Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 481/2024 de 04 de abril del 2025

PRIMERO:El abogado de la empresa recurrente plantea el primero de los motivos del recurso al amparo de lo estipulado en el artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para denunciar la infracción de lo establecido en el artículo 87, 1 y 2, de la misma Ley procesal y de los artículos 281.1 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil e interesar una nulidad de actuaciones al acto de juicio para que sean admitidas las declaraciones testificales que propuso en el momento procesal oportuno, con el propósito de garantizar el derecho de defensa que consagra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.

El abogado de la recurrente argumenta que la denegación de las declaraciones testificales le genera a su representada una clara y evidente situación de indefensión en tanto en cuanto tales declaraciones son fundamentales para defender la veracidad de los hechos imputados en el expediente laboral disciplinario tramitado frente a la demandante. Este extremo no solamente es fundamental para pronunciarse sobre la sanción impugnada, también es capital para pronunciarse sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales alegada por la actora y en la que se sustenta la petición de una indemnización de 60.000€ por daño moral. También critica la parte recurrente el argumento de la sentencia recurrida según el cual no se pueden admitir pruebas testificales sobre hechos que no se describen en la comunicación de la sanción, dado que ésta viene precedida de un expediente disciplinario con todas las garantías donde se hace una descripción de los hechos imputados por los que finalmente es sancionada la demandante.

La recurrida se opone a la petición de nulidad instada por la empresa recurrente citando el artículo 87.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y argumentando que las pruebas testificales no son útiles y pertinentes para el propósito de esclarecer la veracidad de los hechos imputados y tampoco por la necesidad de pronunciarse sobre la indemnización por daño moral derivada de la supuesta vulneración de derechos fundamentales que, además de tratarse de una alegación nueva y, por tanto, inadmisible en esta segunda instancia, reúne los mismos condicionamientos de inadmisión que por la causa primigenia por la que fue propuesta dicha prueba testifical.

El Magistrado de instancia dedica gran parte del fundamento de derecho segundo (apartados 2 y 3) a justificar la denegación en el acto del juicio de parte de la prueba testifical propuesta por la recurrente, para lo que trae a colación la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la prueba en los procesos judiciales (sentencia 22/2008, de 31 de enero) y se extiende explicando la diferencia entre pertinencia de la prueba y necesidad de la misma.

No es necesario que reiteremos toda la doctrina expuesta por el juzgador de instancia pero sí queremos recordar siguiendo al Tribunal Constitucional (sentencias 149/87, 131/95, 1/96 y 45/00) que, de una parte, el recurrente ha de razonar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas; y, de otra, deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso podría haberle sido favorable, de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia. Es en este último punto en el que creemos que fracasa la argumentación de la parte recurrente porque la muy somera descripción de la conducta imputada a la actora tanto en el pliego de cargos como en las resoluciones provisional y definitiva del expediente disciplinario, que el Magistrado transcribe parcialmente en el hecho probado segundo, no permitiría una decisión final distinta de la que luce en el fundamento de derecho tercero y en el fallo de la sentencia impugnada si se hubiese practicado la prueba testifical propuesta por la recurrente y rechazada por el juzgador en el acto del juicio. De ahí que consideremos que no ha lugar a declarar la nulidad de actuaciones pedida por la empresa recurrente y, por tanto, desestimemos este primer motivo del recurso.

SEGUNDO:Al amparo de lo establecido en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social plantea el abogado de la empresa recurrente el segundo motivo del recurso con el objeto de adicionar al relato de hechos probados uno nuevo, el octavo,con la siguiente redacción:

<>.

La recurrente busca el apoyo para este nuevo hecho probado octavo en el informe de la Inspección de Trabajo aportado como documento nº6 con el escrito aportando prueba anticipada de fecha 15-12-2023 (PDF 95 del expediente electrónico).

La recurrida rechaza esta modificación del relato fáctico porque se basa en un documento inhábil a los efectos revisorios. Tiene razón la recurrida porque el documento citado por la parte recurrente es ciertamente inhábil, como ha venido sosteniendo esta Sala de lo Social, puesto que consiste en un informe de la Inspección de Trabajo -cuya seriedad y competencia no se discuten- en el que se recogen las apreciaciones de su autor obtenidas de diversas fuentes de conocimiento, sin que los hechos hayan sido constatados directamente por él.

TERCERO:Con idéntico amparo procesal solicita la recurrente en el tercero de los motivos del recurso la adición de un hecho probado noveno,a la vista del contenido de la denuncia de Flor y de la declaración de Clemencia, recogidas en el expediente disciplinario. El texto propuesto para este hecho probado noveno es el siguiente:

<"niñata de mierda" ,"imbécil", "no tienes ni puta idea" "tienes miedo a que te quite el puesto".Además, la demandante le ha manifestado a Doña Flor haciendo referencia a su puesto de trabajo: "Esa silla no tiene nombre" y "si no estoy sentada en esa silla es porque no quiero.>>.

Los documentos que propone la recurrente, que materializan la denuncia de una persona y la declaración testifical de otra en el expediente contradictorio, no son verdaderos documentos eficaces a la hora de rectificar el relato de hechos probados en el recurso de suplicación, tratándose más bien de pruebas testificales documentadas, que no entran dentro de los que los artículos 193.b) y 196.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social enumeran como adecuados para la revisión fáctica en este recurso extraordinario. De modo que también este segundo motivo resulta desestimado.

CUARTO:En el siguiente motivo del recurso, también formulado con el amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente propone a la Sala la incorporación al apartado de hechos probados del décimo,con el siguiente tenor literal:

<

1- Que he seguido las instrucciones del Gerente de Mercancías León.

2- Que he sido proactiva en el aprendizaje de todos los puestos de Gestión para favorecer la relatividad y turnicidad con mis compañeros y compañeras cuando lo he necesitado. Siendo consciente de que estoy en el centro de Gestión de forma voluntaria.

3-Que he velado porque mis compañeros maquinistas que están en vía, tengan la atención que necesitan y sean atendidos correctamente y sin esperas para el mejor desempeño de sus funciones.

4-Que a pesar Idioosicracia que se produce en los Centros de Gestión, considero que no he tenido un mal comportamiento con mis compañeros y compañeras. Cuando ha habido momento de tensión que han podido afectar, he pedido disculpas.

5- Que en ningún momento he pretendido presionar o tratar mal a ninguno de mis compañeros y compañeras conscientemente.

6-Que he recibido adulaciones y agradecimientos de algunos compañeros y compañeras cuando les he hecho el favor de cambiar algún turno o ayudarles en sus funciones.

7- Que las veces que Flor no ha querido realizar su trabajo, he tenido que realizarlo yo posteriormente he recibido un trato inadecuado por parte de ella.

8- Que Flor ha mostrado en disconformidad y mostrado una actitud negativa con que otros aprendan lo que ella realiza, entorpeciendo la formación de la programación a Clemencia y a mí. Teniendo en mi caso que ser asistida por el Gerente para poder aprender esas funciones.

9-Que después de navidades y tras numerosos intentos por realizar una reunió para hablar del gráfico, se presenta un gráfico que no gusta a cierto compañeros y compañeras, y es cuando realizan una carta firmada al sindicato en el que estamos todos afiliados y se toman medidas preventivas frente a mi si ser yo consciente de lo que está ocurriendo y a quien estaba afectando.

10-Manifiesto que estoy afiliada a SEMAF.>>.

La recurrente encuentra el apoyo para la incorporación del nuevo hecho probado décimo en el pliego de descargos presentado por la recurrente en el expediente disciplinario. Nos remitimos a lo ya argumentado en los fundamentos de derecho anteriores respecto a la desestimación de los motivos de recurso precedentes debido a la inhabilidad de este tipo de documentos para revisar el relato de hechos probados en el recurso de suplicación.

QUINTO:El último de los motivos de recurso destinado a la modificación del apartado de los hechos probados de la sentencia impugnada que articula la recurrente tiene como finalidad incorporar un nuevo hecho probado undécimo,con el siguiente tenor literal:

<>.

Este trámite de audiencia lo justifica la recurrente con las páginas 24 y 25 del expediente disciplinario en las que, efectivamente, consta la realización del trámite de audiencia a la delegada de la sección sindical de SEMAF. Pero este hecho la Sala lo considera, al igual que la recurrida, irrelevante para el resultado final del recurso, por lo que no procede su incorporación al relato histórico de la sentencia impugnada.

