Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 2163/2024 de 23 de febrero del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, Dª Regina, ahora recurrente, reclamaba el dictado de una Sentencia por la que se le declarase afecta de incapacidad permanente total, condenando a los demandados con las consecuencias económicas y administrativas correspondientes.

2.- El Juzgado de lo Social n. 1 de Valladolid, en la Sentencia 230/24, de fecha 12 de julio de 2024, recaída en los autos SSS número 941/23, sobre incapacidad permanente, desestima la demanda formulada por Dª Regina contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, absolviendo a los demandados de las pretensiones deducidas en su contra en este proceso.

El magistrado a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que la artritis reumatoide es de reciente diagnóstico sin que objetiven datos de inflación articular en el momento actual, y la patología psíquica no tiene la gravedad ni la duración necesaria para impedirle la realización de las tareas fundamentales de su profesión, no constando que tenga limitada su capacidad cognitiva y volitiva.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, Dª Regina, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras b) y c) del art. 193 LRJS.

Estos motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se revoque la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n. 1 de Valladolid, estimando su demanda y declarando que se encuentra afecta de incapacidad permanente total, condenando a los demandados con las consecuencias económicas y administrativas correspondientes.

4- El recurso de suplicación ha sido impugnado por los codemandados Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, ahora recurridos, solicitando la desestimación del recurso de suplicación con la correlativa confirmación de la Sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. Documento valorado por el magistrado a quo e intrascendencia de la adición

Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada solicita la revisión de hechos declarados probados, con objeto de:

- Adicionar un párrafo al Hecho Probado Décimo SÉPTIMO, quedando redactado este con el siguiente tenor literal:

"La actora fue declarada apta con restricciones tras su incorporación al trabajo, señalando el servicio de prevención ASPY que debe evitar la bipedestación continuada (más de una hora) debe alternar bipedestación con sedestación. Evitar tareas que impliquen una sobrecarga física (sobre esfuerzos físicos, como la deambulación forzada y de forma repetitiva. Evitar posturas forzadas, mantenidas y/o repetidas de columna cervical y extremidades superiores con elevación de los brazos sobre el nivel de los hombros. Restricción a la manipulación manual de cargas superiores a 5 kgrs. Restricción a tareas que requieran esfuerzos físicos moderados o importantes. En caso de tareas de manipulación continua de cargas, establecer descansos de 5 minutos para recuperación cada 30 minutos de manipulación.

Tras este dictamen la empresa procedió al despido de la actora por incapacidad sobrevenida por razones de salud mediante carta de fecha 20 de diciembre de 2023 que se tiene por reproducida"

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado:

1- La parte recurrente, para su petición, se ampara en los folios 9 y 24 a 27 del acontecimiento 29 en el que consta la prueba de la propia parte actora, entendiendo que la adición resulta trascendente puesto que fija las lesiones y limitaciones de la actora, así como las tareas de su profesión de encargada de tiendas.

2- Los recurridos impugnan el motivo postulado, entendiendo, en síntesis, que el hecho probado que se pretende modificar no requiere de ampliación alguna, pues fija la declaración del servicio de prevención como "Apta con restricciones";no estando obligado el juez a quoa hacer un relato pormenorizado y exhaustivo del contenido del informe dolencias, sin que exista error judicial en la valoración de los hechos que tenga el carácter de evidente y trascendente.

3- La Sala considera que nos encontramos ante una revisión histórica que no puede prosperar, ya que, aunque se señala con claridad y precisión lo que se pretende adicionar y cómo debe quedar redactado el hecho probado, el texto pretendido se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, justificándose la trascendencia de lo que se pretende adicionar, resulta totalmente intrascendente, puesto que el magistrado de instancia ya ha valorado dicha documental y ha extraído las conclusiones que ha estimado razonadas y fundadas, por lo que, aunque se añadiera lo pretendido, no se alteraría el razonamiento jurídico, ello sin contar con que el propio servicio de prevención califica a la actora de apta con limitaciones, sin que el hecho de que la empresa haya despedido a la actora pueda influir o tener trascendencia en este procedimiento de incapacidad permanente.

