Sentencia Social 1201/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 920/2024 de 19 de diciembre del 2024

PRIMERO.-La parte actora presentó demanda frente a la mercantil DIRECCION000 en reclamación por despido y cantidad.

Se alegaba que el día 14 de abril de 2.022 fue despedido verbalmente tras venir prestando servicios para la demandada desde el 5 de febrero de 2.018 con un salario de 3.000 € netos. Se reclamaban 11.287,67 € netos en concepto de salarios de enero a 14 de abril de 2.022 y liquidación de vacaciones, o, de forma subsidiaria 7.027,58 € brutos por los mismos conceptos y tomando como referencia salarial el convenio.

La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 20 de Madrid desestimó la demanda al entender que, pese a que la empresa se había allanado a las peticiones del actor dado que la misma había cesado en la actividad entendía que era un reconocimiento fraudulento, máxime cuando la existencia de relación laboral había quedado huérfana de prueba.

Disconforme con el sentido del fallo la parte actora se alza en suplicación articulando su rechazo a lo resuelto a través de cinco motivos.

A través del primero de ellos y bajo el amparo de la letra b) del artículo 193 de la LRJS se solicita la modificación del hecho probado segundo con apoyo en la transcripción de la declaración efectuada por la demanda ante el Juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Arganda del Rey, amén del reconocimiento efectuado en el acto del juicio.

Se propone la siguiente redacción:

El demandante finalizó la relación laboral el día 14.04.2022 por despido verbal de la empleadora.

Como señala el Tribunal Supremo en su Sentencia de 2 de marzo de 2.016 (recurso 153/2015), para que prospere el motivo por el que se busca la modificación del relato fáctico es preciso:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. No cabe apreciarlo si ello comporta repulsa de las facultades valorativas de la prueba, privativas del Tribunal de instancia, cuando estas atribuciones se ejercitan conforme a la sana crítica, porque no es aceptable que la parte haga un juicio de evaluación personal, en sustitución del más objetivo hecho por el Juzgador de instancia.

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte» encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte.

Atendiendo a estas previsiones no podemos acceder a lo solicitado por los siguientes motivos.

La parte se remite a lo señalado en la declaración efectuada por la empresaria ante el Juzgado mixto nº 3 de Arganda del Rey. Esta declaración, necesariamente, tiene que ser posterior a la denuncia efectuada ante la Guardia Civil, denuncia que se efectúa el día 15 de abril de 2.02 y en la misma se dice que sigue trabajando puesto que siempre se refiere a esa cuestión en presente. Por tanto, como señala la magistrada, no existe prueba de que el día 14 de abril de 2.022 la empresa despidiese verbalmente al trabajador.

Pero es que, una declaración de parte, aun cuando pueda haberse efectuado ante un Juez con asistencia del Secretario, carece de fuerza para sustentar una petición de modificación del relato de hechos probados puesto que no es más que una exposición verbal documentada.

Pero es que, además, lo que se manifiesta en el acta de la declaración efectuada por la demandada ante la Juez de Instrucción es que se ha planteado la posibilidad de despedir al actor a raíz de un incidente, pero no señala que lo haya hecho

Por otro lado, la redacción efectuada, en cierta medida, resulta predeterminante del fallo ya que establece como un hecho la existencia de relación laboral cuando es precisamente esa circunstancia la que está en entredicho.

SEGUNDO.-También al amparo de la letra b) del artículo 193 de la ley procesal se reclama la modificación de relato fáctico, en concreto el hecho probado quinto de forma que su redacción quede fijada como sigue:

El actor comenzó a prestar sus servicios para la demandada como instalador de gas desde el día 5 de febrero de 2018, siendo contratado por el padre de Inés, administrador único de la Empresa DIRECCION000 en aquel momento, cobrando un salario de 3.000 euros en b.

Se remite a las manifestaciones de la empresa efectuadas ante el Juzgado de Instrucción de Arganda del Rey y a los documentos 6 a 27.

Si tomamos la declaración en su totalidad y no de forma parcial, efectivamente en algún momento se especifica que empezó a trabajar con su padre en 2.018 , pero, si leemos en su totalidad la declaración, lo que se reconoce es que en 2.018 su padre comenzó a enseñarle a trabajar por lo que no podemos entender, por esa sola manifestación hecha por una persona lega en derecho, que existe una prestación de servicios con las notas del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores.

De hecho, en algún momento y pese a ser ella la propietaria, afirma que tenía dificultad de acceso al centro de trabajo porque se lo impedía el actor, comportamiento harto extraño tratándose de una prestación de servicios por cuenta ajena que impone que el operario se encuentra dentro del ámbito de organización del empresario, no al contrario.

En cualquier caso , ya hemos señalado la inhabilidad de la declaración a los efectos de fundamentar una petición en suplicación al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley Procesal.

Sin embargo, sí consta por la documental, que el actor ha actuado como instalador para la mercantil bajo el nombre de la hoy demandada puesto que así figura en las certificaciones y facturas. Sin embargo, estos documentos no nos sitúan en el año 2.018 sino, como máximo, en septiembre de 2.021.

Respecto de la retribución, efectivamente consta reconocido por la mercantil que le abonaba 3.000 € "en b, sin embargo esta manifestación solo puede considerarse propia del interrogatorio de parte cuya valoración corresponde exclusivamente a la magistrada a quo y sobre la que no se puede llevar a cabo una nueva valoración.

Por tanto se estima la modificación pero limitando la redacción a lo que se desprende de los documentos a los que se remite:

El actor viene realizando tareas de instalación de gas como instalador autorizado de DIRECCION000 desde el 21 de septiembre de 2.021.

TERCERO.-El motivo tercero se dirige a la modificación del hecho probado quinto en el que se destacaba la falta de prueba sobre una decisión extintiva verbal por parte de la empresa.

Se propone como alternativa:

En fecha 14 de abril de 2022, sobre las 18:00 horas, Inés notifica verbalmente al actor su despido, dado que no se han seguido los trámites formales oportunos"

Debemos reiterar lo ya expuesto en el fundamento primero en el que abordamos la materia relativa a la existencia de una decisión extintiva.

La postura de la Administradora de la empresa, cabe pensar que motivada por las muy particulares circunstancias que narra en su declaración, no ha sido en ningún caso clara e inequívoca en este aspecto.

En su declaración judicial no señala que haya despedido al actor, afirmando que no se ha atrevido a hacerlo por miedo. En el acto del juicio se allana. Este cambio de parecer genera desconfianza y por tanto no podemos obtener la certeza ni de la fecha de la extinción, ni de si esta ha tenido lugar y, de ser así, cuando, avalando como acertada la valoración efectuada por la magistrada, valoración que es preciso recordar que incumbe de forma exclusiva y excluyente al iudex a quo que rechazó que el allanamiento tuviese los efectos reclamados.

CUARTO.-Finalmente, y como última petición de modificación del relato fáctico, se solicita la supresión del hecho probado séptimo.

Sobre este particular, ya hemos tenido la oportunidad de valorar la declaración efectuada ante el Juzgado de Arganda del Rey en el que se seguían diligencias por violencia de género.

También hemos tenido la oportunidad de examinar los documentos aportados y sobre los que la magistrada basa el hecho portado séptimo.

No se desprende ningún error grosero y evidente en la forma en la que se ha concluido por la juzgadora que, en algún momento el actor ha llevado a cabo servicios para la empresa pero sin que consten las condiciones en las que lo hacía y de hecho esta situación es la que se desprende de las dos pruebas a las que fía los cambios postulados: declaración de la actora como víctima ante el Juzgado de Arganda y documental.

Recordamos en todo caso, que la declaración no es una prueba que podamos considerar como apoyo para una modificación del relato de probanzas.

Consecuencia de lo expuesto es que debe permanecer el redactado en la forma en la que lo llevó a cabo la Magistrada de instancia.

QUINTO.-El quinto y último motivo se dirige a denunciar la infracción del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 85.2 y 237 y siguientes de la LRJS.

Sostiene que la juzgadora no ha dado ninguna credibilidad a los documentos aportados pese al allanamiento y finaliza señalando que, si existe fraude de ley éste deberá ser fijado en ejecución de sentencia

Debemos partir del relato de hechos probados.

1.-El actor y la empresaria era pareja sentimental.

2.- En ese contexto, el padre de la empresaria enseña el oficio al demandante.

3.- A partir de septiembre de 2.021 el actor aparece como instalador de gas autorizado por la mercantil. En el hecho probado séptimo se indica que se trata de "algún tipo de prestación laboral" en fechas indeterminadas y bajo condiciones no probadas. Es en fundamentación cuando se señala que existe "cierta prestación de posible contenido laboral por parte del actor frente a la codemandada".

4. La empresaria reconoce que el abonaba 3.000 € al mes, pero ya hemos visto que esa manifestación no es creída por la magistrada ni resulta avalada por un solo documento.

5.- Existen denuncias por violencia de género de la empresaria al demandante que han dado lugar a diligencias penales en el Juzgado de Primer Instancia e Instrucción de Arganda del Rey.

6.- Los extremos del allanamiento no se compadecen con lo reconocido ante el Juzgado en toda su extensión, por ejemplo, la fecha de inicio de la prestación de servicios

El fraude de Ley fue denunciado por el FOGASA como interesado en tanto que, una situación de insolvencia de la empresa podría hacerle responsable del abono de salarios y/o indemnización con los límites fijados en el artículo 33 del Estatuto.

El fraude de ley no se presume sino que debe ser acreditado por el que lo alega. El marco normativo ante el que se nos sitúa es el correspondiente a los artículos artículo 11.2 LOPJ que establece que los juzgados y tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidencias y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal, el artículo 6.4 del Código Civil que obliga a aplicar la norma que se ha pretendido eludir bajo el manto de y uso de otra, el artículo 217 de la LEC en tanto que fija que hechos tiene que ser acreditados y por quién y el artículo 386.1 LEC puesto que a partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano,

Pues bien, partiendo de los hechos probados descritos se afirma por la magistrada:

... no existe en el presente procedimiento rastro alguno probatorio de la pretendida existencia de los términos de la relación laboral. Como ha quedado señalado en el relato de hechos probados, únicamente se deriva la existencia de cierta prestación de posible contenido laboral por parte del actor frente a la codemandada. Más allá de este extremo, ninguna conclusión puede realizarse sobre la existencia de un contrato laboral, la duración del mismo, la jornada pactada, su salario, la hipotética fecha de finalización... sin realizar un verdadero acto de fe. Únicamente consta dado de alta el actor en el RETA con fecha 26.04.22, según se desprende de la documental aportada por el FOGASA.

No podemos compartir tan taxativa manifestación puesto que la propia sentencia alude a una prestación que podría considerarse como laboral pero manifestándose que no constan acreditadas las notas relativas al contrato de trabajo que se contienen en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores.

Por otro lado, también debemos recordar con el TS en su Sentencia de 26 de diciembre de 21.996 ya señalaba que Teniendo en cuenta que el fraude de ley es una valoración que depende de muy diversas circunstancias objetivas y subjetivas, en cuya apreciación debe atribuirse un amplio margen a los órganos jurisdiccionales de instancia y de suplicación, no cabe reconocer entre las sentencias comparadas la contradicción cualificada que, de acuerdo con el art. 217 de la vigente Ley de procedimiento laboral es requisito de recurribilidad en esta excepcional vía impugnatoria de unificación de doctrina.

La magistrada, define los perfiles del contrato de trabajo a lo que nosotros añadimos que, de acuerdo con el artículo 8 del ET 1. El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel.

La presunción no alcanza a una sola de las notas, sino que debe constar de forma cumplida que concurren todas ellas.

Pues bien, lo único con lo que contamos es que el actor ha realizado instalaciones como instalador autorizado por cuenta de la mercantil. Por eso no podemos decir que no existe ninguna prueba, pero, ahí acaba lo probado.

El salario no consta y sobre este punto sería preciso detenernos para hacer valer que resulta a todas luces increíble que una persona que afirma que ha estado prestando servicios por cuenta de otra y que percibía un salario elevado (3.000 € netos mensuales), no tenga el más mínimo rastro documental que permita fijar, no ya la suma postulada, sino cualquier otra que evidenciase la prestación era retribuida. Por ejemplo, el actor no consta que declarase a la hacienda pública que recibía mensualmente 3.000 € (36.000 € netos anuales), para lo que no necesitaba ni estar de alta ni que la empresa reconociese o no el vínculo laboral.

También recordamos que el actor era pareja de la empresaria lo que difumina los perfiles propios del vínculo laboral.

Tampoco consta que estuviese sometido al ámbito de dirección y organización del empresario, extremo este que ni tan siquiera reconoce la empleadora puesto que llegó a decir que ella no podía entrar al centro de trabajo y que el acto cogía lo que le parecía. Se trata de un hecho negativo que no ha tenido entrada en el relato de probanzas.

En definitiva, y aunque no se pueda afirmar la existencia de fraude en el reconocimiento efectuado, sí podemos ver que el mismo es efectuado por una persona lega en derecho que da al concepto "contrato de trabajo" un sentido no técnico, sin que conste que la relación entre el actor y la mercantil cumpla con todas las exigencias que el Estatuto exige para poder hablar de un contrato de trabajo.

Finalmente, el argumento de que el fraude de ley debe acreditarse en ejecución y que la magistrada debe dictar sentencia aunque estime que concurre una actuación en ese sentido es inadmisible.

Si existe fraude, como ya hemos señalado, la obligación del juzgador es repeler la petición que se funde en el mismo en el momento en el que queda constancia.

En ejecución de Sentencia es preciso llevar a buen fin el contenido del fallo expresado en la fase declarativa no admitiéndose peticiones que pudieron hacerse valer en el acto del juicio o de forma previa al mismo.

En atención a lo expuesto, procede la desestimación del recurso y confirmación de la sentencia de instancia.

SEXTO.-Sin costas ( artículo 235 LRJS) .

Vistos los preceptos citados,