Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 1764/2023 de 28 de octubre del 2024

PRIMERO. -La Sentencia nº 35/2023, de 30 de enero de 2023, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de León en el procedimiento de Conflictos Colectivos nº 545/2022 ,desestimo la demanda formulada por CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF) contra la Confederación Sindical de CCOO, Unión Sindical Obrera. Telemark Mediación AG, Telemark Spain SL, Konecta Digital MK Agency SL, Konecta BTO SL, Rocket Hall SL, B12 Online Agencia de Seguros Vinculada, AST Mediación Agencia de Seguros Vinculada SL, UGT, Acciones y Servicios de Telemarketing SLU, Comité de empresa.

Frente a dicha resolución se alza en Suplicación la representación procesal de la demandante CSIF invocando tres motivos de recurso al amparo del art. 193 apartado A ), B ) y C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Por la representación de las mercantiles Telemark Spain SL, Telemark Mediación Agencia de seguros vinculada SL, y Rocket Hall SL, se presentó escrito de impugnación, en el que además de exponer la oposición al recurso de suplicación interesando su desestimación y confirmación de la sentencia, solicito la revisión fáctica al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 LRJS.

SEGUNDO. -El primer motivo de recurso, formalizado al amparo procesal del apartado A) del artículo 193 de la LRJS ,interesa la declaración de nulidad de la sentencia de instancia y su reposición al momento anterior al dictado de sentencia por infracción de los artículos 24 de la Constitución, 138.1 de la LRJS, en relación con el articulo 59.2 y 218 de la LEC y el articulo 97.2 LRJS.

Sostiene esta parte que la resolución, al no entrar a conocer sobre el fondo del asunto de las pretensiones esgrimidas en demanda por apreciar indebidamente la excepción procesal de prescripción, conculca los artículos señalados, discrepando de la deficiente o errónea valoración de la prueba obrante en autos.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, respecto a la declaración de nulidad de actuaciones, ha venido estableciendo que "la nulidad de actuaciones constituye una medida excepcional que debe quedar reservada para casos extremos de una total indefensión, de modo que no basta que se produzca una vulneración de normas procesales sino que es preciso que ello haya determinado una indefensión material a la parte que la invoca, ya que la nulidad no deriva de cualquier infracción o vulneración de normas procesales sino de que esta vulneración le haya producido al interesado un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa" ( STS/Social de 12.01.2022, rcud. 5130/2018 ),por lo que se hace exigible el cumplimiento de varios requisitos:

a) La denuncia debe quedar referida a la infracción de una norma o garantía de carácter procedimental, entendida en sentido amplio, alcanzando a la vulneración de los principios recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española ,si bien, como se indica en la STC 124/1994 ,para que exista infracción del indicado precepto, no será suficiente el mero incumplimiento formal de normas procesales, ni cualquier vulneración o irregularidad procesal cometida por el órgano judicial, sino que de ellas deberá derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, deberá tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, ya que no toda infracción o irregularidad procesal de los órganos procesales provoca la eliminación o el deterioro sustancial de los derechos que corresponden a las partes en el proceso.

b) La denuncia no puede serlo de cualquier norma procesal, ya que ello podría conducir a la posibilidad de prácticas dilatorias, sino que aquélla ha de estar cualificada, implicando una efectiva indefensión para la parte, entendida ésta como impedimento efectivo del derecho de alegar y acreditar en el proceso los propios derechos.

c) Por último será preciso, siempre que sea posible por el momento procesal de que se trate o por la naturaleza de la decisión que se impugne, el que la parte que alegue el defecto haya intentado la subsanación de la infracción en el momento procesal oportuno o haya formulado la correspondiente protesta en tiempo y forma ( artículo 191.3.d) LRJS ).

Descendiendo al supuesto de autos, la parte discrepa de la estimación de la excepción de prescripción lo que conlleva a la sentencia a desestimar la demanda. Pues bien, no existe infracción legal alguna que haya ocasionado indefensión a la parte que le prive su derecho a la tutela judicial efectiva, y ello porque la prescripción es una excepción de fondo cuya estimación conlleva directamente la desestimación de la pretensión ejercitada y solicitada.

En definitiva la denuncia de violación de una norma procesal, no ha ocasionado indefensión alguna a la parte actora, quien discrepante con la estimación de la prescripción ha ejercitado su derecho a la tutela judicial efectiva con la formalización del presente recurso, salvaguardando así la tutela pretendida.

En consecuencia, el motivo no puede ser acogido.

TERCERO. -Se formaliza un segundo motivo de recurso por el cauce procedimental descrito, manifestando el recurrente su discrepancia con el relato fáctico.

Así, resulta de la aplicación al supuesto que nos ocupa la reiterada doctrina jurisprudencial en materia de revisión de hechos probados, contenida, entre otras, en la STS/4ª de 15 de marzo de 2023 (recurso 212/2022 ), considerando como requisitos al efecto los siguientes:

"La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/2012 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental".

Partiendo de tales premisas, pretende la recurrente, modificar el hecho probado PRIMERO, proponiendo la siguiente redacción:

"El presente conflicto afecta, en abstracto a todos los trabajadores del centro de trabajo sito en polígono de Onzonilla C-3, G-17, 24231 León, que cuenta con más de 600 trabajadores, existiendo ya solo para Telemark Spain, Telemark Mediacion y AST mediación, únicas entidades respecto a las cuales se ha aportado la plantilla media de los trabajadores, 493 trabajadores (documental obrante en autos)".

Para ello, la parte refiere el documento nº3 aportado por las demandadas, plantilla media de trabajadores. En cuanto al hecho de que el conflicto colectivo afecta a todos los trabajadores citados, cita diversa documental aportada a los autos, un total de 7 documentos.

Partiendo de tales premisas no procede acceder a la modificación fáctica que se pretende puesto que en la redacción de hechos probados alternativa se pretende llevar a efecto una nueva valoración de la prueba otorgando una mayor credibilidad e importancia a las exposiciones que realiza, con interpretación de forma particular por la propia recurrente, lo que supone pretender que se modifique la valoración de la prueba del juez de instancia por la de la parte y que sea la misma acogida por la Sala; solicitud que excede los términos del recurso de suplicación.

De este modo, la documental referida no acredita en modo alguno existencia de error por parte del juzgador. En todo caso el juzgador llega a sus conclusiones tal y como obra de la fundamentación jurídica del análisis de todo el acervo probatorio, pudiendo quedar desvirtuadas las conclusiones de un documento por su propio contenido o por el resto del material probatorio, de forma que los hechos vengan acreditados por otras pruebas.

En este caso, el juzgador de instancia ha realizado un examen de todas las pruebas practicadas, las cuales ha valorado conforme a las reglas de la sana crítica, tal y como establece en su fundamento de derecho primero y en el resto de su fundamentación.

No se determina más allá de conjeturas o de una interesada valoración de la prueba, la existencia de error del juzgador al determinar los hechos probados con el carácter de suficiente para resolver la cuestión litigiosa. No siendo factible pretender que sea más aceptable debido a la valoración de la parte u otros documentos que existen en autos, discrepando de la valoración de la prueba que lleva a efecto el juzgadora de instancia, pues ello como hemos expuesto supone sustraer la competencia al juzgador de instancia y transformar el recurso de suplicación en un recurso de apelación.

En definitiva, la Sala de lo Social tiene una cognitio limitada de los hechos en el recurso de suplicación, y no puede valorar de nuevo toda la prueba practicada, debiéndose circunscribirse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, salvo que afecten al orden público procesal, apreciando que pese a que la recurrente articula formalmente el recurso de suplicación con redacción alternativa de hechos, por el contrario al articular el mismo viene a llevar a efecto una valoración alternativa de la prueba practicada pero sin acreditar en modo alguno error factico por parte del juzgador que se derive de documental o pericial alguna; pretendiendo sustituir la valoración imparcial del juzgador de instancia por la propia del recurrente, obviamente vinculada a su postura procesal.

De este modo no acreditándose por parte del juzgador error de forma excluyente, contundente e incuestionable, más allá de la discrepancia de la parte recurrente con el resultado de la sentencia, no procede acceder a la estimación del motivo de recurso ante la suficiencia de hechos probados y la valoración de la documental aportada con el resto de materiales de convicción, valoración conjunta de la prueba que lleva a efecto la juzgadora de instancia y se refleja en la fundamentación a todos los efectos.

En segundo lugar, pretende modificar el hecho probado TERCERO, proponiendo la siguiente redacción: "el servicio de autobús se suspendió temporalmente en marzo de 2020 (concretamente el día 16) y hasta nuevo aviso (documentos aportados a autos)".

Solicita en concreto la supresión de la parte del párrafo relativo al estado de alarma toda vez que tal afirmación no encuentra soporte en ninguna de las pruebas practicadas.

Para ello se basa en la propia acta que acuerda la suspensión del servicio de autobús (documento 3 de la demanda).

El motivo se admite por ajustarse a la realidad de lo acaecido y constar expresamente en el documento citado.

Seguidamente interesa la adición de un novedoso hecho probado TERCERO BIS, para recoger en el relato: "Tras la declaración del estado de alarma se implanta el teletrabajo como forma prioritaria de prestación de servicios, hasta agosto de 2022, que se reestablece la prestación de servicios de forma presencial en la misma medida que estaba antes del estado de alarma".

Se pretende la anterior adición fundada en la prueba testifical practicada y la documental aportada.

El motivo no puede prosperar por basarse el mismo en prueba inhábil para los efectos revisores. En este sentido, La LRJS es taxativa al respecto y nuestra doctrina, como resulta obligado, insiste en la imposibilidad de articular el motivo suplicacional a partir de manifestaciones testificales.

Tampoco es apto el documento señalado a estos efectos que constituye una prueba testifical documentada, La STS de 24-01-2020 (rec. 3962/2016) señala que:

en nuestra STS de 15/10/2014 (rcud. 1654/2013), se refiere a la prueba testifical y su no encaje a través de la documental a efectos de la revisión fáctica en los recursos, en especial en el de casación ordinaria, con cita de la SSTS de 25-marzo-2014 (rco. 161/2013), 29-abril-2014 (rco. 242/2013), 21-mayo-2014 (rco. 182/2013) y 1- julio-2014 (rco. 101/2013), aunque normalmente referidas al precepto procesal análogo sobre la revisión fáctica en casación ordinaria, el art. 207 d) LRJS, que " ... la variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental, porque el art. 207 LRJS sólo acepta -en la casación laboral común u ordinaria- el motivo de "error en la apreciación de la prueba" que esté "basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador"" (recientes, SSTS 19/04/11 -rco 16/09-; 22/06/11 -rco 153/10-; y 18/06/12 -rco 221/10-); y que en esta línea hemos rechazado que la modificación fáctica pueda ampararse en la prueba testifical, tal como palmariamente se desprende de la redacción literal -antes transcrita- del art. 207.d) LRJS y hemos manifestado reiteradamente desde las antiguas SSTS de 29/12/60 y 01/02/61 (así, SSTS 13/05/08 -rco 107/07-; y 18/06/13 -rco 108/12-) ..." y que "En todo caso se imponen -en este mismo plano general- ciertas precisiones: a) aunque la prueba testifical no puede ser objeto de análisis en este extraordinario recurso, pese a todo en algunos supuestos puede ofrecer "un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas (en tal sentido, SSTS 09/07/12 -rco 162/11-; y 18/06/13 -rco 108/12-)...".

2. Es por tanto doctrina de esta Sala, que en este caso hemos de asumir y reiterar, que los escritos en que se reflejan manifestaciones de terceros no pueden ser considerados, en principio, como prueba documental a los efectos de fundamentar la revisión fáctica en suplicación a que se refiere el art. 193 c) LRJS, "... ni tampoco el error de hecho en casación ordinaria ( art. 207.d LRJS) --, al no tratarse de un auténtico documento sino de meras manifestaciones testimoniales formuladas p,or escrito que por ello no pierden su verdadero carácter de prueba testifical o de una denominada prueba testifical impropia, que solo habría adquirido todo su valor procesal como tal prueba testifical de haber sido ratificada en juicio por sus firmantes, cuya valoración queda a la libre apreciación del juzgador de instancia, como se deduce, además, palmariamente de la redacción literal de los preceptos procesales reguladores..." ( STS citada de 15/10/2014 (rcud. 1654/2013)".