SEXTO:A la crítica de la aplicación del derecho le dedica la parte recurrente el sexto motivo del recurso en el cual, con el amparo correcto del artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la infracción de los artículos 115.1 a), b) y d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los supuestos defectos de forma apreciados por la sentencia de instancia en la tramitación de sanción muy grave impuesta a la demandante.

La recurrente desarrolla su argumentación planteando dos cuestiones distintas: a) la tardanza de la trabajadora sancionada en alegar que no se le ha informado de los hechos imputados en el expediente disciplinario por cuanto aduce la supuesta indefensión por primera vez en el recurso una vez notificada la resolución provisional en la que se le comunica una sanción de suspensión de empleo y sueldo conforme a las previsiones del régimen disciplinario de aplicación; y b) con fecha 4 de mayo de 2023 se le da traslado de todo lo actuado hasta la fecha a la delegada del sindicato SEMAF, al que está afiliada la actora, lo cual garantiza el acceso por parte de la representante sindical a todo lo actuado hasta la fecha, incluida la denuncia de acoso, las declaraciones del resto de trabajadores del CGO de León sobre esta cuestión y el informe de calificación de hechos probados en el expediente disciplinario donde se hace una descripción pormenorizada de los hechos en los que se sustenta la sanción impugnada. En definitiva, concluye el abogado de la recurrente, por mucho que se quiera reprochar a ésta que el contenido de la resolución provisional es breve no se puede omitir la tramitación de un expediente previo con todo tipo de garantías durante el que la demandante en ningún momento denuncia no ser conocedora de los hechos imputados.

A todas estas razones que expone la recurrente se opone la impugnante del recurso. En cuanto a la primera de las razones -la alegación tardía de la indefensión por parte de la actora- hemos de tener en cuenta que ni legal ni convencionalmente se exige a la trabajadora sancionada que alegue la posible indefensión por defectos en el expediente en algún momento concreto; puede hacer tal alegación en el recurso contra la resolución provisional y posteriormente en la demanda, como lo ha hecho, sin que ello le haya provocado indefensión a la contraparte, la cual nada aduce en este sentido.

Por lo que respecta al traslado del expediente sancionador a la delegada sindical del sindicato SEMAF, tal alegación no desmiente la constatación del hecho probado tercero, en el que el Magistrado tiene por acreditado que antes de sancionar la empresa instruyó expediente disciplinario, del cual se informó a la trabajadora, pero no se le entregó copia del mismo. Esto es, aunque el sindicato al que pertenece hubiese tenido conocimiento de los hechos, lo cierto es que la trabajadora directamente interesada no recibió copia del expediente contradictorio, de modo que, como razona el Magistrado en el fundamento de derecho tercero.2, los únicos hechos comunicados por escrito a la trabajadora son los que constan en la carta de comunicación, a cuya corrección formal no le dedica por cierto motivo alguno de recurso la empresa recurrente a pesar de que es la causa definitiva de la revocación de la sanción decidida en la sentencia impugnada.

En suma, este motivo del recurso también resulta desestimado.

SÉPTIMO:El motivo final del recurso, con el mismo amparo del artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, lo dedica la empresa recurrente a denunciar la infracción e incorrecta aplicación de la doctrina judicial que interpreta que la vulneración de derechos fundamentales genera el derecho a una indemnización por daño moral y en particular el criterio marcado por la STSJ Castilla y León de fecha 23 de enero de 2023 que se cita por la sentencia recurrida. Lo plantea la recurrente con carácter subsidiario y para el "remoto supuesto de que la Sala entienda que el expediente adolece de defectos de forma".Para ese supuesto -sostiene la recurrente- se debería dictar una sentencia declarando como improcedente la sanción impugnada y revocando la condena de instancia por daño moral derivada de la supuesta vulneración de derechos fundamentales de 7.501 euros alegada de contrario.

El Magistrado de instancia dedica el párrafo final del fundamento de derecho tercero.4 a argumentar sobre la indemnización. Considera al efecto que el derecho de defensa queda resarcido con la decisión de revocar la sanción impuesta; y en cuanto a los demás derechos fundamentales alegados, dados los hechos que se imputan a la trabajadora, efectivamente considera que quedan afectados por la actuación de la empresa y, por tanto, procede la indemnización por daños morales; pero, que no ha sido posible determinar con precisión el ámbito en el que se tuvo conocimiento del expediente sancionador por daños y perjuicios, calculada conforme a lo que establece el artículo 40.1.c) de la LISOS para las infracciones muy graves en su grado mínimo, esto es, la cantidad de 7.501 euros ( sentencia de esta misma Sala de lo Social de 23 de enero de 2023).

Sostiene la parte recurrente que los supuestos defectos de forma denunciados de contrario, en su caso la única consecuencia jurídica que llevan aparejada es la revocación de la sanción impugnada, de ninguna manera la indemnización por los daños morales. Insiste también la recurrente en la prueba testifical no admitida en el acto del juicio, sobre lo que no es preciso que nos extendamos una vez que resolvimos la cuestión en el primero de los fundamentos de derecho de esta sentencia. Asimismo, aduce la recurrente que un defecto de forma en la tramitación de un expediente no supone la vulneración de derechos fundamentales. En este sentido, subraya que la redacción del artículo 55.4 del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 108.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en los que el legislador establece que los defectos de forma en la carta de despido disciplinario tienen como consecuencia la improcedencia del despido y en ningún caso la nulidad por vulneración de derechos fundamentales. Estos preceptos se pueden extrapolar a una sanción de suspensión de suspensión de empleo y sueldo dado que además se trata de una sanción que menos perjudicial para el trabajador que un despido disciplinario. Concluye la recurrente señalando que no es aplicable al caso la sentencia que se cita en la sentencia (la misma del encabezado del motivo de recurso) porque en la misma se enjuicia un supuesto de hecho de un despido que es declarado nulo por vulneración de derechos fundamentales, mientras que en este la única irregularidad que en su caso se observa es un supuesto defecto de forma por falta de concreción de los hechos imputados.

En su escrito de impugnación el abogado de la trabajadora recurrida invoca una defectuosa formulación del motivo, por cuanto pretendiendo denunciar la aplicación indebida de los preceptos viabilizadores de la indemnización adicional acordada en sentencia, la recurrente no invoca ninguno de ellos, así como tampoco doctrina jurisprudencial alguna al respecto; no pudiendo la Sala reconstruir, reparar o complementar el motivo de recurso, sin afectar a su derecho de defensa y al equilibrio de las partes procesales, que debe ser respetado.

Como hemos anticipado, en el encabezamiento de este motivo postrero del recurso la parte recurrente denuncia únicamente la infracción e incorrecta aplicación del criterio marcado en esta materia de indemnización del daño moral por la sentencia de esta misma Sala de lo Social de 23 de enero de 2023. Aunque a lo largo de su exposición el Letrado de la empresa recurrente cita otras normas jurídicas como los artículos 18 y 15 de la Constitución Española, 55.4 del Estatuto de los Trabajadores y 108.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no menciona para nada el único precepto que el Magistrado cita en el último párrafo del fundamento de derecho tercero.4 de la sentencia impugnada, concretamente el artículo 40 de la LISOS. Tampoco trae a colación la recurrente ninguna sentencia del Tribunal Supremo para denunciar la infracción de alguna jurisprudencia (no lo es la sentencia de esta Sala, según la definición del artículo 1.6 del Código Civil) . Y observamos cómo en el penúltimo párrafo del motivo la recurrente argumenta, en definitiva, la no aplicación al caso del criterio de la indicada sentencia de esta Sala porque en la misma se trataba de un despido declarado nulo, mientras que en el que ahora enjuiciamos la sanción es revocada por un defecto de forma.

El defectuoso planteamiento de este motivo final del recurso nos lleva a desestimarlo y con él el recurso en su totalidad.

OCTAVO:De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social procede imponer las costas del recurso a la parte vencida, que incluyen en todo caso la cuantía necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado o graduado social de la parte contraria que actuó en el recurso, los cuales se fijan, a los meros efectos de la condena en costas y sin prejuzgar los que contractualmente correspondan al mismo por la relación con su cliente, en 600 euros más IVA. Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la misma Ley debe decretarse la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme al artículo 229 de la misma Ley y disponerse la pérdida de las consignaciones y el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado conforme al artículo 230 de la misma Ley, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY