Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 2603/2024 de 27 de abril del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, D. Demetrio, ahora recurrente, reclamaba que se dictase Sentencia por la que, con estimación de la demanda, se declarase que la situación de incapacidad temporal padecida por el actor desde el 28-02-2023, es derivada de accidente de trabajo, declarándose la responsabilidad de la Mutua, con todos los efectos inherentes a tal declaración y con abono de la prestación de Incapacidad Temporal correspondiente a dicha contingencia.

2.- El Juzgado de lo Social n. 4 de Valladolid, en la Sentencia 203/24, de fecha 9 de julio de 2.024, recaída en los autos SSS número 502/23, sobre determinación de contingencia, desestima la demanda presentada por D. Demetrio contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la MUTUA FREMAP y la empresa UTE CENTRO DE TRATAMIENTOS Y RESIDUOS compuesta por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. y la empresa ZARZUELA.

Confirmando la resolución del INSS objeto de impugnación que determina el carácter de ENFERMEDAD COMUN de la incapacidad temporal padecida por el actor, en fecha 28-02-2023

Absolviendo a las demandadas de las pretensiones deducidas en su contra.

La magistrada a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que estamos ante una patología degenerativa, una tendinopatía calcificante bilateral, que es la causa de la baja, no constando acreditada la existencia de un cuadro traumático agudo ni de una agravación de dicha patología previa más allá de las manifestaciones del actor.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, D. Demetrio, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras a) y b) del art. 193 LRJS.

Estos 2 motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se revoque la Sentencia dictada en la instancia y, en su lugar, se estime la demanda interpuesta en los términos interesados.

4.- El recurso de suplicación ha sido impugnado por las partes codemandadas, tanto por la mutua Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social n. 61, como por la UTE CTR Valladolid (FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U. Y ZARZUELA S.A.), ahora recurridas, solicitando la desestimación del recurso de suplicación con la correlativa confirmación de la Sentencia de instancia e interesando la UTE la expresa condena en costas del recurso.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. Falta de indicación concreta de la trascendencia de lo que se pretende modificar. Prueba ya valorada por la magistrada "a quo" sin apreciación de error patente. Absoluta intrascendencia de lo que se pretende añadir.

1.- Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada, D. Demetrio, solicita la revisión de hechos declarados probados con objeto de:

- Modificar el párrafo segundo del Hecho Probado SEGUNDO, de manera que quedaría redactado de la siguiente manera:

"El actor fue visto por la Mutua refiriendo dolor desde zona posterior del hombro izquierdo hasta la manos y tras la exploración "dolor a nivel de fibras medias de trapecio izdo. hasta región de angular de escápula que aumenta con flexión, rot y lat dcha. cervical, resto de movilidad cervical conservada, dolor a nivel de cebras de trapecio izdo. con la elevación y separación de ESI, resto movilidad hombro completa e indolora. Y realización de Rx cervical, que muestra disco artrosis C5-C6-C7, con osteofitos vertebrales sobre todo C5-C6, le prescribió tratamiento farmacológico y le derivó al centro de salud, al referir el actor molestias en dicha zona en ocasiones previas, y dada la ausencia de antecedentes traumático y/o sobresfuerzo específico que justifique la existencia de un accidente de trabajo, asociado a la existencia de patología degenerativa cervical que puede justificar la clínica referida por el paciente.

Ese mismo día su MAP expidió parte de baja, por incapacidad temporal, señalando que a la exploración observo que se reproduce el dolor en todas las maniobras exploratorias, sobre todo a las maniobras del supraespinoso".

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado:

1.- La parte recurrente, para su petición, se ampara en el folio 11 del Expediente Administrativo, donde consta el informe médico de la Mutua y en el folio 9 del acontecimiento 71 prueba del demandante, donde costa el informe del médico de atención primaria, entendiendo importante la modificación propuesta a los efectos de acreditar el accidente de trabajo.

2.- Las partes recurridas impugnan el motivo postulado, entendiendo, en síntesis, que la prueba en la que se apoya la modificación ya ha sido valorada por la magistrada de instancia, sin que se aprecie error patente, y que carece de trascendencia la modificación propuesta al no quedar acreditado el supuesto evento traumático.

3.- Este Tribunal de Suplicación sostiene que la modificación propuesta no puede triunfar, toda vez que, aunque se señala con claridad y precisión lo que ha de modificarse, la modificación se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, indicándose expresamente la información que puede extraerse del mismo y la trascendencia que puede tener, la trascendencia de la modificación no resulta precisada, habiéndose establecido en genérico, pero lo más relevante para la desestimación es que dicha documental ya ha sido valorada por la magistrada de instancia con arreglo a las reglas de la sana crítica, poniéndola en relación con los demás documentos médicos, sin que se aprecie error patente, sino que lo pretendido por la parte actora no es más que un intento de incluir datos convenientes a su postura procesal que en nada pueden modificar el razonamiento empleado en la instancia al ser razonado y fundado, debiendo tenerse en cuenta que, además, lo que se pretende añadir en nada combate la afirmación de la magistrada de instancia de no dar por probado el evento traumático narrado por el actor, por lo que la modificación propuesta resulta totalmente estéril, ello sin contar con que resulta totalmente intrascendente, puesto que si la magistrada de instancia no declara como probado que ocurriese el suceso que narra el trabajador, difícilmente puede lo que propone alterar dicha conclusión.

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado el relato de hechos probados, por fracasar la revisión pretendida, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Debate planteado en suplicación.

