Sentencia Social 833/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 554/2023 de 29 de septiembre del 2023

PRIMERO.- La Sra. Vicenta solicitaba en la demanda origen de las actuaciones en curso y presentada el 28 de noviembre de 2022, que se anulase la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de 4 de julio de 2022, en virtud de la cual se acordaba el reintegro de las prestaciones que se decían indebidas, en cuantía de 8.430,7 euros, e imputables al Ingreso Mínimo Vital (IMV) percibido de 1 de junio de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021

La sentencia de 16 de junio de 2023 y del Juzgado de referencia, desestimó esa solicitud. Indicaba, básicamente, que la deuda reclamada en el concepto de referencia era ajustada a derecho y en consonancia al contenido de la diligencia final acordada en su momento, no demostrándose tampoco por la actora que existiesen errores a la hora de calcular tales prestaciones.

SEGUNDO.- Aunque sea alterando su orden expositivo, incluso el propio Suplico de su escrito de Recurso, empezaremos nuestro análisis por el que configura como séptimo motivo de Suplicación.

Toma como base el art. 193.a), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS). La alteración que efectuamos es clara atendiendo a su causa. A tal efecto, si entendemos que se ha incumplido alguna regla correspondiente al proceso, ese será el debate inicial, ya que de aceptarse habrá que declarar la nulidad de lo actuado para que el Juzgador de instancia dictase nueva sentencia, obviando y como ahora analizaremos, el contenido de la diligencia final en su momento acordada que es el punto que ocupa el centro del debate en curso.

Denuncia como vulnerados el art. 24.1, de la Constitución; así como el art. 217, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Alega que el Magistrado acordara la práctica de una diligencia final y de oficio, es un claro atentado a su derecho a la tutela judicial efectiva ya que la resolución de instancia se basó, exclusivamente, en esa prueba para desestimar la demanda. Por tanto, sigue diciendo, tiene que declararse la nulidad. Refiere en ese mismo sentido que la conducta judicial viene a suplir la actividad probatoria que exclusivamente le era exigible al INSS; prueba que, continúa, solo era factible practicar en el momento procesal oportuno, mas teniendo en cuenta que los cálculos son distintos a los incluidos en la resolución administrativa inicial. Asimismo manifiesta que no cabe exigir a la parte actora la aportación de pruebas que contradigan los cálculos incluidos en tal diligencia y tal como afirma la sentencia recurrida, al no existir trámite para ello, ni corresponderle dicha aportación.

El art. 88, de la LRJS, que se refiere a las diligencias finales, establece una facultad judicial para los supuestos en los que el juez o tribunal lo considerase necesario desde el punto de vista probatorio; de ahí el término "podrá" - Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), de 27-11-1991, rec. 1337/1990 y de 23-4-1998, rec. 2619/1977- . Destaquemos y en ese mismo orden de cosas, que no está sujeta esa decisión a las limitaciones establecidas en el art. 435, de la LEC; por lo cual puede decirse que es una regulación propia y diferente . Es cierto que aunque discrecional en cuanto a su decisión, que no en cuanto a la tramitación y práctica vistos los requisitos que esa norma relaciona a tales efectos, no puede ejercerse de manera arbitraria y/o abusiva, o sea de manera omnímoda, con patenta alteración de las reglas de la carga de la prueba a practicar ordinariamente en el acto del juicio -art. 87.1, de ese mismo Texto-.

Sentadas estas bases y ciñéndonos al supuesto que nos ocupa, no podemos asumir la pretendida arbitrariedad, ni una conducta abusiva por parte del Juzgador. Por tanto, también rechazamos la pretendida nulidad de la resolución de instancia Destacaremos a tal fin lo que sigue:

Lo primero a resaltar es que la actuación de la parte actora carece de coherencia procedimental. Así, de no estar conforme con la providencia de 2 de marzo de 2023, acordando la susodicha diligencia final, tal como ahora manifiesta, debería haber formulado la correspondiente reposición y como expresamente se habilitaba. Pero no lo hizo.

Mediante diligencia de ordenación del siguiente día 24, se dio audiencia a las partes sobre el resultado de la susodicha diligencia final y con el fin de que alegaran lo que estimaran conveniente acerca de su alcance e importancia. La Sra. Vicenta hizo uso de esa facultad. Tampoco en esta ocasión mostró su discrepancia respecto a que el Juzgador hubiese acordado tal diligencia y desde la específica vía procesal que ahora denuncia.

La resolución administrativa impugnada y origen directo de este proceso judicial, reclamaba una deuda a la actora de 8.430,7 €, desde el 1 de junio de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, por prestaciones teóricamente indebidas. El INSS dijo que ese débito ascendía a 4.416,26 € en el trámite de conclusiones; aunque sin alterar los datos que recogía el expediente administrativo, completado con la documentación aportada en la vista oral. Tales diferencias se recogen en la providencia de 2 de marzo, ya reseñada.

Pues bien, no resulta contrario a derecho que ante esa disparidad aritmética y, a la postre, esa distinta interpretación documental por la Entidad Gestora, el Juzgador solicitase a la propia requirente de la deuda para que aclarase cual era el debito final que argüía. No supuso pues introducir hechos nuevos y distintos respecto a aquellos sobre los que había versado el debate hasta ese momento.

Decisión judicial que también nos parece adecuada desde el punto de vista de intentar cumplir con lo previsto en el art. 218, de la LEC. Y en aras a mantener la necesaria claridad, certeza y precisión que ha de cumplir cualquier resolución judicial.

TERCERO.- Volvemos al primer motivo de Suplicación. Lo ampara al igual que los tres siguientes, en el apartado b), del art. 193, de la LRJS.

El inicial toma como referencia el también primer hecho probado y para completarlo. Cita a tal fin el documento num. 1, de los que acompaña a su demanda. El texto que propugna es el que sigue:

"Dicha resolución fue adoptada de oficio por el INSS, cambiando la prestación por hijo a cargo por el Ingreso Mínimo Vital, resolución que señalaba:

"Todo ello con efectos del 1 de junio de 2020, y de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria respecto de los ingresos de la unidad familiar correspondientes al año 2019"".

Dicho añadido debemos aceptarlo ya que presenta el necesario refrendo documental.

A lo cual uniremos que tiene relación con el debate suscitado en el actual Recurso y por ende que es necesario para tener todos los datos necesarios para solventar el litigio -TS, resoluciones de 25-2-2003, rec. 2580/2002 y 30-9-2010, rec. 186/2009-. E intentando preservar el derecho de defensa de la peticionaria desde la perspectiva de las tesis que articula jurídicamente con posterioridad. Y, claro está, sin perjuicio de la trascendencia final que pudiera tener esa solicitud.

CUARTO.- A continuación promueve un nuevo hecho probado y al que nomina como quinto; adiciones también extensibles a los dos que restan. Menciona a esos efectos el documento num. 2, que adjunta a su demanda. La redacción que persigue es la que a continuación desglosamos:

"El INSS emitió resolución de 4/7/2022 de reintegro de prestaciones indebidas, en la que señalaba:

"Se ha revisado la prestación de ingreso mínimo vital que venía percibiendo, al comprobar que, en aplicación de la normativa vigente, ha estado percibiendo prestaciones indebidas por las causas, importe y durante el periodo que le indicamos en el dorso del presente escrito"

En el dorso de dicha resolución se recoge que la cuantía reclamada es de 8.430,70 euros, por el periodo de 1/06/2020 al 31/12/2021, sin que se recojan ni la causa de la reclamación ni los cálculos efectuados".

Lo aceptamos en líneas generales por lo que matizaremos acto seguido; siempre en los términos ya expuestos en el fundamento de derecho que precede.

Así, no asumimos el que es el último inciso. Tal como aparece redactado y puesto en relación con su sexto motivo de Suplicación, supone introducir expresiones predeterminantes del fallo. Olvida de esa manera que la jurisprudencia del TS, por ejemplo la sentencia de 6-11-2020, rec. 7/2019, estima que no caben en el relato fáctico. Dichas calificaciones tienen exclusiva y adecuada ubicación en la fundamentación jurídica, por lo que de constar se deben tener por no puestas.

QUINTO.- Toca analizar el que sería el sexto ordinal del relato fáctico. Toma como referencia la providencia de 2 de marzo. Su tenor es el que sigue:

"En el acto del juicio, la letrada del INSS señaló como cantidad adeudada la cantidad de 4.416,26 €"

No lo aceptamos. Su propio origen judicial lo configura como un antecedente de hecho. No es pues incluible en el relato fáctico. En cualquier caso ya hicimos referencia a esa vicisitud en nuestro segundo fundamento de derecho. Somos pues conscientes de ese dato.

SEXTO.- Finalmente solicita incorporar un séptimo hecho probado. Dice ampararse en el texto del escrito presentado por el INSS y a causa de la diligencia final practicada. El redactado que reclama es el siguiente:

"El INSS, en diligencia final practicada, afirmó que ""la deuda total del periodo correspondiente del 1/06/2020 al 31/12/2021 sería de 8.660,92 €"

A la vista de la discrepancia con lo recogido en la resolución recurrida, y con lo reclamado en el acto de juicio por el INSS, señala el INSS en la diligencia final "Se desconoce cuál habrá sido el método de cálculo en ese expediente de deuda y dónde se encontrará esa discrepancia; solo podemos explicar los cálculos que acabamos de realizar para esta asesoría y que podemos dar por exactos"".

Misma suerte ha de correr que el anterior y por similares causas a las antes relacionadas.

SÉPTIMO.- Los dos últimos motivos de Suplicación los sustenta en el art. 193.c); nuevamente de la LRJS.

La parte actora y en el que coincide con el que es el quinto, estima que la sentencia objeto de Recurso, infringe lo dispuesto en el art. 146, siempre de la LRJS.

Defiende que la Entidad Gestora tendría que haber interpuesto la correspondiente demanda si entendía que la Sra. Vicenta había percibido de manera indebida una serie de prestaciones; así como para reducirle las mismas. Señala que no ha incurrido en omisión o inexactitud respecto a los datos a facilitar y en relación al IMV que le fue reconocido. La Entidad Gestora fue, sigue diciendo, la que recabó los que entendía necesarios de la Agencia Tributaria para asignarle dicha prestación y en la cuantía que tuvo por conveniente

Para centrar el debate hay que destacar tres cuestiones que consideramos importantes. A saber:

La actora era beneficiaria de la prestación de hijo a cargo. Fue reconvertida y de oficio, al IMV, con efectos de 1 de junio de 2020, por entender que cumplía los requisitos para devengar esta última -resolución de 2 de junio de ese mismo año-.

Para su cálculo se tuvieron en cuenta los datos obrantes en la Agencia Tributaria respecto a los ingresos de la unidad familiar de la que formaba parte y obtenidos directamente por parte de la Entidad Gestora. Cálculo que, se le advertía, estaban sujetos a revisión cuando se dispusieran de los definitivos correspondientes al ejercicio fiscal de 2019. Sin embargo, no consta, ni tampoco se demuestra por la Sra. Vicenta, que comunicara los datos tributarios correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y pese a que en el escrito mencionado se le dijese que tenía que cumplir dicha obligación y con carácter anual -folio 4, vuelto-.

La demanda origen de las presentes resoluciones tiene como antecedente directo el acuerdo de 4 de julio de 2022 -apartados tercero a sexto ambos inclusive- Dicha resolución del INSS únicamente va dirigida a obtener el reintegro de las prestaciones que se entendían percibidas de manera indebida en un determinado periodo; habiendo sido ya modificado con anterioridad el importe del IMV que le asignaron en origen.

Tras esas precisiones ha de rechazarse la solicitud en curso y de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia del TS.

Citaremos en ese sentido la resolución de 21-10-2009, rec. 2318/2008. Hace hincapié en las anteriores sentencias de 3-10-2001, recs. 2153/2001 y 2906/2000, dictadas en Sala General. Allí se argumentó, básicamente, que el reintegro es una consecuencia accesoria del derecho de revisión; de tal manera que el mantenimiento de tal reintegro al margen del derecho a la revisión, carece de fundamento legal y es contrario a los principios de económica y armonía procesales, al generar dos litigios sobre la misma cuestión con riesgo de soluciones contrarias. Tampoco está por demás incidir en lo expuesto en ese mismo sentido, en la resolución judicial que inicialmente hemos relacionado, cual es que la decisión administrativa que hoy nos ocupa, podría tratarse de un acto de gestión ordinaria por el que se adapta la cuantía de la prestación reconocida a una circunstancia sobrevenida después de su reconocimiento en cuanto hace frente a un hecho también sobrevenido, después del reconocimiento inicial, al tratarse de un incremento de renta posterior.

Aprovechamos para resaltar que por motivos temporales no le es aplicable el procedimiento específico de devolución establecido en el art. 81, del Real Decreto-ley 20/2022. Lo cual evita especulaciones al respecto.

Por tanto y sin entrar en otras disquisiciones, una vez que se ha procedido a la revisión del importe del IMV, y tal decisión no figura impugnada, o cuando menos no se prueba por la recurrente, la solicitud de reintegro es una mera consecuencia calificable de accesoria.

OCTAVO.- El último motivo de Suplicación lo aprovecha para denunciar como vulnerados por parte de la sentencia de instancia el art. 63, del Real Decreto 1415/2004; el art. 35, de la Ley 39/2015, y el art. 24, de la Constitución.

Entiende que la resolución administrativa afectada es nula y tiene que dejarse sin efecto. Destaca en ese sentido que tal como aparece configurada no permite conocer las causas por las que ha percibido ingresos indebidos, los cálculos efectuados para obtener esa conclusión, ni la propia cuantía reclamada. Dice que es significativo de todo ello la propia diligencia final, donde incluso la Entidad Gestora ofrece un nuevo cálculo de lo que entiende como debido y respecto a los dos anteriores. Por tanto, sigue diciendo, tales incumplimientos y ausencia de fundamentos le generan indefensión.

Destaquemos que el acuerdo de 4 de julio de 2022, a la hora de especificar las prestaciones indebidas y por ende a reintegrar por parte de la Sra. Vicenta, únicamente se refería al periodo afectado y a la cuantía global. No se acompañada de dato alguno suplementario. Menos aun de las necesarias operaciones aritméticas.

Adelantemos que los parámetros de referencia que acabamos de relacionar, nos parecen a todas luces insuficientes a la vista de las circunstancias que se dan y que por ello le generan indefensión. Dará lugar pues a las consecuencias que luego diremos.

En ese orden de cosas y como pusimos de relieve en el fundamento de derecho que precede, el origen del IMV que cobra la recurrente no es la solicitud que en su momento cursara al respecto, sino la reconversión y además de oficio, de una prestación por hijo a cargo que se le abonaba. Ese trasvase genera dificultades de comprensión y adaptación para su destinataria. Mas teniendo en cuenta que la resolución de junio de 2020 y en la que se comunicó dicho evento, es muy esquemática en cuanto al dato meramente cuantitativo de lo que es el importe a percibir a partir de ese momento.

El periodo afectado de 1 de junio de 2020 hasta 31 de diciembre de 2020, afecta dos años fiscales distintos. Lo cual aumenta la complejidad de los cálculos a efectuar cuando menos desde el punto de vista de la actora en cuanto directamente afectada. Con el añadido de que los de 2020, solo son siete meses los involucrados y tal evento genera una mayor dificultad.

El ejemplo más evidente de la problemática generada e imputable exclusivamente al INSS, son las contradicciones cuantitativas emanadas de dicha Entidad, que han tenido lugar en la tramitación de este proceso. Todo ello pese a que la Administración dispone de los datos y medios materiales suficientes para generar y sobre todo clarificar la deuda final a su destinataria de manera adecuada, cual sería en su resolución inicial.

Contradicciones que no hacen sino corroborar que la suma reivindicada debería haber sido acompañada de los necesarios cálculos con el fin de poder verificar su autenticidad. Resaltemos que el débito inicial se fijó en 8.430,7; luego y según indica el Juzgador, se redujo a 4.416,26 en la vista oral; fijándose en 8.660,92 y siempre euros, en la diligencia final practicada.

Se solicita por ello la nulidad de la resolución administrativa impugnada. Petición a la que accedemos en congruencia a todo lo hasta ahora relacionado.

NOVENO.- La estimación del Recurso carece de incidencia desde la perspectiva del pago de las costas que hayan podido generarse en la presente instancia. Por tanto, nada es exigible a los litigantes en este sentido.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,