiguiente invocación de pérdidas del departamento de patrimonio. La empresa se limita a aportar un cuadro sintético de ingresos y excedentes de los ejercicios 2022, 2023 y 2024, sin desglose ni soporte contable que permita verificar su alcance real. Esa insuficiencia probatoria resulta más patente al tratarse de datos controvertidos, pues la parte actora cuestionó expresamente su valor probatorio y la falta de detalle que los sustenta, lo que impide otorgarles eficacia justificativa en un despido objetivo".

Ahora en el recurso se han intentado acreditar dichas razones económicas acudiendo a la vía de la revisión fáctica, pero como ya hemos dicho al resolver dicho motivo, lo que se ha pretendido por la demandada es que la Sala haga una nueva valoración de los datos económicos para llegar a distinta conclusión a la que ha obtenido el Juzgador tras la valoración del conjunto de la prueba.

Por lo expuesto, concluye el Juzgador que la causa objetiva invocada no supera los estándares de realidad, entidad y razonabilidad, ni el juicio de necesidad y proporcionalidad exigidos por los artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores y por la jurisprudencia citada, por lo que califica el despido como improcedente con los efectos establecidos en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores .

El conjunto de datos reflejados en la sentencia recurrida nos lleva a confirmar la misma, no apreciándose la infracción de normas denunciada en el recurso.

Por lo expuesto, y

EN NOMBRE DEL REY

Fallo