En último lugar, solicita añadir al ordinal CUARTO, la siguiente afirmación: "la solicitud de mediación ante el SERLA se presentó el día 10 de agosto de 2022, según consta en el acta del SERLA adjunta a la demanda, esta se presentó el 22 de septiembre de 2022 (documentales aportados a los autos)".

El motivo no prospera por no señalarse documento alguno que evidencie el error señalado.

CUARTO. -Comenzando con el escrito de impugnación del recurrido, dispone el artículo 197 de la LRJS; En los escritos de impugnación, que se presentarán acompañados de tantas copias como sean las demás partes para su traslado a las mismas, podrán alegarse motivos de inadmisibilidad del recurso, así como eventuales rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia, con análogos requisitos a los indicados en el artículo anterior.

En base a ello, interesa en primer lugar el impugnante la rectificación de los hechos declarados probados, ofreciendo una nueva redacción para el ordinal CUARTO, que rece así: en fecha 5 de agosto de 2020 la entidad AENOR expidió certificado para Telemark SPAIN SL, sobre su protocolo de actuación para la prevención de contagios de Covid 19 en su centro de trabajo de Onzonilla (León) entre otros.

Apoya su pretensión revisora en el certificado aportado a los autos.

Tratándose el anterior certificado de una prueba testifical documentada, expuesta anteriormente, el motivo no se admite.

Seguidamente, interesa la adición de un nuevo hecho probado QUINTO, que disponga: "en mayo de 2020 acudieron al centro de trabajo de Onzonilla (Leon) 22 trabajadores de Telemark Spain y de Telemark Mediación; 44 en junio de 2020; 62 en julio de 2020; 102 en agosto de 2020 y 134 en septiembre de 2020".

Señala como soporte documental de un listado de trabajadores.

El motivo no puede prosperar, toda vez que se trata de un documento no hábil para los efectos pretendidos, y ello porque se trata de un listado de trabajadores confeccionado por la misma parte que pretende su adicción, y no acredita en beneficio de su autor la veracidad de los extremos reseñados en ella, pese a su manifestación de que no haya sido impugnado de contrario, lo cual no significa que se por probado su contendio.

A continuación, interesa la adición de un nuevo ordinal SEXTO,que complete la redacción fáctica del siguiente modo: "existen servicios de transporte público en autobús desde la ciudad de león al polígono industrial de Onzonilla".

Manifiesta que así se evidencia del documento 11 de los aportado a los autos.

No se admite la dicción interesada, toda vez que no es relevante para resolver el fondo del asunto el cual, versa sobre la obligación de la mercantil de reponer el servicio de autobús que existía con anterioridad con independencia de que exista una ruta ordinaria de autobús, pues el hecho de que exista transporte público no exime de esta obligación a la empresa.

Como novedoso hecho probado SEPTIMO solicita la redacción: "antes de su supresión, el billete de bonobús de Telemark Spain tenía un coste de 1 euros por viaje como tarifa regular".

La pretensión revisora va a correr la misma suerte que las pretensiones anteriores, por no indicarse con claridad el documento donde consta la afirmación pretendida. Pues el relato histórico ha sido inferido por el Tribunal "a quo", en el ejercicio de las facultades-deberes que le atribuye e impone el art. 97.2 de la LRJS, según expresamente se refleja en la fundamentación jurídica. No existe documento alguno de los alegados cuyo contenido se oponga, por sí mismo, a la afirmación fáctica que se impugna, pretendiéndose, en último término, por el recurrente sustituir la valoración de la prueba efectuada por la Sala, por otra de signo subjetivo, por lo que el motivo ha de ser desestimado.

En último lugar, postula el impugnante la redacción de un nuevo ordinal que exprese el siguiente contenido: "la media de usuarios del autobús contratado por Telemark Spain por cada viaje en enero de 2020 fue de 10 personas y en febrero de 2020 de 12 personas. La plantilla media de Telemark Spain en febrero de 2020 fue de 135,36 personas".

El motivo decae por los mismos argumentos esgrimidos en el motivo anterior, al tratarse de prueba ya abordada por el juzgador de instancia que no evidencia error alguno.

QUINTO. -Al examen del derecho objetivo destina la representación de la actora el siguiente motivo de su recurso, al objeto de propiciar de esta Sala un estudio de la infracción señalada. En concreto, entiende infringido el art. 59.2 del ET y el 138 de la LRJS así como la STS 13 de junio de 2022 .

Manifiesta esta parte en primer lugar, la disconformidad con el ámbito de afectación del conflicto colectivo, basándose en la revisión fáctica interesada, alegando que se trata de un conflicto colectivo que afecta a la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo de Onzanilla y no solo de Telemark SPAIN.

La sentencia recurrida, declara en su hecho probado primero que el presente conflicto colectivo afecta en abstracto a todos los trabajadores de la empresa Telemark Spain SL, del centro de trabajo del Polígono de Onzonilla (Leon) que totaliza 192 trabajadores, sin que de la práctica de la prueba se haya acreditado en qué medida pueda afectar a trabajadores del resto de la empresa que tuvieren su centro de trabajo en el mismo lugar.

Es decir, parte el recurrente de su versión fáctica de los hechos, incurriendo en una petición de principio. Así, entre otras, la SSTS 24 de septiembre de 2024 (recurso casación 1157/2024) dispone; El motivo se basa en valoraciones propias que edifica sobre la base de hechos que no han quedado acreditados (finalidad real de la huelga, convocatoria anómala, daños económicos desproporcionados, miembros de la RLT manifestándose ante una empresa cliente).

El Ministerio Fiscal también lo advierte así: no han sido demostrados los hechos alegados por la empresa, señaladamente, en lo relativo a la bondad de la convocatoria, acordada en reunión de los representantes de los trabajadores, en los términos referidos en el fundamento cuarto e inexistencia de su carácter abusivo, tal como se razona en su fundamento sexto.

Esta alteración de los términos del debate distorsiona el objetivo del proceso. En numerosas ocasiones, como las SSTS 369/2023 de 25 mayo (rec. 3/2021 ) y 1023/2024 de 16 julio (rec. 124/2022 ) hemos explicado que debe desestimarse el recurso cuando se construye a partir de presupuestos que no son los concurrentes o abordando un problema diverso al realmente suscitado. Su admisión haría incurrir al Tribunal revisor en lo que hemos denominado "petición de principio".

Razón por la cual no puede prosperar la primera censura jurídica alegada por esta parte, partiendo de premisas no sostenidas en la instancia, cuyo relato factico no ha prosperado.

Dentro de este mismo motivo, se opone a la prescripción acogida por el juzgador que conllevo a la desestimación de la demanda. En relación con la prescripción de la acción para solicitar el derecho a la reanudación del servicio de autobús, dispone el artículo 59 del ET, una regla general establecida en el art. 59.1, mientras que el número 2 de dicho precepto añade dos reglas especiales, respecto al momento de inicio del cómputo del plazo de prescripción de un año. Establece el artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores que "si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no pueden tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse",disposición que, en cuanto a la fijación del día inicial de la prescripción coincide con el artículo 1969 del Código Civil - entre otras, Sentencias del TS de 21-11, EDJ 9181 y 12-12-88, EDJ 9758 y 23-12-89 , EDJ 11715- que señala que «el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine se contará desde el día en que pudieran ejercitarse».

En el caso de autos, atendiendo a la redacción fáctica de la sentencia con la modificación admitida, resulta que el servicio de autobús cuestionado fue suspendido el 16 de marzo de 2020, hasta nuevo aviso. Y lo cierto es que este nuevo aviso no se ha manifestado por la empresa,hasta que en marzo de 2022 la representación de los trabajadores insta a la mercantil a retomar el servicio de autobús que fue suspendido, y no solo durante el estado de alarma, que finalizo mucho antes, como se evidencia del relato de los hechos probados; pues ha permanecido en la misma situación una vez superado no solo el estado de alarma sino la situación de pandemia general ocasionada por el COVID 19. Por lo tanto, no puede estarse al plazo para ejercitar la acción, que recoge la sentencia de instancia, es decir, desde junio de 2020, pues el servicio cuestionado no solo seguía suspendido en aquella fecha sino que además su supresión no se vinculó exclusivamente a aquella situación, sino que lo fue hasta un nuevo aviso empresarial, alargándose en el tiempo hasta la actualidad.

Es decir, ejercitada la acción dentro del plazo de un año, no puede estimarse la prescripción apreciada en la instancia, puesto que la resolución impugnada incurre en el error de apreciar que el servicio de autobús lo fue solo durante el estado de alarma,. Pero corregida aquella afirmación fáctica, decae la prescripción defendida por la parte demandada.

No concurriendo por lo tanto la excepción material antedicha, y teniendo la sala datos suficiente para entrar a conocer el fondo del asunto planteado, procederemos a su análisis.

De este modo, la cuestión objeto de debate se centra en el servicio de autobús disfrutado por los trabajadores con regularidad hasta sus suspensión por la empleadora, sin que hasta entonces se haya reanudado este servicio, a pesar de habérsele reclamado por la representación de e los trabajadores.

El transporte de autobús es un beneficio social de los trabajadores que se refleja en el plan de igualdad de la compañía, de modo que constituye un derecho adquirido no suprimible de forma unilateral por la empresa, que era disfrutado por los trabajadores con anterioridad a su supresión en marzo de 2020. Supresión unilateral por parte del empresario debido a circunstancias excepcionales, como lo fue en la situación de estado de alarma decretada en 2020, es decir obedeció a una situación excepcional.

Nos hallamos ante un derecho de carácter colectivo ya incorporado de forma definitiva al acervo de los trabajadores, y que por tanto no puede ser modificado unilateralmente por la empresa sin contar con el acuerdo de los mismos, en virtud de un pacto entre las partes. Por ello, su alteración o eliminación sólo puede producirse por alguno de los siguientes mecanismos:1) Por acuerdo entre empresario y trabajador en el que se suprima, modifique o sustituya la condición más beneficiosa. 2) A través del procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 3) A través de su neutralización por aplicación de la compensación y absorción. 4) Excepcionalmente se admite la modificación de un acuerdo si la situación existente al firmarse el mismo se ha modificado (cláusula rebus sic stantibus: estando, así las cosas), cláusula que opera como excepción al principio de que los acuerdos hay que cumplirlos (principio de pacta sunt servanda). Dicha cláusula permite la modificación o supresión de cualquier acuerdo o pacto contractual cuando acontecimientos posteriores e imprevisibles determinen que el mantenimiento del acuerdo en sus iniciales términos resulte excesivamente oneroso para una de las partes. De esta forma, se permite la supresión de la mejora concedida por el empresario si concurren las circunstancias excepcionales mencionadas (TS 4-7-94). No obstante, esta cláusula, como justificación de la extinción o supresión de la condición más beneficiosa debe interpretarse de forma restrictiva (TS 11-3-98; 16-4-99) .

De modo que desaparecidas las circunstancias que motivaron sus suspensión, recordemos que si bien se acordó su supresión por la pandemia por Covid 19, esta suspensión se extendió hasta la actualidad, perdiendo toda justificación excepcional, sin que se haya acordado su supresión por alguno de los mecanismos descritos anteriormente.

En conclusión, el mismo ha de ser reestablecido y reponer a los trabajadores en el disfrute de aquel beneficio en los mimos términos y condiciones en lo que se disfrutaba con anterioridad.

SEXTO. -Se menciona en el recurso, sin sujetarse a las formalidades previstas para la sede extraordinaria en la que nos hallamos, cuestiones relativas a la legitimación pasiva y legitimación activa, sin apoyo argumental y sin cita de preceptos legales o jurisprudencia infringida. Mas aun cuando los escritos de impugnación del recurso, planteados por los demandados, quienes plantearon aquellas excepciones en la instancia no han manifestado cuestión alguna al respecto ni han formulado recurso de suplicación interesando una respuesta sobre aquellas, siendo estos los verdaderos interesados y/o perjudicados por aquellas excepciones.

En definitiva no procede su análisis por no plantearse conforme a las formalidades previstas para la sede excepcional en la que nos hayamos.

SÉPTIMO. -En materia de costas, de conformidad con lo prevenido en el art. 235.1, no procede efectuar condena alguna, dada la condición de beneficiarios del sistema de Seguridad Social del trabajador y las entidades gestoras y servicios comunes su inclusión como titular del derecho de asistencia jurídica gratuita- art. 2 de la ley 1/1996, de 10 de enero , de Asistencia Jurídica Gratuita-.

Vistos los preceptos legales y demás de pertinente aplicación,

EN NOMBRE DEL REY