Sentencia Social 638/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Segunda, Rec. 89/2025 de 25 de septiembre del 2025

PRIMERO.- 1. Recurre el demandante la sentencia de instancia que desestima la demanda formulada a su instancia frente a FOGASA, haciéndolo a través de cuatro motivos de recurso, formulados el primero de ellos al amparo del apartado a) del artículo 193 de la LRJS y para reponer los autos al momento de dictar sentencia, los dos motivos siguientes se formulan al amparo del apartado b) de dicho precepto y el último al amparo del apartado c) de tal precepto para el examen de las infracciones jurídicas apreciadas, y solicitando que se dicte en su día sentencia por la que: "a. Con la estimación del PRIMER MOTIVO, se retrotraigan las actuaciones al momento de dictar sentencia para que se dicte una nueva en la que exista pronunciamiento específico y fundamentado ( art. 97.2 LRJS y 24.1 CE) relativo a la pretensión de la reclamación de la prestación en concepto de indemnización ex. art.33 ET reclamada en la demanda, a fin, de que se subsane y se resuelva sobre el verdadero objeto de la litis, siendo esta la reclamación de la prestación en concepto de la indemnización que se reclama en la demanda. i. Subsidiariamente, se solicita que conforme la facultad que le confiere el art. 230 de la LEC y 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se revoque la sentencia de instancia y se dicte nueva sentencia en la que pronunciándose de manera específica y fundamentada acerca de la prestación por indemnización reclamada al FOGASA, se declare el derecho del actor a cobrar 5.239,35€ en concepto de indemnización, condenando al citado organismo a abonar la diferencia por importe de 582,15. b. Con la estimación del SEGUNDO MOTIVO se solicita la modificación del HECHO PROBADO SEGUNDO en el sentido de la redacción propuesta: "Segundo. - En virtud de la sentencia número 477/2021 de fecha 21/12/2021, dictada por el Juzgado de lo Social número 27 de Madrid, se declaró la extinción del contrato de trabajo que unía al trabajador con la empresa Unitronics Comunicaciones S.A., con fecha de efectos de esa resolución, 21/12/2021 con derecho al trabajador a percibir una indemnización y salarios devengados que incluyen los intereses moratorios: indemnización de 12.017,01 euros y salarios de 22.480,90 euros (doc. 8 demandada)". Y con la modificación del hecho y la estimación de alguno o todos los motivos del recurso, que se revoque la sentencia de instancia y, partiendo de que la fecha de efectos de la extinción es el 21/12/2021 y se declare el derecho del actor a cobrar 582,15 € de diferencia en concepto de indemnización, condenando al FOGASA a su abono. c. Con la estimación del TERCER MOTIVO se solicita la modificación del HECHO PROBADO QUINTO en el sentido de la redacción propuesta: "Quinto. - En fecha 07/06/2021 el FOGASA emitió resolución en virtud de la cual reconocía al trabajador sr. Miguel Ángel el derecho a percibir la cantidad de 4.657,20 euros en concepto de indemnización calculado en base a un salario módulo de 77,62 euros y un total de 60 días reconocidos (doc. 4 demandada)". Y con la modificación del hecho y la estimación de alguno o todos los motivos del recurso, que se revoque la sentencia de instancia y, que se modifique el concepto de la reclamación de la prestación en concepto de indemnización y se declare el derecho del actor a cobrar 582,15 € de diferencia en concepto de indemnización, condenando al FOGASA a su abono. d. Con la estimación del CUARTO MOTIVO se revoque la sentencia de instancia y se dicte otra en la que, con aplicación correcta de los arts. 33 ET, 50.2ET, 56.1 ET, 110 LRJS y la jurisprudencia derivada, por todas, de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1019/2018 de 5 diciembre declare el derecho del actor a una prestación del FOGASA en concepto de indemnización por importe de 5.239,35€, condenando al citado organismo a abonar la diferencia de 582,15€".