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado y firme el relato de hechos probados, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Rechazable vicio procesal de la petición de principio o hacer supuesto de la cuestión. Inexistencia de IPT

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en suplicación postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia:

1- En concreto, el recurrente en esta alzada, denuncia incurrir la Sentencia de instancia en la infracción, por errónea aplicación, del art. 194 del TRLGSS, entendiendo, en síntesis, que su trabajo como dependienta exige bipedestación prolongada, desplazamientos, manipulación de cargas y mantenimiento de posturas forzadas, tareas que no han podido ser adaptadas por la empresa a sus limitaciones físicas, lo que motivó su despido por incapacidad sobrevenida por razones de salud, argumentando que la bipedestación mantenida y los esfuerzos físicos agravan sus dolencias, especialmente los dolores lumbares crónicos, siendo incompatibles con sus limitaciones tareas habituales como la manipulación de productos o movimientos repetitivos, destacándose además que las lesiones de fibromialgia y artrosis reumatoide están objetivadas médicamente, presentan carácter crónico, progresivo y degenerativo y generan dolor persistente, concluyendo que no puede desempeñar las funciones esenciales de su profesión habitual con la eficacia exigible, que el desempeño del trabajo agrava sus lesiones incluso desde el punto de vista psicológico.

2- Por su parte, los recurridos impugnan el motivo articulado por la recurrente, sosteniendo que la Sentencia resulta ajustada a Derecho, toda vez que entienden, en síntesis, que reconoce la existencia de la patología médica de la demandante, pero concluye que no presenta la gravedad suficiente para justificar el reconocimiento de una incapacidad permanente, ya que, la artritis reumatoide es de aparición reciente y no genera limitaciones funcionales relevantes ni enfermedades graves o definitivas que impidan el desempeño laboral, valorando que el puesto de la actora como encargada de tienda tiene un carácter principalmente organizativo y de supervisión, sin exigencia de esfuerzos físicos intensos, y no consta afectación de sus capacidades cognitivas o volitivas.

Con carácter previo a dar respuesta a la cuestión suscitada conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicando en que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3-Partiendo del inalterado relato de hechos probados, por fracasar la revisión pretendida, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, entiende, en primer lugar, que el recurso de suplicación incurre en un defecto esencial, en el denominado vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, que lo condena directamente a la desestimación, toda vez que fundamenta el recurso de suplicación en argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial, sustentando su pretensión, no solo en dolencias y limitaciones que no han pasado al relato de hechos probados sino, además, vinculándolos a la categoría profesional de dependienta cuando se declarada probado que la actora es encargada de tienda.

En todo caso, partiendo de lo que sí que se ha declarado probado, el magistrado de instancia entiende que no concurren los requisitos legales para reconocer a la actora una incapacidad permanente en grado de total, ya que, la artritis reumatoide es de reciente diagnóstico sin que se objetiven datos de inflación articular en el momento actual, y la patología psíquica no tiene la gravedad ni la duración necesaria para impedirle la realización de las tareas fundamentales de su profesión, no constando que tenga limitada su capacidad cognitiva y volitiva.

Tal como señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Madrid, de 6 de junio de 2005, [ROJ:STSJ M 6684/2005] la valoración de la incapacidad permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva capacidad de ganancia que resta al trabajador, lo que se ha efectuado en la Sentencia de instancia y no en el recurso de suplicación al basarse este en limitaciones que no se han incorporado al relato de hechos probados de la Sentencia recurrida, debiendo hacer nuestro el pronunciamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la cual ha declarado reiteradamente que la ansiedad o depresión, sin síntomas psicóticos o expansivos ni clínica depresiva mayor, si bien puede impedir llevar a cabo actividades profesionales que impliquen riesgo para sí mismo o tercero, no excluye la posibilidad de llevar a cabo tareas exentas de tales características [v. entre otras, SSTSJ 454/2017, 455/2017 y 489/2017]).

