Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 1969/2023 de 24 de febrero del 2025

PRIMERO.-En sentencia dictada por el Juzgado de lo Social N.º 2 de SALAMANCA se desestima la demanda planteada por DOÑA Margarita, sobre Prestaciones por Cese de Actividad (Autónoma). Contra dicha sentencia se alza la referida demandante, solicitando que se revoque la misma por motivos únicamente de orden jurídico. El recurso ha sido impugnado MUTUA FREMAP quien con amparo en el artículo 197.2 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social solicita la revisión del hecho probado quinto.

SEGUNDO.-Comenzamos por resolver la petición de la recurrida respecto a la revisión del hecho probado quinto efectuada con amparo en el artículo 197.2 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. En concreto, se propone la adición de un nuevo párrafo a dicho ordinal, cuyo contenido sería el siguiente:

"Los datos económicos que se declaran en el IRPF son Año 2021

1º trimestre: 2.938,46€ - rendimiento neto + 706,51€

2º trimestre: 5.913€- rendimiento neto + 1.253€

3º trimestre: 7.653€- rendimiento neto +1.000€

4º trimestre: 7.653€ - rendimiento neto + 715( acont. 19)

Año 2020:

4º Trimestre: 12.028,11 euros, rendimiento neto 5.417,72 euros".

Dicha revisión se basa en la página 9 del PDF del documento nº 09 presentado como expediente de FREMAP acompañado al escrito de 11 de mayo presentado el día 12 por la Mutua (acontecimiento 19).

La referida revisión es relevante para la recurrida dado que entiende que el año que se debe tener en cuenta para valorar si existen pérdidas o no es el cuarto trimestre de 2020 y los tres primeros trimestres del año 2021, habida cuenta que posteriormente está de incapacidad temporal y no consta que hasta el cese haya vuelto a trabajar.

En cuanto al texto propuesto consistente en:

"Los datos económicos que se declaran en el IRPF son Año 2021

1º trimestre: 2.938,46€ - rendimiento neto + 706,51€

2º trimestre: 5.913€- rendimiento neto + 1.253€

3º trimestre: 7.653€- rendimiento neto +1.000€

4º trimestre: 7.653€ - rendimiento neto + 715( acont. 19)".

El mismo ya figura en el hecho probado quinto.

Por tanto, entiende la Sala que lo que quiere adicionar el texto siguiente:

"Año 2020:

4º Trimestre: 12.028,11 euros, rendimiento neto 5.417,72 euros"

Procede la revisión interesada, a la vista de la documental invocada, cuando menos a efectos dialécticos y sin que ello suponga necesariamente la estimación del recurso.

TERCERO.-Al amparo de lo dispuesto en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se denuncia por la actora-recurrente la infracción de lo establecido en el artículo 331 de la Ley General de la Seguridad Social.

Alega la recurrente lo siguiente:

"1º> Conforme se acredita con la documentación existente en el expediente administrativo y se establece en el fundamento de derecho segundo de la Sentencia, la actora ha estado en situación de IT desde el 28-8-2021 a 29-8-2022 recibiendo por ello prestaciones por importe de 2.351,59€ en el año 2021 y de 6.285,04€ (retribuciones dinerarias) y 2.920,11€ retribuciones en especie en 2022.

2º>Constan aportadas a las actuaciones declaraciones tributarias de la actora que acreditan: Que en la anualidad 2022 unicamente recibido prestación de IT, abonada por Mutua FREMAP sin tener otros ingresos.

Que en la anualidad 2021, sus declaraciones fueron:

1º trimestre: ingresos 2.938,46€. Rendimiento neto + 706,51€ 2º trimestre: ingresos -acumulados- 5.913€. Rendimiento neto + 1.253€ 3º trimestre: ingresos acumulados 7.653€. Rendimiento neto +1.000€ 4º trimestre: ingresos acumulados 7.653€. Rrendimiento neto + 715€

Véase como el segundo y tercer trimestre coinciden en ingresos dado que la actora a consecuencia de la incapacidad temporal no trabaja y no percibe por ello ingresos.

3º> Es evidente por tanto la situación económica reportada por la actora en el año 2021 aun cuando no refleja pérdidas recoge una cantidad de ingresos ínfima con la que es imposible la subsistencia.

4º> Aun cuando la norma aplicable, Art. 331 LGSS establece para tener derecho a la percepción de prestación por cese de actividad son necesarias pérdidas derivadas de la actividad, consideramos dicha prestación debe ser reconocida igualmente cuando los ingresos acreditados por el autónomo sean ínfimos."

A continuación, trascribe parte de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 1553/2015, de 15 de septiembre, sentencia Tribunal Superior de Justicia de Aragón Rec. 389/2015, de 1 de julio de 2015, y una de esta Sala de fecha 9 de marzo de 2016 dictada en el Recurso 97/2016, en el que interviene igualmente la mutua demandada FREMAP, considerando que no deben ser computados como ingresos la cantidades que se perciban como prestación de IT, resolución que dice fue confirmada por el T.S. en su sentencia 293/2018, de 14 de marzo, dictada en unificación de doctrina en la que en esencia se resolvía lo siguiente:

"....Por ello, a la hora de interpretar los motivos económicos no es posible tomar en consideración las circunstancias personales del trabajador, y por lo mismo ha de mantenerse que el subsidio de IT no es concepto computable a la hora de determinar el nivel de pérdidas en la actividad profesional.

2.- Entendemos que la precedente consideración basta para rechazar el cómputo que la decisión recurrida admite, porque si la prestación está finalísticamente vinculada a los resultados de la actividad profesional del autónomo, ese básico elemento de interpretación - art. 3.1 CC - nos fuerza a la indicada conclusión, porque ninguna relación guarda con el éxito o fracaso de la actividad empresarial el posible subsidio de IT que pueda haber percibido el trabajador autónomo. No hay que olvidar que todos los usuales elementos hermenéuticos 3 JURISPRUDENCIA previstos en el art. 3 del CC -lógico, gramatical e incluso histórico- «han de ponderarse en el marco de una interpretación sistemática del conjunto de la disposición y de la finalidad perseguida por la misma [con muchas otras, SSTS 15/03/10 -rcud 584/09 -; 18/06/10 -rco 152/09 -]; y con mayor motivo cuando aquellos primeros criterios hermenéuticos no llevan a solución clara alguna ( SSTS 09/12/10 -rcud 831/10 -; 13/01/14 -rco 102/13 -; 06/07/16 -rcud 530/14 -; y 08/11/16 rco 102/16 -). 3.- A mayor abundamiento, esta conclusión es incluso la que deriva literalmente de la propia normativa de la prestación de que tratamos, siendo así que «la concurrencia de motivos económicos se considerará acreditada mediante la aportación, en los términos que reglamentariamente se establezcan, de la documentación contable que confeccione el trabajador autónomo, en la que se registre el nivel de pérdidas exigido en los términos del artículo 5.1.a).1.º, así como mediante las declaraciones del IVA, del IRPF y demás documentos preceptivos que, a su vez, justifiquen las partidas correspondientes consignadas en las cuentas aportadas. En todo caso, las partidas que se consignen corresponderán a conceptos admitidos en las normas que regulan la contabilidad» ( art. 6.1.a) Ley 32/2010 ). Y si bien el subsidio de IT ha de tener constancia en la declaración de IRPF [ art. 17 Ley 35/2006, de 28/ Noviembre ], no se trata de concepto que parezca tenga cabida en contabilidad, pues -coincidimos plenamente con la sentencia de contraste- ni el Plan General de Contabilidad [RD 1514/07, de 16/Noviembre] ni el de las PYMES [RD 1515/07, de 16/Noviembre], proporcionan base para incluir las prestaciones sociales percibidas a título personal por un trabajador autónomo. Siquiera -insistimos- aunque el concepto de IT tenga cabida contable, en forma alguna sería computable a los efectos de la prestación de que tratamos, porque ninguna relación guarda con los «ingresos» de la actividad empresarial del autónomo, que es a lo que atiende la Ley 32/2010, puesto que lo se está analizando no es realmente el nivel de rentas del trabajador autónomo sino, simplemente, si concurre una causa económica que pueda calificarse como situación legal de cese de actividad, y tal concepto solo se define por los ingresos y pérdidas habidas en el ejercicio de esa actividad profesional.

CUARTO.- Por ello ha de reconocerse el derecho a la prestación solicitada, porque si bien al haber excluido el subsidio de IT en el primer trimestre del año 2013 del apartado de ingresos y obligadamente también haya de restarse del cómputo el periodo de tiempo correspondiente, lo razonable es que el periodo de «año completo» -sin solución de continuidad, obviamente- que exige el art. 5 de la Ley 32/2010 se integre con el primer trimestre del siguiente año -2014- cuyo promedio de pérdidas fue del 304,16 %, porque la norma se refiere al año «completo», que no al año «natural» o al ejercicio contable, lo que determina una interpretación «pro beneficiario», cuya aplicación procede supuestos -como el presente- de textos o situaciones con dudoso significado no discernible por los habituales criterios exegéticos (por ejemplo, SSTS 22/11/11 -rcud 4277/10 -; 14/01/14 --rcud 640/13 --; 19/11/14 -rcud 1221/13 -; y 25/01/117 -rcud 2729/15 -)."

La recurrente finaliza su recurso llegando a las siguientes conclusiones:

"I.- La actora acredita una situación de ingresos mínimos durante la anualidad 2021.

II.- Adicionalmente se encuentra de baja laboral y por ello percibe prestación que no debe contabilizarse como ingresos.

III.- Consideramos que pese a no existir pérdidas si el fundamente de la prestación es la protección del autónomo que debe cerrar su negocio, debe equipararse dicha situación de pérdidas con los ingresos mínimos que imposibiliten su subsistencia".

Por su parte la Mutua recurrida se opone al recurso exponiendo entre otras las siguientes razones:

"Lo que no se puede obviar es que en la solicitud de prestación por cese de actividad de 7 de diciembre de 2022 se consignaba "que se trataba de una peluquería pequeña donde sólo trabajaba yo. El rendimiento fue el adecuado durante los primeros años, con el tiempo se abrieron "muchas" más peluquerías y "más" grandes alrededor. Esto, unido a la crisis provocada por el COVID, hizo que el rendimiento cayera en picado. En AGOSTO DE 2021 tuve que cerrar por enfermedad, ya que no podía permitirme contratar a una persona ni seguir pagando el alquiler".

De todo ello se extrae:

1.- no trabaja desde el 28 de agosto de 2021

2.- NO tiene pérdidas en el año 2021

3.- A partir de los 60 días de baja la Mutua cotiza por ella

4.- NO tiene pérdidas en el año 2020.

Cuando la Ley es clara no necesita de interpretación. Si se hubiera querido consignar que la prestación para los autónomos tendría que ser reconocida a pesar de que no hubiera pérdidas, así se habría hecho constar en la Ley, pero no se ha efectuado así. Y se debe aplicar la Ley vigente a la fecha del hecho causante.

Como dice esa Ilma. Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos en su sentencia de 5 de mayo de 2023, rec. 916/2022 "En materia de prestaciones de Seguridad Social, salvo precisión expresa en otro sentido, ha de estarse a la normativa vigente a la fecha del hecho causante"; recogiendo doctrina del Tribunal Constitucional "En punto a la sucesión de normas reguladoras de las prestaciones de Seguridad Social, como se argumenta en el Auto del TC n.º 89/2019, de 16 de julio : "(...) la diferenciación de trato en función de criterios temporales ha sido admitida por este Tribunal. Así, el ATC 367/2003, de 13 de noviembre , FJ 5 (EDJ 2003/241728), afirma que "como se recuerda en nuestra STC 38/1995, de 13 de febrero , FJ 4 (EDJ 1995/247), 'reiteradamente hemos declarado que el art. 14 CE (EDL 1978/3879) no impide el distinto tratamiento temporal de situaciones iguales motivado por la sucesión normativa, porque no exige que se deba dispensar un idéntico tratamiento a todos los supuestos con independencia del tiempo en que se originaron o produjeron sus efectos ( SSTC 70/1983 ( EDJ 1983/70) , 103/1984 ( EDJ 1984/103) , 121/1984 (EDJ 1984/121 ), 119/1987 (EDJ 1987/119 ), 128/1989 (EDJ 1989/7391 ) y 88/1991 (EDJ 1991/4299), entre otras)."

Las sentencias que se citan en la suplicación del TSJ País Vasco y Aragón, ambas de 2015, entendemos no son aplicables al presente caso habida cuenta que no son jurisprudencia y se refieren a hechos anteriores a la redacción del artículo 331 de la LGSS .

Por otro lado, "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus"; si la ley nos habla de pérdidas hay que demostrar esas pérdidas.

Respecto a la sentencia del TS citada hemos de indicar que no confirma ninguna sentencia de ese Ilmo. Tribunal sino que casa una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, y en ella se consigna que "En efecto, la prestación por cese de actividad se otorga, como se ha indicado, ante el cese definitivo de actividad, que se vincula a la concurrencia de unos motivos que -en lo que al presente caso ataña- son de naturaleza económica y se identifican con la existencia de pérdidas y no con la situación personal del trabajador." (la negrita es nuestra)

Por lo tanto, no existiendo pérdidas, no se puede hablar de cese de actividad.

SEGUNDO.- Subsidiario a lo anterior, para el improbable caso de entender que sí sería merecedora de una prestación por cese de actividad de conformidad al recurso de suplicación formulado, presentamos los siguientes motivos de oposición subsidiarios al amparo del artículo 197 de la LJS:

A.- Al amparo del artículo 331.2 de la LGSS no debería ser concedida prestación alguna habida cuenta que en ningún caso se considerará en situación legal de cese de actividad: a) A aquellos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad, salvo en el supuesto previsto en el artículo 333.1.b).

En el presente caso, conforme consta en el hecho probado segundo "en agosto de 2021 "tuve que cerrar por enfermedad ya que no podía permitirme contratar a una persona ni seguir pagando el alquiler. He estado de baja durante un año". Luego estaríamos en un supuesto del artículo 331.2.

B.- Al amparo del artículo 331.1.1º, caso de entender el año completo desde el 1 de octubre de 2020, no existirían pérdidas.

Si se toma como referencia los últimos cuatro trimestres realmente trabajados, esto es descontando el cuarto trimestre de 2021 y, añadiendo el cuarto trimestre de 2020, lo que no hace la recurrida que toma todo el año 2021, tampoco habría pérdidas habida cuenta que habría que sumar los 5.417,72 euros de rendimiento neto que consta en modelo.

Y, entendemos que debería ser así porque es el último año realmente trabajado.

C.- Al amparo del art. 337.5 de la LGSS se debería descontar del período de percepción los días que medien entre la fecha en que debería haber presentado la solicitud y la fecha en que la presentó.

Aún cuando la baja como autónomo es de 23 de noviembre de 2021 la fecha del hecho causante para la prestación del cese de actividad tendría que ser el 28 de agosto de 2021, fecha del cierre de la peluquería. Después se estuvo en incapacidad temporal hasta el 29 de agosto de 2022 y a partir de esa fecha no consta ingreso ni gasto alguno.

Realmente desde esta fecha no ha existido actividad profesional. El mero hecho de hacer las cotizaciones a la Seguridad Social, no es elemento vinculante para entender que la demandante tenía real y efectivamente la condición de trabajador autónomo ya que no se puede aceptar que por la simple cotización a la Seguridad Social se puedan generar los derechos que con las mismas se protegen si, realmente, no obedece ese alta y mantenimiento en el sistema a la actividad a la que se debe estar vinculado, por cuanto que un trabajador autónomo es toda persona física que realiza de forma habitual, personal y directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o procesional a título lucrativo, y, en este caso, ya no se realiza desde que se cerró la peluquería en agosto de 2021.

Por lo tanto, no ha existido en realidad una actividad económica de la que se hayan derivado pérdidas porque toda actividad económica o profesional tiene que producir para existir unos ingresos, aunque sean mínimos y, desde la fecha del alta médica no consta ningún ingreso.

La consecuencia de todo ello es que se tendría que aplicar el 337.5 de la LGSS que dispone que "En caso de presentación de la solicitud una vez transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior, y siempre que el trabajador autónomo cumpla con el resto de los requisitos legalmente previstos, se descontarán del período de percepción los días que medien entre la fecha en que debería haber presentado la solicitud y la fecha en que la presentó."

Por lo tanto, se tendrían que descontar todos los días que van desde el 30 de setiembre de 2021 hasta la fecha de la presentación, 7 de diciembre de 2022.

D.- Al amparo del artículo 343.1 de la LGSS , caso de estimarse la demanda, deberían descontarse los periodos de IT abonados.

Dispone referido artículo que en el supuesto en que el hecho causante de la protección por cese de actividad se produzca mientras el trabajador autónomo se encuentre en situación de incapacidad temporal, este seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en la misma cuantía que la prestación por cese de actividad hasta que la misma se extinga, en cuyo momento pasará a percibir, siempre que reúna los requisitos legalmente establecidos, la prestación económica por cese de actividad que le corresponda. En tal caso, se descontará del período de percepción de la prestación por cese de actividad, como ya consumido, el tiempo que hubiera permanecido en la situación de incapacidad temporal a partir de la fecha de la situación legal de cese de actividad.

Se debe entender que, como quiera que no se ha trabajado después del alta, realmente la baja debería haber sido cuando se cerró la peluquería, que coincide con la baja laboral. Si no, nos podríamos encontrar ante un fraude de ley pues cobramos el subsidio de IT, abonamos la cotización un par de meses después del alta sin trabajar y tenemos otra prestación.

Se ha abonado por FREMAP 2351,59 euros en 2021 y 6.285,04 euros en 2022, en total 8.636,63 euros, s.e u o. La cuantía de la prestación es del 70% de la base reguladora, que asciende a 960,60 euros/mes (70% son 672,42 euros por 24 mensualidades: 16.138,08 euros), a lo que habría que descontar lo pagado por IT y, a lo sumo, se podría conceder solamente 7501,45 euros, s.e.u.o."

El recurso va a ser desestimado. Si partimos de los datos que constan en el relato fáctico, vemos que si atendemos a los ingresos del año anterior a la baja médica y los cuatro trimestres en los que la actora ha tenido actividad en su negocio la misma ha tenido ingresos y no pérdidas. Así, vemos que en el cuarto trimestre de 2020 tuvo un rendimiento de 12.028.11 euros y un rendimiento de 5.417,72 euros y también hubo rendimiento positivo en los trimestres de 2021. Si atendemos al año natural anterior a la solicitud de la prestación por cese de actividad, esto es todo el año 2021, llegamos a la misma conclusión pues los trimestres en los que trabajó antes de la baja médica en agosto de 2021, la actora obtuvo rendimientos positivos, pues en el tercer trimestre de 2021 en el que la actora ya inició su baja figuran 1.000 euros de rendimiento neto.

La Sala comparte el criterio de la recurrente de que para determinar la viabilidad de una actividad no puede tenerse en cuenta lo percibido en concepto de incapacidad temporal dado que dicha cantidad no procede del ejercicio de la concreta actividad (peluquería), pero por esa misma razón tampoco puede comprobarse si un negocio o actividad es viable si no está abierto por encontrarse de baja médica la titular del negocio. En este sentido cabe decir que el mero hecho de que la actora, previamente a su cese de actividad, estuviese en situación de IT, y que desde la situación de baja médica no obtuviese ingresos de la actividad, en modo alguno acredita la inviabilidad de la actividad, sino en todo caso una situación económica personal de la trabajadora. En este sentido se ha pronunciado la Sala de lo Social del TSJ de Valencia en su sentencia de 7-7-2022 (recurso de suplicación 3962/2021), en que la demandante postulaba el derecho a la misma prestación por cese en la actividad dentro del RETA, tras haber estado un año sin ingresos, carencia que justificaba por haber estado en situación de IT.

En definitiva, no constan datos en el relato fáctico que permitan estimar el recurso en aplicación de la normativa que se denuncia infringida en la que se establece que serán beneficiarios de la prestación ahora reclamada aquellos trabajadores que, desarrollando una actividad económica, invoquen alguna causa por la que, de forma involuntaria, tengan que cesar en el ejercicio de dicha actividad y así lo acrediten. En este caso, tal como ha valorado la Magistrada de instancia, no existen acreditadas razones económicas para tal percepción por cese de actividad, más allá de una situación de incapacidad temporal.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY,