Sentencia Social 832/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 262/2025 de 03 de octubre del 2025

PRIMERO.-La Sra. Coral solicitaba en la demanda origen de las actuaciones en curso y presentada el 7 de noviembre de 2022, que se declarase la nulidad de las resoluciones de 3 de agosto y 19 de septiembre de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con devolución de la cantidad de 5.335,16 euros, más intereses, que le fueron requeridas como prestaciones indebidas; reconociéndole, asimismo, en situación legal de desempleo durante 103 días, con abono de las prestaciones e intereses; e, igualmente, las prestaciones derivados de ERTE/ Fuerza Mayor, incrementadas con los intereses, desde el 23 de noviembre de 2020 a 1 de junio de 2021 y del 27 de febrero al 31 de marzo de 2022.

El 21 de febrero de 2024, presentó un escrito que calificaba de ampliatorio de la demanda, en el que refería, entre otras cuestiones, que de acuerdo al art. 146.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), el acuerdo del SEPE también debería ser anulado, puesto que había sido dictado de oficio por el SEPE, sin instar su revisión y revocación ante estos Juzgados de lo Social.

La sentencia de 31 de octubre de 2024 y del Juzgado de referencia, estimó esa solicitud. Indicaba y en primer lugar, que la suma reivindicada por la Entidad codemandada había de considerarse como indebida, o sea los 5.335,16 euros, al tener origen en una revisión de oficio que se produjo trascurrida más allá del año desde que la prestación fue reconocida a la actora; asimismo y en segundo lugar, que tenía derecho a las prestaciones por desempleo en determinados periodos al haber estado suspendido su contrato de trabajo en base a un ERTE COVID y, por ende, estar en situación de desempleo; no obstante, se rechazaba ese derecho en el periodo que abarcaba desde el 2 de junio hasta el 15 de diciembre de 2021, al estar en activo durante tal periodo; revocando pues las previas resoluciones del SEPE que se hubiesen dictado en sentido contrario.

SEGUNDO.-Tanto el inicial motivo de Suplicación, como los posteriores, dicen servirse del art. 193.c), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS). Indica en el primero de ellos que se ha producido una infracción de normas o garantías esenciales del proceso que le han producido indefensión. Señala como vulnerado el art. 72, de ese mismo Texto procesal, puesto en relación con el art. 218.1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Refiere que entre lo pedido en la reclamación previa y lo posteriormente alegado en demanda, no existe la necesaria congruencia. Asimismo, continúa, el Juzgador solo se pronunció conforme a lo solicitado en demanda, limitándose a declarar la nulidad de sus resoluciones; sin tener en cuenta lo expuesto en dicha reclamación previa y la imprescindible vinculación con la posterior demanda origen de las presentes actuaciones.

Es cierto, que nada se dice expresamente sobre esta cuestión en la mencionada sentencia; pero, sin embargo, no puede aceptarse dicha teoría. Destacamos lo siguiente:

Sorprende el planteamiento procesal que ahora se realiza de la cuestión suscitada ya que en litigios anteriores y de evidente similitud argumental al que ahora nos ocupa, la Entidad recurrente se ha servido del art, 193.a), para articular idéntica cuestión; alternativa esta última que por demás nos parece procesalmente más lógica. Sin embargo, no resulta decisiva esa contradicción. De tal manera que no vemos obstáculo, siempre procedimental, para que la Sala pudiera pronunciarse directamente sobre la pretendida incongruencia.

Precisado lo que antecede, es un elemento definitorio para la aplicabilidad de dicha incongruencia, que al SEPE se le hubiese causado indefensión. Es lo que las normas precitadas pretenden evitar. Sin embargo, no se ha producido una verdadera indefensión en este caso, aunque concurriese la pretendida discordancia. A tal efecto, desde que se le comunicó la existencia del contenido de la demanda el 18 de noviembre de 2022 y tuvo lugar el juicio allá por el 24 de abril de 2024, dispuso de tiempo más que suficiente para configurar su defensa. En ese mismo orden de cosas, el debate que nos propone la trabajadora en este caso es muy similar al suscitado en variados procedimientos analizados por esta Sala con anterioridad y desde luego Sección; buen ejemplo son las resoluciones en las que se basa la sentencia recurrida para estimar la pretensión de la Sra. Coral, al igual que otras que con posterioridad mencionaremos. Litigiosidad que igualmente ha llegado a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS); la última de las que conozcamos sería la sentencia de 27-5-2025, rec. 5505/2023.

Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, tampoco apreciamos que exista una evidente discrepancia entre el escrito de reclamación previa y la posterior demanda; tal como estimamos sería requerible, en cualquier caso, para aplicar lo reivindicado por el recurrente. Así, respecto a la suma que el SEPE consideraba como indebidamente percibida, la actora pedía aclaraciones sobre el origen de esa cantidad, luego, no existió un previo acatamiento a esa decisión; visto lo cual, no es contradictorio cuando en la demanda solicita expresamente que nada debe por ese concepto, al entender que no se le han facilitado. Igualmente, las iniciales discrepancias prestacionales abarcaban el periodo que iba desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, y dicho periodo no se ve afectado globalmente en la posterior demanda.

TERCERO.-El siguiente motivo de Suplicación señala como vulnerado el art. 26, de la LRJS.

El SEPE entiende que la actora acumula en un solo proceso la revocación de la prestación extraordinaria de fijo discontinuo, con abono de los periodos de inactividad en los que tuvo suspendido su contrato de trabajo, con el pago de un ERTE por Fuerza Mayor; pese a que, continúa indicando, nada tienen que ver.

En cuanto a la posible acumulación indebida de acciones que también denuncia, no se llega a entender muy bien. Contribuye activamente a ello la oscuridad de su planteamiento, que a su vez obvia en cual de los siete apartados que se desglosan en el art. 26, de la LRJS, incardina su denuncia. Defecto este último ya de partida yde evidente trascendencia.

Con todo, la discusión versa sobre prestaciones por desempleo generadas en una situación determinada, donde confluyen una serie de circunstancias que generan que se entremezcle lo percibido, con lo que se tendría que haber o no cobrado. No sobrepasa ese ámbito discursivo.

Más teniendo en cuenta que cualquier confusión que se genere en este aspecto, tendría origen en la previa actuación de ese Organismo, cuando reconoce al momento de inadmitir la reclamación previa, que el debate se origina con la previa "regularización" prestacional a la que ha procedido.

CUARTO.-Es el turno de su tercer motivo de Suplicación. Lo aprovecha para denunciar que se ha infringido el art. 71, de nuevo de la LRJS.

Señala que se reclaman varios periodos de prestaciones por desempleo, mientras que la reclamación previa se formula el 8 de septiembre de 2021; es decir fuera del plazo de los 30 días establecido legalmente. Luego, sigue diciendo, concurre la caducidad tanto en dicha reclamación, como en la propia demanda. Asimismo, continúa, tras la resolución de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN), de 15 de julio de 2021, pudo reclamar los periodos controvertidos y no lo hizo.

No lo asumimos. Destaquemos en ese sentido:

La parte actora refiere que es una cuestión nueva puesto que ni a lo largo del expediente administrativo, ni tampoco en la vista oral, articuló un alegato de esa naturaleza; lo cual, sigue diciendo, le genera indefensión. Aseveración que es cierta. Por tanto, habría de ser rechazado su análisis. Así, la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) viene señalando y de manera reiterada, que no pueden suscitarse en vía de recurso aquellas cuestiones que no fueron alegadas en la instancia en cuanto que son incompatibles con la naturaleza extraordinaria de este tipo de recursos. Por ende, se consideran extemporáneas y contrarias a lo dispuesto en los arts. 481 y 483.2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En ese orden de cosas citaremos y a título de mero ejemplo, la sentencia de 16-12-2021, rec 210/2021.

Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, indiquemos que la propuesta del SEPE es un tanto vaga e inconcreta. No fija cual es el dies a quo en momento alguno. Aspecto que es imprescindible en este tipo de cuestiones obstativas que persiguen impedir la prosecución de la acción por parte del beneficiario y que, por ello, han de dirimirse con extrema cautela al afectar al principio "pro accione". Referencia temporal que, aclaramos, le es desde luego imputable al recurrente. Pero es que en este supuesto es más importante aun si cabe, teniendo en cuenta que la actuación de este Organismo no puede reputarse de lineal y clara en origen. En ese orden de cosas y como ya destacábamos en el fundamento de derecho que antecede. el debate parte de una "regularización"para la que se han tomado en consideración varios periodos prestacionales -noveno hecho probado-.

Finalmente, un buen ejemplo de este confuso discurso es que no se hacen distingos entre las varias peticiones de la Sra. Coral; "todo lo mete en el mismo saco" a la hora de pretender la caducidad. Hace caso omiso de que la demanda origen de las presentes actuaciones presentada el 7 de noviembre de 2022, toma como referencia directa los acuerdos de 3 de agosto y 19 de septiembre, de ese mismo año. De tal manera que tampoco parece que trascurriera el plazo pretendido en una primera aproximación aritmética.

QUINTO.-El cuarto motivo de Suplicación lo sustenta en el art. 146, siempre de la LRJS, que considera vulnerado por la resolución de instancia.

Refiere que la sentencia de la AN a la que hicimos mención en el fundamento de derecho que antecede, es posterior a la prestación que revocó tras el estudio de dicha sentencia; la cual le sirvió para conocer que se le estaban pagando determinadas prestaciones como fijo discontinuo cuando en realidad tenía una jornada concentrada; por tanto, continúa, supuso un hecho nuevo que no pudo conocer al momento de asignársele la prestación extraordinaria de fijo discontinuo. No habría pues trascurrido el plazo del año, continúa, cuando articuló el 29 de junio de 2022, la propuesta de revocación; y que igualmente, se presentó solicitud colectiva de prestaciones por parte de Air Europa S.A. con posterioridad, en ejecución de la misma.

Lo admitimos. No sobrepasó el plazo alguno pese a lo dictaminado en instancia.

En ese orden de cosas, la solución que vamos a dar es la misma que la expuesta en nuestras anteriores resoluciones de 12-4-2024, rec 908/2023 y de 24-1-2025, rec. 742/2024. Dijimos entonces y seguimos confluyendo al respecto, en que:

"...no cabe duda de que la actora siempre ha sido trabajadora fija a tiempo parcial con jornada concentrada y que este dato nunca fue discutido, sin embargo, la resolución que da lugar a la prestación señala que lo es por una prestación de servicios fija discontinua.

La Sentencia dictada por la Audiencia Nacional vino a establecer la obligación de la empresa de comunicar la afectación de estos trabajadores- fijos a tiempo parcial con jornada concentrada- al ERTE por fuerza mayor independientemente de su situación de actividad lo que determina que se lleve a cabo la petición colectiva de prestación de forma correcta, incluyendo a dichos trabajadores como lo que son: trabajadores a tiempo parcial sin sujeción a la existencia de temporadas.

El artículo 146 de la LRJS fija dos excepciones a la prohibición de revisión de los propios actos:

a) La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

b) Las revisiones de los actos en materia de protección por desempleo, y por cese de actividad de los trabajadores autónomos, siempre que se efectúen dentro del plazo máximo de un año desde la resolución administrativa o del órgano gestor que no hubiere sido impugnada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147.

La prestación se concede a la trabajadora en su condición de fija discontinua lo que se trata de un error (letra a) evidente que no está sometido al plazo especifico de un año. Pero es que, a mayor abundamiento, la empresa no podía adscribir a estos trabajadores de forma correcta al ERTE por fuerza mayor sino hasta que la AN dicta la Sentencia en los autos de conflicto colectivo que determina la forma en la que debe actuar la mercantil...".

SEXTO.-Finalmente, estima que la sentencia recurrida infringe en cuanto inaplicado, el art. 267, del TRGSS; puesto en relación con el art. 266.c), de ese mismo Texto, y con la jurisprudencia del TS, de la que hacen eco las resoluciones de 23-6-2021 y de 22-3-23.

Defiende que la Sra. Coral tiene un contrato indefinido a tiempo parcial, aunque de ejecución concentrada en determinados periodos del año; concretamente durante 270 días. Aspecto que entiende decisivo para comprender el derecho a las prestaciones por desempleo controvertidas, y que, sigue diciendo, no puede afectar a los 90 días en los que no presta servicios efectivos por esa circunstancia, ya que no accede a esa específica situación legal de desempleo. Por tanto, continúa, tampoco se genera ese derecho con aquellos que coincidan con un ERTE por Fuerza Mayor.

Igualmente aceptamos su propuesta y de acuerdo a lo siguiente:

A. La resolución de la AN, ya mencionada, nos lleva a incidir en dos reflexiones incluidas en el que es su sexto fundamento de derecho. Mención que incluimos ante las referencias de la trabajadora a la misma en su escrito impugnatorio; en cuanto que a su juicio lo allí argumentado avala su teoría.

Dicha sentencia indica que: "...No se estima en cambio la pretensión referida al reconocimiento indemnizatorio que se articula de forma subsidiaria en el apartado 4º del suplico pues con ello no se hace referencia a un hecho real y cierto acaecido, pérdida de las prestaciones de desempleo, sino que ese daño constituirá en su caso un acontecimiento futuro que, de producirse, tendrá una afectación individualizada para cada trabajador y dependerá de toda otra serie de circunstancias actualmente no identificables ni mensurables de modo colectivo...".Y aun es más clara a los fines que nos ocupan, cuando advierte que: "...ni se está reclamando por el sindicato demandante ni en esta sentencia se está reconociendo el derecho a la prestación por desempleo de los TCP incluidos en el ámbito subjetivo de esta resolución..."

Por tanto, la propia sentencia elude pronunciarse de manera expresa sobre la cuestión hoy suscitada por la actora.

B. El impago de tales prestaciones durante el tiempo de inactividad, ha sido avalado por la jurisprudencia del TS. Citemos en ese sentido las sentencias de 23-6-2021, rec. 877/2020, de 22-3-2023, rec. 2586/2020, 13-6-2023, rec. 230/2021, 14-6-2023, rec. 548/2020, de 23-10-2023, rec. 1926/2020 y de 27-5-2025, esta última ya precitada.

El periodo controvertido, reiteramos, aunque pueda coincidir con un ERTE derivado de Covid 19, era uno de los previamente considerados como de inactividad en este concreto supuesto.

C. Es cierto que dentro de esta Sala existen criterios discrepantes entre Secciones, respecto a la cuestión suscitada. Pero a nuestro juicio es más acorde a derecho el sostenido en las resoluciones de 20-10-2022, rec. 861/2022, 1-6-2023, rec. 95/2023, 15-9-23, rec. 521/2023, 4-10-23, rec. 168/2023, y de 10-11-2023, rec. 351/2023. Esta última los resume en la siguiente doble línea argumental:

"...por un lado, y con arreglo a un enfoque general, sostienen, que según doctrina jurisprudencial seguida a partir de la sentencia invocada por la parte recurrente, aplicada por el órgano de casación social, entre las más recientes, en las sentencias de fecha 13 y el 14 de junio de 2023 (Rec. 230/2021 y 548/2020 ), los TCP de Air Europa contratados a tiempo parcial con jornada concentrada, durante los períodos de inactividad, en los que se mantiene el alta en la Seguridad Social, no están en situación legal de desempleo, al no encontrarse en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 267.1 de la Ley General de la Seguridad Social . La Sala 4ª razona al respecto que en esos intervalos el contrato se mantiene y no se extingue o suspende, y tampoco se reduce la jornada de trabajo, sin que pueda llevar a solución contraria el hecho de que las horas anuales pactadas se realicen en periodos concentrados del año y que en los restantes no se presten servicios.

Por otra parte, y atendiendo a la situación concreta generada por el COVID-19, las sentencias de la Sala de Madrid referenciadas sostienen que el criterio jurisprudencial expuesto no resulta afectado por la normativa aprobada para hacer frente a la pandemia, que, si bien amplia la prestación de desempleo a determinados colectivos y situaciones, como la de los trabajadores fijos discontinuos en los períodos de inactividad, no lo hace respecto de los trabajadores a tiempo parcial con jornada concentrada, de forma que puedan causar la prestación en los períodos de inactividad. Puntualizan, además, que el derecho a la prestación no puede encontrar sustento en lo resuelto por la Audiencia Nacional en procedimiento de conflicto colectivo, pues en otro caso se estaría abonando prestación por desempleo por períodos de inactividad en los que el empleado no tiene derecho a salario (el correspondiente a la jornada pactada lo recibe íntegramente en los intervalos de trabajo) y no se encuentra en situación legal de desempleo...".

SÉPTIMO.-La estimación del Recurso carece de incidencia desde la perspectiva del pago de las costas que hayan podido generarse en la presente instancia; en cuanto que no serán exigibles a ninguno de los litigantes.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,