En definitiva, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, debe reiterar el pronunciamiento que ya plasmó, entre otras, en la reciente Sentencia 37/2026, de 19 de enero de 2026, recaída en el RSU 1797/24, en la cual se manifestó que no cabe otra opción que confirmar el pronunciamiento de la magistrada de instancia, puesto que las dolencias que padece la parte actora son perfectamente compatibles con su profesión (en este caso, de encargada de tienda), la cual no exige unos altos requerimientos físicos y psicológicos, ni está sometida a altos riesgos para si o para terceros, sin que las limitaciones que la actora dice padecer consten en el relato fáctico de la Sentencia de instancia, debiendo recordarse que lo importante no es tanto la denominación de las dolencias como las limitaciones que estas producen.

Recordemos que las Sentencias del TS/SOC 12-6-86, 21-1-88, 14-2-89, 7-3-90... indicaron que la valoración de la capacidad funcional residual debe efectuarse teniendo en cuenta determinadas condiciones mínimas. Esto es, el trabajo debe poder desarrollarse con un esfuerzo normal, conforme a las exigencias normales de continuidad, dedicación y eficacia exigibles, que permitan su desempeño de una forma continua en la jornada habitual del sector de actividad o empresa correspondientes. Y las Sentencias del TS/SOC 19-11-91 (rec. 1289/1990), 27-1-97 (rec. 1179/1996), 18-6-01 (rec. 1768/2000), 22-3-02 (rec. 2654/2001), 27-10-03 (rec. 2647/2002), 11-2-04 y 9-7-04 (rec. 3145/2003), reforzadas muy especialmente con la sentencia dictada en Sala General de fecha 23-6-05 (rec. 3304/2004), remarcaron que no son las lesiones o enfermedades padecidas por el trabajador las que determinan el derecho a la prestación, sino que ese derecho surge del detrimento laboral que las mismas le causen, siempre distinto, según el grado de desarrollo de la lesión o enfermedad, y el estado de cada persona.

En síntesis, este Tribunal de Suplicación entiende que, del relato de hechos declarados probados, y la valoración probatoria efectuada por el magistrado de instancia, se desprende que la parte actora puede efectuar todas o las más fundamentales tareas de su profesión habitual, de encargada de tienda, la cual no presenta una exigencia física o psíquica elevada que impida su desempeño.

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica, sin que haya logrado su propósito y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª Regina contra la Sentencia 230/24, de fecha 12 de julio de 2024, recaída en los autos SSS número 941/23, sobre incapacidad permanente, procedente del Juzgado de lo Social n. 1 de Valladolid, confirmando íntegramente la misma.

CUARTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure, del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

QUINTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, Dª Regina, ahora recurrente, reclamaba el dictado de una Sentencia por la que se le declarase afecta de incapacidad permanente total, condenando a los demandados con las consecuencias económicas y administrativas correspondientes.

2.- El Juzgado de lo Social n. 1 de Valladolid, en la Sentencia 230/24, de fecha 12 de julio de 2024, recaída en los autos SSS número 941/23, sobre incapacidad permanente, desestima la demanda formulada por Dª Regina contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, absolviendo a los demandados de las pretensiones deducidas en su contra en este proceso.

El magistrado a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que la artritis reumatoide es de reciente diagnóstico sin que objetiven datos de inflación articular en el momento actual, y la patología psíquica no tiene la gravedad ni la duración necesaria para impedirle la realización de las tareas fundamentales de su profesión, no constando que tenga limitada su capacidad cognitiva y volitiva.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, Dª Regina, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras b) y c) del art. 193 LRJS.

Estos motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se revoque la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n. 1 de Valladolid, estimando su demanda y declarando que se encuentra afecta de incapacidad permanente total, condenando a los demandados con las consecuencias económicas y administrativas correspondientes.

