Sentencia Social 491/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 1210/2024 de 22 de mayo del 2025

PRIMERO.-Constituyen datos trascendentes, ordenados cronológicamente, para resolver el recurso sometido a la consideración de la Sala, los que a continuación se exponen:

1) El actor, nacido el NUM001-1955, tiene reconocido el derecho a la prestación por jubilación con efectos de NUM001-2017.

2) El actor es padre de dos hijas nacidos en 1985 y 1987.

3) El demandante interesó el 21-7-2023 el complemento de pensión por aportación demográfica a la sociedad que le fue denegada por resolución del INSS de 25-10-23, por estar prescrita la acción, presentando a continuación reclamación previa que no fue contestada.

4.- El actor interpuso demanda el 12-2-24, que correspondió al Juzgado de lo Social nº 41 de Madrid, que mediante Decreto de 22-3-24, señaló a juicio para el 7-10-24.

En la citada demanda, además de solicitar el complemento por aportación demográfica, denunciaba la vulneración de derechos fundamentales por razón de discriminación por ser varón, y la correspondiente indemnización.

5.- Por Resolución de 26.08.2024 el INSS reconoció al actor el complemento desde el mes de mayo de 2017.

6.- Una vez celebrado el juicio en la fecha prevista, el 7-10-24, el INSS opuso la excepción de falta de acción por carencia sobrevenida de objeto, al habérsele reconocido el complemento desde mayo de 2017 por resolución de 26-8-24.

SEGUNDO.- I.)-La posterior sentencia del Juzgado de lo Social nº 41 de Madrid de 8 de octubre de 2024, dictada en sus autos nº 216/2024, ha estimado la demanda formulada por Don Julio frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, declarando el derecho del asegurado a percibir una indemnización de 1.800 € por vulneración de su derecho fundamental a no ser discriminado, y condenando a la demandada a abonar al actor la referida indemnización.

Para ello fundamenta su motivada decisión en estas consideraciones:

"El actor interesa que se declare que con la resolución denegatoria impugnada se ha vulnerado su derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo y reclama una indemnización complementaria por esta vulneración que en el acto de la vista fija en 1.800 €.

Dicha cuestión también fue resuelta por la Sala de lo Social del TS, en Sentencia de 15.11.2023 (rud 5547/2022 ), que argumenta que la denegación del complemento tras la Sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18 ), que había considerado discriminatoria por razón de sexo la regulación de la LGSS, constituye una discriminación autónoma, directamente ligada a la actuación de la entidad gestora, conforme se desprende de la STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113¬ 22) y que procede su indemnización para compensar los perjuicios efectivamente sufridos, entre los que están incluidos las costas y honorarios de letrado.

La Sentencia fija en 1.800 € el importe de la indemnización que el INSS ha de abonar a todos los varones a los que les fue denegado el complemento de maternidad con posterioridad a la STJUE de 12 de diciembre de 2019 , y se han visto obligados a acudir a la vía judicial para impugnar la resolución denegatoria de la entidad gestora. Y fija tal cantidad por considerar que es la que mejor se adecúa a la exigencia de reparación del daño sufrido, debiendo «ser aplicada por los órganos judiciales, en todos aquellos supuestos en los que exista controversia sobre la cuantía de la referida indemnización y, teniendo presente -como ocurre en el presente caso- la solicitud de la parte demandante de la aludida indemnización. Además, añade que dicha cantidad "permite una reparación integral del perjuicio sufrido. La eventual zozobra moral o las molestias materiales derivadas de ese acudimiento a los órganos de la jurisdicción social quedan englobadas en tal reparación a tanto alzado. Y lo mismo cabe advertir respecto de si se ha presentado la demanda con asistencia de profesionales (de Abogacía o colegiados como Graduados Sociales)".

Es a esa cuantía a la que debe ceñirse la indemnización interesada pues se da el supuesto de hecho para su devengo, ya que interesado por el actor en dos ocasiones (solicitud inicial y reclamación previa) el reconocimiento del complemento con posterioridad a la STJUE de 12 de diciembre de 2019 , fue denegado por la Administración, obligando al actor a interponer en febrero de este año la correspondiente demanda judicial y esperando otros seis meses para que el derecho le sea reconocido".

