Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 2529/2024 de 20 de abril del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, Dª María Purificación, ahora recurrente, reclamaba el dictado de una Sentencia por la que se declarase que, como consecuencias de las dolencias que padece, se encuentra afectada de una incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio o, subsidiariamente, total para su profesión habitual de operaria de laboratorio farmacéutico, condenando a las demandadas a que, en sus respectivas responsabilidades, le abonen la pertinente prestación en la cuantía y efectos reglamentarios.

2.- El Juzgado de lo Social n. 3 de León, en la Sentencia 368/24, de fecha 18 de julio de 2024, recaída en los autos SSS número 268/24, sobre incapacidad permanente, desestima la demanda presentada por Dña. María Purificación frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y ABSUELVE a las entidades codemandadas de las pretensiones formuladas en su contra.

La magistrada a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que la trabajadora presenta un trastorno adaptativo, COVID persistente, con artralgias postcovid y cervicoartrosis con discopatía C5-C6 y C6-C7, resultando que el estado de salud descrito no implica en este momento limitaciones significativas.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, Dª María Purificación, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras b) y c) del art. 193 LRJS.

Estos motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se dicte en su día nueva Sentencia por la que se revoque la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n. 3 de León, declarando que Dª María Purificación se encuentra afectada por una Invalidez Permanente Total para su profesión habitual de operaria de laboratorio farmacéutico, todo ello con los demás pronunciamientos legales que correspondan.

4.- El recurso de suplicación no ha sido impugnado.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. 1º Valoración probatoria por la magistrada de instancia e irrelevancia de los procesos abiertos si las dolencias no constan como definitivas ni se incorporan las limitaciones que producen. 2º Valoración probatoria por la magistrada de instancia e imposibilidad de incorporar al relato fáctico dolencias nuevas posteriores a la tramitación del expediente administrativo. Irrelevancia de la incorporación de dolencias sin incluir limitaciones. 3º Valoración probatoria por la magistrada de instancia e inutilidad de inclusión de datos que ya constan en los hechos declarados probados. Falta de justificación de la trascendencia de lo que se pretende adicionar.

Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada solicita la revisión de hechos declarados probados, con objeto de:

a) - Adicionar, al Hecho Probado TERCERO, un texto del siguiente tenor literal:

"Desde el inicio de la IT, la actora tiene abiertos los siguientes procesos clínicos: PIROSIS, FERROPENIA, DEFICIT VITAMINA D, PERDIDA DE MEMORIA, ARTRALGIA, DISLIPEMIA, INTERVENCION EN DIENTE SUPERIOR MUELA DEL JUICIO, ALGIAS GENERALIZADAS, LINFEDEMA, OBESIDAD, INFECCIÓN AGUDA VIAS ESPIRATORIAS".

b)- Completar, el Hecho Probado SEXTO, de manera que quedaría redactado de la siguiente manera:

"-Según informe médico del servicio de reumatología de Centro Médico Recoletas, se diagnostica SDR POSTCOVID, SDR FIBROMIALGICO ASOCIADO A ESTUDIO EN FEB 24, TRASTORNO ANSIOSODEPRESEIVO EN SEGUIMIENTO.

Y se recomienda: HABITOS CARDIOSALUDABLES, ACTIVIDAD FISICA REHABILITADORA, EVITAR SOBRECARGAS FISICAS MECÁNICAS O MOVIMIENTOS REPETITIVOS QUE PUDIERA DESENCADENAR O EMPEORAR SU SINTOMATOLOGÍA ARTICULAR: ADAPTACIÓN DEL PUESTO LABORAL. AYUDA DOMICILIARIA PARA TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE LAS SECUELAS DE SU ENFERMEDAD LE IMPIDAN REALIZAR COB NORMALIDAD. SEGUIMIENTO EN CONSULTAS EXTERNAS".

c)- Adicionar, al Hecho Probado DÉCIMO, el siguiente texto:

"Por informe del servicio de neurología de 8-3-2022, se le diagnostica déficit de atención, sin patología neurológica de base".

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado, desglosado en las letras a), b) y c):

a) 1- La parte recurrente, para su petición, se ampara en el INFORME CLINICO SACYL con datos de la historia clínica de la actora que obra al folio 69 del Expediente Administrativo, entendiendo relevante la modificación propuesta para poder valorar en sede jurídica la capacidad laboral de la actora a efectos del reconocimiento de la prestación de incapacidad permanente, indicando las especialidades bajo cuyo tratamiento se encuentra.

2- El motivo no ha sido impugnado.

3- La Sala considera que nos encontramos ante una revisión histórica que no puede prosperar, ya que, aunque se señala con claridad y precisión el hecho cuestionado y lo que ha de adicionarse, reseñando los términos en los que ha quedar redactado el hecho probado, la adición se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, la magistrada de instancia ya ha valorado la prueba reseñada sin haberle dado la trascendencia que postula la parte recurrente, quizás porque, al igual que este Tribunal de Suplicación, considera que se trata de unos datos fácticos absolutamente irrelevantes por cuanto a los efectos de valorar la incapacidad permanente no es suficiente con padecer unos procesos médicos abiertos, sino que es necesario que las dolencias sean previsiblemente definitivas y que, además, ocasionen unas limitaciones, por lo que al no incorporar si son o no dolencias previsiblemente definitivas y las limitaciones que las mismas producen, lo que se pretende adicionar es totalmente estéril para el resultado del proceso.

b) 1- El recurrente en esta alzada sostiene su pretensión en el DOCUMENTO 15 del ramo de la parte, informes médicos servicios reumatologías Centro Médico Recoletas de 29-2-2024 y de 5-4-2024, entendiendo relevante la modificación propuesta a la vista del error de la juzgadora al no incluir, sin motivación alguna al respecto, dicho diagnóstico en el cuadro clínico residual, constando el mismo en informe médico obrante en autos, y siendo el mismo relevante para resolver el fondo de la pretensión.