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en esta alzada postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia:

1.- En concreto, denuncia que la Sentencia de instancia infringe, por errónea interpretación, el art. 156.1 y 2.f) la Ley General de la Seguridad Social en relación con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León Valladolid en sentencia de fecha 18 de julio de 2005, entre otras.

Entiende, en síntesis, que ha quedado acreditado que el 28 de febrero de 2023 el actor sufrió un accidente de trabajo mientras barría en la zona de cintas, en una zona de difícil acceso, que se corrobora por la asistencia médica de la mutua que establece tras explorar al actor, que padece dolores en el trapecio y le prescribe tratamiento farmacológico contra ese dolor y posteriormente, el parte médico de la Seguridad Social, que horas más tarde mantiene que una vez explorado el actor se reproduce el dolor en todas las maniobras exploratorias y le cursa parte de incapacidad temporal ese mismo día, por lo que debe aplicarse la presunción de laboralidad independientemente de que el actor tuviera antecedentes de disco artrosis.

2.- Las partes recurridas impugnan el motivo, entendiendo, en síntesis, que ninguna prueba se ha practicado, ni en la fase administrativa, ni en la fase judicial, que certifiquen la ocurrencia de ningún accidente de trabajo, por lo que difícilmente puede ser de aplicación la presunción de laboralidad como pretende el recurrente.

Si no ha existido accidente alguno, no pude sostenerse que la patología degenerativa que padece el recurrente, y que no es discutida tampoco en este recurso, se haya podido agravar como consecuencia de un accidente de trabajo cuya ocurrencia no ha sido acreditada en el momento procesal oportuno.

Con carácter previo a dar respuesta a las cuestiones postuladas, conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicando en que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3.- Partiendo del inalterado relato de hechos probados, al no haber tenido éxito la revisión postulada, la Sala debe proceder a la resolución de la cuestión planteada, lo que se abordará en el Fundamento de Derecho Cuarto por razones de método, al cumplirse por la recurrente todos y cada uno de los requisitos para la formulación de un motivo de reproche jurídico y requerir la cuestión planteada de un análisis pormenorizado de los criterios fundamentales que se deben tener en cuenta en este asunto.

CUARTO.- Petición de principio o hacer supuesto de la cuestión. Falta de acreditación del evento traumático. Inexistencia de hechos que puedan construir un nexo causal para que nazca la presunción de laboralidad. Dolencias derivadas de EC

Previamente a resolver la cuestión debatida, puede resultar útil traer a colación la doctrina jurisprudencial sobre la presunción de laboralidad.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en interpretación aplicativa del precepto correspondiente de la Ley General de la Seguridad Social, en su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, viene reiterando, entre otras, en la Sentencia de 26 de abril de 2016 [ROJ: STS 2230/2016] y en la de 23 de enero de 2020 [ROJ: STS 425/2020], que la presunción iuris tantum del artículo 115.3 de dicha ley se extiende no sólo a los accidentes, sino también a las enfermedades, pero ha de tratarse de enfermedades que por su propia naturaleza puedan ser causadas o desencadenadas por el trabajo, sin que pueda aplicarse la presunción a enfermedades que por su propia naturaleza excluyan una etiología laboral.

Y que ha de calificarse como accidente de trabajo aquel en el que de alguna manera concurra una conexión con la ejecución de un trabajo, bastando con que el nexo causal, indispensable siempre en algún grado, se dé sin necesidad de precisar su significación, mayor o menor, próxima o remota, concausal o coadyuvante, debiendo otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre actividad profesional y el hecho dañoso, por haber ocurrido hechos de tal relieve que sea evidente a todas luces la absoluta carencia de aquella relación.

En la STS/SOC de 13 de octubre de 2021 [ROJ: STS 3814/2021], que contiene un resumen de la doctrina jurisprudencial sobre la materia, también se ha dicho que la doctrina científica ha destacado la exigencia general de relación de causalidad entre el trabajo y la lesión; bien de manera estricta [«por consecuencia»]o bien en forma más amplia o relajada [«con ocasión»], de manera que en este último caso ya no se exige que el trabajo sea la causa determinante del accidente, sino que es suficiente la existencia de una causalidad indirecta, quedando excluida del carácter laboral -tan sólo- la ocasionalidad pura, siendo así que en el primer supuesto se está en presencia de una verdadera «causa» [aquello por lo que -propter quod- se produce el accidente], mientras que en el segundo caso, propiamente se describe una condición [aquello sin lo que -sine qua non- se produce el accidente], más que una causa en sentido estricto.

Y en similares términos, la Sentencia de dicha Sala, de 7 de septiembre de 2022 [ROJ: STS 3457/2022].

Por otra parte, la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede en Málaga, en la Sentencia 1748/23, de 31 de octubre de 2023, recaída en el RSU 748/23, ha tenido ocasión de pronunciarse sobre una cuestión similar a la presente, declarando que: La Sala ha de refrendar el criterio y la conclusión de la magistrada de instancia, a la vista del fracaso de la revisión pedida, que no ha permitido llevar a la versión judicial definitiva, no ya el contenido de aquel documentos dirigido a la mutua por la empresa solicitando asistencia médica para un empleado suyo (folio 66), sino -lo que habría resultado relevante- la inclusión como hecho probado de aquél sobre el que versaba la pretensión de la parte: la lesión en el lugar y tiempo de trabajo.

La magistrada de instancia ha echado en falta no solo el testimonio de alguna persona que estuviese presente cuando don Pablo afirma que noto aquel dolor punzante, sino la ausencia de parte de accidente de trabajo, comunicación que parece contraponer la sentencia al referido documento en el que se interesaba la asistencia médica del trabajador, parte médico que, como es sabido, la empresa está obligada a cursar, y que, por ello, resulta decisivo y determinante en supuestos como el presente.