II).-Disconforme interpone recurso de suplicación el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, actuando en representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, articulando un exclusivo motivo que sigue la vía del apartado c) del artículo 193 LRJS, aunque por error de ordenación lo enumere como "Tercero", en el que denuncia vulneración de la doctrina establecida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establecida en las sentencias 14 de septiembre de 2023 (C_-113-22) y 12 de diciembre de 2019 ( C-450/18), así como la sentencia nº 977/2023, de 15 de noviembre, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y artículo 22 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, defendiendo, en esencia, y en la medida en que el INSS ha reconocido el complemento de maternidad por resolución administrativa de 26-8-24, se ha producido una satisfacción extraprocesal de la reclamación, sin producirse discriminación, y después de citar diversas sentencias de esta Sala de suplicación termina por solicitar con carácter subsidiario la reducción de la indemnización a 600 euros.

El recurso ha sido impugnado de contrario por el letrado del actor, con depurada técnica y rica argumentación, en un escrito minucioso y muy elaborado en relación al marco jurídico tanto nacional como internacional de aplicación, así como jurisprudencia asociada, oponiéndose a la tesis de las entidades gestoras recurrentes, haciendo valer, en sustancia, no es posible apreciar la existencia de una satisfacción extraprocesal o una carencia sobrevenida de objeto en relación con la pretensión relativa a la indemnización por vulneración de derechos fundamentales, ya que esta pretensión es plenamente autónoma y no ha sido satisfecha extraprocesalmente y subsiste en relación con ella un interés legítimo del actor, tal y como determina la juzgadora a quo; que el supuesto de hecho que posibilita la percepción de esta indemnización adicional es precisamente haberse agotado la vía administrativa sin reconocimiento del complemento; que el interesado, tras la resolución desestimatoria emitida por la entidad gestora, presentó escrito de reclamación previa instando a la administración el reconocimiento de su derecho a percibir el complemento de maternidad. No obstante, no se emitió nueva resolución expresa en el plazo establecido por el art. 71.5 LRJS, considerándose agotada la vía administrativa y obligando a la parte actora a iniciar la vía judicial; que el complemento reclamado por el solicitante tiene la misma naturaleza que la propia pensión de jubilación ( art. 60 LGSS) , y, por lo tanto, es imprescriptible ex. art. 212 LGSS; que si el complemento de maternidad ha venido siendo reconocido a las mujeres por la Entidad Gestora en la misma resolución en que reconoce la pensión, sin necesidad de una nueva solicitud, no hay motivo para aplicar a los hombres que reúnen los mismos requisitos un criterio de tramitación diferente obligándoles a solicitar el complemento; que, con carácter subsidiario, y acudiendo al articulado del Código Civil, la prescripción comenzaría en todo caso a computarse desde la fecha de publicación de la STJUE el 17/2/2020, ex art. 1.969 del Código Civil, que establece que:« el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse»;que el art. 60.1 de la LGSS ha sido declarado contrario a la Directiva 790/7 por el TSJUE en su sentencia de 12 de diciembre de 2019, por recoger una discriminación directa por razón de sexo, en tanto que la contribución demográfica se realiza por igual por ambos progenitores y la norma no justifica la exclusión de los hombres en otros factores como la afectación de su carrera profesional; y es a partir de la fecha de dicha resolución cuando puede ejercitarse, con fecha de efectos económicos en la de reconocimiento inicial de la pensión.

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TERCERO.-Adelantamos que resolución judicial recurrida no ha incurrido en ninguno de los defectos de los que se le acusa en el motivo de censura jurídica, todo ello en base a estas consideraciones preliminares:

A).- No es posible apreciar la existencia de una satisfacción extraprocesal o una carencia sobrevenida de objeto en relación con la pretensión relativa a la indemnización por vulneración de derechos fundamentales, ya que esta pretensión es plenamente autónoma y no ha sido satisfecha extraprocesalmente y subsiste en relación con ella un interés legítimo del actor, tal y como determina la juzgadora a quo.

B)- El interesado, tras la resolución desestimatoria emitida por la entidad gestora, presentó escrito de reclamación previa instando a la administración el reconocimiento de su derecho a percibir el complemento de maternidad. No obstante, no se emitió nueva resolución expresa en el plazo establecido por el art. 71.5 LRJS, considerándose agotada la vía administrativa y obligando a la parte actora a iniciar la vía judicial.

C).- La resolución expresa desestimatoria fundamentó como motivo de denegación la aplicación del artículo 53 de la LGSS, considerando la solicitud del interesado prescrita, siendo que el complemento reclamado por el solicitante tiene la misma naturaleza que la propia pensión de jubilación ( art. 60 LGSS) , y, por lo tanto, es imprescriptible ex. art. 212 LGSS, y sobre ello volveremos más adelante.

A estos efectos argumentativos el punto de partida obligado para resolver la cuestión planteada pasa por constatar que el complemento de maternidad por aportación demográfica lo introdujo la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, cuya disposición final segunda añadió un nuevo precepto - art. 50 bis - al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que, bajo la rúbrica "Complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social",reconocía, a las mujeres que hubiesen tenido hijos naturales o adoptados y fuesen beneficiarias en cualquier régimen de Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente, el derecho a percibir un complemento en compensación de su aportación demográfica a la Seguridad Social.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 12 de diciembre de 2019 (C-450/2028), consideró discriminatorio el régimen jurídico del complemento, en tanto se otorgaba únicamente a las mujeres, y no a los hombres que se encontraban en la misma situación, decisión judicial que determinó la modificación del art. 60 de la Ley General de la Seguridad Social (antiguo art. 50 bis), que llevó a cabo el Real Decreto Ley 3/2021, de 2 de febrero, que en su Exposición de Motivos, precisó que la sentencia comunitaria había evidenciado la defectuosa configuración legal del complemento de maternidad y la necesidad de proceder a su redefinición y de convertirlo en un instrumento eficaz en la reducción de la brecha de género en las pensiones. Acorde con tal propósito, como se dice en el referido Preámbulo, se sustituyó el complemento de maternidad, en tanto compensación por aportación demográfica, por un complemento diseñado como una palanca para reducir la brecha de género que se pone de manifiesto en el momento de acceder a una prestación del sistema de la Seguridad Social, reflejo de la situación de subordinación de las mujeres en el mercado de trabajo al haber asumido históricamente un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos, pero dejando la puerta abierta a que aquellos padres que acreditasen un perjuicio en su carrera de cotización con ocasión del nacimiento o adopción de un hijo por la asunción de esas tareas de cuidados pudiese obtener el complemento.

A la luz de la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el órgano de casación social, en las sentencias de 17 de febrero (dos) y 30 de abril de 2022 ( Rec. 2872/2021, 23379/2021 y 3192/2021) acuñó la doctrina de que los principios de interpretación conforme del Derecho de la Unión, de cooperación leal y de efecto útil, conducían a retrotraer el momento de producción de las consecuencias jurídicas anudadas al reconocimiento del complemento debatido al acaecimiento del hecho causante, sin que fuese dable entender que su solicitud tardía comportase la prescripción del derecho ni permitiera limitar sus efectos mediante la aplicación de la retroacción de los económicos a los tres meses anteriores a la solicitud. Y ello, teniendo en cuenta de un lado que el Tribunal comunitario no estableció ninguna limitación temporal en su pronunciamiento, y, de otro, que al tratarse de una discriminación por razón de sexo contraria al principio de no discriminación y al derecho a la igualdad, su íntegra reparación no podía ser otra que la expresada.

Además, la Sentencia del TJUE de 14/09/2023 (C-113/22 ) estableció que "el órgano jurisdiccional nacional, que conoce de una demanda presentada frente a esa resolución denegatoria, debe ordenar a dicha autoridad no solo que conceda al interesado el complemento de pensión solicitado, sino también que le abone una indemnización que permita compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables, incluidas las costas y los honorarios de abogado en que el interesado haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial, en caso de que la resolución denegatoria se haya adoptado de conformidad con una práctica administrativa consistente en continuar aplicando la referida norma a pesar de la citada sentencia, obligando así al interesado a hacer valer su derecho al complemento en vía judicial".

El pleno de la Sala 4' del TS, en su Sentencia 977/2023 de 15 de noviembre, (Rcud.5547/2022), aplicando dicha doctrina, fijó en 1.800 euros el importe de la indemnización que el INSS ha de abonar a todos los varones a los que les fue denegado el complemento de maternidad con posterioridad a la STJUE de 12 de diciembre de 2019 y que se han visto obligados a acudir a la vía judicial para impugnar la resolución denegatoria de la entidad gestora.

CUARTO.-Llegados a este punto, y descendiendo al caso particular aquí enjuiciado, reforzamos la argumentación antes adelantada, con estas otras consideraciones que pasamos a exponer:

1.- El varón solicitante del complemento ha tenido que acudir a los órganos judiciales para su obtención, primero presentando la reclamación previa y luego la demanda, sin obtener respuesta al reconocimiento de su derecho al complemento hasta un momento posterior, tras una larga espera, y después siendo defendido por su letrado en el acto del juicio, por lo que es de justicia se le reconozca, además del complemento, una indemnización que cubra el perjuicio sufrido por el daño que el proceder de la entidad gestora le ha provocado por su denegación, discriminándole, cuyo importe cuantificamos en 1.800 €.

2.- El hecho de que la causa alegada por la entidad gestora en la resolución de 25-10-23 para denegar el complemento fuese la prescripción de la acción no permite afirmar que su actuación fuese ajena a la condición de varón del actor, habida cuenta que el órgano de casación social, en sentencias de 17 de febrero (dos) y 30 de abril de 2022 ( Rec. 2872/2021, 23379/2021 y 3192/2021), a la luz de lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 12 de diciembre de 2019 (C-450/2028), acuñó la doctrina de que los principios de interpretación conforme del Derecho de la Unión, de cooperación leal y de efecto útil, conducían a retrotraer el momento de producción de las consecuencias jurídicas anudadas al reconocimiento del complemento debatido a los varones al acaecimiento del hecho causante, sin que fuese dable entender que su solicitud tardía comportase la prescripción del derecho ni permitiera limitar sus efectos mediante la aplicación de la retroacción de los económicos a los tres meses anteriores a la solicitud. Y ello, teniendo en cuenta de un lado que el Tribunal comunitario no estableció ninguna limitación temporal en su pronunciamiento, y, de otro, que al tratarse de una discriminación por razón de sexo contraria al principio de no discriminación y al derecho a la igualdad, su íntegra reparación no podía ser otra que la expresada.

3.- Así lo corrobora la STS, 4ª, de 4 de junio de 2024, nº 851/2024, Recurso 1714/2023:

"El TJUE, ante la evidencia de que, una vez dictada su STJUE de 12 de diciembre de 2019 , el INSS no sólo siguió aplicando una norma nacional contraria a la Directiva 79/7, sino que también mantuvo una práctica administrativa recogida en el Criterio de Gestión 1/2020, que se publicó a raíz de la STJUE de 12 de diciembre de 2019 , en cuya virtud el INSS continuó concediendo, a la espera de la adaptación del artículo 60 de la LGSS a la citada sentencia, el complemento de pensión litigioso únicamente a las mujeres que cumplían los requisitos exigidos en este último precepto, sin perjuicio de la obligación de ejecutar aquellas sentencias firmes dictadas por los tribunales de justicia que reconocían el citado complemento de pensión a los hombres, entendió que ello genera para los afiliados de sexo masculino, con independencia de la discriminación directa por razón de sexo que se deriva de los requisitos materiales previstos en la norma controvertida en el litigio principal, una discriminación relativa a los requisitos procedimentales que regulan la concesión del complemento de pensión litigioso.

Añadió el TJUE que dicha práctica implica, únicamente para los hombres, la necesidad de hacer valer por vía judicial su derecho al complemento, lo que, en particular, los expone a un plazo más largo para la obtención del complemento y, en su caso, a gastos adicionales.

Consecuencia de todo lo anterior resulta ser para el TJUE, como dijimos en nuestra sentencia 977/2023, de 15 de noviembre (rcud. 5547/2022 ), lo siguiente:

"a) El órgano jurisdiccional nacional que conoce de una demanda presentada frente a dicha resolución no puede limitarse a adoptar, en favor del afiliado de sexo masculino de que se trate, la medida consistente en reconocerle el derecho a ese complemento de pensión con efectos retroactivos; ya que si bien tal reconocimiento retroactivo permite, en principio, restablecer la igualdad de trato en lo que respecta a los requisitos materiales de concesión del complemento de pensión litigioso, no sirve para subsanar los perjuicios derivados, en detrimento de dicho afiliado, del carácter discriminatorio de los referidos requisitos procedimentales.

b) Ese afiliado debe poder disfrutar igualmente, además del reconocimiento retroactivo del complemento de pensión litigioso, de la medida consistente en una reparación pecuniaria adecuada en el sentido de que ha de permitir compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables".

La aplicación de la doctrina del TJUE expuesta condujo a precisar y adecuar la aplicación de nuestra jurisprudencia en el sentido expresado y así, afirmamos en la citada Sentencia 977/2023 que, en aquéllos supuestos en los que un varón solicitó el complemento de maternidad regulado en el artículo 60 LGSS , en su versión anterior a la entrada en vigor del RDL 3/2021, de 2 de febrero, y le fue denegado por el INSS con posterioridad a la STJUE de 12 de diciembre de 2019 (C- 450/18 ), teniendo que acudir a los órganos judiciales para su obtención, el solicitante tiene derecho a que el órgano judicial le reconozca, además del complemento prestacional con efectos desde el nacimiento de la prestación correspondiente, una indemnización que cubra el perjuicio sufrido por el daño que el proceder de la entidad gestora le ha provocado y ello sin necesidad de acreditar las bases o presupuestos del mismo. Resulta, por tanto, correcta la doctrina contenida en la sentencia de contraste y no en la de recurrida.

Entendió la Sala, también, que, en su labor unificadora y conformadora de la jurisprudencia, debía pronunciarse sobre la cuantificación de la referida indemnización de suerte que permitiera a los distintos órganos judiciales del orden social operar al respecto con homogeneidad, aportando seguridad jurídica y evitando la multiplicación de los litigios sobre la cuestión, toda vez que la actuación del INSS que generaba ese perjuicio era una y la misma para todos los afectados, sin dar lugar a agravios comparativos derivados de posibles soluciones dispares que pudieren generar una desigualdad difícilmente justificable. Puesto que la finalidad de la indemnización es la de compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, incluidas las costas y los honorarios de abogado en que el interesado haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial, resultaba objetivamente irrazonable considerar que en ese ámbito pudieran presentarse diferencias relevantes en la valoración de esos perjuicios.

En este sentido, la STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113/22 ) reiteró que la reparación económica adecuada debía fijarse según las leyes nacionales, sin perjuicio de que estableciese algunas consideraciones que la Sala tuvo en cuenta, a saber: que dicha reparación debía ser adecuada en el sentido de que permitiera compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables, y garantizar que dicho perjuicio tuviese una reparación efectiva de forma disuasoria y proporcionada, teniendo en cuenta, en todo caso, que los gastos, incluidas las costas y los honorarios de abogado, en que haya incurrido el afiliado para hacer valer su derecho al complemento de pensión litigioso, debían tenerse en cuenta en concepto de reparación pecuniaria, siempre que tales gastos hayan sido provocados por la aplicación al afiliado de los requisitos procedimentales discriminatorios que regulan la concesión del complemento.

Tuvimos en cuenta, también, que los perjuicios económicos directos habían sido compensados en la medida en que el reconocimiento del derecho se hizo, de conformidad con nuestra jurisprudencia, con efectos ex nunc, de suerte que el complemento se reconoció con efectos de la propia prestación a la que se adhiere.

Es por ello que, el daño a compensar es el que deriva de la denegación del derecho por parte del INSS cuando el mismo ha sido reconocido por el TJUE que ha considerado discriminatoria la regulación legal y contraria a la normativa comunitaria, lo que ha obligado a los solicitantes a tener que acudir a los tribunales para el reconocimiento de su derecho, de ahí que la referida sentencia del TJUE se detenga en precisar que los gastos unidos ineludiblemente a la necesidad de acudir a los tribunales deben ser contemplados.

Teniendo en cuenta todo ello, esta Sala en su sentencia 977/2023 , entendió que: "la cantidad adecuada en orden a la compensación de los daños derivados de la discriminación adicional derivada de la denegación del denominado complemento de maternidad a los varones por parte del INSS cuando ya había sido establecido por el TJUE el carácter discriminatorio y contrario al derecho de la Unión de la regulación que reservaba exclusivamente dicho complemento a las mujeres, debe ser fijada en la cantidad de 1.800 euros. Dicha cuantía se estimó que es la que mejor se adecúa a la exigencia de reparación del daño sufrido en los términos que se derivan de la reiterada sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2023 y de la normativa interna y doctrina jurisprudencial sobre la materia, debiendo, por tanto, ser aplicada por los órganos judiciales, en todos aquellos supuestos en los que exista controversia sobre la cuantía de la referida indemnización y, teniendo presente -como ocurre en el presente caso- la solicitud de la parte demandante de la aludida indemnización.

Conviene advertir, asimismo, que consideramos que esa cantidad permite una reparación integral del perjuicio sufrido. La eventual zozobra moral o las molestias materiales derivadas de ese acudimiento a los órganos de la jurisdicción social quedan englobadas en tal reparación a tanto alzado. Y lo mismo cabe advertir respecto de si se ha presentado la demanda con asistencia de profesionales (de Abogacía o colegiados como Graduados Sociales). Seguimos, de conformidad con lo apuntado por la repetida STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113-22 ), las pautas habituales en nuestro ordenamiento, Como se sabe, esta Sala, no viene estableciendo el importe de la condena en costas a la vista de la mayor o menor profundidad de la actuación procesal desempeñada por la parte recurrida sino de su existencia o inexistencia (personación, impugnación). Analógicamente, entendemos que esta compensación procede siempre que haya sido menester que el varón discriminado por una resolución del INSS posterior a la STJUE 19 diciembre 2019 haya precisado del acudimiento a la jurisdicción social para conseguir el abono del complemento en cuestión".

4.- El presupuesto de la concesión de una indemnización por daño es la existencia de una denegación del complemento por parte del órgano gestor con posterioridad al 12 de diciembre de 2019. Dicha denegación genera una discriminación relativa a los requisitos procedimentales que regulan la concesión del complemento de pensión litigioso para los afiliados de sexo masculino y esta discriminación, en palabras del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es independiente de la propia "discriminación directa por razón de sexo que se deriva de los requisitos materiales previstos en la norma controvertida en el litigio principal",dado que les obliga a hacer valer en la vía judicial su derecho, dando lugar a un plazo más largo para su obtención y generando gastos adicionales. Pues bien, a diferencia de lo que se argumenta en el escrito de recurso, en el presente caso sí se da una doble discriminación, esto es, hay una denegación inicial del derecho derivada de una discriminación directa por razón de sexo y, además, una discriminación relativa a los requisitos procedimentales, pues tras ello, tras la reclamación previa, tras la demanda, su admisión a trámite y citación a Juicio, no se produce su efectivo reconocimiento sino poco más de un mes antes de su celebración.

5.- Resulta palmario que el INSS solo reconoció el derecho al demandante porque éste formuló demanda ante la Jurisdicción Social.

No ha lugar a la imposición de costas al gozar la demandada recurrente del beneficio legal de justicia gratuita y no apreciarse temeridad o mala fe en su actuación procesal (art. 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,