2- El motivo no ha sido impugnado.

3- Esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, entiende que la revisión pretendida está conducida directamente al fracaso, ya que, aunque se señala con claridad y precisión el hecho cuestionado y lo que ha de adicionarse, reseñando los términos en los que ha quedar redactado el hecho probado, la adición se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, la magistrada de instancia ya ha valorado la prueba reseñada sin haberle dado la trascendencia que postula la parte recurrente, sin que este Tribunal de Suplicación, tampoco la magistrada de instancia, pueda incorporar al relato fáctico una dolencia nueva (tampoco meras recomendaciones) surgida tras la finalización de la tramitación del expediente administrativo, esto es, sin posibilidad de haber sido valorada por el INSS, de manera que resolver sobre la misma sería tanto como poder revocar una resolución administrativa por una causa que no ha podido debatirse, ello sin contar con que nuevamente no se incorpora el carácter definitivo de la dolencia y las limitaciones que le produce, encontrándonos nuevamente ante una adición totalmente estéril.

c) 1- La parte actora sostiene su adición en el INFORME DE NEUROLOGIA, folio 46 del expediente administrativo.

2- El motivo no ha sido impugnado.

3- Este Tribunal de Suplicación entiende nuevamente que la adición que pretende la parte no puede lograr su propósito, ya que, aunque se señala con claridad y precisión el hecho cuestionado y lo que ha de adicionarse, reseñando los términos en los que ha quedar redactado el hecho probado, la adición se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, no se justifica la trascendencia de la adición, requisito este esencial que si se había cumplido en los anteriores submotivos, pero además, no alcanza a entender esta Sala el por qué quiere incorporar algo que ya consta en otro pasaje distinto de la Sentencia de instancia, por lo que, en definitiva, la incorporación sería nuevamente estéril, ya que, los datos que quiere incorporar ya constan y se han valorado, aunque no sea de la manera que pretendía la recurrente.

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado y firme el relato de hechos probados, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Petición de principio o hacer supuesto de la cuestión. Limitaciones compatibles con la actividad profesional de operaria de laboratorio farmacéutico. Inexistencia de IPT.

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en suplicación postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

1.- En concreto, el recurrente en esta alzada, solicita examinar el derecho aplicado en la Sentencia recurrida, por entender que la misma infringe el art. 194 TRLGSS, sosteniendo, en síntesis, que con las dolencias que padece, entre las que se encuentran las que pretende incorporar al relato fáctico, y las limitaciones que estas producen, con el tratamiento que está recibiendo, está imposibilitada de realizar todas o las más esenciales funciones de su actividad profesional.

2.- El motivo no ha sido impugnado.

Con carácter previo a dar respuesta a la cuestión suscitada conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicando en que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3.- Partiendo del inalterado relato de hechos probados, por fracasar las revisiones pretendidas, la Sala entiende, en primer lugar, que el recurso de suplicación incurre en un defecto esencial, en la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, ya que, las infracciones jurídicas deben basarse en los hechos declarados probados, por lo que al no haber triunfado las revisiones fácticas pretendidas se está sosteniendo una censura jurídica con argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, ello sin contar con que no se han atacado las limitaciones que con valor de hecho probado se consignan en la Sentencia de instancia, esto es, no se ha pretendido su revisión a través de prueba documental o pericial, por lo que el recurso está construido sobre meras hipótesis de parte, lo que lo conduce directamente al fracaso.

Es por lo expuesto por lo que, para resolver la pretensión, debe partirse de lo razonado por la magistrada de instancia, la cual establece que: "la trabajadora presenta un trastorno adaptativo, COVID persistente, con artralgias postcovid y cervicoartrosis con discopatía C5-C6 y C6-C7.

El estado de salud descrito no implica en este momento limitaciones significativas.

Por lo que respecta a las dolencias ostearticulares, no existe indicio alguno de que produzcan en este momento una clínica de una mínima entidad para interferir con el desarrollo de una actividad física que precise de ciertos esfuerzos, considerando que la demandante es operaria de laboratorio, profesión que por ello no puede entenderse como impedida en la actualidad, fue alta en reumatología en el mes de junio de 2023. El estudio neurofisiológico, electromiografía (folio 45 del expediente), se encuentra dentro de la normalidad y en Informe RMN de 14 de noviembre de 2023 no existen signos radiológicos de sacroileítis.

Finalmente, tampoco existe rastro objetivo alguno de que la afección psíquica despliegue algún efecto en la vida social o laboral de la interesada, en tanto en cuanto en SM se le da el alta, en junio de 2023 con el diagnóstico de trastorno adaptativo. En SM no se detecta clínica afectiva mayor. Por otra parte, debemos significar que, al menos desde 2013, la trabajadora ha estado tratada por depresión con ansiedad y ello no le ha impedido el desarrollo de una actividad laboral normalizada, salvo en momentos álgidos de la enfermedad. Valorada por Neurología marzo 22, por déficit de atención: sin patología neurológica de base.

En definitiva, lo que se deriva de los datos disponibles, es que la interesada presenta un cuadro que en este momento no puede calificarse sino de leve, (UMEVI a la exploración no se objetivan signos de sinovitis articular. Mano izquierda con movilidad conservada salvo pérdida de fuerza al realizar puño completo. Tiger points 8/18+, de cintura escapular hasta tobillos).

Por lo que respecta al Covid persistente, se trata de una calificación médica reciente, de la que todavía está en cuestión no solo su naturaleza o alcance, sino incluso su existencia como diagnóstico autónomo, no cabe otra solución práctica que considerar, más que tal discutible calificación, la clínica realmente concurrente, como sucede con otras muchas dolencias reconocidas, pero de naturaleza y alcance muy diversas según los casos. Y en este que ahora nos ocupa, como ya hemos visto, le provoca artralgias (dolor en las articulaciones), no se objetiva una situación que interfiera con el desarrollo de la profesión de la interesada como técnico de laboratorio ni, por tanto, con ninguna otra".

Tal como señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Madrid, de 6 de junio de 2005, [ROJ:STSJ M 6684/2005] la valoración de la incapacidad permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva capacidad de ganancia que resta al trabajador, lo que se ha efectuado en la Sentencia de instancia y no en el recurso de suplicación.

Pues bien, en el caso de autos la Sala entiende que las limitaciones que se declaran probadas no impiden la realización de una profesión como la de operaria de laboratorio farmacéutico.

Recordemos, tal y como menciona la recurrente, que esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el covid persistente, también sobre la fibromialgia, con pronunciamientos suficientemente claros:

Así, en nuestra STSJ CyL, sede Valladolid, 849/2016, de 11 de mayo de 2016 (Rec. 719/2016) ECLI: ES:TSJCL:2016:1834, analizamos un caso con diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo reactivo, fibromialgia severa y osteoporosis grave, donde reconocimos la agravación de las dolencias y la incapacidad para cualquier actividad laboral. La Sala destaca la importancia de valorar las limitaciones funcionales y no solo los diagnósticos, y concluye que la afectación psíquica y física impide el desempeño de cualquier trabajo, lo que justifica la declaración de incapacidad permanente absoluta.

En la Sentencia de este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero con sede en Burgos, 399/2023 de 25 de mayo de 2023 (Rec. 45/2023), ECLI:ES:TSJCL:2023:2083, se examina un caso de auxiliar de enfermería con síndrome postcovid persistente, fibromialgia, trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo y limitaciones funcionales severas. La Sala realiza un análisis detallado de la pluripatología y sus repercusiones en la capacidad laboral, concluyendo que la actora no puede incorporarse con un mínimo de capacidad y eficacia a ningún tipo de actividad laboral, incluyendo su profesión habitual, debido a la combinación de limitaciones físicas, neurológicas y psíquicas.

Una vez plasmados los anteriores pronunciamientos, este Tribunal de Suplicación entiende que aunque sea cierto, tal y como dice la recurrente, que esta Sala ha apreciado en diversas resoluciones que el covid persistente no es una enfermedad baladí, no es menos cierto que siempre ha tenido en cuenta las limitaciones funcionales y no las dolencias en sí mismas, y con las limitaciones que se declaran probadas difícilmente puede afirmarse que se encuentre la actora en una situación parecida a las que esta Sala ha tenido ocasión de resolver, ello sin contar con que no ha pasado al relato de hechos probados la dolencia de fibromialgia, la cual se ha considerado igualmente esencial por esta Sala, pero siempre constando las limitaciones que la misma produce, las cuales ni siquiera se han intentado incorporar, posiblemente porque sea una dolencia de reciente diagnóstico con limitaciones aún por determinar.

Es por lo expuesto por lo que debemos estar a la valoración probatoria efectuada por la magistrada de instancia y entender que con las limitaciones que padece la actora no se encuentra por el momento incapacitada para realizar todas o las más esenciales funciones de su profesión habitual.

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica, sin que haya logrado su propósito y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª María Purificación contra la Sentencia 368/24, de fecha 18 de julio de 2024, recaída en los autos SSS número 268/24, sobre incapacidad permanente, procedente del Juzgado de lo Social n. 3 de León, confirmando íntegramente la misma.

CUARTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones.

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure, del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

QUINTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación.

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, Dª María Purificación, ahora recurrente, reclamaba el dictado de una Sentencia por la que se declarase que, como consecuencias de las dolencias que padece, se encuentra afectada de una incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio o, subsidiariamente, total para su profesión habitual de operaria de laboratorio farmacéutico, condenando a las demandadas a que, en sus respectivas responsabilidades, le abonen la pertinente prestación en la cuantía y efectos reglamentarios.

2.- El Juzgado de lo Social n. 3 de León, en la Sentencia 368/24, de fecha 18 de julio de 2024, recaída en los autos SSS número 268/24, sobre incapacidad permanente, desestima la demanda presentada por Dña. María Purificación frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y ABSUELVE a las entidades codemandadas de las pretensiones formuladas en su contra.

La magistrada a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que la trabajadora presenta un trastorno adaptativo, COVID persistente, con artralgias postcovid y cervicoartrosis con discopatía C5-C6 y C6-C7, resultando que el estado de salud descrito no implica en este momento limitaciones significativas.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, Dª María Purificación, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras b) y c) del art. 193 LRJS.

Estos motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se dicte en su día nueva Sentencia por la que se revoque la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n. 3 de León, declarando que Dª María Purificación se encuentra afectada por una Invalidez Permanente Total para su profesión habitual de operaria de laboratorio farmacéutico, todo ello con los demás pronunciamientos legales que correspondan.

4.- El recurso de suplicación no ha sido impugnado.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. 1º Valoración probatoria por la magistrada de instancia e irrelevancia de los procesos abiertos si las dolencias no constan como definitivas ni se incorporan las limitaciones que producen. 2º Valoración probatoria por la magistrada de instancia e imposibilidad de incorporar al relato fáctico dolencias nuevas posteriores a la tramitación del expediente administrativo. Irrelevancia de la incorporación de dolencias sin incluir limitaciones. 3º Valoración probatoria por la magistrada de instancia e inutilidad de inclusión de datos que ya constan en los hechos declarados probados. Falta de justificación de la trascendencia de lo que se pretende adicionar.

Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada solicita la revisión de hechos declarados probados, con objeto de:

a) - Adicionar, al Hecho Probado TERCERO, un texto del siguiente tenor literal:

"Desde el inicio de la IT, la actora tiene abiertos los siguientes procesos clínicos: PIROSIS, FERROPENIA, DEFICIT VITAMINA D, PERDIDA DE MEMORIA, ARTRALGIA, DISLIPEMIA, INTERVENCION EN DIENTE SUPERIOR MUELA DEL JUICIO, ALGIAS GENERALIZADAS, LINFEDEMA, OBESIDAD, INFECCIÓN AGUDA VIAS ESPIRATORIAS".

b)- Completar, el Hecho Probado SEXTO, de manera que quedaría redactado de la siguiente manera:

"-Según informe médico del servicio de reumatología de Centro Médico Recoletas, se diagnostica SDR POSTCOVID, SDR FIBROMIALGICO ASOCIADO A ESTUDIO EN FEB 24, TRASTORNO ANSIOSODEPRESEIVO EN SEGUIMIENTO.

Y se recomienda: HABITOS CARDIOSALUDABLES, ACTIVIDAD FISICA REHABILITADORA, EVITAR SOBRECARGAS FISICAS MECÁNICAS O MOVIMIENTOS REPETITIVOS QUE PUDIERA DESENCADENAR O EMPEORAR SU SINTOMATOLOGÍA ARTICULAR: ADAPTACIÓN DEL PUESTO LABORAL. AYUDA DOMICILIARIA PARA TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE LAS SECUELAS DE SU ENFERMEDAD LE IMPIDAN REALIZAR COB NORMALIDAD. SEGUIMIENTO EN CONSULTAS EXTERNAS".

c)- Adicionar, al Hecho Probado DÉCIMO, el siguiente texto:

"Por informe del servicio de neurología de 8-3-2022, se le diagnostica déficit de atención, sin patología neurológica de base".

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado, desglosado en las letras a), b) y c):

a) 1- La parte recurrente, para su petición, se ampara en el INFORME CLINICO SACYL con datos de la historia clínica de la actora que obra al folio 69 del Expediente Administrativo, entendiendo relevante la modificación propuesta para poder valorar en sede jurídica la capacidad laboral de la actora a efectos del reconocimiento de la prestación de incapacidad permanente, indicando las especialidades bajo cuyo tratamiento se encuentra.

2- El motivo no ha sido impugnado.

3- La Sala considera que nos encontramos ante una revisión histórica que no puede prosperar, ya que, aunque se señala con claridad y precisión el hecho cuestionado y lo que ha de adicionarse, reseñando los términos en los que ha quedar redactado el hecho probado, la adición se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, la magistrada de instancia ya ha valorado la prueba reseñada sin haberle dado la trascendencia que postula la parte recurrente, quizás porque, al igual que este Tribunal de Suplicación, considera que se trata de unos datos fácticos absolutamente irrelevantes por cuanto a los efectos de valorar la incapacidad permanente no es suficiente con padecer unos procesos médicos abiertos, sino que es necesario que las dolencias sean previsiblemente definitivas y que, además, ocasionen unas limitaciones, por lo que al no incorporar si son o no dolencias previsiblemente definitivas y las limitaciones que las mismas producen, lo que se pretende adicionar es totalmente estéril para el resultado del proceso.

b) 1- El recurrente en esta alzada sostiene su pretensión en el DOCUMENTO 15 del ramo de la parte, informes médicos servicios reumatologías Centro Médico Recoletas de 29-2-2024 y de 5-4-2024, entendiendo relevante la modificación propuesta a la vista del error de la juzgadora al no incluir, sin motivación alguna al respecto, dicho diagnóstico en el cuadro clínico residual, constando el mismo en informe médico obrante en autos, y siendo el mismo relevante para resolver el fondo de la pretensión.

2- El motivo no ha sido impugnado.

3- Esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, entiende que la revisión pretendida está conducida directamente al fracaso, ya que, aunque se señala con claridad y precisión el hecho cuestionado y lo que ha de adicionarse, reseñando los términos en los que ha quedar redactado el hecho probado, la adición se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, la magistrada de instancia ya ha valorado la prueba reseñada sin haberle dado la trascendencia que postula la parte recurrente, sin que este Tribunal de Suplicación, tampoco la magistrada de instancia, pueda incorporar al relato fáctico una dolencia nueva (tampoco meras recomendaciones) surgida tras la finalización de la tramitación del expediente administrativo, esto es, sin posibilidad de haber sido valorada por el INSS, de manera que resolver sobre la misma sería tanto como poder revocar una resolución administrativa por una causa que no ha podido debatirse, ello sin contar con que nuevamente no se incorpora el carácter definitivo de la dolencia y las limitaciones que le produce, encontrándonos nuevamente ante una adición totalmente estéril.

c) 1- La parte actora sostiene su adición en el INFORME DE NEUROLOGIA, folio 46 del expediente administrativo.

2- El motivo no ha sido impugnado.

3- Este Tribunal de Suplicación entiende nuevamente que la adición que pretende la parte no puede lograr su propósito, ya que, aunque se señala con claridad y precisión el hecho cuestionado y lo que ha de adicionarse, reseñando los términos en los que ha quedar redactado el hecho probado, la adición se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, no se justifica la trascendencia de la adición, requisito este esencial que si se había cumplido en los anteriores submotivos, pero además, no alcanza a entender esta Sala el por qué quiere incorporar algo que ya consta en otro pasaje distinto de la Sentencia de instancia, por lo que, en definitiva, la incorporación sería nuevamente estéril, ya que, los datos que quiere incorporar ya constan y se han valorado, aunque no sea de la manera que pretendía la recurrente.

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado y firme el relato de hechos probados, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Petición de principio o hacer supuesto de la cuestión. Limitaciones compatibles con la actividad profesional de operaria de laboratorio farmacéutico. Inexistencia de IPT.

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en suplicación postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

1.- En concreto, el recurrente en esta alzada, solicita examinar el derecho aplicado en la Sentencia recurrida, por entender que la misma infringe el art. 194 TRLGSS, sosteniendo, en síntesis, que con las dolencias que padece, entre las que se encuentran las que pretende incorporar al relato fáctico, y las limitaciones que estas producen, con el tratamiento que está recibiendo, está imposibilitada de realizar todas o las más esenciales funciones de su actividad profesional.

2.- El motivo no ha sido impugnado.

Con carácter previo a dar respuesta a la cuestión suscitada conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicando en que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3.- Partiendo del inalterado relato de hechos probados, por fracasar las revisiones pretendidas, la Sala entiende, en primer lugar, que el recurso de suplicación incurre en un defecto esencial, en la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, ya que, las infracciones jurídicas deben basarse en los hechos declarados probados, por lo que al no haber triunfado las revisiones fácticas pretendidas se está sosteniendo una censura jurídica con argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, ello sin contar con que no se han atacado las limitaciones que con valor de hecho probado se consignan en la Sentencia de instancia, esto es, no se ha pretendido su revisión a través de prueba documental o pericial, por lo que el recurso está construido sobre meras hipótesis de parte, lo que lo conduce directamente al fracaso.

Es por lo expuesto por lo que, para resolver la pretensión, debe partirse de lo razonado por la magistrada de instancia, la cual establece que: "la trabajadora presenta un trastorno adaptativo, COVID persistente, con artralgias postcovid y cervicoartrosis con discopatía C5-C6 y C6-C7.

El estado de salud descrito no implica en este momento limitaciones significativas.

Por lo que respecta a las dolencias ostearticulares, no existe indicio alguno de que produzcan en este momento una clínica de una mínima entidad para interferir con el desarrollo de una actividad física que precise de ciertos esfuerzos, considerando que la demandante es operaria de laboratorio, profesión que por ello no puede entenderse como impedida en la actualidad, fue alta en reumatología en el mes de junio de 2023. El estudio neurofisiológico, electromiografía (folio 45 del expediente), se encuentra dentro de la normalidad y en Informe RMN de 14 de noviembre de 2023 no existen signos radiológicos de sacroileítis.

Finalmente, tampoco existe rastro objetivo alguno de que la afección psíquica despliegue algún efecto en la vida social o laboral de la interesada, en tanto en cuanto en SM se le da el alta, en junio de 2023 con el diagnóstico de trastorno adaptativo. En SM no se detecta clínica afectiva mayor. Por otra parte, debemos significar que, al menos desde 2013, la trabajadora ha estado tratada por depresión con ansiedad y ello no le ha impedido el desarrollo de una actividad laboral normalizada, salvo en momentos álgidos de la enfermedad. Valorada por Neurología marzo 22, por déficit de atención: sin patología neurológica de base.

En definitiva, lo que se deriva de los datos disponibles, es que la interesada presenta un cuadro que en este momento no puede calificarse sino de leve, (UMEVI a la exploración no se objetivan signos de sinovitis articular. Mano izquierda con movilidad conservada salvo pérdida de fuerza al realizar puño completo. Tiger points 8/18+, de cintura escapular hasta tobillos).

Por lo que respecta al Covid persistente, se trata de una calificación médica reciente, de la que todavía está en cuestión no solo su naturaleza o alcance, sino incluso su existencia como diagnóstico autónomo, no cabe otra solución práctica que considerar, más que tal discutible calificación, la clínica realmente concurrente, como sucede con otras muchas dolencias reconocidas, pero de naturaleza y alcance muy diversas según los casos. Y en este que ahora nos ocupa, como ya hemos visto, le provoca artralgias (dolor en las articulaciones), no se objetiva una situación que interfiera con el desarrollo de la profesión de la interesada como técnico de laboratorio ni, por tanto, con ninguna otra".

Tal como señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Madrid, de 6 de junio de 2005, [ROJ:STSJ M 6684/2005] la valoración de la incapacidad permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva capacidad de ganancia que resta al trabajador, lo que se ha efectuado en la Sentencia de instancia y no en el recurso de suplicación.

Pues bien, en el caso de autos la Sala entiende que las limitaciones que se declaran probadas no impiden la realización de una profesión como la de operaria de laboratorio farmacéutico.

Recordemos, tal y como menciona la recurrente, que esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el covid persistente, también sobre la fibromialgia, con pronunciamientos suficientemente claros:

Así, en nuestra STSJ CyL, sede Valladolid, 849/2016, de 11 de mayo de 2016 (Rec. 719/2016) ECLI: ES:TSJCL:2016:1834, analizamos un caso con diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo reactivo, fibromialgia severa y osteoporosis grave, donde reconocimos la agravación de las dolencias y la incapacidad para cualquier actividad laboral. La Sala destaca la importancia de valorar las limitaciones funcionales y no solo los diagnósticos, y concluye que la afectación psíquica y física impide el desempeño de cualquier trabajo, lo que justifica la declaración de incapacidad permanente absoluta.

En la Sentencia de este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero con sede en Burgos, 399/2023 de 25 de mayo de 2023 (Rec. 45/2023), ECLI:ES:TSJCL:2023:2083, se examina un caso de auxiliar de enfermería con síndrome postcovid persistente, fibromialgia, trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo y limitaciones funcionales severas. La Sala realiza un análisis detallado de la pluripatología y sus repercusiones en la capacidad laboral, concluyendo que la actora no puede incorporarse con un mínimo de capacidad y eficacia a ningún tipo de actividad laboral, incluyendo su profesión habitual, debido a la combinación de limitaciones físicas, neurológicas y psíquicas.

Una vez plasmados los anteriores pronunciamientos, este Tribunal de Suplicación entiende que aunque sea cierto, tal y como dice la recurrente, que esta Sala ha apreciado en diversas resoluciones que el covid persistente no es una enfermedad baladí, no es menos cierto que siempre ha tenido en cuenta las limitaciones funcionales y no las dolencias en sí mismas, y con las limitaciones que se declaran probadas difícilmente puede afirmarse que se encuentre la actora en una situación parecida a las que esta Sala ha tenido ocasión de resolver, ello sin contar con que no ha pasado al relato de hechos probados la dolencia de fibromialgia, la cual se ha considerado igualmente esencial por esta Sala, pero siempre constando las limitaciones que la misma produce, las cuales ni siquiera se han intentado incorporar, posiblemente porque sea una dolencia de reciente diagnóstico con limitaciones aún por determinar.

Es por lo expuesto por lo que debemos estar a la valoración probatoria efectuada por la magistrada de instancia y entender que con las limitaciones que padece la actora no se encuentra por el momento incapacitada para realizar todas o las más esenciales funciones de su profesión habitual.

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica, sin que haya logrado su propósito y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª María Purificación contra la Sentencia 368/24, de fecha 18 de julio de 2024, recaída en los autos SSS número 268/24, sobre incapacidad permanente, procedente del Juzgado de lo Social n. 3 de León, confirmando íntegramente la misma.

CUARTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones.

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure, del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

QUINTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación.

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, Dª María Purificación, ahora recurrente, reclamaba el dictado de una Sentencia por la que se declarase que, como consecuencias de las dolencias que padece, se encuentra afectada de una incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio o, subsidiariamente, total para su profesión habitual de operaria de laboratorio farmacéutico, condenando a las demandadas a que, en sus respectivas responsabilidades, le abonen la pertinente prestación en la cuantía y efectos reglamentarios.

2.- El Juzgado de lo Social n. 3 de León, en la Sentencia 368/24, de fecha 18 de julio de 2024, recaída en los autos SSS número 268/24, sobre incapacidad permanente, desestima la demanda presentada por Dña. María Purificación frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y ABSUELVE a las entidades codemandadas de las pretensiones formuladas en su contra.

La magistrada a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que la trabajadora presenta un trastorno adaptativo, COVID persistente, con artralgias postcovid y cervicoartrosis con discopatía C5-C6 y C6-C7, resultando que el estado de salud descrito no implica en este momento limitaciones significativas.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, Dª María Purificación, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras b) y c) del art. 193 LRJS.

Estos motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se dicte en su día nueva Sentencia por la que se revoque la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n. 3 de León, declarando que Dª María Purificación se encuentra afectada por una Invalidez Permanente Total para su profesión habitual de operaria de laboratorio farmacéutico, todo ello con los demás pronunciamientos legales que correspondan.

4.- El recurso de suplicación no ha sido impugnado.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. 1º Valoración probatoria por la magistrada de instancia e irrelevancia de los procesos abiertos si las dolencias no constan como definitivas ni se incorporan las limitaciones que producen. 2º Valoración probatoria por la magistrada de instancia e imposibilidad de incorporar al relato fáctico dolencias nuevas posteriores a la tramitación del expediente administrativo. Irrelevancia de la incorporación de dolencias sin incluir limitaciones. 3º Valoración probatoria por la magistrada de instancia e inutilidad de inclusión de datos que ya constan en los hechos declarados probados. Falta de justificación de la trascendencia de lo que se pretende adicionar.

Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada solicita la revisión de hechos declarados probados, con objeto de:

a) - Adicionar, al Hecho Probado TERCERO, un texto del siguiente tenor literal:

"Desde el inicio de la IT, la actora tiene abiertos los siguientes procesos clínicos: PIROSIS, FERROPENIA, DEFICIT VITAMINA D, PERDIDA DE MEMORIA, ARTRALGIA, DISLIPEMIA, INTERVENCION EN DIENTE SUPERIOR MUELA DEL JUICIO, ALGIAS GENERALIZADAS, LINFEDEMA, OBESIDAD, INFECCIÓN AGUDA VIAS ESPIRATORIAS".

b)- Completar, el Hecho Probado SEXTO, de manera que quedaría redactado de la siguiente manera:

"-Según informe médico del servicio de reumatología de Centro Médico Recoletas, se diagnostica SDR POSTCOVID, SDR FIBROMIALGICO ASOCIADO A ESTUDIO EN FEB 24, TRASTORNO ANSIOSODEPRESEIVO EN SEGUIMIENTO.

Y se recomienda: HABITOS CARDIOSALUDABLES, ACTIVIDAD FISICA REHABILITADORA, EVITAR SOBRECARGAS FISICAS MECÁNICAS O MOVIMIENTOS REPETITIVOS QUE PUDIERA DESENCADENAR O EMPEORAR SU SINTOMATOLOGÍA ARTICULAR: ADAPTACIÓN DEL PUESTO LABORAL. AYUDA DOMICILIARIA PARA TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE LAS SECUELAS DE SU ENFERMEDAD LE IMPIDAN REALIZAR COB NORMALIDAD. SEGUIMIENTO EN CONSULTAS EXTERNAS".

c)- Adicionar, al Hecho Probado DÉCIMO, el siguiente texto:

"Por informe del servicio de neurología de 8-3-2022, se le diagnostica déficit de atención, sin patología neurológica de base".

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado, desglosado en las letras a), b) y c):

a) 1- La parte recurrente, para su petición, se ampara en el INFORME CLINICO SACYL con datos de la historia clínica de la actora que obra al folio 69 del Expediente Administrativo, entendiendo relevante la modificación propuesta para poder valorar en sede jurídica la capacidad laboral de la actora a efectos del reconocimiento de la prestación de incapacidad permanente, indicando las especialidades bajo cuyo tratamiento se encuentra.

2- El motivo no ha sido impugnado.

3- La Sala considera que nos encontramos ante una revisión histórica que no puede prosperar, ya que, aunque se señala con claridad y precisión el hecho cuestionado y lo que ha de adicionarse, reseñando los términos en los que ha quedar redactado el hecho probado, la adición se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, la magistrada de instancia ya ha valorado la prueba reseñada sin haberle dado la trascendencia que postula la parte recurrente, quizás porque, al igual que este Tribunal de Suplicación, considera que se trata de unos datos fácticos absolutamente irrelevantes por cuanto a los efectos de valorar la incapacidad permanente no es suficiente con padecer unos procesos médicos abiertos, sino que es necesario que las dolencias sean previsiblemente definitivas y que, además, ocasionen unas limitaciones, por lo que al no incorporar si son o no dolencias previsiblemente definitivas y las limitaciones que las mismas producen, lo que se pretende adicionar es totalmente estéril para el resultado del proceso.

b) 1- El recurrente en esta alzada sostiene su pretensión en el DOCUMENTO 15 del ramo de la parte, informes médicos servicios reumatologías Centro Médico Recoletas de 29-2-2024 y de 5-4-2024, entendiendo relevante la modificación propuesta a la vista del error de la juzgadora al no incluir, sin motivación alguna al respecto, dicho diagnóstico en el cuadro clínico residual, constando el mismo en informe médico obrante en autos, y siendo el mismo relevante para resolver el fondo de la pretensión.

2- El motivo no ha sido impugnado.

3- Esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, entiende que la revisión pretendida está conducida directamente al fracaso, ya que, aunque se señala con claridad y precisión el hecho cuestionado y lo que ha de adicionarse, reseñando los términos en los que ha quedar redactado el hecho probado, la adición se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, la magistrada de instancia ya ha valorado la prueba reseñada sin haberle dado la trascendencia que postula la parte recurrente, sin que este Tribunal de Suplicación, tampoco la magistrada de instancia, pueda incorporar al relato fáctico una dolencia nueva (tampoco meras recomendaciones) surgida tras la finalización de la tramitación del expediente administrativo, esto es, sin posibilidad de haber sido valorada por el INSS, de manera que resolver sobre la misma sería tanto como poder revocar una resolución administrativa por una causa que no ha podido debatirse, ello sin contar con que nuevamente no se incorpora el carácter definitivo de la dolencia y las limitaciones que le produce, encontrándonos nuevamente ante una adición totalmente estéril.

c) 1- La parte actora sostiene su adición en el INFORME DE NEUROLOGIA, folio 46 del expediente administrativo.

2- El motivo no ha sido impugnado.

3- Este Tribunal de Suplicación entiende nuevamente que la adición que pretende la parte no puede lograr su propósito, ya que, aunque se señala con claridad y precisión el hecho cuestionado y lo que ha de adicionarse, reseñando los términos en los que ha quedar redactado el hecho probado, la adición se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, no se justifica la trascendencia de la adición, requisito este esencial que si se había cumplido en los anteriores submotivos, pero además, no alcanza a entender esta Sala el por qué quiere incorporar algo que ya consta en otro pasaje distinto de la Sentencia de instancia, por lo que, en definitiva, la incorporación sería nuevamente estéril, ya que, los datos que quiere incorporar ya constan y se han valorado, aunque no sea de la manera que pretendía la recurrente.

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado y firme el relato de hechos probados, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Petición de principio o hacer supuesto de la cuestión. Limitaciones compatibles con la actividad profesional de operaria de laboratorio farmacéutico. Inexistencia de IPT.

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en suplicación postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

1.- En concreto, el recurrente en esta alzada, solicita examinar el derecho aplicado en la Sentencia recurrida, por entender que la misma infringe el art. 194 TRLGSS, sosteniendo, en síntesis, que con las dolencias que padece, entre las que se encuentran las que pretende incorporar al relato fáctico, y las limitaciones que estas producen, con el tratamiento que está recibiendo, está imposibilitada de realizar todas o las más esenciales funciones de su actividad profesional.

2.- El motivo no ha sido impugnado.

Con carácter previo a dar respuesta a la cuestión suscitada conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicando en que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3.- Partiendo del inalterado relato de hechos probados, por fracasar las revisiones pretendidas, la Sala entiende, en primer lugar, que el recurso de suplicación incurre en un defecto esencial, en la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, ya que, las infracciones jurídicas deben basarse en los hechos declarados probados, por lo que al no haber triunfado las revisiones fácticas pretendidas se está sosteniendo una censura jurídica con argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, ello sin contar con que no se han atacado las limitaciones que con valor de hecho probado se consignan en la Sentencia de instancia, esto es, no se ha pretendido su revisión a través de prueba documental o pericial, por lo que el recurso está construido sobre meras hipótesis de parte, lo que lo conduce directamente al fracaso.

Es por lo expuesto por lo que, para resolver la pretensión, debe partirse de lo razonado por la magistrada de instancia, la cual establece que: "la trabajadora presenta un trastorno adaptativo, COVID persistente, con artralgias postcovid y cervicoartrosis con discopatía C5-C6 y C6-C7.

El estado de salud descrito no implica en este momento limitaciones significativas.

Por lo que respecta a las dolencias ostearticulares, no existe indicio alguno de que produzcan en este momento una clínica de una mínima entidad para interferir con el desarrollo de una actividad física que precise de ciertos esfuerzos, considerando que la demandante es operaria de laboratorio, profesión que por ello no puede entenderse como impedida en la actualidad, fue alta en reumatología en el mes de junio de 2023. El estudio neurofisiológico, electromiografía (folio 45 del expediente), se encuentra dentro de la normalidad y en Informe RMN de 14 de noviembre de 2023 no existen signos radiológicos de sacroileítis.

Finalmente, tampoco existe rastro objetivo alguno de que la afección psíquica despliegue algún efecto en la vida social o laboral de la interesada, en tanto en cuanto en SM se le da el alta, en junio de 2023 con el diagnóstico de trastorno adaptativo. En SM no se detecta clínica afectiva mayor. Por otra parte, debemos significar que, al menos desde 2013, la trabajadora ha estado tratada por depresión con ansiedad y ello no le ha impedido el desarrollo de una actividad laboral normalizada, salvo en momentos álgidos de la enfermedad. Valorada por Neurología marzo 22, por déficit de atención: sin patología neurológica de base.

En definitiva, lo que se deriva de los datos disponibles, es que la interesada presenta un cuadro que en este momento no puede calificarse sino de leve, (UMEVI a la exploración no se objetivan signos de sinovitis articular. Mano izquierda con movilidad conservada salvo pérdida de fuerza al realizar puño completo. Tiger points 8/18+, de cintura escapular hasta tobillos).

Por lo que respecta al Covid persistente, se trata de una calificación médica reciente, de la que todavía está en cuestión no solo su naturaleza o alcance, sino incluso su existencia como diagnóstico autónomo, no cabe otra solución práctica que considerar, más que tal discutible calificación, la clínica realmente concurrente, como sucede con otras muchas dolencias reconocidas, pero de naturaleza y alcance muy diversas según los casos. Y en este que ahora nos ocupa, como ya hemos visto, le provoca artralgias (dolor en las articulaciones), no se objetiva una situación que interfiera con el desarrollo de la profesión de la interesada como técnico de laboratorio ni, por tanto, con ninguna otra".

Tal como señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Madrid, de 6 de junio de 2005, [ROJ:STSJ M 6684/2005] la valoración de la incapacidad permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva capacidad de ganancia que resta al trabajador, lo que se ha efectuado en la Sentencia de instancia y no en el recurso de suplicación.

Pues bien, en el caso de autos la Sala entiende que las limitaciones que se declaran probadas no impiden la realización de una profesión como la de operaria de laboratorio farmacéutico.

Recordemos, tal y como menciona la recurrente, que esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el covid persistente, también sobre la fibromialgia, con pronunciamientos suficientemente claros:

Así, en nuestra STSJ CyL, sede Valladolid, 849/2016, de 11 de mayo de 2016 (Rec. 719/2016) ECLI: ES:TSJCL:2016:1834, analizamos un caso con diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo reactivo, fibromialgia severa y osteoporosis grave, donde reconocimos la agravación de las dolencias y la incapacidad para cualquier actividad laboral. La Sala destaca la importancia de valorar las limitaciones funcionales y no solo los diagnósticos, y concluye que la afectación psíquica y física impide el desempeño de cualquier trabajo, lo que justifica la declaración de incapacidad permanente absoluta.

En la Sentencia de este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero con sede en Burgos, 399/2023 de 25 de mayo de 2023 (Rec. 45/2023), ECLI:ES:TSJCL:2023:2083, se examina un caso de auxiliar de enfermería con síndrome postcovid persistente, fibromialgia, trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo y limitaciones funcionales severas. La Sala realiza un análisis detallado de la pluripatología y sus repercusiones en la capacidad laboral, concluyendo que la actora no puede incorporarse con un mínimo de capacidad y eficacia a ningún tipo de actividad laboral, incluyendo su profesión habitual, debido a la combinación de limitaciones físicas, neurológicas y psíquicas.

Una vez plasmados los anteriores pronunciamientos, este Tribunal de Suplicación entiende que aunque sea cierto, tal y como dice la recurrente, que esta Sala ha apreciado en diversas resoluciones que el covid persistente no es una enfermedad baladí, no es menos cierto que siempre ha tenido en cuenta las limitaciones funcionales y no las dolencias en sí mismas, y con las limitaciones que se declaran probadas difícilmente puede afirmarse que se encuentre la actora en una situación parecida a las que esta Sala ha tenido ocasión de resolver, ello sin contar con que no ha pasado al relato de hechos probados la dolencia de fibromialgia, la cual se ha considerado igualmente esencial por esta Sala, pero siempre constando las limitaciones que la misma produce, las cuales ni siquiera se han intentado incorporar, posiblemente porque sea una dolencia de reciente diagnóstico con limitaciones aún por determinar.

Es por lo expuesto por lo que debemos estar a la valoración probatoria efectuada por la magistrada de instancia y entender que con las limitaciones que padece la actora no se encuentra por el momento incapacitada para realizar todas o las más esenciales funciones de su profesión habitual.

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica, sin que haya logrado su propósito y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª María Purificación contra la Sentencia 368/24, de fecha 18 de julio de 2024, recaída en los autos SSS número 268/24, sobre incapacidad permanente, procedente del Juzgado de lo Social n. 3 de León, confirmando íntegramente la misma.

CUARTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones.

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure, del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

QUINTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación.

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY