Sentencia Social 52/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Quinta, Rec. 427/2025 de 04 de febrero del 2026

PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia, que estimó la pretensión subsidiaria de la actora, y declaró a esta en situación de Incapacidad permanente total para su profesión habitual de Educadora infantil, derivada de Enfermedad Común, se alzan en suplicación ambas partes; la parte actora, postulando el reconocimiento de una Incapacidad permanente absoluta; y la Seguridad Social, interesando la revocación de la sentencia recurrida, y la absolución del INSS de las pretensiones deducidas en su contra.

El recurso de la parte actora no fue impugnado de contrario; y el recurso del INSS fue impugnado por la parte actora, interesando en primer lugar su inadmisión toda vez que el INSS no ha cumplido lo exigido en la norma procesal, limitándose a presentar certificación acreditativa del pago de pensión, sin proceder de facto a su pago, entendiendo que tal omisión resulta insubsanable. Invoca la STS de 31-03-25. Subsidiariamente, se opone a la estimación del recurso presentado por el INSS.

SEGUNDO.-Con carácter previo, nos centramos en la causa de inadmisibilidad opuesta por la parte actora respecto al recurso del INSS.

"El art. 230.2 de la LRJS dispone que, en materia de Seguridad Social, se aplicarán las siguientes reglas: "c) Si en la Sentencia se condenara a la Entidad Gestora de la Seguridad Social, está quedará exenta del ingreso prevenido en los apartados a) y b) anteriores, pero deberá presentar ante la oficina judicial, al anunciar o preparar su recurso, certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso, hasta el límite de su responsabilidad, salvo en prestaciones de pago único o correspondientes a un periodo ya agotado en el momento del anuncio. De no cumplirse efectivamente este abono se pondrá fin al trámite del recurso".

Sobre dicha cuestión se ha pronunciado en diversas ocasiones la Sala IV, resumiendo su doctrina la Sentencia invocada por la parte actora impugnante del recurso del INSS, STS 169/2025 de 5 de marzo, rec. 1666/2022, en los siguientes términos:

"a) Es doctrina constante de esta Sala IV la que afirma que estamos ante una exigencia que afecta al orden público procesal, y que se revela como «condición sine qua non para la admisibilidad de esos medios impugnativos» ( STS 30 de noviembre de 2005, rcud. 434/2004 ). Para poder recurrir sentencias en materia de prestaciones periódicas de la Seguridad Social deberá cumplirse el requisito del inicio del pago de la prestación a cuyo abono hubiera sido condenada la Seguridad Social en los casos de recursos entablados por los organismos de esta.

El fin de esta exigencia es que el beneficiario, que tiene por sentencia judicial reconocido un derecho de contenido económico, no quede desasistido durante la tramitación del recurso, evitando que le perjudique el ejercicio por la EG de su derecho al recurso ( STC 110/92 ). En (EDJ 1992/8753) STS IV de fecha 27 de octubre de 2023, rcud. 3162/2021 , reproducimos ese objetivo de garantía de la cobertura de las situaciones de necesidad que las prestaciones de Seguridad Social tratan de subvenir. También que por ello la certificación debe acreditar el abono real y efectivo, y no un mero compromiso ( STC 27/1988, de 23 de febrero (EDJ 1988/343), STC 124/1987, de 15 de julio (EDJ 1987/124)).

Al mismo carácter de requisito ineludible hacemos referencia en numerosos autos enjuiciando recursos de queja interpuestos frente a decisiones de inadmisión adoptadas por los TSJ. Entre otros muchos el ATS de 16 de enero de 2020, rcud. 55/2019 , contemplando un supuesto en el que al momento del anuncio del recurso de suplicación (31 de enero de 2019) no se había comenzado el efectivo abono de la prestación, sino que se inició más de tres meses después, confirmaba el acuerdo de no tener por preparado el referido recurso.

b) En STS 853/2023, de 27 de octubre, rcud 3162/2021 , recordamos nuevamente la finalidad de la certificación requerida por la norma: en garantizar la cobertura de las situaciones de necesidad que las prestaciones de Seguridad Social tratan de subvenir. Por esa razón, la certificación «debe acreditar el abono real y efectivo, no un mero compromiso ( STC 27/1988, de 23 de febrero (EDJ 1988/343), STC 124/1987, de 15 de julio (EDJ 1987/124)). De esta forma, aun cuando la falta de pago por parte de la Entidad Gestora fue meramente temporal, debida a un error, habiendo procedido a reanudar el abono de la totalidad de la prestación, una vez advertido dicho error hay que poner fin al trámite del recurso ATS 28 enero 2010, Rcud. 390/2008 ) (EDJ 2010/20253).».

Así mismo, se apunta que el requisito de la certificación se produce no sólo en los supuestos de reconocimiento por la sentencia de la prestación, sino también en aquellos en los que la sentencia la reconoce por una cuantía superior a la administrativamente obtenida -como ocurre en el presente supuesto-. En estos casos se debe certificar el abono del importe incrementado por la sentencia. ( ATS 28 julio 1999, R. 2199/1998 ). La finalidad de la norma, que es la de garantizar la percepción de las cantidades reconocidas durante la tramitación del recurso.

a) La STS 845/2024, de 4 de junio, rcud 538/2023 , abordaba un supuesto en el que «la certificación del INSS aportada es de fecha 18 de febrero de 2022, sin embargo, la gestora no dio orden de pago hasta el 18 de marzo de 2022, esto es, un mes después, y el pago no se produce tampoco el 18 de marzo, a la vista de los documentos bancarios aportados por el beneficiario de esos días, ni tampoco se materializa el 24 de marzo de 2022 (folios 237 o 152, ya que aparece doblemente foliado el expediente), cuando se le abona la pensión por importe de 1.812,07 euros, sin incluir el complemento, ya que comprobamos como ese importe, 1.812,07 euros, es el mismo importe abonado un mes antes, el 24 de febrero de 2022 (folio 240 o 155).En definitiva, el motivo debe ser desestimado, declarando ajustado a derecho la inadmisión del recurso de suplicación del INSS que efectuó la sentencia recurrida, de modo que deviene, no ya innecesario, sino improcedente entrar a conocer del segundo de los motivos articulados en el recurso por el INSS atinente al fondo del debate suscitado en el litigio.».

En el supuesto que nos ocupa, se dictó sentencia por el Juzgado de lo Social 17 de Madrid el 7-02-25, condenando al INSS al abono de la prestación de Incapacidad permanente total a la actora, con una base reguladora de 1112,50 euros y con efectos del cese en el trabajo.

- el INSS presenta escrito anunciando el recurso el día 18-02-25, y aportando certificación de la Directora Provincial en la que se indicaba que "en cumplimiento del Art. 230. 2, c) de la Ley3612011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdícción soc¡al, secomenzará el abono de la prestación reconocida en la sentencia dictada enla demanda promovida por Marisol una vez seden las circunstancias establecidas en el fallo de la sentencia recurrida(cese empresa) Y, se proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso."

- Formaliza el recurso el día 18-03-25.

- El día 31-03-25 la parte actora presenta escrito de impugnación al Recurso formulado por el INSS interesando la Inadmisión del mismo al no haberse comenzado el abono de la prestación; invoca la STS de 31-03-25.

-A requerimiento del juzgado en DIOR de 7-04-25, presenta nuevo escrito la parte actora, en fecha 9-04-25 aclarando que en la fecha en que se presentó su escrito, el 31-03-25, el INSS no había comenzado el abono de la prestación.

-De dicho escrito se dio traslado al INSS en DIOR de 10-04-25, sin que nada alegara; y en DIOR de 25-04-25 se acuerda elevar el procedimiento a la Sala, sin que el INSS presentase alegación alguna, a propósito de lo alegado por la actora en su impugnación.

-Y lo cierto es que no consta, por no haberse acreditado, la fecha en que se comenzó el abono de la prestación, en caso de haberse comenzado; mas lo cierto es que ni se había comenzado en la fecha del anuncio ni en la de la propia formalización del Recurso por el INSS; con lo que la Entidad Gestora incumplió la obligación de pago impuesta por la sentencia de instancia,siendo un incumplimiento insubsanable, por lo que debió ponerse fin al trámite de dicho recurso; procediendo en esta fase ya en la Sala, desestimar el recurso del INSS por cuanto no cumplió el requisito legalmente exigido, ya que la certificación aportada por el INSS, al anunciar el recurso de suplicación, no es la legalmente exigida, sino la de que "se comenzará el pago de la prestación reconocida por el citado Juzgado de lo Social una vez se cumplan las condiciones que para efectuar dicho pago se fijan en el fallo de la sentencia".

El hecho de que los efectos económicos de la prestación de IPT reconocida a la actora sea la fecha de cese en el trabajo, no exime al INSS de abonar la prestación desde el anuncio del recurso y durante su tramitación, ya que se trata de un requisito de acceso al recurso de suplicación del que solo se excepcionan los supuestos de condena a prestaciones de pago único o correspondientes a un período ya agotado en el momento del anuncio. De ahí que, ante la ausencia de prueba alguna por parte del INSS que acredite el efectivo abono de la pensión o que la actora se encuentre trabajando, resulta forzoso concluir que concurre la causa de inadmisibilidad alegada, habida cuenta que el INSS tuvo que comenzar el abono de la prestación de incapacidad permanente total reconocida en la sentencia ateniéndose a los términos legales, teniendo en cuenta que el reconocimiento del grado es incompatible con el desempeño de la profesión para la que le fue reconocido. Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso del INSS.

TERCERO.-Nos detenemos ya por tanto en el recurso formulado por la parte actora, en el que se interesa la revocación de la sentencia recurrida, y el reconocimiento a la actora de una Incapacidad permanente absoluta.

Se interesa, por el cauce del apartado b) la revisión del HECHO PROBADO CUARTO en cuanto a las dolencias psiquiátricas, y en cuanto a las dolencias alérgicas.

-En cuanto a las primeras, con apoyo en el Informe de Psiquiatría de 31-10-23, propone la adición al último párrafo de la página 3 de la sentencia, de lo siguiente:

"Continúa indicando el citado Informe

A fecha de hoy, la paciente continúa presentando sintomatología ansioso_depresiva de forma que realiza conductas de salud hacia sí misma con gran esfuerzo. Aqueja mala higiene de sueño, y expresando ansiedad con tendencia a las conductas evitativas ante contacto relacional que establece, con tendencia a no realizar actividades domésticas. La impresión clínica continúa siendo de gran afectación, por lo que se le ha planteado a la paciente la necesidad de una incapacidad laboral ante su estado actual, pues aún a día de hoy se ve invadida y desbordada emocionalmente.

Dichas alteraciones psiquiátricas le originan una disminución notoria de su capacidad laboral y de relación interpersonal, debido a los síntomas que padece, así como a los efectos secundarios e inevitables derivados de la ingesta de psicofármacos que debe continuar tomando. A día de hoy, precisa ajuste de tratamiento farmacológico, deseos de mejoría, identifica la medicación y seguimiento como posibles herramientas de ayuda. Buen insight.

En este momento no estaría capacitada para desempeñar una actividad laboral, debido a la sintomatología derivada de la depresión refractaria a los diversos tratamientos ensayados que le impiden realizar cualquier tipo de actividad por simple que sea.

En función de todo lo expuesto, considero que las alteraciones psicopatológicas y psiquiátricas que sufre la paciente ponen de manifiesto la imposibilidad de la paciente para desarrollar cualquier tipo de actividad laboral."

Como recuerdan, entre otras, las Sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 16 de junio (Recurso de Casación 273/2014) o 28 de julio de 2015 (RCUD 1925/2014), "es doctrina reiterada de esta Sala que si en los hechos declarados probados se hace referencia a documentos que figuren a los folios que se detallen concretamente y que se han dado por reproducidos, no es necesaria su completa trascripción, posibilitándose su integración en los referidos hechos"y que "si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia"( SSTS/IV 13- noviembre-2007 (RJ 2008, 999-rco 77/2006, 14-mayo-2013 (RJ 2013, 6080)rco 285/2011, 5-junio-2013 -rco 2/2012, 18-junio-2013 (RJ 2013, 5738)-rco 99/2012, 16-septiembre-2014 (RJ 2014,5213) -rco 251/2013).

Habida cuenta que el ordinal cuarto en el párrafo indicado, se hace referencia al Informe de psiquiatría de 31-10-23, que fue examinado y valorado por la juzgadora, dejando constancia en el relato fáctico de las afirmaciones realizadas respecto de la exploración física; y pudiendo la Sala contar con el contenido íntegro de dicho Informe, sin necesidad de extractar partes del mismo. Por lo que el motivo se desestima.

-En segundo lugar se interesa la revisión del mismo hecho probado CUARTO, en lo relativo a la alergología, añadiendo al primer párrafo de la página 4, lo siguiente:

"Alergia AINES (todos) (Tolera paracetamol, etoricoxib y meloxicam). Otros (Cefalosporinas, excepto cefditoreno)".

Y lo apoya, al igual que la juzgadora en el informe de alergología 5/09/2024, aportado por la actora como documento nº 1 de 26/01/2025,al que expresamente hace remisión el hecho probado en cuestión; por lo que nos remitimos a lo señalado respecto del motivo anterior, y lo desestimamos por las mismas razones.

CUARTO.-En sede de censura jurídica, con expreso sustento procesal en el apartado c) del art. 193 LRJS se denuncia por el recurrente la infracción del art. 194.1 c ) LGSS por inaplicación.

Sostiene que la actora, conforme a las dolencias reflejadas en el hecho probado cuarto, justifican el reconocimiento de la Incapacidad permanente absoluta solicitada, refiriéndose en particular a lo siguiente:

i. Hallazgos sugestivos de pinzamiento subacromial con bursitis SAD.

ii. No debe coger peso ni realizar actividad sostenida con brazo izquierdo. No debe realizar posturas fijas ó mantenidas con columna cervical y MSI. Evitará esfuerzo, traumatismos, heridas, pinchazos ó quemaduras en miembro superior izquierdo.

iii. Esteatosis grado I/IV / hepatopatía crónica.

iv. Sintomatología ansioso depresiva.

v. Asma persistente moderado mal controlado. disnea realizando esfuerzo como subir escalera.

vi. Dolor generalizado crónico de perfil fibromiálgico y síndrome de fatiga crónica.

vii. Limitación en hombro izquierdo (no dominante) para realizar cualquier tipo de sobrecarga ligera, así como levantar el brazo por encima de la cabeza.

Argumenta que la sentencia tan solo repara en las afecciones relativas al brazo izquierdo, ignorando otras muy graves, que justificarían la IPA postulada, ya que la capacidad residual de la trabajadora es inexistente.

Invoca STS de 15-06-22 rec 3014/2021 a cuyo tenor el dolor crónico generalizado en conjunción con otras patologías graves, justifica el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta, cuando impide desarrollar cualquier ocupación con habitualidad y profesionalidad. E invoca diversas sentencias de esta Sala del TSJ de Madrid, que no constituyen jurisprudencia.

Centrado así el objeto de debate, el art. 193 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, aplicable al presente supuesto, define la incapacidad permanente como "la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Y define en su art. 194 en la redacción dada por la Disposición Transitoria vigésimo sexta, hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente el citado precepto, la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo en su apartado 5, como aquella que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.Y la Incapacidad permanente total para la profesión habitual, en su apartado 4 como aquella que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

De acuerdo con el relato fáctico que luce la sentencia recurrida, que se se ha mantenido inalterado, y del que, por tanto, esta Sala debe partir, la actora presenta el cuadro clínico descrito en el hecho probado cuarto, entendiendo la juzgadora que no tiene abolida su capacidad laboral, aún cuando lo estaría para el desempeño de su profesión habitual de educadora infantil; se remite al Informe de rehabilitación de 3-01-25 en el que se consigna que "la actora no debe coger peso ni realizar actividad sostenida con brazo izquierdo. No debe realizar posturas fijas o mantenidas con columna cervical y MSI. Evitará esfuerzos".

Y en el mismo sentido se pronuncia el Médico Forense en su Informe de 10-09-24, en el que como limitaciones objetivadas, únicamente se refiere a la limitación en hombro izquierdo no dominante, para realizar cualquier sobrecarga ligera, o para levantar el brazo por encima de la cabeza.

En cuanto al pinzamiento subacromial, no tiene entidad suficiente para determinar una incapacidad permanente absoluta; la esteatosis grado I/IV con hepatopatía crónica, con quiste hepático, no consta la repercusión funcional de dicha dolencia, en la capacidad laboral de la actora.

El asma persistente le limita para esfuerzos físicos, por la disnea que le ocasiona, sin que justifique tampoco una abolición de su capacidad laboral.

El dolor no es una patología en sí, sino un síntoma, y es dificilmente objetivable.

Y finalmente en cuanto a la patología psiquiátrica presenta la actora un trastorno depresivo recurrente que le ocasiona clínica ansiosa, sin alteraciones sensoperceptivas ni ideación delirante, conservando juicio de realidad.

Distingue al respecto de dichas patologías psiquiátricas el Manual de Actuación para Médicos del INSS, que utilizamos como orientativo, entre dos grupos bien diferenciados dentro de las patologías psiquiátricas, a saber, por un lado, aquellas patologías graves y habitualmente crónicas, que suelen afectar a las facultades superiores,suelen ser progresivas, y alteran el juicio sobre la realidad (esquizofrenias y psicosis de curso crónico y progresivo o con frecuentes recurrencias y síntomas residuales, trastornos bipolares, trastornos depresivos crónicos severos o con síntomas psicóticos, demencias) cuya presencia determina en general, a no ser que se constate una evolución satisfactoria o al menos estable, y sin criterios de severidad, que la capacidad laboral esté mermada de forma considerable, y en general deben ser valorados de cara a una posible incapacidad permanente.

Y el otro grupo, en el que estaría incluida la actora, lo constituyen los síndromes depresivos de mayor o menor entidad, trastornos de ansiedad, fobias, trastornos de la personalidad, trastornos adaptativos, etc;grupo mucho más numeroso en el que sin embargo las facultades superiores (pensamiento, juicio, lenguaje) suelen encontrarse intactasy las limitaciones suelen venir dadas más por aspectos "de segundo nivel": tristeza, falta de impulso, falta de ilusión, tendencia al aislamiento, emotividad; y suelen ser compatibles con una actividad laboral adecuada a expensas de un esfuerzopor parte del paciente, actividad además recomendada habitualmente por los psiquiatras como factor beneficioso en su tratamiento y estabilización.

En el caso de la actora, según informa el médico forense, su síndrome depresivo ansioso se vio agravado por el proceso oncológico desde 2021, y está en seguimiento y tratamiento.

Dicho lo anterior, hemos de señalar que de la propia definición del precepto invocado - art. 194.1 c) LGSS- cuya infracción se denuncia, se infiere, como ha venido declarando el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones (por todas, STS 11-02-91) que para estimar existente el grado de incapacidad permanente absoluta, es de todo punto necesario que el interesado se encuentre imposibilitado de llevar a cabo los trabajos y funciones propios de cualquier profesión u oficio, aun los de carácter liviano o sedentario. Y no se acredita, con el relato fáctico de la sentencia de instancia, que la actora esté limitada hasta ese punto.

Y pese a que, como recordaba la STS de 27-02-90, la prestación de un trabajo, por liviano que sea, incluso el sedentario sólo puede realizarse mediante la asistencia diaria al lugar de empleo, permanencia en él durante la jornada, estar en condiciones de consumar una tarea, siquiera sea leve, que ha de demandar un cierto grado de atención y una moderada actividad física, lo cierto es que el cuadro patológico que presenta la actora, no incompatibiliza a ésta, con cualquier trabajo por cuenta ajena, aun cuando el desarrollo de éste, exija por definición, un mínimo rendimiento y asiduidad; pudiendo realizar trabajos compatibles con su estado clínico; trabajos que no exijan cargar pesos o realizar actividades de sobrecarga aún ligera con su miembro superior izquierdo, o actividades que exijan levantar dicho miembro superior por encima de la cabeza.

Así las cosas, y en atención a lo expuesto, compartimos la conclusión alcanzada por la juzgadora de instancia, en la que objetiva como limitación principal, la que sufre en el hombro izquierdo, no dominante, para realizar sobrecargas ligeras, y para levantar el brazo por encima de la cabeza; no teniendo entidad suficiente el resto de dolencias y padecimientos para justificar una incapacidad.

Las limitaciones expuestas justifican el reconocimiento de la Incapacidad permanente total para su profesión habitual, que presenta unos requerimientos de manejo de cargas, columna cervical y dorsolumbar de 1/4, no estando justificada por el momento, la pretensión aquí deducida de Incapacidad Permanente Absoluta; y de acuerdo con las consideraciones expuestas, no se aprecian en la sentencia recurrida las infracciones denunciadas, por lo que procede su confirmación íntegra.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia, que estimó la pretensión subsidiaria de la actora, y declaró a esta en situación de Incapacidad permanente total para su profesión habitual de Educadora infantil, derivada de Enfermedad Común, se alzan en suplicación ambas partes; la parte actora, postulando el reconocimiento de una Incapacidad permanente absoluta; y la Seguridad Social, interesando la revocación de la sentencia recurrida, y la absolución del INSS de las pretensiones deducidas en su contra.

El recurso de la parte actora no fue impugnado de contrario; y el recurso del INSS fue impugnado por la parte actora, interesando en primer lugar su inadmisión toda vez que el INSS no ha cumplido lo exigido en la norma procesal, limitándose a presentar certificación acreditativa del pago de pensión, sin proceder de facto a su pago, entendiendo que tal omisión resulta insubsanable. Invoca la STS de 31-03-25. Subsidiariamente, se opone a la estimación del recurso presentado por el INSS.

SEGUNDO.-Con carácter previo, nos centramos en la causa de inadmisibilidad opuesta por la parte actora respecto al recurso del INSS.

"El art. 230.2 de la LRJS dispone que, en materia de Seguridad Social, se aplicarán las siguientes reglas: "c) Si en la Sentencia se condenara a la Entidad Gestora de la Seguridad Social, está quedará exenta del ingreso prevenido en los apartados a) y b) anteriores, pero deberá presentar ante la oficina judicial, al anunciar o preparar su recurso, certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso, hasta el límite de su responsabilidad, salvo en prestaciones de pago único o correspondientes a un periodo ya agotado en el momento del anuncio. De no cumplirse efectivamente este abono se pondrá fin al trámite del recurso".

Sobre dicha cuestión se ha pronunciado en diversas ocasiones la Sala IV, resumiendo su doctrina la Sentencia invocada por la parte actora impugnante del recurso del INSS, STS 169/2025 de 5 de marzo, rec. 1666/2022, en los siguientes términos:

"a) Es doctrina constante de esta Sala IV la que afirma que estamos ante una exigencia que afecta al orden público procesal, y que se revela como «condición sine qua non para la admisibilidad de esos medios impugnativos» ( STS 30 de noviembre de 2005, rcud. 434/2004 ). Para poder recurrir sentencias en materia de prestaciones periódicas de la Seguridad Social deberá cumplirse el requisito del inicio del pago de la prestación a cuyo abono hubiera sido condenada la Seguridad Social en los casos de recursos entablados por los organismos de esta.

El fin de esta exigencia es que el beneficiario, que tiene por sentencia judicial reconocido un derecho de contenido económico, no quede desasistido durante la tramitación del recurso, evitando que le perjudique el ejercicio por la EG de su derecho al recurso ( STC 110/92 ). En (EDJ 1992/8753) STS IV de fecha 27 de octubre de 2023, rcud. 3162/2021 , reproducimos ese objetivo de garantía de la cobertura de las situaciones de necesidad que las prestaciones de Seguridad Social tratan de subvenir. También que por ello la certificación debe acreditar el abono real y efectivo, y no un mero compromiso ( STC 27/1988, de 23 de febrero (EDJ 1988/343), STC 124/1987, de 15 de julio (EDJ 1987/124)).

Al mismo carácter de requisito ineludible hacemos referencia en numerosos autos enjuiciando recursos de queja interpuestos frente a decisiones de inadmisión adoptadas por los TSJ. Entre otros muchos el ATS de 16 de enero de 2020, rcud. 55/2019 , contemplando un supuesto en el que al momento del anuncio del recurso de suplicación (31 de enero de 2019) no se había comenzado el efectivo abono de la prestación, sino que se inició más de tres meses después, confirmaba el acuerdo de no tener por preparado el referido recurso.

b) En STS 853/2023, de 27 de octubre, rcud 3162/2021 , recordamos nuevamente la finalidad de la certificación requerida por la norma: en garantizar la cobertura de las situaciones de necesidad que las prestaciones de Seguridad Social tratan de subvenir. Por esa razón, la certificación «debe acreditar el abono real y efectivo, no un mero compromiso ( STC 27/1988, de 23 de febrero (EDJ 1988/343), STC 124/1987, de 15 de julio (EDJ 1987/124)). De esta forma, aun cuando la falta de pago por parte de la Entidad Gestora fue meramente temporal, debida a un error, habiendo procedido a reanudar el abono de la totalidad de la prestación, una vez advertido dicho error hay que poner fin al trámite del recurso ATS 28 enero 2010, Rcud. 390/2008 ) (EDJ 2010/20253).».

Así mismo, se apunta que el requisito de la certificación se produce no sólo en los supuestos de reconocimiento por la sentencia de la prestación, sino también en aquellos en los que la sentencia la reconoce por una cuantía superior a la administrativamente obtenida -como ocurre en el presente supuesto-. En estos casos se debe certificar el abono del importe incrementado por la sentencia. ( ATS 28 julio 1999, R. 2199/1998 ). La finalidad de la norma, que es la de garantizar la percepción de las cantidades reconocidas durante la tramitación del recurso.

a) La STS 845/2024, de 4 de junio, rcud 538/2023 , abordaba un supuesto en el que «la certificación del INSS aportada es de fecha 18 de febrero de 2022, sin embargo, la gestora no dio orden de pago hasta el 18 de marzo de 2022, esto es, un mes después, y el pago no se produce tampoco el 18 de marzo, a la vista de los documentos bancarios aportados por el beneficiario de esos días, ni tampoco se materializa el 24 de marzo de 2022 (folios 237 o 152, ya que aparece doblemente foliado el expediente), cuando se le abona la pensión por importe de 1.812,07 euros, sin incluir el complemento, ya que comprobamos como ese importe, 1.812,07 euros, es el mismo importe abonado un mes antes, el 24 de febrero de 2022 (folio 240 o 155).En definitiva, el motivo debe ser desestimado, declarando ajustado a derecho la inadmisión del recurso de suplicación del INSS que efectuó la sentencia recurrida, de modo que deviene, no ya innecesario, sino improcedente entrar a conocer del segundo de los motivos articulados en el recurso por el INSS atinente al fondo del debate suscitado en el litigio.».

En el supuesto que nos ocupa, se dictó sentencia por el Juzgado de lo Social 17 de Madrid el 7-02-25, condenando al INSS al abono de la prestación de Incapacidad permanente total a la actora, con una base reguladora de 1112,50 euros y con efectos del cese en el trabajo.

- el INSS presenta escrito anunciando el recurso el día 18-02-25, y aportando certificación de la Directora Provincial en la que se indicaba que "en cumplimiento del Art. 230. 2, c) de la Ley3612011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdícción soc¡al, secomenzará el abono de la prestación reconocida en la sentencia dictada enla demanda promovida por Marisol una vez seden las circunstancias establecidas en el fallo de la sentencia recurrida(cese empresa) Y, se proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso."

- Formaliza el recurso el día 18-03-25.

- El día 31-03-25 la parte actora presenta escrito de impugnación al Recurso formulado por el INSS interesando la Inadmisión del mismo al no haberse comenzado el abono de la prestación; invoca la STS de 31-03-25.

-A requerimiento del juzgado en DIOR de 7-04-25, presenta nuevo escrito la parte actora, en fecha 9-04-25 aclarando que en la fecha en que se presentó su escrito, el 31-03-25, el INSS no había comenzado el abono de la prestación.

-De dicho escrito se dio traslado al INSS en DIOR de 10-04-25, sin que nada alegara; y en DIOR de 25-04-25 se acuerda elevar el procedimiento a la Sala, sin que el INSS presentase alegación alguna, a propósito de lo alegado por la actora en su impugnación.

-Y lo cierto es que no consta, por no haberse acreditado, la fecha en que se comenzó el abono de la prestación, en caso de haberse comenzado; mas lo cierto es que ni se había comenzado en la fecha del anuncio ni en la de la propia formalización del Recurso por el INSS; con lo que la Entidad Gestora incumplió la obligación de pago impuesta por la sentencia de instancia,siendo un incumplimiento insubsanable, por lo que debió ponerse fin al trámite de dicho recurso; procediendo en esta fase ya en la Sala, desestimar el recurso del INSS por cuanto no cumplió el requisito legalmente exigido, ya que la certificación aportada por el INSS, al anunciar el recurso de suplicación, no es la legalmente exigida, sino la de que "se comenzará el pago de la prestación reconocida por el citado Juzgado de lo Social una vez se cumplan las condiciones que para efectuar dicho pago se fijan en el fallo de la sentencia".

El hecho de que los efectos económicos de la prestación de IPT reconocida a la actora sea la fecha de cese en el trabajo, no exime al INSS de abonar la prestación desde el anuncio del recurso y durante su tramitación, ya que se trata de un requisito de acceso al recurso de suplicación del que solo se excepcionan los supuestos de condena a prestaciones de pago único o correspondientes a un período ya agotado en el momento del anuncio. De ahí que, ante la ausencia de prueba alguna por parte del INSS que acredite el efectivo abono de la pensión o que la actora se encuentre trabajando, resulta forzoso concluir que concurre la causa de inadmisibilidad alegada, habida cuenta que el INSS tuvo que comenzar el abono de la prestación de incapacidad permanente total reconocida en la sentencia ateniéndose a los términos legales, teniendo en cuenta que el reconocimiento del grado es incompatible con el desempeño de la profesión para la que le fue reconocido. Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso del INSS.

TERCERO.-Nos detenemos ya por tanto en el recurso formulado por la parte actora, en el que se interesa la revocación de la sentencia recurrida, y el reconocimiento a la actora de una Incapacidad permanente absoluta.

Se interesa, por el cauce del apartado b) la revisión del HECHO PROBADO CUARTO en cuanto a las dolencias psiquiátricas, y en cuanto a las dolencias alérgicas.

-En cuanto a las primeras, con apoyo en el Informe de Psiquiatría de 31-10-23, propone la adición al último párrafo de la página 3 de la sentencia, de lo siguiente:

"Continúa indicando el citado Informe

A fecha de hoy, la paciente continúa presentando sintomatología ansioso_depresiva de forma que realiza conductas de salud hacia sí misma con gran esfuerzo. Aqueja mala higiene de sueño, y expresando ansiedad con tendencia a las conductas evitativas ante contacto relacional que establece, con tendencia a no realizar actividades domésticas. La impresión clínica continúa siendo de gran afectación, por lo que se le ha planteado a la paciente la necesidad de una incapacidad laboral ante su estado actual, pues aún a día de hoy se ve invadida y desbordada emocionalmente.

Dichas alteraciones psiquiátricas le originan una disminución notoria de su capacidad laboral y de relación interpersonal, debido a los síntomas que padece, así como a los efectos secundarios e inevitables derivados de la ingesta de psicofármacos que debe continuar tomando. A día de hoy, precisa ajuste de tratamiento farmacológico, deseos de mejoría, identifica la medicación y seguimiento como posibles herramientas de ayuda. Buen insight.

En este momento no estaría capacitada para desempeñar una actividad laboral, debido a la sintomatología derivada de la depresión refractaria a los diversos tratamientos ensayados que le impiden realizar cualquier tipo de actividad por simple que sea.

En función de todo lo expuesto, considero que las alteraciones psicopatológicas y psiquiátricas que sufre la paciente ponen de manifiesto la imposibilidad de la paciente para desarrollar cualquier tipo de actividad laboral."

Como recuerdan, entre otras, las Sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 16 de junio (Recurso de Casación 273/2014) o 28 de julio de 2015 (RCUD 1925/2014), "es doctrina reiterada de esta Sala que si en los hechos declarados probados se hace referencia a documentos que figuren a los folios que se detallen concretamente y que se han dado por reproducidos, no es necesaria su completa trascripción, posibilitándose su integración en los referidos hechos"y que "si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia"( SSTS/IV 13- noviembre-2007 (RJ 2008, 999-rco 77/2006, 14-mayo-2013 (RJ 2013, 6080)rco 285/2011, 5-junio-2013 -rco 2/2012, 18-junio-2013 (RJ 2013, 5738)-rco 99/2012, 16-septiembre-2014 (RJ 2014,5213) -rco 251/2013).

Habida cuenta que el ordinal cuarto en el párrafo indicado, se hace referencia al Informe de psiquiatría de 31-10-23, que fue examinado y valorado por la juzgadora, dejando constancia en el relato fáctico de las afirmaciones realizadas respecto de la exploración física; y pudiendo la Sala contar con el contenido íntegro de dicho Informe, sin necesidad de extractar partes del mismo. Por lo que el motivo se desestima.

-En segundo lugar se interesa la revisión del mismo hecho probado CUARTO, en lo relativo a la alergología, añadiendo al primer párrafo de la página 4, lo siguiente:

"Alergia AINES (todos) (Tolera paracetamol, etoricoxib y meloxicam). Otros (Cefalosporinas, excepto cefditoreno)".

Y lo apoya, al igual que la juzgadora en el informe de alergología 5/09/2024, aportado por la actora como documento nº 1 de 26/01/2025,al que expresamente hace remisión el hecho probado en cuestión; por lo que nos remitimos a lo señalado respecto del motivo anterior, y lo desestimamos por las mismas razones.

CUARTO.-En sede de censura jurídica, con expreso sustento procesal en el apartado c) del art. 193 LRJS se denuncia por el recurrente la infracción del art. 194.1 c ) LGSS por inaplicación.

Sostiene que la actora, conforme a las dolencias reflejadas en el hecho probado cuarto, justifican el reconocimiento de la Incapacidad permanente absoluta solicitada, refiriéndose en particular a lo siguiente:

i. Hallazgos sugestivos de pinzamiento subacromial con bursitis SAD.

ii. No debe coger peso ni realizar actividad sostenida con brazo izquierdo. No debe realizar posturas fijas ó mantenidas con columna cervical y MSI. Evitará esfuerzo, traumatismos, heridas, pinchazos ó quemaduras en miembro superior izquierdo.

iii. Esteatosis grado I/IV / hepatopatía crónica.

iv. Sintomatología ansioso depresiva.

v. Asma persistente moderado mal controlado. disnea realizando esfuerzo como subir escalera.

vi. Dolor generalizado crónico de perfil fibromiálgico y síndrome de fatiga crónica.

vii. Limitación en hombro izquierdo (no dominante) para realizar cualquier tipo de sobrecarga ligera, así como levantar el brazo por encima de la cabeza.

Argumenta que la sentencia tan solo repara en las afecciones relativas al brazo izquierdo, ignorando otras muy graves, que justificarían la IPA postulada, ya que la capacidad residual de la trabajadora es inexistente.

Invoca STS de 15-06-22 rec 3014/2021 a cuyo tenor el dolor crónico generalizado en conjunción con otras patologías graves, justifica el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta, cuando impide desarrollar cualquier ocupación con habitualidad y profesionalidad. E invoca diversas sentencias de esta Sala del TSJ de Madrid, que no constituyen jurisprudencia.

Centrado así el objeto de debate, el art. 193 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, aplicable al presente supuesto, define la incapacidad permanente como "la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Y define en su art. 194 en la redacción dada por la Disposición Transitoria vigésimo sexta, hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente el citado precepto, la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo en su apartado 5, como aquella que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.Y la Incapacidad permanente total para la profesión habitual, en su apartado 4 como aquella que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

De acuerdo con el relato fáctico que luce la sentencia recurrida, que se se ha mantenido inalterado, y del que, por tanto, esta Sala debe partir, la actora presenta el cuadro clínico descrito en el hecho probado cuarto, entendiendo la juzgadora que no tiene abolida su capacidad laboral, aún cuando lo estaría para el desempeño de su profesión habitual de educadora infantil; se remite al Informe de rehabilitación de 3-01-25 en el que se consigna que "la actora no debe coger peso ni realizar actividad sostenida con brazo izquierdo. No debe realizar posturas fijas o mantenidas con columna cervical y MSI. Evitará esfuerzos".

Y en el mismo sentido se pronuncia el Médico Forense en su Informe de 10-09-24, en el que como limitaciones objetivadas, únicamente se refiere a la limitación en hombro izquierdo no dominante, para realizar cualquier sobrecarga ligera, o para levantar el brazo por encima de la cabeza.

En cuanto al pinzamiento subacromial, no tiene entidad suficiente para determinar una incapacidad permanente absoluta; la esteatosis grado I/IV con hepatopatía crónica, con quiste hepático, no consta la repercusión funcional de dicha dolencia, en la capacidad laboral de la actora.

El asma persistente le limita para esfuerzos físicos, por la disnea que le ocasiona, sin que justifique tampoco una abolición de su capacidad laboral.

El dolor no es una patología en sí, sino un síntoma, y es dificilmente objetivable.

Y finalmente en cuanto a la patología psiquiátrica presenta la actora un trastorno depresivo recurrente que le ocasiona clínica ansiosa, sin alteraciones sensoperceptivas ni ideación delirante, conservando juicio de realidad.

Distingue al respecto de dichas patologías psiquiátricas el Manual de Actuación para Médicos del INSS, que utilizamos como orientativo, entre dos grupos bien diferenciados dentro de las patologías psiquiátricas, a saber, por un lado, aquellas patologías graves y habitualmente crónicas, que suelen afectar a las facultades superiores,suelen ser progresivas, y alteran el juicio sobre la realidad (esquizofrenias y psicosis de curso crónico y progresivo o con frecuentes recurrencias y síntomas residuales, trastornos bipolares, trastornos depresivos crónicos severos o con síntomas psicóticos, demencias) cuya presencia determina en general, a no ser que se constate una evolución satisfactoria o al menos estable, y sin criterios de severidad, que la capacidad laboral esté mermada de forma considerable, y en general deben ser valorados de cara a una posible incapacidad permanente.

Y el otro grupo, en el que estaría incluida la actora, lo constituyen los síndromes depresivos de mayor o menor entidad, trastornos de ansiedad, fobias, trastornos de la personalidad, trastornos adaptativos, etc;grupo mucho más numeroso en el que sin embargo las facultades superiores (pensamiento, juicio, lenguaje) suelen encontrarse intactasy las limitaciones suelen venir dadas más por aspectos "de segundo nivel": tristeza, falta de impulso, falta de ilusión, tendencia al aislamiento, emotividad; y suelen ser compatibles con una actividad laboral adecuada a expensas de un esfuerzopor parte del paciente, actividad además recomendada habitualmente por los psiquiatras como factor beneficioso en su tratamiento y estabilización.

En el caso de la actora, según informa el médico forense, su síndrome depresivo ansioso se vio agravado por el proceso oncológico desde 2021, y está en seguimiento y tratamiento.

Dicho lo anterior, hemos de señalar que de la propia definición del precepto invocado - art. 194.1 c) LGSS- cuya infracción se denuncia, se infiere, como ha venido declarando el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones (por todas, STS 11-02-91) que para estimar existente el grado de incapacidad permanente absoluta, es de todo punto necesario que el interesado se encuentre imposibilitado de llevar a cabo los trabajos y funciones propios de cualquier profesión u oficio, aun los de carácter liviano o sedentario. Y no se acredita, con el relato fáctico de la sentencia de instancia, que la actora esté limitada hasta ese punto.

Y pese a que, como recordaba la STS de 27-02-90, la prestación de un trabajo, por liviano que sea, incluso el sedentario sólo puede realizarse mediante la asistencia diaria al lugar de empleo, permanencia en él durante la jornada, estar en condiciones de consumar una tarea, siquiera sea leve, que ha de demandar un cierto grado de atención y una moderada actividad física, lo cierto es que el cuadro patológico que presenta la actora, no incompatibiliza a ésta, con cualquier trabajo por cuenta ajena, aun cuando el desarrollo de éste, exija por definición, un mínimo rendimiento y asiduidad; pudiendo realizar trabajos compatibles con su estado clínico; trabajos que no exijan cargar pesos o realizar actividades de sobrecarga aún ligera con su miembro superior izquierdo, o actividades que exijan levantar dicho miembro superior por encima de la cabeza.

Así las cosas, y en atención a lo expuesto, compartimos la conclusión alcanzada por la juzgadora de instancia, en la que objetiva como limitación principal, la que sufre en el hombro izquierdo, no dominante, para realizar sobrecargas ligeras, y para levantar el brazo por encima de la cabeza; no teniendo entidad suficiente el resto de dolencias y padecimientos para justificar una incapacidad.

Las limitaciones expuestas justifican el reconocimiento de la Incapacidad permanente total para su profesión habitual, que presenta unos requerimientos de manejo de cargas, columna cervical y dorsolumbar de 1/4, no estando justificada por el momento, la pretensión aquí deducida de Incapacidad Permanente Absoluta; y de acuerdo con las consideraciones expuestas, no se aprecian en la sentencia recurrida las infracciones denunciadas, por lo que procede su confirmación íntegra.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia, que estimó la pretensión subsidiaria de la actora, y declaró a esta en situación de Incapacidad permanente total para su profesión habitual de Educadora infantil, derivada de Enfermedad Común, se alzan en suplicación ambas partes; la parte actora, postulando el reconocimiento de una Incapacidad permanente absoluta; y la Seguridad Social, interesando la revocación de la sentencia recurrida, y la absolución del INSS de las pretensiones deducidas en su contra.

El recurso de la parte actora no fue impugnado de contrario; y el recurso del INSS fue impugnado por la parte actora, interesando en primer lugar su inadmisión toda vez que el INSS no ha cumplido lo exigido en la norma procesal, limitándose a presentar certificación acreditativa del pago de pensión, sin proceder de facto a su pago, entendiendo que tal omisión resulta insubsanable. Invoca la STS de 31-03-25. Subsidiariamente, se opone a la estimación del recurso presentado por el INSS.

SEGUNDO.-Con carácter previo, nos centramos en la causa de inadmisibilidad opuesta por la parte actora respecto al recurso del INSS.

"El art. 230.2 de la LRJS dispone que, en materia de Seguridad Social, se aplicarán las siguientes reglas: "c) Si en la Sentencia se condenara a la Entidad Gestora de la Seguridad Social, está quedará exenta del ingreso prevenido en los apartados a) y b) anteriores, pero deberá presentar ante la oficina judicial, al anunciar o preparar su recurso, certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso, hasta el límite de su responsabilidad, salvo en prestaciones de pago único o correspondientes a un periodo ya agotado en el momento del anuncio. De no cumplirse efectivamente este abono se pondrá fin al trámite del recurso".

Sobre dicha cuestión se ha pronunciado en diversas ocasiones la Sala IV, resumiendo su doctrina la Sentencia invocada por la parte actora impugnante del recurso del INSS, STS 169/2025 de 5 de marzo, rec. 1666/2022, en los siguientes términos:

"a) Es doctrina constante de esta Sala IV la que afirma que estamos ante una exigencia que afecta al orden público procesal, y que se revela como «condición sine qua non para la admisibilidad de esos medios impugnativos» ( STS 30 de noviembre de 2005, rcud. 434/2004 ). Para poder recurrir sentencias en materia de prestaciones periódicas de la Seguridad Social deberá cumplirse el requisito del inicio del pago de la prestación a cuyo abono hubiera sido condenada la Seguridad Social en los casos de recursos entablados por los organismos de esta.

El fin de esta exigencia es que el beneficiario, que tiene por sentencia judicial reconocido un derecho de contenido económico, no quede desasistido durante la tramitación del recurso, evitando que le perjudique el ejercicio por la EG de su derecho al recurso ( STC 110/92 ). En (EDJ 1992/8753) STS IV de fecha 27 de octubre de 2023, rcud. 3162/2021 , reproducimos ese objetivo de garantía de la cobertura de las situaciones de necesidad que las prestaciones de Seguridad Social tratan de subvenir. También que por ello la certificación debe acreditar el abono real y efectivo, y no un mero compromiso ( STC 27/1988, de 23 de febrero (EDJ 1988/343), STC 124/1987, de 15 de julio (EDJ 1987/124)).

Al mismo carácter de requisito ineludible hacemos referencia en numerosos autos enjuiciando recursos de queja interpuestos frente a decisiones de inadmisión adoptadas por los TSJ. Entre otros muchos el ATS de 16 de enero de 2020, rcud. 55/2019 , contemplando un supuesto en el que al momento del anuncio del recurso de suplicación (31 de enero de 2019) no se había comenzado el efectivo abono de la prestación, sino que se inició más de tres meses después, confirmaba el acuerdo de no tener por preparado el referido recurso.

b) En STS 853/2023, de 27 de octubre, rcud 3162/2021 , recordamos nuevamente la finalidad de la certificación requerida por la norma: en garantizar la cobertura de las situaciones de necesidad que las prestaciones de Seguridad Social tratan de subvenir. Por esa razón, la certificación «debe acreditar el abono real y efectivo, no un mero compromiso ( STC 27/1988, de 23 de febrero (EDJ 1988/343), STC 124/1987, de 15 de julio (EDJ 1987/124)). De esta forma, aun cuando la falta de pago por parte de la Entidad Gestora fue meramente temporal, debida a un error, habiendo procedido a reanudar el abono de la totalidad de la prestación, una vez advertido dicho error hay que poner fin al trámite del recurso ATS 28 enero 2010, Rcud. 390/2008 ) (EDJ 2010/20253).».

Así mismo, se apunta que el requisito de la certificación se produce no sólo en los supuestos de reconocimiento por la sentencia de la prestación, sino también en aquellos en los que la sentencia la reconoce por una cuantía superior a la administrativamente obtenida -como ocurre en el presente supuesto-. En estos casos se debe certificar el abono del importe incrementado por la sentencia. ( ATS 28 julio 1999, R. 2199/1998 ). La finalidad de la norma, que es la de garantizar la percepción de las cantidades reconocidas durante la tramitación del recurso.

a) La STS 845/2024, de 4 de junio, rcud 538/2023 , abordaba un supuesto en el que «la certificación del INSS aportada es de fecha 18 de febrero de 2022, sin embargo, la gestora no dio orden de pago hasta el 18 de marzo de 2022, esto es, un mes después, y el pago no se produce tampoco el 18 de marzo, a la vista de los documentos bancarios aportados por el beneficiario de esos días, ni tampoco se materializa el 24 de marzo de 2022 (folios 237 o 152, ya que aparece doblemente foliado el expediente), cuando se le abona la pensión por importe de 1.812,07 euros, sin incluir el complemento, ya que comprobamos como ese importe, 1.812,07 euros, es el mismo importe abonado un mes antes, el 24 de febrero de 2022 (folio 240 o 155).En definitiva, el motivo debe ser desestimado, declarando ajustado a derecho la inadmisión del recurso de suplicación del INSS que efectuó la sentencia recurrida, de modo que deviene, no ya innecesario, sino improcedente entrar a conocer del segundo de los motivos articulados en el recurso por el INSS atinente al fondo del debate suscitado en el litigio.».

En el supuesto que nos ocupa, se dictó sentencia por el Juzgado de lo Social 17 de Madrid el 7-02-25, condenando al INSS al abono de la prestación de Incapacidad permanente total a la actora, con una base reguladora de 1112,50 euros y con efectos del cese en el trabajo.

- el INSS presenta escrito anunciando el recurso el día 18-02-25, y aportando certificación de la Directora Provincial en la que se indicaba que "en cumplimiento del Art. 230. 2, c) de la Ley3612011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdícción soc¡al, secomenzará el abono de la prestación reconocida en la sentencia dictada enla demanda promovida por Marisol una vez seden las circunstancias establecidas en el fallo de la sentencia recurrida(cese empresa) Y, se proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso."

- Formaliza el recurso el día 18-03-25.

- El día 31-03-25 la parte actora presenta escrito de impugnación al Recurso formulado por el INSS interesando la Inadmisión del mismo al no haberse comenzado el abono de la prestación; invoca la STS de 31-03-25.

-A requerimiento del juzgado en DIOR de 7-04-25, presenta nuevo escrito la parte actora, en fecha 9-04-25 aclarando que en la fecha en que se presentó su escrito, el 31-03-25, el INSS no había comenzado el abono de la prestación.

-De dicho escrito se dio traslado al INSS en DIOR de 10-04-25, sin que nada alegara; y en DIOR de 25-04-25 se acuerda elevar el procedimiento a la Sala, sin que el INSS presentase alegación alguna, a propósito de lo alegado por la actora en su impugnación.

-Y lo cierto es que no consta, por no haberse acreditado, la fecha en que se comenzó el abono de la prestación, en caso de haberse comenzado; mas lo cierto es que ni se había comenzado en la fecha del anuncio ni en la de la propia formalización del Recurso por el INSS; con lo que la Entidad Gestora incumplió la obligación de pago impuesta por la sentencia de instancia,siendo un incumplimiento insubsanable, por lo que debió ponerse fin al trámite de dicho recurso; procediendo en esta fase ya en la Sala, desestimar el recurso del INSS por cuanto no cumplió el requisito legalmente exigido, ya que la certificación aportada por el INSS, al anunciar el recurso de suplicación, no es la legalmente exigida, sino la de que "se comenzará el pago de la prestación reconocida por el citado Juzgado de lo Social una vez se cumplan las condiciones que para efectuar dicho pago se fijan en el fallo de la sentencia".

El hecho de que los efectos económicos de la prestación de IPT reconocida a la actora sea la fecha de cese en el trabajo, no exime al INSS de abonar la prestación desde el anuncio del recurso y durante su tramitación, ya que se trata de un requisito de acceso al recurso de suplicación del que solo se excepcionan los supuestos de condena a prestaciones de pago único o correspondientes a un período ya agotado en el momento del anuncio. De ahí que, ante la ausencia de prueba alguna por parte del INSS que acredite el efectivo abono de la pensión o que la actora se encuentre trabajando, resulta forzoso concluir que concurre la causa de inadmisibilidad alegada, habida cuenta que el INSS tuvo que comenzar el abono de la prestación de incapacidad permanente total reconocida en la sentencia ateniéndose a los términos legales, teniendo en cuenta que el reconocimiento del grado es incompatible con el desempeño de la profesión para la que le fue reconocido. Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso del INSS.

TERCERO.-Nos detenemos ya por tanto en el recurso formulado por la parte actora, en el que se interesa la revocación de la sentencia recurrida, y el reconocimiento a la actora de una Incapacidad permanente absoluta.

Se interesa, por el cauce del apartado b) la revisión del HECHO PROBADO CUARTO en cuanto a las dolencias psiquiátricas, y en cuanto a las dolencias alérgicas.

-En cuanto a las primeras, con apoyo en el Informe de Psiquiatría de 31-10-23, propone la adición al último párrafo de la página 3 de la sentencia, de lo siguiente:

"Continúa indicando el citado Informe

A fecha de hoy, la paciente continúa presentando sintomatología ansioso_depresiva de forma que realiza conductas de salud hacia sí misma con gran esfuerzo. Aqueja mala higiene de sueño, y expresando ansiedad con tendencia a las conductas evitativas ante contacto relacional que establece, con tendencia a no realizar actividades domésticas. La impresión clínica continúa siendo de gran afectación, por lo que se le ha planteado a la paciente la necesidad de una incapacidad laboral ante su estado actual, pues aún a día de hoy se ve invadida y desbordada emocionalmente.

Dichas alteraciones psiquiátricas le originan una disminución notoria de su capacidad laboral y de relación interpersonal, debido a los síntomas que padece, así como a los efectos secundarios e inevitables derivados de la ingesta de psicofármacos que debe continuar tomando. A día de hoy, precisa ajuste de tratamiento farmacológico, deseos de mejoría, identifica la medicación y seguimiento como posibles herramientas de ayuda. Buen insight.

En este momento no estaría capacitada para desempeñar una actividad laboral, debido a la sintomatología derivada de la depresión refractaria a los diversos tratamientos ensayados que le impiden realizar cualquier tipo de actividad por simple que sea.

En función de todo lo expuesto, considero que las alteraciones psicopatológicas y psiquiátricas que sufre la paciente ponen de manifiesto la imposibilidad de la paciente para desarrollar cualquier tipo de actividad laboral."

Como recuerdan, entre otras, las Sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 16 de junio (Recurso de Casación 273/2014) o 28 de julio de 2015 (RCUD 1925/2014), "es doctrina reiterada de esta Sala que si en los hechos declarados probados se hace referencia a documentos que figuren a los folios que se detallen concretamente y que se han dado por reproducidos, no es necesaria su completa trascripción, posibilitándose su integración en los referidos hechos"y que "si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia"( SSTS/IV 13- noviembre-2007 (RJ 2008, 999-rco 77/2006, 14-mayo-2013 (RJ 2013, 6080)rco 285/2011, 5-junio-2013 -rco 2/2012, 18-junio-2013 (RJ 2013, 5738)-rco 99/2012, 16-septiembre-2014 (RJ 2014,5213) -rco 251/2013).

Habida cuenta que el ordinal cuarto en el párrafo indicado, se hace referencia al Informe de psiquiatría de 31-10-23, que fue examinado y valorado por la juzgadora, dejando constancia en el relato fáctico de las afirmaciones realizadas respecto de la exploración física; y pudiendo la Sala contar con el contenido íntegro de dicho Informe, sin necesidad de extractar partes del mismo. Por lo que el motivo se desestima.

-En segundo lugar se interesa la revisión del mismo hecho probado CUARTO, en lo relativo a la alergología, añadiendo al primer párrafo de la página 4, lo siguiente:

"Alergia AINES (todos) (Tolera paracetamol, etoricoxib y meloxicam). Otros (Cefalosporinas, excepto cefditoreno)".

Y lo apoya, al igual que la juzgadora en el informe de alergología 5/09/2024, aportado por la actora como documento nº 1 de 26/01/2025,al que expresamente hace remisión el hecho probado en cuestión; por lo que nos remitimos a lo señalado respecto del motivo anterior, y lo desestimamos por las mismas razones.

CUARTO.-En sede de censura jurídica, con expreso sustento procesal en el apartado c) del art. 193 LRJS se denuncia por el recurrente la infracción del art. 194.1 c ) LGSS por inaplicación.

Sostiene que la actora, conforme a las dolencias reflejadas en el hecho probado cuarto, justifican el reconocimiento de la Incapacidad permanente absoluta solicitada, refiriéndose en particular a lo siguiente:

i. Hallazgos sugestivos de pinzamiento subacromial con bursitis SAD.

ii. No debe coger peso ni realizar actividad sostenida con brazo izquierdo. No debe realizar posturas fijas ó mantenidas con columna cervical y MSI. Evitará esfuerzo, traumatismos, heridas, pinchazos ó quemaduras en miembro superior izquierdo.

iii. Esteatosis grado I/IV / hepatopatía crónica.

iv. Sintomatología ansioso depresiva.

v. Asma persistente moderado mal controlado. disnea realizando esfuerzo como subir escalera.

vi. Dolor generalizado crónico de perfil fibromiálgico y síndrome de fatiga crónica.

vii. Limitación en hombro izquierdo (no dominante) para realizar cualquier tipo de sobrecarga ligera, así como levantar el brazo por encima de la cabeza.

Argumenta que la sentencia tan solo repara en las afecciones relativas al brazo izquierdo, ignorando otras muy graves, que justificarían la IPA postulada, ya que la capacidad residual de la trabajadora es inexistente.

Invoca STS de 15-06-22 rec 3014/2021 a cuyo tenor el dolor crónico generalizado en conjunción con otras patologías graves, justifica el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta, cuando impide desarrollar cualquier ocupación con habitualidad y profesionalidad. E invoca diversas sentencias de esta Sala del TSJ de Madrid, que no constituyen jurisprudencia.

Centrado así el objeto de debate, el art. 193 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, aplicable al presente supuesto, define la incapacidad permanente como "la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Y define en su art. 194 en la redacción dada por la Disposición Transitoria vigésimo sexta, hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente el citado precepto, la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo en su apartado 5, como aquella que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.Y la Incapacidad permanente total para la profesión habitual, en su apartado 4 como aquella que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

De acuerdo con el relato fáctico que luce la sentencia recurrida, que se se ha mantenido inalterado, y del que, por tanto, esta Sala debe partir, la actora presenta el cuadro clínico descrito en el hecho probado cuarto, entendiendo la juzgadora que no tiene abolida su capacidad laboral, aún cuando lo estaría para el desempeño de su profesión habitual de educadora infantil; se remite al Informe de rehabilitación de 3-01-25 en el que se consigna que "la actora no debe coger peso ni realizar actividad sostenida con brazo izquierdo. No debe realizar posturas fijas o mantenidas con columna cervical y MSI. Evitará esfuerzos".

Y en el mismo sentido se pronuncia el Médico Forense en su Informe de 10-09-24, en el que como limitaciones objetivadas, únicamente se refiere a la limitación en hombro izquierdo no dominante, para realizar cualquier sobrecarga ligera, o para levantar el brazo por encima de la cabeza.

En cuanto al pinzamiento subacromial, no tiene entidad suficiente para determinar una incapacidad permanente absoluta; la esteatosis grado I/IV con hepatopatía crónica, con quiste hepático, no consta la repercusión funcional de dicha dolencia, en la capacidad laboral de la actora.

El asma persistente le limita para esfuerzos físicos, por la disnea que le ocasiona, sin que justifique tampoco una abolición de su capacidad laboral.

El dolor no es una patología en sí, sino un síntoma, y es dificilmente objetivable.

Y finalmente en cuanto a la patología psiquiátrica presenta la actora un trastorno depresivo recurrente que le ocasiona clínica ansiosa, sin alteraciones sensoperceptivas ni ideación delirante, conservando juicio de realidad.

Distingue al respecto de dichas patologías psiquiátricas el Manual de Actuación para Médicos del INSS, que utilizamos como orientativo, entre dos grupos bien diferenciados dentro de las patologías psiquiátricas, a saber, por un lado, aquellas patologías graves y habitualmente crónicas, que suelen afectar a las facultades superiores,suelen ser progresivas, y alteran el juicio sobre la realidad (esquizofrenias y psicosis de curso crónico y progresivo o con frecuentes recurrencias y síntomas residuales, trastornos bipolares, trastornos depresivos crónicos severos o con síntomas psicóticos, demencias) cuya presencia determina en general, a no ser que se constate una evolución satisfactoria o al menos estable, y sin criterios de severidad, que la capacidad laboral esté mermada de forma considerable, y en general deben ser valorados de cara a una posible incapacidad permanente.

Y el otro grupo, en el que estaría incluida la actora, lo constituyen los síndromes depresivos de mayor o menor entidad, trastornos de ansiedad, fobias, trastornos de la personalidad, trastornos adaptativos, etc;grupo mucho más numeroso en el que sin embargo las facultades superiores (pensamiento, juicio, lenguaje) suelen encontrarse intactasy las limitaciones suelen venir dadas más por aspectos "de segundo nivel": tristeza, falta de impulso, falta de ilusión, tendencia al aislamiento, emotividad; y suelen ser compatibles con una actividad laboral adecuada a expensas de un esfuerzopor parte del paciente, actividad además recomendada habitualmente por los psiquiatras como factor beneficioso en su tratamiento y estabilización.

En el caso de la actora, según informa el médico forense, su síndrome depresivo ansioso se vio agravado por el proceso oncológico desde 2021, y está en seguimiento y tratamiento.

Dicho lo anterior, hemos de señalar que de la propia definición del precepto invocado - art. 194.1 c) LGSS- cuya infracción se denuncia, se infiere, como ha venido declarando el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones (por todas, STS 11-02-91) que para estimar existente el grado de incapacidad permanente absoluta, es de todo punto necesario que el interesado se encuentre imposibilitado de llevar a cabo los trabajos y funciones propios de cualquier profesión u oficio, aun los de carácter liviano o sedentario. Y no se acredita, con el relato fáctico de la sentencia de instancia, que la actora esté limitada hasta ese punto.

Y pese a que, como recordaba la STS de 27-02-90, la prestación de un trabajo, por liviano que sea, incluso el sedentario sólo puede realizarse mediante la asistencia diaria al lugar de empleo, permanencia en él durante la jornada, estar en condiciones de consumar una tarea, siquiera sea leve, que ha de demandar un cierto grado de atención y una moderada actividad física, lo cierto es que el cuadro patológico que presenta la actora, no incompatibiliza a ésta, con cualquier trabajo por cuenta ajena, aun cuando el desarrollo de éste, exija por definición, un mínimo rendimiento y asiduidad; pudiendo realizar trabajos compatibles con su estado clínico; trabajos que no exijan cargar pesos o realizar actividades de sobrecarga aún ligera con su miembro superior izquierdo, o actividades que exijan levantar dicho miembro superior por encima de la cabeza.

Así las cosas, y en atención a lo expuesto, compartimos la conclusión alcanzada por la juzgadora de instancia, en la que objetiva como limitación principal, la que sufre en el hombro izquierdo, no dominante, para realizar sobrecargas ligeras, y para levantar el brazo por encima de la cabeza; no teniendo entidad suficiente el resto de dolencias y padecimientos para justificar una incapacidad.

Las limitaciones expuestas justifican el reconocimiento de la Incapacidad permanente total para su profesión habitual, que presenta unos requerimientos de manejo de cargas, columna cervical y dorsolumbar de 1/4, no estando justificada por el momento, la pretensión aquí deducida de Incapacidad Permanente Absoluta; y de acuerdo con las consideraciones expuestas, no se aprecian en la sentencia recurrida las infracciones denunciadas, por lo que procede su confirmación íntegra.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,