4- El recurso de suplicación ha sido impugnado por los codemandados Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, ahora recurridos, solicitando la desestimación del recurso de suplicación con la correlativa confirmación de la Sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. Documento valorado por el magistrado a quo e intrascendencia de la adición

Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada solicita la revisión de hechos declarados probados, con objeto de:

- Adicionar un párrafo al Hecho Probado Décimo SÉPTIMO, quedando redactado este con el siguiente tenor literal:

"La actora fue declarada apta con restricciones tras su incorporación al trabajo, señalando el servicio de prevención ASPY que debe evitar la bipedestación continuada (más de una hora) debe alternar bipedestación con sedestación. Evitar tareas que impliquen una sobrecarga física (sobre esfuerzos físicos, como la deambulación forzada y de forma repetitiva. Evitar posturas forzadas, mantenidas y/o repetidas de columna cervical y extremidades superiores con elevación de los brazos sobre el nivel de los hombros. Restricción a la manipulación manual de cargas superiores a 5 kgrs. Restricción a tareas que requieran esfuerzos físicos moderados o importantes. En caso de tareas de manipulación continua de cargas, establecer descansos de 5 minutos para recuperación cada 30 minutos de manipulación.

Tras este dictamen la empresa procedió al despido de la actora por incapacidad sobrevenida por razones de salud mediante carta de fecha 20 de diciembre de 2023 que se tiene por reproducida"

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado:

1- La parte recurrente, para su petición, se ampara en los folios 9 y 24 a 27 del acontecimiento 29 en el que consta la prueba de la propia parte actora, entendiendo que la adición resulta trascendente puesto que fija las lesiones y limitaciones de la actora, así como las tareas de su profesión de encargada de tiendas.

2- Los recurridos impugnan el motivo postulado, entendiendo, en síntesis, que el hecho probado que se pretende modificar no requiere de ampliación alguna, pues fija la declaración del servicio de prevención como "Apta con restricciones";no estando obligado el juez a quoa hacer un relato pormenorizado y exhaustivo del contenido del informe dolencias, sin que exista error judicial en la valoración de los hechos que tenga el carácter de evidente y trascendente.

3- La Sala considera que nos encontramos ante una revisión histórica que no puede prosperar, ya que, aunque se señala con claridad y precisión lo que se pretende adicionar y cómo debe quedar redactado el hecho probado, el texto pretendido se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, justificándose la trascendencia de lo que se pretende adicionar, resulta totalmente intrascendente, puesto que el magistrado de instancia ya ha valorado dicha documental y ha extraído las conclusiones que ha estimado razonadas y fundadas, por lo que, aunque se añadiera lo pretendido, no se alteraría el razonamiento jurídico, ello sin contar con que el propio servicio de prevención califica a la actora de apta con limitaciones, sin que el hecho de que la empresa haya despedido a la actora pueda influir o tener trascendencia en este procedimiento de incapacidad permanente.

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado y firme el relato de hechos probados, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Rechazable vicio procesal de la petición de principio o hacer supuesto de la cuestión. Inexistencia de IPT

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en suplicación postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia:

1- En concreto, el recurrente en esta alzada, denuncia incurrir la Sentencia de instancia en la infracción, por errónea aplicación, del art. 194 del TRLGSS, entendiendo, en síntesis, que su trabajo como dependienta exige bipedestación prolongada, desplazamientos, manipulación de cargas y mantenimiento de posturas forzadas, tareas que no han podido ser adaptadas por la empresa a sus limitaciones físicas, lo que motivó su despido por incapacidad sobrevenida por razones de salud, argumentando que la bipedestación mantenida y los esfuerzos físicos agravan sus dolencias, especialmente los dolores lumbares crónicos, siendo incompatibles con sus limitaciones tareas habituales como la manipulación de productos o movimientos repetitivos, destacándose además que las lesiones de fibromialgia y artrosis reumatoide están objetivadas médicamente, presentan carácter crónico, progresivo y degenerativo y generan dolor persistente, concluyendo que no puede desempeñar las funciones esenciales de su profesión habitual con la eficacia exigible, que el desempeño del trabajo agrava sus lesiones incluso desde el punto de vista psicológico.

2- Por su parte, los recurridos impugnan el motivo articulado por la recurrente, sosteniendo que la Sentencia resulta ajustada a Derecho, toda vez que entienden, en síntesis, que reconoce la existencia de la patología médica de la demandante, pero concluye que no presenta la gravedad suficiente para justificar el reconocimiento de una incapacidad permanente, ya que, la artritis reumatoide es de aparición reciente y no genera limitaciones funcionales relevantes ni enfermedades graves o definitivas que impidan el desempeño laboral, valorando que el puesto de la actora como encargada de tienda tiene un carácter principalmente organizativo y de supervisión, sin exigencia de esfuerzos físicos intensos, y no consta afectación de sus capacidades cognitivas o volitivas.

Con carácter previo a dar respuesta a la cuestión suscitada conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicando en que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3-Partiendo del inalterado relato de hechos probados, por fracasar la revisión pretendida, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, entiende, en primer lugar, que el recurso de suplicación incurre en un defecto esencial, en el denominado vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, que lo condena directamente a la desestimación, toda vez que fundamenta el recurso de suplicación en argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial, sustentando su pretensión, no solo en dolencias y limitaciones que no han pasado al relato de hechos probados sino, además, vinculándolos a la categoría profesional de dependienta cuando se declarada probado que la actora es encargada de tienda.

En todo caso, partiendo de lo que sí que se ha declarado probado, el magistrado de instancia entiende que no concurren los requisitos legales para reconocer a la actora una incapacidad permanente en grado de total, ya que, la artritis reumatoide es de reciente diagnóstico sin que se objetiven datos de inflación articular en el momento actual, y la patología psíquica no tiene la gravedad ni la duración necesaria para impedirle la realización de las tareas fundamentales de su profesión, no constando que tenga limitada su capacidad cognitiva y volitiva.

Tal como señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Madrid, de 6 de junio de 2005, [ROJ:STSJ M 6684/2005] la valoración de la incapacidad permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva capacidad de ganancia que resta al trabajador, lo que se ha efectuado en la Sentencia de instancia y no en el recurso de suplicación al basarse este en limitaciones que no se han incorporado al relato de hechos probados de la Sentencia recurrida, debiendo hacer nuestro el pronunciamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la cual ha declarado reiteradamente que la ansiedad o depresión, sin síntomas psicóticos o expansivos ni clínica depresiva mayor, si bien puede impedir llevar a cabo actividades profesionales que impliquen riesgo para sí mismo o tercero, no excluye la posibilidad de llevar a cabo tareas exentas de tales características [v. entre otras, SSTSJ 454/2017, 455/2017 y 489/2017]).

En definitiva, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, debe reiterar el pronunciamiento que ya plasmó, entre otras, en la reciente Sentencia 37/2026, de 19 de enero de 2026, recaída en el RSU 1797/24, en la cual se manifestó que no cabe otra opción que confirmar el pronunciamiento de la magistrada de instancia, puesto que las dolencias que padece la parte actora son perfectamente compatibles con su profesión (en este caso, de encargada de tienda), la cual no exige unos altos requerimientos físicos y psicológicos, ni está sometida a altos riesgos para si o para terceros, sin que las limitaciones que la actora dice padecer consten en el relato fáctico de la Sentencia de instancia, debiendo recordarse que lo importante no es tanto la denominación de las dolencias como las limitaciones que estas producen.

Recordemos que las Sentencias del TS/SOC 12-6-86, 21-1-88, 14-2-89, 7-3-90... indicaron que la valoración de la capacidad funcional residual debe efectuarse teniendo en cuenta determinadas condiciones mínimas. Esto es, el trabajo debe poder desarrollarse con un esfuerzo normal, conforme a las exigencias normales de continuidad, dedicación y eficacia exigibles, que permitan su desempeño de una forma continua en la jornada habitual del sector de actividad o empresa correspondientes. Y las Sentencias del TS/SOC 19-11-91 (rec. 1289/1990), 27-1-97 (rec. 1179/1996), 18-6-01 (rec. 1768/2000), 22-3-02 (rec. 2654/2001), 27-10-03 (rec. 2647/2002), 11-2-04 y 9-7-04 (rec. 3145/2003), reforzadas muy especialmente con la sentencia dictada en Sala General de fecha 23-6-05 (rec. 3304/2004), remarcaron que no son las lesiones o enfermedades padecidas por el trabajador las que determinan el derecho a la prestación, sino que ese derecho surge del detrimento laboral que las mismas le causen, siempre distinto, según el grado de desarrollo de la lesión o enfermedad, y el estado de cada persona.

En síntesis, este Tribunal de Suplicación entiende que, del relato de hechos declarados probados, y la valoración probatoria efectuada por el magistrado de instancia, se desprende que la parte actora puede efectuar todas o las más fundamentales tareas de su profesión habitual, de encargada de tienda, la cual no presenta una exigencia física o psíquica elevada que impida su desempeño.

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica, sin que haya logrado su propósito y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª Regina contra la Sentencia 230/24, de fecha 12 de julio de 2024, recaída en los autos SSS número 941/23, sobre incapacidad permanente, procedente del Juzgado de lo Social n. 1 de Valladolid, confirmando íntegramente la misma.

CUARTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure, del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

QUINTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, Dª Regina, ahora recurrente, reclamaba el dictado de una Sentencia por la que se le declarase afecta de incapacidad permanente total, condenando a los demandados con las consecuencias económicas y administrativas correspondientes.

2.- El Juzgado de lo Social n. 1 de Valladolid, en la Sentencia 230/24, de fecha 12 de julio de 2024, recaída en los autos SSS número 941/23, sobre incapacidad permanente, desestima la demanda formulada por Dª Regina contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, absolviendo a los demandados de las pretensiones deducidas en su contra en este proceso.

El magistrado a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que la artritis reumatoide es de reciente diagnóstico sin que objetiven datos de inflación articular en el momento actual, y la patología psíquica no tiene la gravedad ni la duración necesaria para impedirle la realización de las tareas fundamentales de su profesión, no constando que tenga limitada su capacidad cognitiva y volitiva.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, Dª Regina, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras b) y c) del art. 193 LRJS.

Estos motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se revoque la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n. 1 de Valladolid, estimando su demanda y declarando que se encuentra afecta de incapacidad permanente total, condenando a los demandados con las consecuencias económicas y administrativas correspondientes.

4- El recurso de suplicación ha sido impugnado por los codemandados Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, ahora recurridos, solicitando la desestimación del recurso de suplicación con la correlativa confirmación de la Sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. Documento valorado por el magistrado a quo e intrascendencia de la adición

Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada solicita la revisión de hechos declarados probados, con objeto de:

- Adicionar un párrafo al Hecho Probado Décimo SÉPTIMO, quedando redactado este con el siguiente tenor literal:

"La actora fue declarada apta con restricciones tras su incorporación al trabajo, señalando el servicio de prevención ASPY que debe evitar la bipedestación continuada (más de una hora) debe alternar bipedestación con sedestación. Evitar tareas que impliquen una sobrecarga física (sobre esfuerzos físicos, como la deambulación forzada y de forma repetitiva. Evitar posturas forzadas, mantenidas y/o repetidas de columna cervical y extremidades superiores con elevación de los brazos sobre el nivel de los hombros. Restricción a la manipulación manual de cargas superiores a 5 kgrs. Restricción a tareas que requieran esfuerzos físicos moderados o importantes. En caso de tareas de manipulación continua de cargas, establecer descansos de 5 minutos para recuperación cada 30 minutos de manipulación.

Tras este dictamen la empresa procedió al despido de la actora por incapacidad sobrevenida por razones de salud mediante carta de fecha 20 de diciembre de 2023 que se tiene por reproducida"

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado:

1- La parte recurrente, para su petición, se ampara en los folios 9 y 24 a 27 del acontecimiento 29 en el que consta la prueba de la propia parte actora, entendiendo que la adición resulta trascendente puesto que fija las lesiones y limitaciones de la actora, así como las tareas de su profesión de encargada de tiendas.

