Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 1797/2024 de 19 de enero del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación

1.- La parte actora, Dª Natividad, ahora recurrente, reclamaba el dictado de una Sentencia por la que se declarase que, como consecuencias de las dolencias que padece, se encuentra afectada de una incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio o, subsidiariamente, total para su profesión habitual de técnico de laboratorio, condenando a las demandadas a que, en sus respectivas responsabilidades, le abonen la pertinente prestación en la cuantía y efectos reglamentarios.

2.- El Juzgado de lo Social n. 2 de Salamanca, en la Sentencia 242/24, de fecha 2 de mayo de 2024, recaída en los autos SSS número 663/23, sobre incapacidad permanente, desestima la demanda promovida por Dª. Natividad contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, absolviendo a los demandados de las pretensiones deducidas frente a ellos.

La magistrada a quofundamenta su decisión en que la actora tiene una situación funcional sustancialmente idéntica a la valorada en Sentencia de 24-1-2024, por lo que la conclusión debe ser la misma, ya que, la única dolencia adicional, de carácter psíquica, no es incapacitante.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, Dª Natividad, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras b) y c) del art. 193 LRJS.

Estos motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se dicte en su día nueva Sentencia por la que se revoque la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n. 2 de Salamanca, declarando que Dª Natividad se encuentra afectada por una Invalidez Permanente Absoluta para todo tipo de trabajo y, subsidiariamente, Total para su profesión habitual de Técnico de Laboratorio, todo ello con los demás pronunciamientos legales que correspondan.

4- El recurso de suplicación no ha sido impugnado.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla

Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada solicita la revisión de hechos declarados probados, con objeto de:

- Adicionar, al primero de los Hechos Probados Séptimo (existen dos HP 7º por error), la siguiente frase:

"Además de la patología crónica ya objetivada y referida, la actora ha sido diagnosticada de síndrome de espalda fallida, al menos desde 13 de julio de 2023, produciéndose por tanto un agravamiento en el estado de las lesiones que presentaba, con un nuevo y añadido diagnóstico de síndrome de espalda fallida".

La parte recurrente, para su petición, se ampara en: 1.- Acontecimiento Num. 22. Expediente Administrativo INSS. Informe Médico de Síntesis, páginas 34 a 36 inclusive. 2.- Acontecimiento Num. 7, Informe Clínico SACYL de 13-07-2023. 3.- Acontecimiento Num. 43, Informe Pericial Dr. Germán. Razona la recurrente que dicha adición resulta imprescindible para introducir el dato clínico de una patología no reconocida por la juzgadora, en cuanto a lo referente al padecimiento del síndrome de espalda fallida que presenta la demandante, por cuanto entiende que dicha situación complementa y confirma la existencia de nuevos procesos evolutivos degenerativos a los ya objetivados en el anterior proceso judicial.

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado:

La Sala considera que nos encontramos ante una revisión histórica que no puede prosperar, ya que, aunque se señala con claridad y precisión el hecho cuestionado y lo que ha de adicionarse, reseñando los términos en los que ha quedar redactado el hecho probado, la adición se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, el síndrome de espalda fallida ya ha sido valorado por la magistrada a quo,haciéndolo constar tanto en el Hecho Probado Tercero, al hablar de los hechos probados de los autos nº 691/2022 del Juzgado de lo Social nº2 de Salamanca, como en el Fundamento de Derecho Cuarto, al tatar del informe pericial de parte, amén que la fecha que se pretende introducir como nueva, como si fuera un nuevo diagnóstico no valorado, no se corrobora con la documental citada, a sensu contrario,dicho síndrome de espalda fallida fue diagnosticado ya el 25 de octubre de 2022, por lo que, no solo se ha valorado en la Sentencia de instancia de autos, sino que ya fue valorado en la de los autos nº 691/2022 del Juzgado de lo Social nº2 de Salamanca.

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado y firme el relato de hechos probados, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Falta de citación de precepto o jurisprudencia concretamente infringida y su conexión con el razonamiento que se postula. Inexistencia de IPA o IPT, dolencias y secuelas similares a las ya valoradas mediante Sentencia sin alteración significativa

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en suplicación postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia, en concreto, el recurrente en esta alzada, solicita examinar el derecho aplicado en la Sentencia recurrida en relación con la jurisprudencia aplicable, citando los arts. 193 y 194.5 TRLGSS y jurisprudencia en genérico, considerando que las patologías que presenta llevan a considerar que se encuentra incapacitada para desarrollar cualquier actividad, por cuanto las limitaciones que presenta, no solo le imposibilitan para el desarrollo de su profesión habitual de Técnico de Laboratorio, sino para toda profesión u oficio, en las condiciones de profesionalidad a las que se viene refiriendo la jurisprudencia.

Con carácter previo a dar respuesta a la cuestión suscitada conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicando en que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

Partiendo del inalterado relato de hechos probados, la Sala entiende, en primer lugar, que el recurso de suplicación incurre en un defecto esencial, consistente en no concretar la norma o jurisprudencia infringida ni razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica, no obstante, a los efectos de no generar indefensión y dar cumplimiento al art. 24 de la Constitución española de 1978, la Sala va a proceder a resolver el motivo, ya que, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se ha producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la magistrada de instancia, a la hora de adoptar la decisión, simplemente se ha basado en los autos n. 691/2022 del Juzgado de lo Social nº2 de Salamanca que, por Sentencia de 15 de noviembre de 2022, deniega la incapacidad permanente, habiendo sido confirmada por esta Sala, en Sentencia de 29 de enero de 2024, RSU: 49/2023, añadiéndose únicamente, como novedad, la patología psíquica.

Tal como señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Madrid, de 6 de junio de 2005, [ROJ:STSJ M 6684/2005] la valoración de la incapacidad permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva capacidad de ganancia que resta al trabajador, lo que se ha efectuado en la Sentencia de instancia y no en el recurso de suplicación.

Pues bien, en el caso de autos, la Sala, al igual que la magistrada de instancia, entiende que no ha variado sustancialmente la situación respecto a la ya establecida con carácter firme en la Sentencia de esta Sala de 29 de enero de 2024, recaída en el RSU: 49/2023, que recordemos se argumentó que: "debe concluirse que la trabajadora sufre afectaciones a nivel físico. A tal efecto, presenta: hernia discal extruida L4-L5. Laminectomia L5-S1, que le causan las Limitaciones organicas y funcionales consistentes en lumbalgia con funcionalidad conservada, dudosa radiculopatia derecha. No cabe duda de la afectación física a nivel lumbar pero, sin embargo, las limitaciones se ciñen a lumbalgia, manteniendo la funcionalidad conservada y dudosa radiculopatía derecha, a lo que debe añadirse que la revisión por endometriosis concluye en " Buen control Ecografia bien y En la exploracion del Medico Inspector el 24-06-22, pese a que la actora Refiere dolor localizado, constante en zona lateral lumbar derecha y, a veces por la pierna derecha, la Exploración se muestra con buena movilidad lumbar y de extremidades. No contracturas paravertebrales". El diagnóstico de síndrome de espalda fallida no puede entenderse como objetivamente finalizado, al estar pendiente de remisión a tto a la Unidad del Dolor y no poder ser valorado en el momento del hecho causante. Ello impediría la realización de actividades de considerable esfuerzo físico, o de posturas forzadas o que impliquen estar de pie la mayor parte del tiempo, pero no así de actividades de carácter sedentario, por lo que la incapacidad permanente absoluta no podría ser objeto de reconocimiento. Por esa misma razón, debe rechazarse también la afectación de una incapacidad permanente total, al ser su profesión habitual la de técnico de laboratorio, una profesión sedentaria, que implica la mayor parte del ejercicio sentada, sin postura forzada, sin caminar y sin esfuerzo físico",añadiéndose únicamente como novedad la patología psíquica, ansiedad reactiva según el INSS y trastorno adaptativo ansioso-depresivo según el perito de la parte actora (no se especifica por la magistrada cual de dichas dolencias es la que asume, lo que constituye un grave defecto puesto que no son las mismas, aunque no procede declarar la nulidad para obtener dicho pronunciamiento al no haberse solicitado por la parte, tal y como se deriva de la STS/SOC de 8 de noviembre de 2017, rec. 40/2017 y, en todo caso, la conclusión sobre las limitaciones de la dolencia sería la misma que la que se ha adoptado), enfermedad que se encuentra bajo tratamiento, habiéndose conseguido avances en cuanto al aumento del estado de ánimo y disminución de los niveles de ansiedad, por lo que debe entenderse que carece de suficiente entidad médico-jurídica como para ser acreedora de incapacidad permanente, debiendo hacer nuestro el pronunciamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la cual ha declarado reiteradamente que la ansiedad o depresión, sin síntomas psicóticos o expansivos ni clínica depresiva mayor, si bien puede impedir llevar a cabo actividades profesionales que impliquen riesgo para sí mismo o tercero, no excluye la posibilidad de llevar a cabo tareas exentas de tales características [v. entre otras, SSTSJ 454/2017, 455/2017 y 489/2017]).

Esta doctrina resulta plenamente coherente con la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que descarta automatismos entre diagnóstico psiquiátrico y situación de incapacidad permanente, exigiendo la acreditación de una repercusión funcional grave e incompatible con cualquier actividad laboral mínimamente estructurada ( STS/SOC de 27-6-2018, rec. 299/2017).

En síntesis, no habiéndose probado que las dolencias psíquicas ostenten una repercusión funcional grave e incompatible con cualquier actividad laboral mínimamente estructurada, y resultando las restantes dolencias idénticas a las ya valoradas con carácter firme en los autos n. 691/2022 del Juzgado de lo Social nº2 de Salamanca, no cabe otra opción que confirmar el pronunciamiento de la magistrada de instancia, puesto que las dolencias que padece la parte actora, no solo no le impiden realizar cualquier profesión u oficio sino que, además, son perfectamente compatibles con la profesión de técnico de laboratorio, la cual no exige unos altos requerimientos físicos y psicológicos, ni está sometida a altos riesgos para si o para terceros o, al menos, no han sido acreditados, existiendo diversas modalidades de desempeño de la profesión de técnico de laboratorio que exigen distintos requerimientos físicos y psicológicos y a las que se asocian distintos riesgos, los cuales no constan en el relato fáctico de la Sentencia de instancia ni se han intentado introducir los mismos por la vía de revisión de hechos.

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica, sin que haya logrado su propósito y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª Natividad contra la Sentencia 242/24, de fecha 2 de mayo de 2024, recaída en los autos SSS número 663/23, sobre incapacidad permanente, procedente del Juzgado de lo Social n. 2 de Salamanca, confirmando íntegramente la misma.

CUARTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure, del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

QUINTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY