Sentencia Social 403/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 1176/2024 de 25 de abril del 2025

PRIMERO.-En el presente recurso se impugna la sentencia de fecha 23 de julio de 2024 del Juzgado Social nº2 de Móstoles, en la que se debatía el derecho del actor a que se le reconozca una IPA o una IPT.

La parte actora tiene como profesión habitual la de mecánico de vehículos de motor.

Tiene objetivado el siguiente cuadro residual, según sentencia: "Focomielia MMSS afecta antebrazos y manos. 2021: Transposición n. cubital por neuropatía cubital del codo izquierdo. EMG marzo 2022: Signos neuropatía cubital izquierda, axonal y desmielinizante, moderado-severo y sin precisar sitio de la lesión. Signos de neuropatía cubital derecha, axonal y leve. Signos de lesión neurógena crónica en musculatura cubital izquierdo explorada, probable relación antecedentes previos. En el MSD, la movilidad del hombro, flexión 120º y abducción 110º. Codo hace flexión 40º y extensión completa. El antebrazo muy corto y con la mano, (mano funcionalidad dominante), hace un ángulo de 100º irreductible. Ausencia de pulgar. No consigue contacto con la palma con ningún dedo (mano afuncional). MSI: hombro izquierdo con flexión 130º y abducción 120º. Codo con flexión 90º y extensión completa. El antebrazo hace un ángulo de 120º con la mano, la muñeca anquilosada. Mano izquierda pulgarización del 2º dedo. 1º dedo (implante de 2º dedo) hace pinza con el 3º, con escasa fuerza. Pinza 4º -5 con escasa fuerza. No hace contacto con la palma ningún dedo. El 3º, 4º y 5º dedo presentan rigidez en MTCF IFP IFD. El especialista en traumatología de la Sanidad Pública, en abril 2023: Manos bilaterales: Incapacidad para pinza. Wartenberg ++. Froment ++. Dedos triflaangicos con disminución de movilidad y fuerza M3. Pinza con dificultad. Codo sin pronosupinación. En RMN, Estudio con limitaciones anatómicas debido al antecedente patológico y antecedentes quirúrgicos del paciente, donde se observa: Neuropatía parcial, sensitivo-motora, mixta, de severa intensidad del nervio cubital izquierdo en el segmento del codo. Se observan datos de afectación neurógena crónica en la musculatura valorada, probablemente en relación con neuropatía descrita añadida a antecedente médico quirúrgico del paciente. Componente sensitivo del nervio mediano izquierdo dentro de la normalidad. No es posible valorar de forma adecuada el componente motor del nervio mediano, bilateral, ni el componente sensitivo del nervio mediano derecho. Hallazgos a ser tomados en el contexto clínico del paciente.

El paciente presenta una clara deformidad e incapacidad para función manual que le permita una actividad que requiera cargas livianas y destreza o movimientos repetitivos o con gesto mantenido, en ambas manos. Limito expectativas de posible cirugía, que en todo caso podrían ser paliativas a nivel sensitivo pero NO motor."

Tiene además reconocido un grado de discapacidad del 65% y un grado de dependencia I.

Habiéndose iniciado un expediente de IP, por resolución del INSS de fecha 9 de marzo de 2023 se le deniega todo grado de IP

El actor interpone demanda solicitando que se le reconozca afecto a una IPA o subsidiariamente una IPT.

El conocimiento del asunto se atribuyó al Juzgado nº 2 de Móstoles, que por sentencia de fecha 23 de julio de 2024 (autos 797/2023) estimó parcialmente la demanda reconociéndole afecto a una IPT con fecha de efectos desde 1 de abril de 2023

SEGUNDO.-Disconforme con el sentido del fallo, la parte actora se alza en suplicación articulando su rechazo a lo resuelto en dos motivos; y la parte demandada también interpone recurso de suplicación articulado en dos motivos.

Razones de lógica procesal nos lleva a examinar en primer lugar la revisión de hechos probados de ambas partes.

Comenzamos por el recurso de la parte actora, quien formula el primer motivo al amparo de la letra b) del art. 193 de la LRJS, por el que pretende la revisión del hecho probado CUARTO, que tiene el siguiente contenido:

"Focomielia MMSS afecta antebrazos y manos. 2021-- Transposición n cubital por neuropatía cubital del codo izquierdo. EMG marzo 2022: Signos neuropatía cubital izquierda, axonal y desmielinizante, moderado-severo y sin precisar sitio de la lesión. Signos de neuropatía cubital derecha, axonal y leve. Signos de lesión neurógena crónica en musculatura cubital izquierdo explorada, probable relación antecedentes prev. En el MSD, la movilidad del hombro, flexión 120º y abducción 110º. Codo hace flexión 40º y extensión completa. El antebrazo muy corto y con la mano, (mano funcionalidaddominante), hace un ángulo de 100º irreductible.Ausencia de pulgar. No consigue contacto con la palma con ningún dedo (mano afuncional). MSI: hombro izquierdo con flexion 130º y abducción 120º. Codo con flexión 90º y extensión completa. El antebrazo hace un ángulo de 120º con la mano, la muñeca anquilosada. Mano izquierda pulgarización del 2º dedo. 1º dedo (implante de 2º dedo) hace pinza con el 3º, con escasa fuerza. Pinza 4º -5 con escasa fuerza. No hace contacto con la palma ningun dedo. El 3º 4º y 5º dedopresentan rigidez en MTCF IFP IFD. El especialista en traumatología de la Sanidad Pública, en abril 2023: Manos bilaterales: Incapacidad para pinza. Wartenberg ++. Froment ++. Dedos triflaangicos con disminucion de movilidad y fuerza M3. Pinza con dificultad. Codo si pornosupinacion. En RMN, Estudio con limitaciones anatómicas debido al antecedente patológico y antecedentes quirúrgicos del paciente, donde se observa Neuropatía parcial, sensitivo-motora, mixta, de severa intensidad del nervio cubital izquierdo en el segmento del codo. Se observan datos de afectación neurógena crónica en la musculatura valorada, probablemente en relación con neuropatía descrita añadida a antecedente médico quirúrgico del paciente. Componente sensitivo del nervio mediano izquierdo dentro de la normalidad. No es posible valorar de forma adecuada el componente motor del nervio mediano, bilateral, ni el componente sensitivo del nervio mediano derecho. Hallazgos a ser tomados en el contexto clínico del paciente.

El paciente presenta una clara deformidad e incapacidad para función manual que le permita una actividad que requiera cargas livianas y destreza o movimientos repetitivos o con gesto mantenido, en ambas manos. Limito expectativas de posible cirugía, que en todo caso podrían ser paliativas a nivel sensitivo pero NO motor."

Y pretende añadir el siguiente texto como último párrafo:

"Asimismo el actor necesita la ayuda supervisión de tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria en todo lo relacionado con movimiento de brazos y manos; higiene personal, mantenimiento vivienda, provisión de enseres, alimentación (cada vez más dificultad para manejar cubiertos por deformidad de manos), no puede hacer pinza con los dedos. El pronóstico de esta Situación de dependencia es indefinida".

Lo fundamenta en los documentos obrantes en folios nºs 46 a 48 del expediente administrativo, que es el informe de la CAM para la solicitud sobre el grado de dependencia.

Para resolver dicho motivo, debemos tener en cuenta que en nuestro régimen jurídico o normativo nos encontrados con diferentes sistemas de protección social, partiendo de lo que dispone el art. 41 de la CE al decir que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.

En concreto, el sistema de determinación del grado de dependencia, mediante la aplicación del baremo correspondiente (Ley 39/2006), se fundamenta en la valoración de distintos factores.

El concepto de discapacitado atiende al criterio del porcentaje de disminución de las capacidades "capacidades físicas, psíquicas o sensoriales", refiriendo tal disminución a las "posibilidades de integración educativa, laboral o social" del afectado, y que no debe confundirse con el ámbito de protección de la incapacidad permanente contributiva.

En efecto, dicha normativa atiende a los distintos propósitos de protección que persiguen las normas de protección de la discapacidad y la acción protectora de la Seguridad Social en el ámbito de la incapacidad permanente.

Por otra parte, la definición de los grados de incapacidad permanente a efectos de Seguridad Social atiende exclusivamente a consideraciones de empleo y trabajo; en cambio, la definición de la minusvalía incluye como se ha visto otras dimensiones de la vida social, como son la educación y la participación en las actividades sociales, económicas y culturales.

Si bien puede existir alguna coincidencia de los respectivos campos de cobertura de una y otra legislación, lo cierto es que hay otros aspectos que corresponden privativamente bien a la Seguridad Social, bien a la protección de los discapacitados, y cuyos beneficiarios han de ser determinados, en principio, mediante los procedimientos establecidos en uno y otro sector del ordenamiento social.

El motivo no puede admitirse porque el recurrente pretende introducir documentos y valoraciones que han sido recogidas en el expediente administrativo de determinación del grado de dependencia, lo cual resulta irrelevante a los efectos del grado de incapacidad permanente.

TERCERO.Entrando en el recurso de suplicación de la entidad gestora, el primer motivo, al amparo del art. 193,b) LRJS, pretende modificar el hecho probado PRIMERO, que tiene el siguiente contenido:

"El actor, D. Marino, nacido con fecha NUM000-71 y afiliado a la Seguridad Social, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con el número NUM001, tiene la profesión de Mecánico de Vehículos a Motor"

Y pretende sustituirlo por el siguiente texto alternativo:

"El actor, D. Marino, nacido con fecha NUM000-71 y afiliado a la Seguridad Social, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos desde el 1-1-2014 y sigue en la actualidad,con el número NUM001, tiene la profesión de Mecánico de Vehículos a Motor".

Consta en negrilla el texto que pretende incorporar y se fundamenta en los documentos obrantes en folios nºs 82 y 83 del expediente administrativo.

El motivo debe estimarse porque se halla debidamente refrendado por la citada documental, siendo además un hecho relevante para determinar la fecha de efectos de la IP.

CUARTO.-El segundo motivo del recurso de la parte actora, al amparo de la letra c) del art. 193 LRJS, se centra en denunciar la infracción del art. 194 LGSS, por entender que se halla afecto a una IPA.

Los perfiles de la incapacidad permanente vienen definidos por el artículo 193 y 194 de la LGSS.

El primero establece qué debe considerarse como "permanente": la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación.

El segundo define el tipo de vínculo que mantienen las situaciones permanentes descritas en el artículo precedente con la actividad laboral: La incapacidad

permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial.

b) Incapacidad permanente total.

c) Incapacidad permanente absoluta.

d) Gran invalidez.

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca.

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que

ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de

producirse el hecho causante de la incapacidad permanente.

Por tanto, para que se pueda atender a la petición de incapacidad permanente absoluta o totalque se postula en demanda es preciso que el trabajador carezca de toda posibilidad física para realizar un trabajo o, si le resta alguna capacidad, que no tenga entidad para llevar a cabo las tareas inherentes de las actividades que se ofrecen en el mundo laboral y que implican la posibilidad de efectuar cualquier tarea, y además, la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia, durante la jornada laboral. Y es que la incapacidad permanente absoluta se define en la norma como aquella que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio y a total como aquella que afecta a la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la profesión habitual del beneficiario.

En otro orden de cosas, conforme a doctrina jurisprudencial reiterada y unánime, no es aceptable sustituir la percepción que haga de las pruebas el Juzgador por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada sin más (13 julio 2010, recurso 17/2009; 21 octubre 2010, recurso 198/2009; 5 de junio de 2011, recurso 158/2010; 23 septiembre 2014, recurso 66/2014; y 1 de diciembre de 2015, recurso 60/15) puesto que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación.".

El recurrente alega que las patologías que padece le impiden realizar toda profesión u oficio, al no poder realizar actividades livianas o sedentarias.

Veamos las limitaciones que padece, conforme al hecho probado CUARTO:

"El paciente presenta una clara deformidad e incapacidad para función manual que le permita una actividad que requiera cargas livianas y destreza o movimientos repetitivos o con gesto mantenido, en ambas manos".

Respecto a la valoración de la prueba, la juez "a quo" concluye en el Fundamento de Derecho Tercero:

"Ahora bien, la pretensión principal instada, la calificación del actor como Incapacitado Permanente, no puede ser acogida, ya que sus dolencias se concretan en ambos miembros superiores, sin duda muy necesarios incluso en las actividades de la vida diaria. Pero en el campo laboral hay actividades que no requieren la utilización de dichos miembros superiores, como las de información,advirtiéndose por ello que su capacidad funcional no está anulada, por lo que esta pretensión principal se desestima".

El motivo no puede estimarse porque el recurrente pretende sustituir la capacidad valorativa del juez, que no es posible en sede de suplicación, y no apreciándose además ningún error en la valoración; debiendo concluir que a tenor de las limitaciones que constan como probadas no se halla limitado para toda profesión u oficio.

QUINTO.-El segundo motivo del recurso de la parte demandada, al amparo del art. 193,c) LRJS, invoca la infracción del art. 18 de la Orden de fecha 24-9-70, así como doctrina jurisprudencial que lo interpreta, al entender que la fecha de efectos de la IPT debe fijarse el día primero del mes siguiente del cese en el RETA.

Visualizado el acto del juicio, podemos observar que la recurrente hace referencia a la fecha de efectos solicitada en el minuto 11,45h de la grabación.

La entidad gestora yerra en su recurso respecto a la norma infringida, por cuanto dicho art. 18 fue derogado por el RD 84/96, de 26 de enero.

No obstante, dicha norma fue recogida en su integridad en el art. 47,3 del citado RD 84/96, por lo que habrá de estarse a dicha normativa, la cual establece:

"3. Las bajas de los trabajadores en este Régimen Especial surtirán efectos desde el día primero del mes siguiente a aquel en que los mismos hubieren cesado en la actividad determinante de su inclusión, siempre que se hayan solicitado en el plazo y forma establecidos.".

La STS de 15 de febrero de 2018, rec 1936/2016, determina la fecha de efectos económicos en una IP cuando el trabajador se halla de alta en el RETA, concluyendo que:

"La cuestión litigiosa ha quedado centrada en determinar si la fecha de efectos económicos de la prestación de incapacidad permanente absoluta reconocida a un trabajador afiliado al RETA sin proceso previo de Incapacidad Temporal,cuando, ante la denegación en vía administrativa de la incapacidad, ha seguido en alta en el RETA, sin que conste acreditado la realización de trabajo efectivo,ha de fijarse en la fecha del reconocimiento del EVI como pretende la actora, o en la fecha de la baja en el RETA, como pretende el INSS partiendo de que el alta en el RETA comporta el ejercicio de trabajo efectivo.

La cuestión aquí planteada ha sido resuelta por la Sala en STS/IV de 23-07-2015 (rcud. 2034/2014 ) cuya doctrina se reitera en STS 21-07-2016 (Rec. 3585/2014 ).

En la primera de ellas señalábamos que:

" El art. 6.3 del Real Decreto 1300/1995 de 21 de julio , por el que se desarrolla en materia de incapacidades laborales del sistema de Seguridad Social, la Ley 42/1994 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, establece que; " A efectos de lo previsto en el apartado 3 del art. 131 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social , la calificación de la invalidez permanente se entenderá producida en la fecha de la resolución del Director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En aquellos supuestos en que, a tenor de lo establecido en el citado apartado 3 del artículo 131 bis, procediera retrotraer los efectos económicos de la prestación de invalidez permanente reconocida, se deducirán del importe a abonar, las cantidades que se hubieran satisfecho durante el periodo afectado por dicha retroacción. Las cantidades devengadas por el beneficiario hasta la fecha de resolución no serán objeto de reintegro cuando no se reconozca el derecho a la prestación económica".

El art. 13 de la Orden de 18 de enero de 1996, por la que se desarrolla el Real Decreto 1300/1995 de 21 de julio , sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, señala en su apartado 2 que: En los supuestos en que la invalidez permanente no esté precedida de una incapacidad temporal o ésta no se hubiera extinguido, se considerará producido el hecho causante en la fecha de emisión del dictamen-propuesta del equipo de evaluación de incapacidades".

De dichos preceptos no se deduce la pretensión del INSS recurrente, sino todo lo contrario pues del art. 18.4 de la Orden de 18 de enero de 1996, en relación con el art. 141.1 de la LGSS se deduce la compatibilidad entre la situación de Incapacidad permanente total, y el trabajo compatible con el estado del inválido que no represente un cambio en su capacidad de trabajo,cuestiones que no se han planteado en el presente caso en que no consta que la actora ejerciese trabajo alguno en el interín. Así pues, de tales preceptos resulta el derecho postulado por la actora, puesto que la incapacidad permanente reconocida no está precedida de una situación de incapacidad temporal, con lo cual el hecho causante ha de considerarse producido en la fecha de emisión del dictamen-propuesta del equipo de evaluación de incapacidades.

Constando que la actora no procedía de una situación de incapacidad temporal, ante la falta de reconocimiento en vía administrativa de la situación de Incapacidad permanente, lógico es que la actora no se diera de baja en el RETA como agraria por cuenta propia, pues debía mantenerse en tal situación, no solo a los efectos de la cobertura de la asistencia sanitaria e incapacidad temporal -si fuere el caso-, sino también a efectos de mantenerse en alta para lucrar en su día pensión de jubilación, o incluso para el reconocimiento de la prestación solicitada y en vía judicial reconocida. Obligar a la actora en tal situación a su baja en el RETA, hubiera supuesto su apartamiento del sistema de Seguridad Social y en definitiva su desprotección".

El motivo no puede estimarse, a la vista de la normativa y doctrina jurisprudencial expuesta, por cuanto no consta probado que el actor proviniera de una situación de IT previa, por lo que habrá de estarse a la fecha del informe del EVI; y debiéndose por ello confirmar la sentencia en todo su contenido.

SEXTO.-No ha lugar a la imposición de costas a ninguna de las partes recurrentes (art. 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción).

Vistos los preceptos citados,