2. Con carácter previo a la resolución del recurso formulado, debemos señalar que en pie de recurso el juzgador de instancia concedió recurso de suplicación contra su sentencia, criterio éste que no vincula a esta Sala al tratarse de normas de orden público procesal apreciables de oficio pues ha de indicarse que constituye deber inexcusable de los Tribunales velar por la legalidad y el estricto cumplimiento de las normas procesales, en cuanto cauce de todo ordenamiento jurídico, lo que obliga a esta Sala a examinar de oficio, y con carácter prioritario si contra la sentencia impugnada cabría o no recurso de suplicación. En efecto, el principio de legalidad, que ha de regir el orden formal del proceso, dado el carácter de orden público y de derecho necesario que tienen las normas de procedimiento, obliga a los tribunales, como misión primordial a los mismos encomendada, la de velar por su pureza en cuanto a su aplicación, y entre ellas se encuentran las normas referentes a la procedencia de los recursos contra las resoluciones procesales - sentencias del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1971 ( RJ 1971, 1134), 25 de enero ( RJ 1972, 315), 10 de febrero ( RJ 1972, 491), 24 de marzo (RJ 1972, 1219) y 20 de junio de 1972 ( RJ 1972, 3177), 23 de abril (RJ 1975, 2115) y 30 de junio de 1975 y del Tribunal Central de Trabajo de 27 de noviembre de 1973 ( RTCT 1973, 4800), 25 de septiembre (RTCT 1974, 3695) y 15 de noviembre de 1974 (RTCT 1974, 4770), 3 (RTCT 1975, 4064) y 8 de octubre de 1975 (RTCT 1975, 4743). En base a la doctrina antedicha la Jurisprudencia ha manifestado en reiteradas ocasiones que aunque la sentencia hubiera proclamado su recurribilidad y se hubiera tramitado el recurso , sin discusión procesal en este extremo por ninguna de las partes, el Tribunal debe examinar igualmente de oficio tal cuestión al ser materia de orden público, y de apreciar el defecto, declarar la inadmisibilidad de aquél, declarando firme la resolución de instancia, de acuerdo con el clásico apotegma de que las causas de inadmisión se convierten en trámite de recurso en motivos de desestimación.

Solicita la parte actora en su demanda que se condene a FOGASA por el concepto de diferencias en la indemnización reconocida, a abonar al actor la suma de 582,15 euros, de manera que se le reconozca como importe indemnizatorio la suma de 5.239,35 euros frente a la suma reconocida por dicho organismo de 4.657,20 euros. La LRJS, en lo relativo a la admisión de los recursos de suplicación por razón de la materia, dispone su art. 191.2.g) que no procederá recurso de suplicación, en "reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros", lo que nos llevaría a considerar que no cabía recurso de suplicación frente a la sentencia recurrida. Sin embargo, la parte recurrente plantea su primer motivo de recurso al amparo del apartado a) del artículo 193 de la LRJS para reponer los autos al momento de dictar sentencia, y alegando que concurre un supuesto de incongruencia omisiva y extra petita en la Sentencia que genera indefensión ( art. 24 CE, 216 LEC, 218 LEC, art. 97.2 LRJS) , al considerar que ha quedado sin juzgar la pretensión relativa a la reclamación de la prestación en concepto de indemnización ex. art.33 ET reclamada en la demanda, de manera que se denuncia en este motivo la infracción de las garantías del procedimiento al no haberse resuelto en la sentencia acerca de la pretensión de la reclamación de 582,15 euros en concepto de indemnización. El artículo 191-3 d) de la LRJS, señala que procederá en todo caso la suplicación, "cuando el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión del intento de conciliación o de mediación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan producido indefensión. Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los límites de la suplicación la sentencia, resolverá sólo sobre el defecto procesal invocado." En consecuencia, en el presente caso no alegándose ni constando circunstancia alguna a partir de la cual se pudiera entender que estamos ante un supuesto de afectación general que permite en todo caso el acceso al recurso de suplicación, solo cabe analizar las cuestiones planteadas por la parte recurrente con amparo del apartado a) del artículo 193 LRJS alegando la infracción de normas del procedimiento que dice le han producido indefensión, y así si procede o no declarar la nulidad de la sentencia dictada reponiendo los autos al momento anterior al dictado de la misma, no pudiendo esta Sala en ningún caso entrar a conocer del fondo del asunto y así sobre los motivos formulados al amparo del apartado b) y c) del artículo 193 de la LRJS pues el fondo del asunto no está comprendido dentro de los límites de la suplicación dada la cuantía objeto del procedimiento.

SEGUNDO. -1. Denuncia la parte recurrente en el primer motivo de recurso que se formula al amparo del apartado a) del artículo 193 de la LRJS que concurre un supuesto de incongruencia omisiva y extra petita en la Sentencia que genera indefensión ( art. 24 CE, 216 LEC, 218 LEC, art. 97.2 LRJS) , habiendo quedado sin juzgar la pretensión relativa a la reclamación de la prestación en concepto de indemnización ex. art.33 ET reclamada en la demanda. Se argumenta que no ha resuelto la sentencia acerca de la pretensión de la reclamación de 582,15 euros en concepto de indemnización. Alega que se reclamaban al FOGASA salarios e indemnización, que la resolución dictada se pronunció sobre ambas prestaciones, que los salarios se reconocieron con el límite de 120 días (9.314,40 euros) y no han sido objeto de la demanda y que la indemnización se reconoció por 60 días (4.657,20 euros) y sí ha sido objeto de la demanda. Hace referencia a la petición de la demanda que se centra en las diferencias que advierte en cuanto a la indemnización reconocida por el organismo demandado, indicando que lo que se reclama en la misma es en concepto de indemnización, y que sin embargo los hechos probados incurren en errores al confundir lo reconocido por indemnización señalando que lo era por salarios, y que luego en la fundamentación la sentencia continúa razonando acerca de que se ha alcanzado el límite de 120 días (aplicable a salarios) de manera que el juez a quo, confundiendo ambos conceptos en la expresión "salarios de indemnización", confunde los límites para salarios (120 días), con los límites para indemnizaciones (365 días) y en su fundamentación, resuelve sobre una cuestión no pedida (límites sobre salarios), dejando sin juzgar lo que sí se había pedido (prestación sobre indemnizaciones, a las que no alcanzar el límite de 120 días). Se alega que se formula esta denuncia por el apartado a) del artículo 193 de la LRJS al entender que es el correcto conforme a la jurisprudencia, pero que no obstante, al amparo del art. 231 de la LEC, si el Tribunal entendiera que el cauce adecuado fuera el previsto en el art. 193.c) de la LRJS, siendo interés de esta parte cumplir escrupulosamente con todos los requisitos de este recurso extraordinario, se solicita que se tenga por formulado el presente motivo con la denuncia de la infracción de la normativa citada en el encabezado del motivo. Se cita el art. 216 de la LEC y el art. 218 de la LEC indicando que la sentencia, debe hacer mención a todos los hechos objeto de debate y con transcendencia en el fallo y además, debe motivar su decisión con los debidos fundamentos jurídicos ( art. 97.2 LRJS) y que en el presente caso, tanto en el hecho probado quinto como en el párrafo tercero del fundamento de derecho segundo, el objeto de debate se desplaza hacia una reclamación de salarios (no pedida), omitiendo el análisis de la reclamación de indemnización (sí pedida), de manera que la sentencia genera indefensión por no resolver lo pedido, lo que ha ocasionado tanto una incongruencia omisiva que genera indefensión a esta parte ( art.24.1 CE) dado que la sentencia recurrida no se pronuncia sobre la indemnización y el objeto concreto de la litis (esto es, 582,15 € por indemnizaciones), como una incongruencia extra petita al pronunciarse sobre algo no pedido, esto es, sobre la responsabilidad del FOGASA y los requisitos para asumir las prestaciones derivadas de salarios. Y se solicita que, con la estimación de este motivo, se retrotraigan las actuaciones al momento de dictar sentencia para que se dicte una nueva en la que exista pronunciamiento específico y fundamentado ( art. 97.2 LRJS y 24.1 CE) relativo a la reclamación en concepto de indemnización adeudada por el FOGASA al haber emitido resolución errónea y subsidiariamente, se solicita que conforme la facultad que le confiere el art. 230 de la LEC y 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se revoque la sentencia de instancia y se dicte nueva sentencia en la que pronunciándose de manera específica y fundamentada acerca de la prestación por indemnización reclamada al FOGASA, se declare el derecho del actor a cobrar 5.239,35€ en concepto de indemnización, condenando al citado organismo a abonar la diferencia por importe de 582,15.

2. Alegada la existencia de nulidad de actuaciones es obligado examinar no solo la infracción alegada , y si se ha cometido o no, sino también si se ha producido una indefensión a la parte que invoca la nulidad , entendida ésta como un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en la que se impide a una parte, por el órgano judicial, en el curso del proceso, el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción.

En cuanto a la incongruencia de sentencia (motivo alegado por el recurrente) dentro de la misma ha de distinguirse la omisiva (por no haber resulto todos los temas planteados en el debate procesal) o por exceso, y dentro de esta última a su vez hay que distinguir entre la incongruencia por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o bien algo distinto de lo pedido (extra petitum). En ocasiones, ambas clases de incongruencia pueden presentarse unidas, concurriendo la llamada «incongruencia por error», denominación adoptada en la STC 28/1987, seguida por las SSTC 369/1993 y 111/1997, y que define un supuesto en el que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que erróneamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" ( STCo 136/1998, de 29 junio). Por otro lado, ciertamente la motivación de las resoluciones judiciales no sólo viene impuesta por el art. 120.3CE , sino que es una exigencia derivada del art. 24.1CE que tiene el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, posibilitando su control mediante el sistema de los recursos, a la par que está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho [ art. 1.1CE ] y con el carácter vinculante que para Jueces y Magistrados tiene la Ley, y que en todo caso es garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente, ya que en tal caso la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia (sobre tales extremos, SSTC 24/1990, de 15/Febrero (RTC 1990 , 24), FJ 4 ; ... 3/2011, de 14/Febrero (RTC 2011, 3), FJ 3 ; y 183/2011, de 21/Noviembre (RTC 2011, 183), FJ 5. SSTS 18/11/10 -rco 48/10 -; 23/11/12 -rco 104/11 -; y 21/10/13 -rco 104/10 -).

3. En el presente caso, ciertamente como alega la parte recurrente, el actor alegaba en su demanda que "en fecha de 7 de junio de 2021 se recibió resolución parcialmente estimatoria del FOGASA, que reconocía una indemnización de 4.657,20€, sobre una base salarial de 77,62€, esto es, 60 días. SEXTO.- Que la extinción de la relación laboral del trabajador extinguida mediante la referida sentencia, con efectos del 21 de diciembre de 2021, hace que la antigüedad del trabajador sea de 2,25 años (2 años, 2 meses y 20 días, redondeados al mes completo). Esto se confirma con el cálculo de la indemnización objeto de condena, 12.017,01€ (59.073,52€/365*2,25*33) De este modo, la indemnización que debió reconocer el FOGASA sería de 5.239,35€ (77,62*30*2,25). SÉPTIMO.- Que en consecuencia, se adeuda 582,15 de diferencia."

Y en el suplico de la sentencia se solicita que se dicte sentencia "por la que se reconozca el derecho de mi representado a percibir, 5.239,35€ en concepto de indemnización, condenando al citado organismo a abonar 582,15€".Pese a ello y a que la controversia en el presente procedimiento versaba sobre la indemnización reconocida por FOGASA por el concepto de prestaciones, la sentencia de instancia, tras citar lo que señala el artículo 33 ET en cuanto al abono de prestaciones, indica que "En el presente caso se cumplen ambos requisitos para que el FOGASA asuma el pago de los salarios de indemnización, y así se resolvió en la resolución de 07/06/2021, al acordar el pago de 4.657,20 euros. De acuerdo al artículo 33.1 del Estatuto de los Trabajadores el Fondo de Garantía Salarial abonará salario pendiente de pago o de tramitación hasta un máximo de 120 días de salario. Asimismo, el salario real percibido por el trabajador supera el doble del salario mínimo interprofesional del año de la insolvencia, límite establecido en el artículo 33.1 y 2 del citado Estatuto, por lo que la cantidad reconocida en la resolución de fecha 07/06/2021 es ajustada a derecho, desestimándose la demanda."De este modo y como apunta la parte recurrente la sentencia no ha resuelto la controversia planteada y así si el importe indemnizatorio reconocido por FOGASA es correcto o tiene derecho el actor a la diferencia reclamada en la demanda. Se pronuncia la sentencia sobre los salarios abonados por FOGASA refiriéndose a la suma de 4.657,20 euros, cuando sin embargo dicha suma se le reconoció al actor por indemnización como así se indica en la demanda y no se motiva ni argumenta acerca de las pretensiones de la demanda en relación a la antigüedad del trabajador y la previsión acerca del importe indemnizatorio a abonar por FOGASA conforme al artículo 33 ET, y así treinta días por año de servicio con el límite máximo de una anualidad, no argumentando nada la sentencia acerca de la razón por la que considera correcta la suma abonada por FOGASA, teniendo en cuenta que lo discutido por el actor no es el módulo salarial sino los días de indemnización reconocidos al entender que en lugar de 60 días que es lo que se le ha reconocido y que se correspondería con dos años de antigüedad, se le debió reconocer una antigüedad de 2,25 años. De este modo se resuelve sobre una cuestión no discutida en la demanda y se deja sin resolver la que sí es discutida incurriendo así en incongruencia omisiva y en falta de motivación que ha ocasionado indefensión al actor y que nos lleva a declarar la nulidad de la sentencia de instancia a fin de que se dicte una nueva en la que se resuelva sobre las pretensiones de la demanda argumentando y motivando el pronunciamiento del fallo a fin de que el actor pueda conocer la razón del sentido del mismo.

En consecuencia, estimamos el primer motivo de recurso, no procediendo entrar a conocer de los demás motivos formulados por falta de competencia funcional de la Sala para conocer del fondo de la pretensión.

TERCERO. -De conformidad con lo previsto en el artículo 235 LRJS no procede la imposición de costas dada la condición del actor de beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la falta de impugnación del recurso.

Por ello;

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,