Pues bien, descendiendo al caso que nos ocupa, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, considera que el motivo formulado por la parte recurrente no puede prosperar, debiendo confirmarse la Sentencia de instancia, la cual no ha incurrido en la infracción denunciada, y ello por las siguientes razones:

En primer lugar, el recurso va directamente conducido al fracaso por incurrir en el defecto esencial de la petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, esto es, de fundamentarlo en argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, y ello es así puesto que el recurso se fundamenta en la existencia de un evento traumático, el cual no ha sido declarado como probado.

En segundo lugar, y descendiendo al fondo del asunto, tal y como afirman las recurridas, si no ha existido accidente alguno, o al menos no ha quedado probado, no puede sostenerse que la patología degenerativa que padece el recurrente, y que no es discutida tampoco en el recurso, se haya podido agravar como consecuencia de un accidente de trabajo cuya ocurrencia no ha sido acreditada.

Es por lo expuesto por lo que esta Sala entiende que al no venir acreditados los hechos esenciales en los que se sustenta el nexo causal, no puede ni siquiera entrar en juego la presunción de laboralidad, existiendo en todo caso causas médicas que demuestran la existencia de un proceso degenerativo, debiendo recordarse que el TS/SOC, en Sentencia de Pleno 85/2025, de 5 de febrero, recaída en el RCUD núm. 2707/2022 ( ECLI:ES:TS:2025:404), reafirma que la presunción de laboralidad del art. 156.3 LGSS es iuris tantum,pero puede destruirse si se acredita una causa ajena al trabajo que rompa el nexo causal.

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica sin que el mismo haya triunfado y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Demetrio contra la Sentencia 203/24, de fecha 9 de julio de 2.024, recaída en los autos SSS número 502/23, sobre determinación de contingencia, procedente del Juzgado de lo Social n. 4 de Valladolid, confirmando íntegramente la misma.

QUINTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones.

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure,del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

SEXTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación.

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, D. Demetrio, ahora recurrente, reclamaba que se dictase Sentencia por la que, con estimación de la demanda, se declarase que la situación de incapacidad temporal padecida por el actor desde el 28-02-2023, es derivada de accidente de trabajo, declarándose la responsabilidad de la Mutua, con todos los efectos inherentes a tal declaración y con abono de la prestación de Incapacidad Temporal correspondiente a dicha contingencia.

2.- El Juzgado de lo Social n. 4 de Valladolid, en la Sentencia 203/24, de fecha 9 de julio de 2.024, recaída en los autos SSS número 502/23, sobre determinación de contingencia, desestima la demanda presentada por D. Demetrio contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la MUTUA FREMAP y la empresa UTE CENTRO DE TRATAMIENTOS Y RESIDUOS compuesta por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. y la empresa ZARZUELA.

Confirmando la resolución del INSS objeto de impugnación que determina el carácter de ENFERMEDAD COMUN de la incapacidad temporal padecida por el actor, en fecha 28-02-2023

Absolviendo a las demandadas de las pretensiones deducidas en su contra.

La magistrada a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que estamos ante una patología degenerativa, una tendinopatía calcificante bilateral, que es la causa de la baja, no constando acreditada la existencia de un cuadro traumático agudo ni de una agravación de dicha patología previa más allá de las manifestaciones del actor.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, D. Demetrio, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras a) y b) del art. 193 LRJS.

Estos 2 motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se revoque la Sentencia dictada en la instancia y, en su lugar, se estime la demanda interpuesta en los términos interesados.

4.- El recurso de suplicación ha sido impugnado por las partes codemandadas, tanto por la mutua Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social n. 61, como por la UTE CTR Valladolid (FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U. Y ZARZUELA S.A.), ahora recurridas, solicitando la desestimación del recurso de suplicación con la correlativa confirmación de la Sentencia de instancia e interesando la UTE la expresa condena en costas del recurso.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. Falta de indicación concreta de la trascendencia de lo que se pretende modificar. Prueba ya valorada por la magistrada "a quo" sin apreciación de error patente. Absoluta intrascendencia de lo que se pretende añadir.

1.- Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada, D. Demetrio, solicita la revisión de hechos declarados probados con objeto de:

- Modificar el párrafo segundo del Hecho Probado SEGUNDO, de manera que quedaría redactado de la siguiente manera:

"El actor fue visto por la Mutua refiriendo dolor desde zona posterior del hombro izquierdo hasta la manos y tras la exploración "dolor a nivel de fibras medias de trapecio izdo. hasta región de angular de escápula que aumenta con flexión, rot y lat dcha. cervical, resto de movilidad cervical conservada, dolor a nivel de cebras de trapecio izdo. con la elevación y separación de ESI, resto movilidad hombro completa e indolora. Y realización de Rx cervical, que muestra disco artrosis C5-C6-C7, con osteofitos vertebrales sobre todo C5-C6, le prescribió tratamiento farmacológico y le derivó al centro de salud, al referir el actor molestias en dicha zona en ocasiones previas, y dada la ausencia de antecedentes traumático y/o sobresfuerzo específico que justifique la existencia de un accidente de trabajo, asociado a la existencia de patología degenerativa cervical que puede justificar la clínica referida por el paciente.

Ese mismo día su MAP expidió parte de baja, por incapacidad temporal, señalando que a la exploración observo que se reproduce el dolor en todas las maniobras exploratorias, sobre todo a las maniobras del supraespinoso".

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado:

1.- La parte recurrente, para su petición, se ampara en el folio 11 del Expediente Administrativo, donde consta el informe médico de la Mutua y en el folio 9 del acontecimiento 71 prueba del demandante, donde costa el informe del médico de atención primaria, entendiendo importante la modificación propuesta a los efectos de acreditar el accidente de trabajo.

2.- Las partes recurridas impugnan el motivo postulado, entendiendo, en síntesis, que la prueba en la que se apoya la modificación ya ha sido valorada por la magistrada de instancia, sin que se aprecie error patente, y que carece de trascendencia la modificación propuesta al no quedar acreditado el supuesto evento traumático.

3.- Este Tribunal de Suplicación sostiene que la modificación propuesta no puede triunfar, toda vez que, aunque se señala con claridad y precisión lo que ha de modificarse, la modificación se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, indicándose expresamente la información que puede extraerse del mismo y la trascendencia que puede tener, la trascendencia de la modificación no resulta precisada, habiéndose establecido en genérico, pero lo más relevante para la desestimación es que dicha documental ya ha sido valorada por la magistrada de instancia con arreglo a las reglas de la sana crítica, poniéndola en relación con los demás documentos médicos, sin que se aprecie error patente, sino que lo pretendido por la parte actora no es más que un intento de incluir datos convenientes a su postura procesal que en nada pueden modificar el razonamiento empleado en la instancia al ser razonado y fundado, debiendo tenerse en cuenta que, además, lo que se pretende añadir en nada combate la afirmación de la magistrada de instancia de no dar por probado el evento traumático narrado por el actor, por lo que la modificación propuesta resulta totalmente estéril, ello sin contar con que resulta totalmente intrascendente, puesto que si la magistrada de instancia no declara como probado que ocurriese el suceso que narra el trabajador, difícilmente puede lo que propone alterar dicha conclusión.

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado el relato de hechos probados, por fracasar la revisión pretendida, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Debate planteado en suplicación.

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en esta alzada postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia:

1.- En concreto, denuncia que la Sentencia de instancia infringe, por errónea interpretación, el art. 156.1 y 2.f) la Ley General de la Seguridad Social en relación con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León Valladolid en sentencia de fecha 18 de julio de 2005, entre otras.

Entiende, en síntesis, que ha quedado acreditado que el 28 de febrero de 2023 el actor sufrió un accidente de trabajo mientras barría en la zona de cintas, en una zona de difícil acceso, que se corrobora por la asistencia médica de la mutua que establece tras explorar al actor, que padece dolores en el trapecio y le prescribe tratamiento farmacológico contra ese dolor y posteriormente, el parte médico de la Seguridad Social, que horas más tarde mantiene que una vez explorado el actor se reproduce el dolor en todas las maniobras exploratorias y le cursa parte de incapacidad temporal ese mismo día, por lo que debe aplicarse la presunción de laboralidad independientemente de que el actor tuviera antecedentes de disco artrosis.

2.- Las partes recurridas impugnan el motivo, entendiendo, en síntesis, que ninguna prueba se ha practicado, ni en la fase administrativa, ni en la fase judicial, que certifiquen la ocurrencia de ningún accidente de trabajo, por lo que difícilmente puede ser de aplicación la presunción de laboralidad como pretende el recurrente.

Si no ha existido accidente alguno, no pude sostenerse que la patología degenerativa que padece el recurrente, y que no es discutida tampoco en este recurso, se haya podido agravar como consecuencia de un accidente de trabajo cuya ocurrencia no ha sido acreditada en el momento procesal oportuno.

Con carácter previo a dar respuesta a las cuestiones postuladas, conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicando en que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3.- Partiendo del inalterado relato de hechos probados, al no haber tenido éxito la revisión postulada, la Sala debe proceder a la resolución de la cuestión planteada, lo que se abordará en el Fundamento de Derecho Cuarto por razones de método, al cumplirse por la recurrente todos y cada uno de los requisitos para la formulación de un motivo de reproche jurídico y requerir la cuestión planteada de un análisis pormenorizado de los criterios fundamentales que se deben tener en cuenta en este asunto.

CUARTO.- Petición de principio o hacer supuesto de la cuestión. Falta de acreditación del evento traumático. Inexistencia de hechos que puedan construir un nexo causal para que nazca la presunción de laboralidad. Dolencias derivadas de EC

Previamente a resolver la cuestión debatida, puede resultar útil traer a colación la doctrina jurisprudencial sobre la presunción de laboralidad.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en interpretación aplicativa del precepto correspondiente de la Ley General de la Seguridad Social, en su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, viene reiterando, entre otras, en la Sentencia de 26 de abril de 2016 [ROJ: STS 2230/2016] y en la de 23 de enero de 2020 [ROJ: STS 425/2020], que la presunción iuris tantum del artículo 115.3 de dicha ley se extiende no sólo a los accidentes, sino también a las enfermedades, pero ha de tratarse de enfermedades que por su propia naturaleza puedan ser causadas o desencadenadas por el trabajo, sin que pueda aplicarse la presunción a enfermedades que por su propia naturaleza excluyan una etiología laboral.

Y que ha de calificarse como accidente de trabajo aquel en el que de alguna manera concurra una conexión con la ejecución de un trabajo, bastando con que el nexo causal, indispensable siempre en algún grado, se dé sin necesidad de precisar su significación, mayor o menor, próxima o remota, concausal o coadyuvante, debiendo otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre actividad profesional y el hecho dañoso, por haber ocurrido hechos de tal relieve que sea evidente a todas luces la absoluta carencia de aquella relación.

En la STS/SOC de 13 de octubre de 2021 [ROJ: STS 3814/2021], que contiene un resumen de la doctrina jurisprudencial sobre la materia, también se ha dicho que la doctrina científica ha destacado la exigencia general de relación de causalidad entre el trabajo y la lesión; bien de manera estricta [«por consecuencia»]o bien en forma más amplia o relajada [«con ocasión»], de manera que en este último caso ya no se exige que el trabajo sea la causa determinante del accidente, sino que es suficiente la existencia de una causalidad indirecta, quedando excluida del carácter laboral -tan sólo- la ocasionalidad pura, siendo así que en el primer supuesto se está en presencia de una verdadera «causa» [aquello por lo que -propter quod- se produce el accidente], mientras que en el segundo caso, propiamente se describe una condición [aquello sin lo que -sine qua non- se produce el accidente], más que una causa en sentido estricto.

Y en similares términos, la Sentencia de dicha Sala, de 7 de septiembre de 2022 [ROJ: STS 3457/2022].

Por otra parte, la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede en Málaga, en la Sentencia 1748/23, de 31 de octubre de 2023, recaída en el RSU 748/23, ha tenido ocasión de pronunciarse sobre una cuestión similar a la presente, declarando que: La Sala ha de refrendar el criterio y la conclusión de la magistrada de instancia, a la vista del fracaso de la revisión pedida, que no ha permitido llevar a la versión judicial definitiva, no ya el contenido de aquel documentos dirigido a la mutua por la empresa solicitando asistencia médica para un empleado suyo (folio 66), sino -lo que habría resultado relevante- la inclusión como hecho probado de aquél sobre el que versaba la pretensión de la parte: la lesión en el lugar y tiempo de trabajo.

La magistrada de instancia ha echado en falta no solo el testimonio de alguna persona que estuviese presente cuando don Pablo afirma que noto aquel dolor punzante, sino la ausencia de parte de accidente de trabajo, comunicación que parece contraponer la sentencia al referido documento en el que se interesaba la asistencia médica del trabajador, parte médico que, como es sabido, la empresa está obligada a cursar, y que, por ello, resulta decisivo y determinante en supuestos como el presente.

Pues bien, descendiendo al caso que nos ocupa, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, considera que el motivo formulado por la parte recurrente no puede prosperar, debiendo confirmarse la Sentencia de instancia, la cual no ha incurrido en la infracción denunciada, y ello por las siguientes razones:

En primer lugar, el recurso va directamente conducido al fracaso por incurrir en el defecto esencial de la petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, esto es, de fundamentarlo en argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, y ello es así puesto que el recurso se fundamenta en la existencia de un evento traumático, el cual no ha sido declarado como probado.

En segundo lugar, y descendiendo al fondo del asunto, tal y como afirman las recurridas, si no ha existido accidente alguno, o al menos no ha quedado probado, no puede sostenerse que la patología degenerativa que padece el recurrente, y que no es discutida tampoco en el recurso, se haya podido agravar como consecuencia de un accidente de trabajo cuya ocurrencia no ha sido acreditada.

Es por lo expuesto por lo que esta Sala entiende que al no venir acreditados los hechos esenciales en los que se sustenta el nexo causal, no puede ni siquiera entrar en juego la presunción de laboralidad, existiendo en todo caso causas médicas que demuestran la existencia de un proceso degenerativo, debiendo recordarse que el TS/SOC, en Sentencia de Pleno 85/2025, de 5 de febrero, recaída en el RCUD núm. 2707/2022 ( ECLI:ES:TS:2025:404), reafirma que la presunción de laboralidad del art. 156.3 LGSS es iuris tantum,pero puede destruirse si se acredita una causa ajena al trabajo que rompa el nexo causal.

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica sin que el mismo haya triunfado y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Demetrio contra la Sentencia 203/24, de fecha 9 de julio de 2.024, recaída en los autos SSS número 502/23, sobre determinación de contingencia, procedente del Juzgado de lo Social n. 4 de Valladolid, confirmando íntegramente la misma.

QUINTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones.

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure,del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

SEXTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación.

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY

PRIMERO.- Resumen de antecedentes procesales y objeto del Recurso de Suplicación.

1.- La parte actora, D. Demetrio, ahora recurrente, reclamaba que se dictase Sentencia por la que, con estimación de la demanda, se declarase que la situación de incapacidad temporal padecida por el actor desde el 28-02-2023, es derivada de accidente de trabajo, declarándose la responsabilidad de la Mutua, con todos los efectos inherentes a tal declaración y con abono de la prestación de Incapacidad Temporal correspondiente a dicha contingencia.

2.- El Juzgado de lo Social n. 4 de Valladolid, en la Sentencia 203/24, de fecha 9 de julio de 2.024, recaída en los autos SSS número 502/23, sobre determinación de contingencia, desestima la demanda presentada por D. Demetrio contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la MUTUA FREMAP y la empresa UTE CENTRO DE TRATAMIENTOS Y RESIDUOS compuesta por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. y la empresa ZARZUELA.

Confirmando la resolución del INSS objeto de impugnación que determina el carácter de ENFERMEDAD COMUN de la incapacidad temporal padecida por el actor, en fecha 28-02-2023

Absolviendo a las demandadas de las pretensiones deducidas en su contra.

La magistrada a quofundamenta su decisión, en síntesis, en que estamos ante una patología degenerativa, una tendinopatía calcificante bilateral, que es la causa de la baja, no constando acreditada la existencia de un cuadro traumático agudo ni de una agravación de dicha patología previa más allá de las manifestaciones del actor.

3.- Frente a dicha Sentencia de instancia se alza en suplicación la parte actora, D. Demetrio, ahora recurrente, estructurando su recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras a) y b) del art. 193 LRJS.

Estos 2 motivos le conducen a pedir que se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso de suplicación, se revoque la Sentencia dictada en la instancia y, en su lugar, se estime la demanda interpuesta en los términos interesados.

4.- El recurso de suplicación ha sido impugnado por las partes codemandadas, tanto por la mutua Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social n. 61, como por la UTE CTR Valladolid (FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U. Y ZARZUELA S.A.), ahora recurridas, solicitando la desestimación del recurso de suplicación con la correlativa confirmación de la Sentencia de instancia e interesando la UTE la expresa condena en costas del recurso.

SEGUNDO.- Sobre la revisión de hechos declarados probados del recurso de suplicación. Examen del motivo de revisión fáctica suplicacional al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS y la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. Falta de indicación concreta de la trascendencia de lo que se pretende modificar. Prueba ya valorada por la magistrada "a quo" sin apreciación de error patente. Absoluta intrascendencia de lo que se pretende añadir.

1.- Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente en esta alzada, D. Demetrio, solicita la revisión de hechos declarados probados con objeto de:

- Modificar el párrafo segundo del Hecho Probado SEGUNDO, de manera que quedaría redactado de la siguiente manera:

"El actor fue visto por la Mutua refiriendo dolor desde zona posterior del hombro izquierdo hasta la manos y tras la exploración "dolor a nivel de fibras medias de trapecio izdo. hasta región de angular de escápula que aumenta con flexión, rot y lat dcha. cervical, resto de movilidad cervical conservada, dolor a nivel de cebras de trapecio izdo. con la elevación y separación de ESI, resto movilidad hombro completa e indolora. Y realización de Rx cervical, que muestra disco artrosis C5-C6-C7, con osteofitos vertebrales sobre todo C5-C6, le prescribió tratamiento farmacológico y le derivó al centro de salud, al referir el actor molestias en dicha zona en ocasiones previas, y dada la ausencia de antecedentes traumático y/o sobresfuerzo específico que justifique la existencia de un accidente de trabajo, asociado a la existencia de patología degenerativa cervical que puede justificar la clínica referida por el paciente.

Ese mismo día su MAP expidió parte de baja, por incapacidad temporal, señalando que a la exploración observo que se reproduce el dolor en todas las maniobras exploratorias, sobre todo a las maniobras del supraespinoso".

Con carácter previo a otorgar una respuesta motivada en Derecho sobre el motivo postulado, conviene recordar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en la sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en otras sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

A) En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas, hemos advertido que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

B) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/2012), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador, y en pericial, teniendo en cuenta las amplias facultades que en la pericial se otorgan al juzgador, en atención a las reglas de la sana crítica, y ello sin perjuicio de que las restantes pruebas puedan ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas, pero en ningún caso son medios idóneos para la revisión histórica suplicacional ( STS/SOC de 6 de febrero de 2019 [rec. 224/2017].

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, no obstante, el Tribunal de suplicación debe dejar definitivamente configurada la relación de hechos probados y contener todos los necesarios para una posterior resolución del RCUD ( STS/SOC de 12 de julio de 2001 [rec. 4722/2000]).

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

C) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

D) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente.

E) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

En aras de otorgar una respuesta ajustada a Derecho, resulta obligado el examen minucioso del motivo de revisión histórica postulado:

1.- La parte recurrente, para su petición, se ampara en el folio 11 del Expediente Administrativo, donde consta el informe médico de la Mutua y en el folio 9 del acontecimiento 71 prueba del demandante, donde costa el informe del médico de atención primaria, entendiendo importante la modificación propuesta a los efectos de acreditar el accidente de trabajo.

2.- Las partes recurridas impugnan el motivo postulado, entendiendo, en síntesis, que la prueba en la que se apoya la modificación ya ha sido valorada por la magistrada de instancia, sin que se aprecie error patente, y que carece de trascendencia la modificación propuesta al no quedar acreditado el supuesto evento traumático.

3.- Este Tribunal de Suplicación sostiene que la modificación propuesta no puede triunfar, toda vez que, aunque se señala con claridad y precisión lo que ha de modificarse, la modificación se basa en genuina prueba documental obrante en las actuaciones y se señala el número concreto del documento, indicándose expresamente la información que puede extraerse del mismo y la trascendencia que puede tener, la trascendencia de la modificación no resulta precisada, habiéndose establecido en genérico, pero lo más relevante para la desestimación es que dicha documental ya ha sido valorada por la magistrada de instancia con arreglo a las reglas de la sana crítica, poniéndola en relación con los demás documentos médicos, sin que se aprecie error patente, sino que lo pretendido por la parte actora no es más que un intento de incluir datos convenientes a su postura procesal que en nada pueden modificar el razonamiento empleado en la instancia al ser razonado y fundado, debiendo tenerse en cuenta que, además, lo que se pretende añadir en nada combate la afirmación de la magistrada de instancia de no dar por probado el evento traumático narrado por el actor, por lo que la modificación propuesta resulta totalmente estéril, ello sin contar con que resulta totalmente intrascendente, puesto que si la magistrada de instancia no declara como probado que ocurriese el suceso que narra el trabajador, difícilmente puede lo que propone alterar dicha conclusión.

Resuelto el motivo de revisión fáctica suplicacional, quedando inalterado el relato de hechos probados, por fracasar la revisión pretendida, procede que entremos en el examen del motivo de censura jurídica de la Sentencia de instancia que se postula en el recurso de suplicación.

TERCERO.- Sobre la infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia por mor de la letra c) del art. 193 LRJS . Debate planteado en suplicación.

Con sustento en la letra c) del art. 193 LRJS, el recurrente en esta alzada postula el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia:

1.- En concreto, denuncia que la Sentencia de instancia infringe, por errónea interpretación, el art. 156.1 y 2.f) la Ley General de la Seguridad Social en relación con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León Valladolid en sentencia de fecha 18 de julio de 2005, entre otras.

Entiende, en síntesis, que ha quedado acreditado que el 28 de febrero de 2023 el actor sufrió un accidente de trabajo mientras barría en la zona de cintas, en una zona de difícil acceso, que se corrobora por la asistencia médica de la mutua que establece tras explorar al actor, que padece dolores en el trapecio y le prescribe tratamiento farmacológico contra ese dolor y posteriormente, el parte médico de la Seguridad Social, que horas más tarde mantiene que una vez explorado el actor se reproduce el dolor en todas las maniobras exploratorias y le cursa parte de incapacidad temporal ese mismo día, por lo que debe aplicarse la presunción de laboralidad independientemente de que el actor tuviera antecedentes de disco artrosis.

2.- Las partes recurridas impugnan el motivo, entendiendo, en síntesis, que ninguna prueba se ha practicado, ni en la fase administrativa, ni en la fase judicial, que certifiquen la ocurrencia de ningún accidente de trabajo, por lo que difícilmente puede ser de aplicación la presunción de laboralidad como pretende el recurrente.

Si no ha existido accidente alguno, no pude sostenerse que la patología degenerativa que padece el recurrente, y que no es discutida tampoco en este recurso, se haya podido agravar como consecuencia de un accidente de trabajo cuya ocurrencia no ha sido acreditada en el momento procesal oportuno.

Con carácter previo a dar respuesta a las cuestiones postuladas, conviene recordar que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos ( art. 196.2º LRJS en relación con la pacífica jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS al respecto, complementada con la doctrina del Tribunal Constitucional):

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose, por norma sustantiva: las normas del DUE ( art. 4bis LOPJ), de los Tratados Internacionales ( art. 1.5º del Código Civil), del Derecho interno (sin perjuicio de la existencia de exclusiones al no tener la consideración de norma jurídica, como sucede con los convenios colectivos extraestatutarios no publicados en periódico oficial, las circulares o resoluciones administrativas, reglamentos de régimen interior de las empresas, estatutos de los sindicatos, expedientes de regulación de empleo etc. [v. entre otras, STS/SOC de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016 en concordancia con la doctrina de suplicación]), la costumbre y el Derecho extranjero y, por jurisprudencia: la que emana del Tribunal Supremo (ex art. 1.6º del Código Civil), así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional ( arts. 5 LOPJ y 219 LRJS) y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( arts. 10 CE de 1978, 4bis LOPJ y 219 LRJS) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( arts. 10 CE de 1978, 5bis LOPJ y 219 LRJS) , sin que pueda fundamentarse en Sentencias de los TSJ, de la AN o del extinto TCT.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados, por lo que no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida (lo que constituiría un rechazable vicio procesal de la llamada petición de principio o hacer supuesto de la cuestión [ STS/SOC de 16 de diciembre de 2016, rec. 65/2016]), ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida. Por ello, son irregulares denuncias jurídicas donde se invocan numerosas normas o sentencias sin explicar cuál de ellas es la concretamente infringidas. Ahora bien, también cabe que el motivo se considere válidamente articulado, si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el curso del proceso, se trasluce sin esfuerzo especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál era el precepto de referencia aplicable para poder determinar si se había producido infracción de normas jurídicas ( STC 163/1999 de 27 de septiembre).

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Por ello, son irregulares, denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica sin que se pueda apreciar a simple vista cual es el error in iudicando en que ha incurrido la sentencia, determinando ello indefensión de adverso, o se desarrolla el motivo a través de un comentario crítico de diversas afirmaciones de la fundamentación de la sentencia pero sin conectarlas con las normas o sentencias invocadas como infringidas ( STS/SOC 25 de febrero de 2004, EDJ 31832).

3.- Partiendo del inalterado relato de hechos probados, al no haber tenido éxito la revisión postulada, la Sala debe proceder a la resolución de la cuestión planteada, lo que se abordará en el Fundamento de Derecho Cuarto por razones de método, al cumplirse por la recurrente todos y cada uno de los requisitos para la formulación de un motivo de reproche jurídico y requerir la cuestión planteada de un análisis pormenorizado de los criterios fundamentales que se deben tener en cuenta en este asunto.

CUARTO.- Petición de principio o hacer supuesto de la cuestión. Falta de acreditación del evento traumático. Inexistencia de hechos que puedan construir un nexo causal para que nazca la presunción de laboralidad. Dolencias derivadas de EC

Previamente a resolver la cuestión debatida, puede resultar útil traer a colación la doctrina jurisprudencial sobre la presunción de laboralidad.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en interpretación aplicativa del precepto correspondiente de la Ley General de la Seguridad Social, en su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, viene reiterando, entre otras, en la Sentencia de 26 de abril de 2016 [ROJ: STS 2230/2016] y en la de 23 de enero de 2020 [ROJ: STS 425/2020], que la presunción iuris tantum del artículo 115.3 de dicha ley se extiende no sólo a los accidentes, sino también a las enfermedades, pero ha de tratarse de enfermedades que por su propia naturaleza puedan ser causadas o desencadenadas por el trabajo, sin que pueda aplicarse la presunción a enfermedades que por su propia naturaleza excluyan una etiología laboral.

Y que ha de calificarse como accidente de trabajo aquel en el que de alguna manera concurra una conexión con la ejecución de un trabajo, bastando con que el nexo causal, indispensable siempre en algún grado, se dé sin necesidad de precisar su significación, mayor o menor, próxima o remota, concausal o coadyuvante, debiendo otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre actividad profesional y el hecho dañoso, por haber ocurrido hechos de tal relieve que sea evidente a todas luces la absoluta carencia de aquella relación.

En la STS/SOC de 13 de octubre de 2021 [ROJ: STS 3814/2021], que contiene un resumen de la doctrina jurisprudencial sobre la materia, también se ha dicho que la doctrina científica ha destacado la exigencia general de relación de causalidad entre el trabajo y la lesión; bien de manera estricta [«por consecuencia»]o bien en forma más amplia o relajada [«con ocasión»], de manera que en este último caso ya no se exige que el trabajo sea la causa determinante del accidente, sino que es suficiente la existencia de una causalidad indirecta, quedando excluida del carácter laboral -tan sólo- la ocasionalidad pura, siendo así que en el primer supuesto se está en presencia de una verdadera «causa» [aquello por lo que -propter quod- se produce el accidente], mientras que en el segundo caso, propiamente se describe una condición [aquello sin lo que -sine qua non- se produce el accidente], más que una causa en sentido estricto.

Y en similares términos, la Sentencia de dicha Sala, de 7 de septiembre de 2022 [ROJ: STS 3457/2022].

Por otra parte, la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede en Málaga, en la Sentencia 1748/23, de 31 de octubre de 2023, recaída en el RSU 748/23, ha tenido ocasión de pronunciarse sobre una cuestión similar a la presente, declarando que: La Sala ha de refrendar el criterio y la conclusión de la magistrada de instancia, a la vista del fracaso de la revisión pedida, que no ha permitido llevar a la versión judicial definitiva, no ya el contenido de aquel documentos dirigido a la mutua por la empresa solicitando asistencia médica para un empleado suyo (folio 66), sino -lo que habría resultado relevante- la inclusión como hecho probado de aquél sobre el que versaba la pretensión de la parte: la lesión en el lugar y tiempo de trabajo.

La magistrada de instancia ha echado en falta no solo el testimonio de alguna persona que estuviese presente cuando don Pablo afirma que noto aquel dolor punzante, sino la ausencia de parte de accidente de trabajo, comunicación que parece contraponer la sentencia al referido documento en el que se interesaba la asistencia médica del trabajador, parte médico que, como es sabido, la empresa está obligada a cursar, y que, por ello, resulta decisivo y determinante en supuestos como el presente.

Pues bien, descendiendo al caso que nos ocupa, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede Valladolid, considera que el motivo formulado por la parte recurrente no puede prosperar, debiendo confirmarse la Sentencia de instancia, la cual no ha incurrido en la infracción denunciada, y ello por las siguientes razones:

En primer lugar, el recurso va directamente conducido al fracaso por incurrir en el defecto esencial de la petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, esto es, de fundamentarlo en argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, y ello es así puesto que el recurso se fundamenta en la existencia de un evento traumático, el cual no ha sido declarado como probado.

En segundo lugar, y descendiendo al fondo del asunto, tal y como afirman las recurridas, si no ha existido accidente alguno, o al menos no ha quedado probado, no puede sostenerse que la patología degenerativa que padece el recurrente, y que no es discutida tampoco en el recurso, se haya podido agravar como consecuencia de un accidente de trabajo cuya ocurrencia no ha sido acreditada.

Es por lo expuesto por lo que esta Sala entiende que al no venir acreditados los hechos esenciales en los que se sustenta el nexo causal, no puede ni siquiera entrar en juego la presunción de laboralidad, existiendo en todo caso causas médicas que demuestran la existencia de un proceso degenerativo, debiendo recordarse que el TS/SOC, en Sentencia de Pleno 85/2025, de 5 de febrero, recaída en el RCUD núm. 2707/2022 ( ECLI:ES:TS:2025:404), reafirma que la presunción de laboralidad del art. 156.3 LGSS es iuris tantum,pero puede destruirse si se acredita una causa ajena al trabajo que rompa el nexo causal.

Concluido el análisis del motivo de censura jurídica sin que el mismo haya triunfado y, en atención a lo expuesto, debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Demetrio contra la Sentencia 203/24, de fecha 9 de julio de 2.024, recaída en los autos SSS número 502/23, sobre determinación de contingencia, procedente del Juzgado de lo Social n. 4 de Valladolid, confirmando íntegramente la misma.

QUINTO.- Costas procesales, depósitos y consignaciones.

No procede condena en costas para la parte vencida en el recurso al ser titular, iuris et de iure,del derecho de asistencia jurídica gratuita ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con el art. 235 LRJS) .

No procede pronunciamiento alguno en materia de depósitos y consignaciones al no haberse tenido que efectuar para recurrir ( STC 114/1983 de 6 de diciembre en relación con el art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con los arts. 229 y 230 LRJS) .

SEXTO.- Recursos que proceden contra la Sentencia de Suplicación.

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de casación para unificación de doctrina con todos los requisitos que en el fallo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y ss. de la LRJS.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

EN NOMBRE DEL REY