2- Los recurridos impugnan el motivo postulado, entendiendo, en síntesis, que el hecho probado que se pretende modificar no requiere de ampliación alguna, pues fija la declaración del servicio de prevención como "Apta con restricciones";no estando obligado el juez a quoa hacer un relato pormenorizado y exhaustivo del contenido del informe dolencias, sin que exista error judicial en la valoración de los hechos que tenga el carácter de evidente y trascendente.

3- La Sala considera que nos encontramos ante una revisión histórica que no puede prosperar, ya que, aunque se señala con claridad y precisión lo que se pretende adicionar y cómo debe quedar redactado el hecho probado, el texto pretendido se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, justificándose la trascendencia de lo que se pretende adicionar, resulta totalmente intrascendente, puesto que el magistrado de instancia ya ha valorado dicha documental y ha extraído las conclusiones que ha estimado razonadas y fundadas, por lo que, aunque se añadiera lo pretendido, no se alteraría el razonamiento jurídico, ello sin contar con que el propio servicio de prevención califica a la actora de apta con limitaciones, sin que el hecho de que la empresa haya despedido a la actora pueda influir o tener trascendencia en este procedimiento de incapacidad permanente.

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado y firme el relato de hechos probados, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Rechazable vicio procesal de la petición de principio o hacer supuesto de la cuestión. Inexistencia de IPT

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en suplicación postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia:

1- En concreto, el recurrente en esta alzada, denuncia incurrir la Sentencia de instancia en la infracción, por errónea aplicación, del art. 194 del TRLGSS, entendiendo, en síntesis, que su trabajo como dependienta exige bipedestación prolongada, desplazamientos, manipulación de cargas y mantenimiento de posturas forzadas, tareas que no han podido ser adaptadas por la empresa a sus limitaciones físicas, lo que motivó su despido por incapacidad sobrevenida por razones de salud, argumentando que la bipedestación mantenida y los esfuerzos físicos agravan sus dolencias, especialmente los dolores lumbares crónicos, siendo incompatibles con sus limitaciones tareas habituales como la manipulación de productos o movimientos repetitivos, destacándose además que las lesiones de fibromialgia y artrosis reumatoide están objetivadas médicamente, presentan carácter crónico, progresivo y degenerativo y generan dolor persistente, concluyendo que no puede desempeñar las funciones esenciales de su profesión habitual con la eficacia exigible, que el desempeño del trabajo agrava sus lesiones incluso desde el punto de vista psicológico.

2- Por su parte, los recurridos impugnan el motivo articulado por la recurrente, sosteniendo que la Sentencia resulta ajustada a Derecho, toda vez que entienden, en síntesis, que reconoce la existencia de la patología médica de la demandante, pero concluye que no presenta la gravedad suficiente para justificar el reconocimiento de una incapacidad permanente, ya que, la artritis reumatoide es de aparición reciente y no genera limitaciones funcionales relevantes ni enfermedades graves o definitivas que impidan el desempeño laboral, valorando que el puesto de la actora como encargada de tienda tiene un carácter principalmente organizativo y de supervisión, sin exigencia de esfuerzos físicos intensos, y no consta afectación de sus capacidades cognitivas o volitivas.

Con carácter previo a dar respuesta a la cuestión suscitada conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicando en que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3-Partiendo del inalterado relato de hechos probados, por fracasar la revisión pretendida, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, entiende, en primer lugar, que el recurso de suplicación incurre en un defecto esencial, en el denominado vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, que lo condena directamente a la desestimación, toda vez que fundamenta el recurso de suplicación en argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial, sustentando su pretensión, no solo en dolencias y limitaciones que no han pasado al relato de hechos probados sino, además, vinculándolos a la categoría profesional de dependienta cuando se declarada probado que la actora es encargada de tienda.

En todo caso, partiendo de lo que sí que se ha declarado probado, el magistrado de instancia entiende que no concurren los requisitos legales para reconocer a la actora una incapacidad permanente en grado de total, ya que, la artritis reumatoide es de reciente diagnóstico sin que se objetiven datos de inflación articular en el momento actual, y la patología psíquica no tiene la gravedad ni la duración necesaria para impedirle la realización de las tareas fundamentales de su profesión, no constando que tenga limitada su capacidad cognitiva y volitiva.

Tal como señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Madrid, de 6 de junio de 2005, [ROJ:STSJ M 6684/2005] la valoración de la incapacidad permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva capacidad de ganancia que resta al trabajador, lo que se ha efectuado en la Sentencia de instancia y no en el recurso de suplicación al basarse este en limitaciones que no se han incorporado al relato de hechos probados de la Sentencia recurrida, debiendo hacer nuestro el pronunciamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la cual ha declarado reiteradamente que la ansiedad o depresión, sin síntomas psicóticos o expansivos ni clínica depresiva mayor, si bien puede impedir llevar a cabo actividades profesionales que impliquen riesgo para sí mismo o tercero, no excluye la posibilidad de llevar a cabo tareas exentas de tales características [v. entre otras, SSTSJ 454/2017, 455/2017 y 489/2017]).

En definitiva, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, debe reiterar el pronunciamiento que ya plasmó, entre otras, en la reciente Sentencia 37/2026, de 19 de enero de 2026, recaída en el RSU 1797/24, en la cual se manifestó que no cabe otra opción que confirmar el pronunciamiento de la magistrada de instancia, puesto que las dolencias que padece la parte actora son perfectamente compatibles con su profesión (en este caso, de encargada de tienda), la cual no exige unos altos requerimientos físicos y psicológicos, ni está sometida a altos riesgos para si o para terceros, sin que las limitaciones que la actora dice padecer consten en el relato fáctico de la Sentencia de instancia, debiendo recordarse que lo importante no es tanto la denominación de las dolencias como las limitaciones que estas producen.

Recordemos que las Sentencias del TS/SOC 12-6-86, 21-1-88, 14-2-89, 7-3-90... indicaron que la valoración de la capacidad funcional residual debe efectuarse teniendo en cuenta determinadas condiciones mínimas. Esto es, el trabajo debe poder desarrollarse con un esfuerzo normal, conforme a las exigencias normales de continuidad, dedicación y eficacia exigibles, que permitan su desempeño de una forma continua en la jornada habitual del sector de actividad o empresa correspondientes. Y las Sentencias del TS/SOC 19-11-91 (rec. 1289/1990), 27-1-97 (rec. 1179/1996), 18-6-01 (rec. 1768/2000), 22-3-02 (rec. 2654/2001), 27-10-03 (rec. 2647/2002), 11-2-04 y 9-7-04 (rec. 3145/2003), reforzadas muy especialmente con la sentencia dictada en Sala General de fecha 23-6-05 (rec. 3304/2004), remarcaron que no son las lesiones o enfermedades padecidas por el trabajador las que determinan el derecho a la prestación, sino que ese derecho surge del detrimento laboral que las mismas le causen, siempre distinto, según el grado de desarrollo de la lesión o enfermedad, y el estado de cada persona.

En síntesis, este Tribunal de Suplicación entiende que, del relato de hechos declarados probados, y la valoración probatoria efectuada por el magistrado de instancia, se desprende que la parte actora puede efectuar todas o las más fundamentales tareas de su profesión habitual, de encargada de tienda, la cual no presenta una exigencia física o psíquica elevada que impida su desempeño.

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica, sin que haya logrado su propósito y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª Regina contra la Sentencia 230/24, de fecha 12 de julio de 2024, recaída en los autos SSS número 941/23, sobre incapacidad permanente, procedente del Juzgado de lo Social n. 1 de Valladolid, confirmando íntegramente la misma.

CUARTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure, del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

QUINTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY