Sentencia Social 429/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Segunda, Rec. 1199/2025 de 29 de abril del 2026

PRIMERO.- Frente a la Sentencia de instancia que desestima la demanda formulada por el actor, se alza el mismo interponiendo recurso de suplicación que ha sido impugnado por la empresa demandada y que articula el demandante a través de dos motivos de recurso formulados respectivamente al amparo del apartado b) y c) del artículo 193 de la LRJS y solicitando la revocación de la sentencia recurrida y que se dicte nueva sentencia en la que se estime la demanda formulada con las consecuencias inherentes a tal pronunciamiento incluida la correspondiente condena en costas.

SEGUNDO. -1. El primer motivo de recurso ya hemos indicado que se formula al amparo del artículo 193 b) de la LRJS solicitando en el mismo la modificación de la práctica totalidad de los hechos probados, y así de los hechos segundo al séptimo de la sentencia, manteniendo solo la redacción del hecho probado primero que se refiere a la contratación del actor y a su cese, y del octavo, noveno y décimo referidos a la papeleta de conciliación y celebración de tal acto y a la condición del actor que no consta sea representante de los trabajadores. En concreto el actor solicita que tales hechos probados segundo al séptimo, queden redactados como indicamos a continuación:

SEGUNDO. - Es de aplicación el Convenio Colectivo del Sector del Transporte Aéreo y Trabajos Aéreos con Helicópteros y su mantenimiento y reparación (hecho no controvertido), que establece lo siguiente: 5 - "(...) Tiempo de trabajo efectivo, aquel en el cual el trabajador se encuentra a disposición del empresario en el lugar designado por este y en ejercicio de su actividad, realizando las funciones propias de su titulación y/o capacitación a bordo de la aeronave, así como trabajos auxiliares que se efectúen en relación con la aeronave, sus pasajeros o carga" ( artículo 37) - "(...) Para el colectivo de mantenimiento se pacta el siguiente acuerdo de flexibilidad de la jornada: 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores , se establece la posibilidad de la empresa de distribuir irregularmente hasta el 10% de la jornada anual máxima 2. Esta distribución no podrá afectar al límite máximo de días de trabajo anual que está establecido en 225 días. 3. Procedimiento para la distribución irregular pactada. Entre la empresa y los trabajadores o sus representantes, pactarán el procedimiento para llevar a cabo esta distribución irregular de la jornada. En todo caso se respetará un plazo de preaviso mínimo de cinco días, por parte de la empresa al trabajador, para la notificación de la reducción o prolongación de la jornada." (artículo 38) - "Con carácter general, y a salvo de lo que más adelante se especifique para determinados colectivos, se respetará un descanso mínimo entre jornadas de doce horas. (...) 2. Personal de mantenimiento y vuelo. Para el personal de vuelo se respetará un descanso mínimo entre jornadas de diez horas y media, pudiéndose compensarse hasta las doce horas establecidas con carácter general en periodos de hasta cuatro semanas, siendo en todo caso el tiempo máximo de trabajo efectivo diario de ocho horas. En cuanto al descanso semanal y fiestas laborales, al menos ocho días han de ser disfrutados cada mes, en los términos, condiciones y excepciones previstos en el apartado 5.5 del anexo n.º 1 a la Circular Operativa 16-B." (artículo 39).

TERCERO. - El Sr. Cornelio prestaba sus servicios como Técnico de Mantenimiento de Aeronave, incluido en el Grupo Profesional 3, TMA (documento uno de la parte actora). Se desconoce la jornada realizada durante su relación laboral, ya que la empresa no disponía de registro horario.

CUARTO. - El actor solicita, por considerar que no se han respetado los descansos establecidos legalmente, un importe equivalente a 120 días, según el siguiente desglose: 6 - 96 días de descanso correspondientes al año 2023 (8 días al mes), sea en Estados Unidos o en España, dado que estaba en uno u otro lugar siempre a disposición de la empresa sin disfrutar de ningún descanso. - 14 días correspondientes a los festivos oficiales que tampoco fueron disfrutados por el trabajador, dada su plena disponibilidad y su desplazamiento a Estados Unidos durante la mayor parte del tiempo de duración del contrato, por necesidades de puesta a punto de la aeronave durante las negociaciones para su venta y posterior entrega. - 8 días de descanso correspondientes al mes de enero de 2024. - 2 días festivos correspondientes al mes de enero de 2024 (días 1 y 6 de enero).

QUINTO. - No se puede determinar los días ni las horas de jornada efectiva del Sr. Cornelio, ya que la empresa carecía de registro horario. En este sentido, únicamente se aporta por parte de la empresa comunicaciones extraoficiales - sin que conste su traslado al actor - sobre los vuelos de la tripulación y sus facturas correspondientes. En ningún momento se ha acreditado por parte de la empresa el cumplimiento de los descansos legalmente exigidos.

SEXTO. - La empresa pretende acreditar que la jornada no superaba la establecida por convenio con documentos tales como supuestos registros de horas de vuelo. Sin embargo, no puede ser valorado al no tratarse, el presente procedimiento, de la reclamación de ningún tripulante de cabina.

SÉPTIMO. - Estamos ante una inversión de la carga de la prueba a favor del trabajador ya que la empresa ha incumplido su obligación de llevar un registro horario objetivo y accesible. La empresa pretende acreditar la supuesta jornada del trabajador vinculada a las horas de vuelo. Sin embargo, a modo de ejemplo, en el documento 37 aportado por la empresa se recogen algunas de las operaciones técnicas realizadas por el actor, siendo muchas de ellas en días que no corresponden a ningún vuelo. Por ejemplo, en los resúmenes de los vuelos aportados de contrario (documentos 37 y 38), a pesar de que no coinciden entre ellos, en ninguno de los dos aparece el día 19 como día de vuelo. Sin embargo, en el documento 37 (folio 133) aparecen operaciones realizadas por el actor, en concreto:

En definitiva, y a pesar de haber intentado ocultarlo con el volumen de documentos, lo único acreditado por la empresa es el evidente descontrol de la misma en cuanto al horario y a las funciones del trabajador."

Y ante tal planteamiento de este motivo de recurso advertimos una defectuosa formulación técnica del mismo que nos debe llevar a su íntegra desestimación pues en cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS ( Ley 36/11 ( RCL 2011, 1845 ) ), que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) , la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12 ( RJ 2012, 5868 ) , Rec. 52/11 y 26/09/11 ( RJ 2011, 7615 ) , Rec. 217/10 ), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( SSTC 105/08 , 218/06 , 230/00 ), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04 , RJ 2004\3694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09 ) .Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08 , RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11 ( RJ 2012, 1883 ) , Rec. 216/10 ) .b) Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos. c) Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes. d) El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente. Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo. e) Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende. f) Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida. g) La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

En este caso, en cuanto al hecho probado segundo pretende adicionar distintos apartados del convenio colectivo de aplicación que conforme a la jurisprudencia citada no procede al ser el convenio colectivo una norma que no tiene que tener reflejo alguno en el relato fáctico, aunque la sentencia haya hecho referencia en el mismo a varios preceptos del convenio. En cuanto al hecho tercero, si bien conforme al contrato de trabajo, documento 1 del actor se acredita la categoría del actor y el Grupo profesional en el que está incluido, se trataría éste de un hecho indiscutido pues además la sentencia en ningún momento señala que el actor sea personal de vuelo y lo que se pretende con la modificación interesada es suprimir los extremos recogidos en tal hecho sobre la actividad del actor y que se fundan en la testifical practicada, y así en prueba pertinente valorada por el magistrado de instancia y que no cabe citar a la hora de instar al revisión fáctica, por lo que no procede la revisión interesada. Lo que hace la parte recurrente son argumentaciones y valoraciones que no caben a la hora de instar una revisión fáctica y procede además a valorar la testifical practicada entendiendo que la misma no se debió practicar, alegando irregularidades procesales que son propias de los motivos recogidos en el apartado a) del artículo 193 de la LRJS y que no pueden fundar una revisión fáctica. En todo caso en relación a tales irregularidades, alegando que el letrado de la empresa salió de la Sala, no consta en qué momento tuvo lugar tal hecho pues no se indica, no consta que pese a tal salida de la Sala que como decimos desconocemos la razón por la que se produjo ni si la parte actora se opuso o no a tal salida de la Sala, ello no implica que el abogado hablara con su testigo al salir, son meras suposiciones, y además ya se alegó tal circunstancia en el acto de juicio, el magistrado pese a ello admitió la prueba testifical y frente a tal admisión para su valoración en sentencia, no se formuló protesta alguna la parte recurrente, por lo que no cabe ahora tras la valoración efectuada por el magistrado de instancia, alegar tal irregularidad procesal y además por un cauce inapropiado y así al instar la revisión de los hechos probados. Además, la modificación interesada pretende recoger en tal hecho probado un hecho negativo y así que se desconoce la jornada realizada durante su relación laboral, que no cabe incluir en el relato fáctico en el que lo que deben reflejarse son los hechos acreditados y no los que se desconocen. En todo caso resulta sorprende que el propio trabajador desconozca el horario y jornada que realizó durante su relación laboral que parece es lo que interesa que se recoja en el relato fáctico, teniendo en cuenta que reclama por descansos no disfrutados y por horas extraordinarias, lo que supone que debe conocer cuál fue su jornada y horario puesto que reclama tales conceptos.

En cuanto al hecho probado cuarto, que recoge lo que el actor solicita en la demanda, pretende adicionar una apreciación y valoración, y así que se reclaman por no haberse respetado los descansos establecidos, y tal valoración debe quedar al margen del relato fáctico, teniendo en cuenta que en cuanto a la demanda y a lo que se argumenta para las peticiones que se formulan, debe estarse a lo que consta en la misma.

En cuanto a las modificaciones interesadas de los hechos quinto, sexto y séptimo, de forma global respecto de todos ellos, lo que se realiza por la parte recurrente son argumentaciones y valoraciones acerca de la prueba tenida en cuenta por el magistrado de instancia para llegar a los extremos recogidos en los mismos, argumentaciones, hipótesis y valoraciones que no caben a la hora de instar una revisión fáctica y además no se cita documental alguna para apoyar las revisiones fácticas pretendidas que por otro lado no pretenden recoger hechos sino que llevan a cabo una valoración y argumentación acerca de lo probado y lo que entiende no se acreditó, insisten en que no se pueden determinar los días de jornada efectiva del actor, lo que volvemos a indicar resulta sorprendente pues al menos el trabajador conocerá los días y horas en las que prestó servicios efectivos, y al no cumplir en forma alguna la parte actora a la hora de articular tales revisiones fácticas con los requisitos que se exigen para poder formular un motivo destinado a la revisión fáctica, conteniendo conceptos predeterminantes del fallo, valoraciones jurídicas y pretendiendo una valoración global de la prueba por parte de la Sala olvidando que nuestro sistema procesal, atribuye al Juzgador de instancia la apreciación de los elementos de convicción- concepto más amplio que el de medios de prueba- para fijar una verdad procesal que sea lo más próxima posible a la real, para lo que ha de valorar, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la LRJS ; así lo ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo ( entre otras sentencia de 17 de diciembre de 1990) y en la misma medida se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sentencia 81/88 de 28 de abril señalando que el Juez de lo Social incardina unos hechos en las previsiones legales, reiterando que la carga de la prueba de los hechos corresponde a las partes, mientras que al Juez corresponde la determinación de los hechos probados, decidiendo "en conciencia y mediante una valoración conjunta". Ello implica , atendiendo a la especial naturaleza del Recurso de Suplicación, que el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba sino realizar un control de la legalidad de la Sentencia recurrida en la medida que le sea pedido y sólo de excepcional manera puede hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas con base en concreto documento auténtico o prueba pericial que obrante en autos patentice de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e incuestionable y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales o razonables, el error de aquel juzgador cuya facultad de apreciación no puede ser desvirtuada por valoraciones distintas o conclusiones diversas de parte interesada.

Desestimamos en consecuencia en su totalidad este primer motivo destinado a la revisión de los hechos probados.

TERCERO. - 1.Al amparo del artículo 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, articula la parte actora el segundo motivo de recurso y al efecto se alega en primer lugar la infracción de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que no se trata de preceptos sustantivos sino procesales y luego se refiere la parte recurrente a los artículos 34.9 y 35 del Estatuto de los Trabajadores, según la nueva regulación introducida con el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, se cita una sentencia de esta Sala que no constituye jurisprudencia a invocar a través de este motivo de recurso pues debe estarse al efecto a lo que consta en el artículo 1-6 CC, y se cita la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de mayo de 2019 (C-55/18). Se refiere al documento 4 de dicha parte, alega que la empresa no aporta el registro de jornada solicitado en los actos preparatorios 277/2024 seguidos ante el Juzgado de lo Social número 25 de Madrid por inexistencia del mismo, y argumenta que no se ha podido comprobar la jornada realizada por el trabajador, ya que la empresa no ha cumplido con el deber de registro de jornada. Alega que no cumplir esa obligación de contar con un registro de la jornada, supone la existencia de una presunción a favor del trabajador, y que la falta del mismo nunca puede favorecer a la parte que incumplió con sus obligaciones. Se vuelve a citar una sentencia de esta Sala y se indica que en este caso se han aportado indicios suficientes sobre la falta de descanso del trabajador, refiriéndose a la conversación telefónica aportada por esta parte y transcrita en el documento nº6, y refiriéndose nuevamente a la sentencia citada dictada por esta Sala, señala que procede la estimación del presente motivo de recurso, revocando la sentencia impugnada y dictando una nueva resolución que reconozca el derecho del actor a la compensación económica de 8 días mensuales derivada de la falta de descanso, en atención a la doctrina jurisprudencial citada.

2. De acuerdo con las infracciones alegadas en este segundo motivo de recurso y la petición que finamente se formula, debemos destacar en primer lugar que a diferencia de la petición que se formulaba en el acto de juicio según el hecho probado cuarto de la sentencia de 120 días festivos, parece según la argumentación que efectúa el actor en el recurso que se limita ahora la reclamación a la compensación de 8 días mensuales por la falta de descanso. Por otro lado, la infracción denunciada por el recurrente, sin tener en cuenta las de carácter procesal que no proceden a la hora de articular este motivo destinado al examen de las infracciones jurídicas y no procesales, no siendo tampoco objeto del mismo proceder a una nueva valoración pretendida por la parte recurrente, se refiere a la inexistencia en la empresa del registro de jornada que alega implica la presunción a favor del trabajador.

3. El artículo 34-9 de dicho texto legal, tras la modificación operada a través del RD Ley 8/2019, de 8 de marzo (RCL 2019, 399) , de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, dispone que la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. El Preámbulo de esta última disposición estableció la finalidad de la reforma, aludiendo a la necesaria adaptación de la normativa española a la interpretación que de la Directiva 2003/88 /CE ( LCEur 2003, 3868) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, se viene manteniendo desde las instituciones europeas, en concreto desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este contexto, la STJUE de 14-5-2019, asunto C-55/18 (TJCE 2019, 90) , señaló que "para garantizar el efecto útil de los derechos recogidos en la Directiva 2003/88 y del derecho fundamental consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta, los Estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador". Refiere la norma, igualmente, la necesidad de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, de crear un marco de seguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para las empresas, facilitándose la resolución de discrepancias en cuanto a la jornada y, en consecuencia, sobre el salario. A raíz de esta nueva regulación, de la específica en materia de horas extras, y de la doctrina europea, no rige ya la jurisprudencia tradicional que obligaba al trabajador a acreditar la realización una a una y desglosadas de las horas extraordinarias, pues, siendo el empresario quien tiene la obligación de llevar un registro de la jornada efectuada, tiene a su alcance de forma plena los instrumentos probatorios destinados a su acreditación. Es, por tanto, de aplicación el principio de disponibilidad y facilidad probatoria ( art. 217.7de la LEC ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) ), correspondiendo a la empresa, ante las afirmaciones contenidas en la demanda sobre la jornada de trabajo, desmontar esa argumentación por ser la única de las partes del litigio que tenía en su mano la capacidad para hacerlo mediante la aportación de los registros correspondientes, tal y como fue solicitado por el demandante y requerido por el juzgado. Desatendida injustificadamente tal carga pese a la iniciativa probatoria de la parte actora, no podría hacerse recaer sobre el trabajador, en el caso de haber desplegado el mismo toda la actividad que le era exigible en orden a tomar conocimiento del registro de jornada, la carga de acreditar la realización de las horas extraordinarias, y así lo han señalado en el especifico ámbito del RD Ley 8/2019 y de la jurisprudencia europea antes referida, las sentencias de la Comunidad Valenciana de 17.11.2020, rec. 3230/2019, y La Rioja de 22.10.2020 (AS 2021, 285) , rec. 76/2020. Sin embargo, como también se indica en las Sentencias citadas, para que proceda la inversión de la carga de la prueba, es preciso que existan cuando menos indicios de que el trabajador pudiera hacer el horario que afirma realizar, estableciendo que "es cierto que el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores obliga al empresario a registrar la jornada de cada trabajador día a día y a totalizar el número de horas realizadas en el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente... si bien, para que dicho incumplimiento lleve a invertir la carga de la prueba no basta con que se acredite la falta de registro y el trabajador alegue la realización de horas extraordinarias, sino que ha de presentarse un panorama indiciario suficiente de la realización de excesos de jornada que permitan una mínima cuantificación, en cuyo caso y frente a la prueba de tales excesos, no podría desestimarse la demanda por la falta de concreta cuantificación de las horas extraordinarias realizadas, puesto que es el empresario el que, cumpliendo con sus deberes legales, puede aportar dicha cuantificación".

Y teniendo en cuenta tales consideraciones, debemos partir en primer lugar de la petición que se formulaba en la demanda en cuyo suplico se solicita se condene a la empresa a abonar al trabajador la suma de 18.739,73 euros junto con sus intereses legales en concepto de compensación de días de descanso no disfrutados. Y en el hecho quinto de la demanda se indica que "Asimismo, cabe precisar que la empresa demandada tiene pendiente de abonar todas las horas extraordinarias - no prescritas - realizadas por mi mandante. Se reserva esta parte la interposición de la reclamación correspondientes, una vez la empresa aporte los registros horarios que tiene obligación de mantener incluso cuando el personal se encuentra fuera de España.".Esa concreción de horas extraordinarias entendemos que no se realizó ni en el acto de juicio y tampoco se ha realizado en el escrito de recurso en el que como decimos, además no se reclama suma alguna referida a la realización de horas extraordinarias, sino solo la compensación económica por los ocho días al mes que indica debió disfrutar, y si bien cabría aplicar las reglas que hemos expuesto ante la inexistencia del registro de jornada, de que ante un panorama indiciario de no haber disfrutado de descansos, sería la empresa la que tendría que acreditar que sí los disfrutó al no contar con tal registro de jornada, debe en primer lugar determinarse si se ha acreditado tal panorama indiciario. Y para apreciar si se ha aportado por el trabajador un panorama indiciario en cuanto a la falta de disfrute de tales descansos, debe partirse de que como señala el TS en sentencias de 13.7.2010 (RJ 2010, 6811) , rec. 17/2009, 21.10.2010 (RJ 2010, 7820) , rec. 198/2009, y 23.9.2014 (RJ 2014, 5094) , rec. 66/2014, entre otras, el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS (RCL 2011, 1845) únicamente al juzgador de instancia por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación/suplicación sino el ordinario de apelación, dentro de esa plena facultad soberana del juez de instancia se encuentran determinadas decisiones procesales con relevancia en la práctica y valoración de la prueba, como es la facultad para tener por confesa a la parte llamada a la prueba de interrogatorio que no compareciese sin justa causa, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho (artículo 91.2) o la facultad de tener por probados determinados hechos si la parte requerida no presentara sin causa justificada la prueba documental en su poder (artículo 94.2). En tales casos -siguen diciendo tales Sentencias- la decisión del órgano judicial de instancia solamente puede ser revisada en suplicación de forma limitada, esto es, cuando no concurran las condiciones que habilitaban al órgano judicial para adoptar esa decisión, o cuando se haya adoptado de forma contraria a la lógica o con criterios arbitrarios respecto a la solución adoptada por el mismo órgano en casos iguales. Lo que la Sala de suplicación no puede hacer, por no ser competente para ello, es sustituir la decisión del órgano judicial de instancia por la suya propia. Es posible que la decisión pudiera haber sido otra, igualmente válida, siempre y cuando se produzca dentro del margen de libertad de apreciación del órgano judicial, pero en tanto dicho margen no se haya superado la decisión adoptada por el órgano de instancia ha de ser respetada. Y en este concreto supuesto, el juzgador de instancia pese a la ausencia del indicado registro de jornada, valora la testifical practicada, junto con la documental y el audio aportado el actor y recoge en el hecho probado sexto y séptimo, los días y horas trabajados, indicando que la totalidad de días de asistencia del actor de enero a octubre del 2023 fue de 45 días, siendo en dicho periodo, los días prestados en sábados, domingos y festivos, de un total de 10 días trabajados. Y ante ello, por un lado, no acredita el actor panorama indiciario alguno que lleve a entender que no disfrutó de descanso alguno en todo el periodo trabajado y que se encontraba en régimen de plena disponibilidad continuo de la empresa, indicando el hecho probado quinto que el calendario de días de prestación efectiva de trabajo lo conocía el actor con un mes de antelación al estar vinculado a despegues y aterrizajes del avión, y además a partir de la indicada testifical y documental , habría acreditado la empresa los días y horas trabajados por el actor, y los fines de semana y festivos que trabajó el actor, y que revelarían que no se superaba por el actor la jornada de convenio y que además se habría dado cumplimiento al disfrute de al menos 8 días de descanso al mes, teniendo en cuenta que se prevé en el convenio colectivo para los técnicos de mantenimiento la distribución irregular de la jornada y que lo que se contempla es la necesidad de ocho días de descanso mensuales, por lo que considerando los días trabajados en sábados, domingos y festivos antes indicados se habría cumplido con tal previsión del convenio y no procede el abono de suma alguna en compensación de días de descanso no disfrutados que se reclama. La empresa habría cumplido así en todo caso con la carga probatoria que le incumbía para acreditar que no se produjo tal falta de disfrute de descansos, y no podemos apreciar las infracciones denunciadas por el recurrente, pues el artículo 34-9 del ET impone al empresario una carga específica de llevanza de un registro suficiente de la jornada y el horario realizado por cada trabajador, pero cabe que a través de otros medios probatorios, como así lo ha hecho en este caso la empresa, se acredite por la empresa que la jornada del trabajador, que ni tan siquiera indica el mismo cuál era el horario y jornada que realizaba, no superaba la prevista en convenio, y que se cumplieron las previsiones convencionales en orden al disfrute de los descansos mensuales. Y el hecho de que no se haya aportado el registro horario no puede servir para considerar acreditado, como pretende el actor, que tenía una disponibilidad continua para la empresa y que no podía disfrutar de descanso alguno, cuando se ha articulado prueba valorada por el magistrado de instancia a partir de la cual aprecia que el actor conocía con un mes de antelación los días de prestación efectiva de trabajo, que su jornada no superaba la prevista en convenio y no se acredita tampoco la pretendida realización de horas extraordinarias que se apunta en la demanda, no desprendiéndose por otro lado ni de la demanda ni del recurso reclamación alguna ni por horas extraordinarias ni por vacaciones como antes hemos expuesto .

En consecuencia y habiéndose mantenido inalterado el relato fáctico de la sentencia, no podemos apreciar las infracciones denunciadas y tras desestimar el recurso formulado confirmamos la sentencia de instancia.

CUARTO. -De conformidad con lo establecido en el artículo 235 de la Ley de la Jurisdicción Social, dada la condición del recurrente de beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita no procede la imposición de costas.

Por ello;

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.- Frente a la Sentencia de instancia que desestima la demanda formulada por el actor, se alza el mismo interponiendo recurso de suplicación que ha sido impugnado por la empresa demandada y que articula el demandante a través de dos motivos de recurso formulados respectivamente al amparo del apartado b) y c) del artículo 193 de la LRJS y solicitando la revocación de la sentencia recurrida y que se dicte nueva sentencia en la que se estime la demanda formulada con las consecuencias inherentes a tal pronunciamiento incluida la correspondiente condena en costas.

SEGUNDO. -1. El primer motivo de recurso ya hemos indicado que se formula al amparo del artículo 193 b) de la LRJS solicitando en el mismo la modificación de la práctica totalidad de los hechos probados, y así de los hechos segundo al séptimo de la sentencia, manteniendo solo la redacción del hecho probado primero que se refiere a la contratación del actor y a su cese, y del octavo, noveno y décimo referidos a la papeleta de conciliación y celebración de tal acto y a la condición del actor que no consta sea representante de los trabajadores. En concreto el actor solicita que tales hechos probados segundo al séptimo, queden redactados como indicamos a continuación:

SEGUNDO. - Es de aplicación el Convenio Colectivo del Sector del Transporte Aéreo y Trabajos Aéreos con Helicópteros y su mantenimiento y reparación (hecho no controvertido), que establece lo siguiente: 5 - "(...) Tiempo de trabajo efectivo, aquel en el cual el trabajador se encuentra a disposición del empresario en el lugar designado por este y en ejercicio de su actividad, realizando las funciones propias de su titulación y/o capacitación a bordo de la aeronave, así como trabajos auxiliares que se efectúen en relación con la aeronave, sus pasajeros o carga" ( artículo 37) - "(...) Para el colectivo de mantenimiento se pacta el siguiente acuerdo de flexibilidad de la jornada: 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores , se establece la posibilidad de la empresa de distribuir irregularmente hasta el 10% de la jornada anual máxima 2. Esta distribución no podrá afectar al límite máximo de días de trabajo anual que está establecido en 225 días. 3. Procedimiento para la distribución irregular pactada. Entre la empresa y los trabajadores o sus representantes, pactarán el procedimiento para llevar a cabo esta distribución irregular de la jornada. En todo caso se respetará un plazo de preaviso mínimo de cinco días, por parte de la empresa al trabajador, para la notificación de la reducción o prolongación de la jornada." (artículo 38) - "Con carácter general, y a salvo de lo que más adelante se especifique para determinados colectivos, se respetará un descanso mínimo entre jornadas de doce horas. (...) 2. Personal de mantenimiento y vuelo. Para el personal de vuelo se respetará un descanso mínimo entre jornadas de diez horas y media, pudiéndose compensarse hasta las doce horas establecidas con carácter general en periodos de hasta cuatro semanas, siendo en todo caso el tiempo máximo de trabajo efectivo diario de ocho horas. En cuanto al descanso semanal y fiestas laborales, al menos ocho días han de ser disfrutados cada mes, en los términos, condiciones y excepciones previstos en el apartado 5.5 del anexo n.º 1 a la Circular Operativa 16-B." (artículo 39).

TERCERO. - El Sr. Cornelio prestaba sus servicios como Técnico de Mantenimiento de Aeronave, incluido en el Grupo Profesional 3, TMA (documento uno de la parte actora). Se desconoce la jornada realizada durante su relación laboral, ya que la empresa no disponía de registro horario.

CUARTO. - El actor solicita, por considerar que no se han respetado los descansos establecidos legalmente, un importe equivalente a 120 días, según el siguiente desglose: 6 - 96 días de descanso correspondientes al año 2023 (8 días al mes), sea en Estados Unidos o en España, dado que estaba en uno u otro lugar siempre a disposición de la empresa sin disfrutar de ningún descanso. - 14 días correspondientes a los festivos oficiales que tampoco fueron disfrutados por el trabajador, dada su plena disponibilidad y su desplazamiento a Estados Unidos durante la mayor parte del tiempo de duración del contrato, por necesidades de puesta a punto de la aeronave durante las negociaciones para su venta y posterior entrega. - 8 días de descanso correspondientes al mes de enero de 2024. - 2 días festivos correspondientes al mes de enero de 2024 (días 1 y 6 de enero).

QUINTO. - No se puede determinar los días ni las horas de jornada efectiva del Sr. Cornelio, ya que la empresa carecía de registro horario. En este sentido, únicamente se aporta por parte de la empresa comunicaciones extraoficiales - sin que conste su traslado al actor - sobre los vuelos de la tripulación y sus facturas correspondientes. En ningún momento se ha acreditado por parte de la empresa el cumplimiento de los descansos legalmente exigidos.

SEXTO. - La empresa pretende acreditar que la jornada no superaba la establecida por convenio con documentos tales como supuestos registros de horas de vuelo. Sin embargo, no puede ser valorado al no tratarse, el presente procedimiento, de la reclamación de ningún tripulante de cabina.

SÉPTIMO. - Estamos ante una inversión de la carga de la prueba a favor del trabajador ya que la empresa ha incumplido su obligación de llevar un registro horario objetivo y accesible. La empresa pretende acreditar la supuesta jornada del trabajador vinculada a las horas de vuelo. Sin embargo, a modo de ejemplo, en el documento 37 aportado por la empresa se recogen algunas de las operaciones técnicas realizadas por el actor, siendo muchas de ellas en días que no corresponden a ningún vuelo. Por ejemplo, en los resúmenes de los vuelos aportados de contrario (documentos 37 y 38), a pesar de que no coinciden entre ellos, en ninguno de los dos aparece el día 19 como día de vuelo. Sin embargo, en el documento 37 (folio 133) aparecen operaciones realizadas por el actor, en concreto:

En definitiva, y a pesar de haber intentado ocultarlo con el volumen de documentos, lo único acreditado por la empresa es el evidente descontrol de la misma en cuanto al horario y a las funciones del trabajador."

Y ante tal planteamiento de este motivo de recurso advertimos una defectuosa formulación técnica del mismo que nos debe llevar a su íntegra desestimación pues en cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS ( Ley 36/11 ( RCL 2011, 1845 ) ), que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) , la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12 ( RJ 2012, 5868 ) , Rec. 52/11 y 26/09/11 ( RJ 2011, 7615 ) , Rec. 217/10 ), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( SSTC 105/08 , 218/06 , 230/00 ), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04 , RJ 2004\3694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09 ) .Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08 , RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11 ( RJ 2012, 1883 ) , Rec. 216/10 ) .b) Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos. c) Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes. d) El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente. Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo. e) Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende. f) Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida. g) La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

En este caso, en cuanto al hecho probado segundo pretende adicionar distintos apartados del convenio colectivo de aplicación que conforme a la jurisprudencia citada no procede al ser el convenio colectivo una norma que no tiene que tener reflejo alguno en el relato fáctico, aunque la sentencia haya hecho referencia en el mismo a varios preceptos del convenio. En cuanto al hecho tercero, si bien conforme al contrato de trabajo, documento 1 del actor se acredita la categoría del actor y el Grupo profesional en el que está incluido, se trataría éste de un hecho indiscutido pues además la sentencia en ningún momento señala que el actor sea personal de vuelo y lo que se pretende con la modificación interesada es suprimir los extremos recogidos en tal hecho sobre la actividad del actor y que se fundan en la testifical practicada, y así en prueba pertinente valorada por el magistrado de instancia y que no cabe citar a la hora de instar al revisión fáctica, por lo que no procede la revisión interesada. Lo que hace la parte recurrente son argumentaciones y valoraciones que no caben a la hora de instar una revisión fáctica y procede además a valorar la testifical practicada entendiendo que la misma no se debió practicar, alegando irregularidades procesales que son propias de los motivos recogidos en el apartado a) del artículo 193 de la LRJS y que no pueden fundar una revisión fáctica. En todo caso en relación a tales irregularidades, alegando que el letrado de la empresa salió de la Sala, no consta en qué momento tuvo lugar tal hecho pues no se indica, no consta que pese a tal salida de la Sala que como decimos desconocemos la razón por la que se produjo ni si la parte actora se opuso o no a tal salida de la Sala, ello no implica que el abogado hablara con su testigo al salir, son meras suposiciones, y además ya se alegó tal circunstancia en el acto de juicio, el magistrado pese a ello admitió la prueba testifical y frente a tal admisión para su valoración en sentencia, no se formuló protesta alguna la parte recurrente, por lo que no cabe ahora tras la valoración efectuada por el magistrado de instancia, alegar tal irregularidad procesal y además por un cauce inapropiado y así al instar la revisión de los hechos probados. Además, la modificación interesada pretende recoger en tal hecho probado un hecho negativo y así que se desconoce la jornada realizada durante su relación laboral, que no cabe incluir en el relato fáctico en el que lo que deben reflejarse son los hechos acreditados y no los que se desconocen. En todo caso resulta sorprende que el propio trabajador desconozca el horario y jornada que realizó durante su relación laboral que parece es lo que interesa que se recoja en el relato fáctico, teniendo en cuenta que reclama por descansos no disfrutados y por horas extraordinarias, lo que supone que debe conocer cuál fue su jornada y horario puesto que reclama tales conceptos.

En cuanto al hecho probado cuarto, que recoge lo que el actor solicita en la demanda, pretende adicionar una apreciación y valoración, y así que se reclaman por no haberse respetado los descansos establecidos, y tal valoración debe quedar al margen del relato fáctico, teniendo en cuenta que en cuanto a la demanda y a lo que se argumenta para las peticiones que se formulan, debe estarse a lo que consta en la misma.

En cuanto a las modificaciones interesadas de los hechos quinto, sexto y séptimo, de forma global respecto de todos ellos, lo que se realiza por la parte recurrente son argumentaciones y valoraciones acerca de la prueba tenida en cuenta por el magistrado de instancia para llegar a los extremos recogidos en los mismos, argumentaciones, hipótesis y valoraciones que no caben a la hora de instar una revisión fáctica y además no se cita documental alguna para apoyar las revisiones fácticas pretendidas que por otro lado no pretenden recoger hechos sino que llevan a cabo una valoración y argumentación acerca de lo probado y lo que entiende no se acreditó, insisten en que no se pueden determinar los días de jornada efectiva del actor, lo que volvemos a indicar resulta sorprendente pues al menos el trabajador conocerá los días y horas en las que prestó servicios efectivos, y al no cumplir en forma alguna la parte actora a la hora de articular tales revisiones fácticas con los requisitos que se exigen para poder formular un motivo destinado a la revisión fáctica, conteniendo conceptos predeterminantes del fallo, valoraciones jurídicas y pretendiendo una valoración global de la prueba por parte de la Sala olvidando que nuestro sistema procesal, atribuye al Juzgador de instancia la apreciación de los elementos de convicción- concepto más amplio que el de medios de prueba- para fijar una verdad procesal que sea lo más próxima posible a la real, para lo que ha de valorar, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la LRJS ; así lo ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo ( entre otras sentencia de 17 de diciembre de 1990) y en la misma medida se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sentencia 81/88 de 28 de abril señalando que el Juez de lo Social incardina unos hechos en las previsiones legales, reiterando que la carga de la prueba de los hechos corresponde a las partes, mientras que al Juez corresponde la determinación de los hechos probados, decidiendo "en conciencia y mediante una valoración conjunta". Ello implica , atendiendo a la especial naturaleza del Recurso de Suplicación, que el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba sino realizar un control de la legalidad de la Sentencia recurrida en la medida que le sea pedido y sólo de excepcional manera puede hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas con base en concreto documento auténtico o prueba pericial que obrante en autos patentice de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e incuestionable y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales o razonables, el error de aquel juzgador cuya facultad de apreciación no puede ser desvirtuada por valoraciones distintas o conclusiones diversas de parte interesada.

Desestimamos en consecuencia en su totalidad este primer motivo destinado a la revisión de los hechos probados.

TERCERO. - 1.Al amparo del artículo 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, articula la parte actora el segundo motivo de recurso y al efecto se alega en primer lugar la infracción de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que no se trata de preceptos sustantivos sino procesales y luego se refiere la parte recurrente a los artículos 34.9 y 35 del Estatuto de los Trabajadores, según la nueva regulación introducida con el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, se cita una sentencia de esta Sala que no constituye jurisprudencia a invocar a través de este motivo de recurso pues debe estarse al efecto a lo que consta en el artículo 1-6 CC, y se cita la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de mayo de 2019 (C-55/18). Se refiere al documento 4 de dicha parte, alega que la empresa no aporta el registro de jornada solicitado en los actos preparatorios 277/2024 seguidos ante el Juzgado de lo Social número 25 de Madrid por inexistencia del mismo, y argumenta que no se ha podido comprobar la jornada realizada por el trabajador, ya que la empresa no ha cumplido con el deber de registro de jornada. Alega que no cumplir esa obligación de contar con un registro de la jornada, supone la existencia de una presunción a favor del trabajador, y que la falta del mismo nunca puede favorecer a la parte que incumplió con sus obligaciones. Se vuelve a citar una sentencia de esta Sala y se indica que en este caso se han aportado indicios suficientes sobre la falta de descanso del trabajador, refiriéndose a la conversación telefónica aportada por esta parte y transcrita en el documento nº6, y refiriéndose nuevamente a la sentencia citada dictada por esta Sala, señala que procede la estimación del presente motivo de recurso, revocando la sentencia impugnada y dictando una nueva resolución que reconozca el derecho del actor a la compensación económica de 8 días mensuales derivada de la falta de descanso, en atención a la doctrina jurisprudencial citada.

2. De acuerdo con las infracciones alegadas en este segundo motivo de recurso y la petición que finamente se formula, debemos destacar en primer lugar que a diferencia de la petición que se formulaba en el acto de juicio según el hecho probado cuarto de la sentencia de 120 días festivos, parece según la argumentación que efectúa el actor en el recurso que se limita ahora la reclamación a la compensación de 8 días mensuales por la falta de descanso. Por otro lado, la infracción denunciada por el recurrente, sin tener en cuenta las de carácter procesal que no proceden a la hora de articular este motivo destinado al examen de las infracciones jurídicas y no procesales, no siendo tampoco objeto del mismo proceder a una nueva valoración pretendida por la parte recurrente, se refiere a la inexistencia en la empresa del registro de jornada que alega implica la presunción a favor del trabajador.

3. El artículo 34-9 de dicho texto legal, tras la modificación operada a través del RD Ley 8/2019, de 8 de marzo (RCL 2019, 399) , de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, dispone que la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. El Preámbulo de esta última disposición estableció la finalidad de la reforma, aludiendo a la necesaria adaptación de la normativa española a la interpretación que de la Directiva 2003/88 /CE ( LCEur 2003, 3868) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, se viene manteniendo desde las instituciones europeas, en concreto desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este contexto, la STJUE de 14-5-2019, asunto C-55/18 (TJCE 2019, 90) , señaló que "para garantizar el efecto útil de los derechos recogidos en la Directiva 2003/88 y del derecho fundamental consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta, los Estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador". Refiere la norma, igualmente, la necesidad de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, de crear un marco de seguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para las empresas, facilitándose la resolución de discrepancias en cuanto a la jornada y, en consecuencia, sobre el salario. A raíz de esta nueva regulación, de la específica en materia de horas extras, y de la doctrina europea, no rige ya la jurisprudencia tradicional que obligaba al trabajador a acreditar la realización una a una y desglosadas de las horas extraordinarias, pues, siendo el empresario quien tiene la obligación de llevar un registro de la jornada efectuada, tiene a su alcance de forma plena los instrumentos probatorios destinados a su acreditación. Es, por tanto, de aplicación el principio de disponibilidad y facilidad probatoria ( art. 217.7de la LEC ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) ), correspondiendo a la empresa, ante las afirmaciones contenidas en la demanda sobre la jornada de trabajo, desmontar esa argumentación por ser la única de las partes del litigio que tenía en su mano la capacidad para hacerlo mediante la aportación de los registros correspondientes, tal y como fue solicitado por el demandante y requerido por el juzgado. Desatendida injustificadamente tal carga pese a la iniciativa probatoria de la parte actora, no podría hacerse recaer sobre el trabajador, en el caso de haber desplegado el mismo toda la actividad que le era exigible en orden a tomar conocimiento del registro de jornada, la carga de acreditar la realización de las horas extraordinarias, y así lo han señalado en el especifico ámbito del RD Ley 8/2019 y de la jurisprudencia europea antes referida, las sentencias de la Comunidad Valenciana de 17.11.2020, rec. 3230/2019, y La Rioja de 22.10.2020 (AS 2021, 285) , rec. 76/2020. Sin embargo, como también se indica en las Sentencias citadas, para que proceda la inversión de la carga de la prueba, es preciso que existan cuando menos indicios de que el trabajador pudiera hacer el horario que afirma realizar, estableciendo que "es cierto que el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores obliga al empresario a registrar la jornada de cada trabajador día a día y a totalizar el número de horas realizadas en el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente... si bien, para que dicho incumplimiento lleve a invertir la carga de la prueba no basta con que se acredite la falta de registro y el trabajador alegue la realización de horas extraordinarias, sino que ha de presentarse un panorama indiciario suficiente de la realización de excesos de jornada que permitan una mínima cuantificación, en cuyo caso y frente a la prueba de tales excesos, no podría desestimarse la demanda por la falta de concreta cuantificación de las horas extraordinarias realizadas, puesto que es el empresario el que, cumpliendo con sus deberes legales, puede aportar dicha cuantificación".

Y teniendo en cuenta tales consideraciones, debemos partir en primer lugar de la petición que se formulaba en la demanda en cuyo suplico se solicita se condene a la empresa a abonar al trabajador la suma de 18.739,73 euros junto con sus intereses legales en concepto de compensación de días de descanso no disfrutados. Y en el hecho quinto de la demanda se indica que "Asimismo, cabe precisar que la empresa demandada tiene pendiente de abonar todas las horas extraordinarias - no prescritas - realizadas por mi mandante. Se reserva esta parte la interposición de la reclamación correspondientes, una vez la empresa aporte los registros horarios que tiene obligación de mantener incluso cuando el personal se encuentra fuera de España.".Esa concreción de horas extraordinarias entendemos que no se realizó ni en el acto de juicio y tampoco se ha realizado en el escrito de recurso en el que como decimos, además no se reclama suma alguna referida a la realización de horas extraordinarias, sino solo la compensación económica por los ocho días al mes que indica debió disfrutar, y si bien cabría aplicar las reglas que hemos expuesto ante la inexistencia del registro de jornada, de que ante un panorama indiciario de no haber disfrutado de descansos, sería la empresa la que tendría que acreditar que sí los disfrutó al no contar con tal registro de jornada, debe en primer lugar determinarse si se ha acreditado tal panorama indiciario. Y para apreciar si se ha aportado por el trabajador un panorama indiciario en cuanto a la falta de disfrute de tales descansos, debe partirse de que como señala el TS en sentencias de 13.7.2010 (RJ 2010, 6811) , rec. 17/2009, 21.10.2010 (RJ 2010, 7820) , rec. 198/2009, y 23.9.2014 (RJ 2014, 5094) , rec. 66/2014, entre otras, el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS (RCL 2011, 1845) únicamente al juzgador de instancia por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación/suplicación sino el ordinario de apelación, dentro de esa plena facultad soberana del juez de instancia se encuentran determinadas decisiones procesales con relevancia en la práctica y valoración de la prueba, como es la facultad para tener por confesa a la parte llamada a la prueba de interrogatorio que no compareciese sin justa causa, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho (artículo 91.2) o la facultad de tener por probados determinados hechos si la parte requerida no presentara sin causa justificada la prueba documental en su poder (artículo 94.2). En tales casos -siguen diciendo tales Sentencias- la decisión del órgano judicial de instancia solamente puede ser revisada en suplicación de forma limitada, esto es, cuando no concurran las condiciones que habilitaban al órgano judicial para adoptar esa decisión, o cuando se haya adoptado de forma contraria a la lógica o con criterios arbitrarios respecto a la solución adoptada por el mismo órgano en casos iguales. Lo que la Sala de suplicación no puede hacer, por no ser competente para ello, es sustituir la decisión del órgano judicial de instancia por la suya propia. Es posible que la decisión pudiera haber sido otra, igualmente válida, siempre y cuando se produzca dentro del margen de libertad de apreciación del órgano judicial, pero en tanto dicho margen no se haya superado la decisión adoptada por el órgano de instancia ha de ser respetada. Y en este concreto supuesto, el juzgador de instancia pese a la ausencia del indicado registro de jornada, valora la testifical practicada, junto con la documental y el audio aportado el actor y recoge en el hecho probado sexto y séptimo, los días y horas trabajados, indicando que la totalidad de días de asistencia del actor de enero a octubre del 2023 fue de 45 días, siendo en dicho periodo, los días prestados en sábados, domingos y festivos, de un total de 10 días trabajados. Y ante ello, por un lado, no acredita el actor panorama indiciario alguno que lleve a entender que no disfrutó de descanso alguno en todo el periodo trabajado y que se encontraba en régimen de plena disponibilidad continuo de la empresa, indicando el hecho probado quinto que el calendario de días de prestación efectiva de trabajo lo conocía el actor con un mes de antelación al estar vinculado a despegues y aterrizajes del avión, y además a partir de la indicada testifical y documental , habría acreditado la empresa los días y horas trabajados por el actor, y los fines de semana y festivos que trabajó el actor, y que revelarían que no se superaba por el actor la jornada de convenio y que además se habría dado cumplimiento al disfrute de al menos 8 días de descanso al mes, teniendo en cuenta que se prevé en el convenio colectivo para los técnicos de mantenimiento la distribución irregular de la jornada y que lo que se contempla es la necesidad de ocho días de descanso mensuales, por lo que considerando los días trabajados en sábados, domingos y festivos antes indicados se habría cumplido con tal previsión del convenio y no procede el abono de suma alguna en compensación de días de descanso no disfrutados que se reclama. La empresa habría cumplido así en todo caso con la carga probatoria que le incumbía para acreditar que no se produjo tal falta de disfrute de descansos, y no podemos apreciar las infracciones denunciadas por el recurrente, pues el artículo 34-9 del ET impone al empresario una carga específica de llevanza de un registro suficiente de la jornada y el horario realizado por cada trabajador, pero cabe que a través de otros medios probatorios, como así lo ha hecho en este caso la empresa, se acredite por la empresa que la jornada del trabajador, que ni tan siquiera indica el mismo cuál era el horario y jornada que realizaba, no superaba la prevista en convenio, y que se cumplieron las previsiones convencionales en orden al disfrute de los descansos mensuales. Y el hecho de que no se haya aportado el registro horario no puede servir para considerar acreditado, como pretende el actor, que tenía una disponibilidad continua para la empresa y que no podía disfrutar de descanso alguno, cuando se ha articulado prueba valorada por el magistrado de instancia a partir de la cual aprecia que el actor conocía con un mes de antelación los días de prestación efectiva de trabajo, que su jornada no superaba la prevista en convenio y no se acredita tampoco la pretendida realización de horas extraordinarias que se apunta en la demanda, no desprendiéndose por otro lado ni de la demanda ni del recurso reclamación alguna ni por horas extraordinarias ni por vacaciones como antes hemos expuesto .

En consecuencia y habiéndose mantenido inalterado el relato fáctico de la sentencia, no podemos apreciar las infracciones denunciadas y tras desestimar el recurso formulado confirmamos la sentencia de instancia.

CUARTO. -De conformidad con lo establecido en el artículo 235 de la Ley de la Jurisdicción Social, dada la condición del recurrente de beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita no procede la imposición de costas.

Por ello;

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.- Frente a la Sentencia de instancia que desestima la demanda formulada por el actor, se alza el mismo interponiendo recurso de suplicación que ha sido impugnado por la empresa demandada y que articula el demandante a través de dos motivos de recurso formulados respectivamente al amparo del apartado b) y c) del artículo 193 de la LRJS y solicitando la revocación de la sentencia recurrida y que se dicte nueva sentencia en la que se estime la demanda formulada con las consecuencias inherentes a tal pronunciamiento incluida la correspondiente condena en costas.

SEGUNDO. -1. El primer motivo de recurso ya hemos indicado que se formula al amparo del artículo 193 b) de la LRJS solicitando en el mismo la modificación de la práctica totalidad de los hechos probados, y así de los hechos segundo al séptimo de la sentencia, manteniendo solo la redacción del hecho probado primero que se refiere a la contratación del actor y a su cese, y del octavo, noveno y décimo referidos a la papeleta de conciliación y celebración de tal acto y a la condición del actor que no consta sea representante de los trabajadores. En concreto el actor solicita que tales hechos probados segundo al séptimo, queden redactados como indicamos a continuación:

SEGUNDO. - Es de aplicación el Convenio Colectivo del Sector del Transporte Aéreo y Trabajos Aéreos con Helicópteros y su mantenimiento y reparación (hecho no controvertido), que establece lo siguiente: 5 - "(...) Tiempo de trabajo efectivo, aquel en el cual el trabajador se encuentra a disposición del empresario en el lugar designado por este y en ejercicio de su actividad, realizando las funciones propias de su titulación y/o capacitación a bordo de la aeronave, así como trabajos auxiliares que se efectúen en relación con la aeronave, sus pasajeros o carga" ( artículo 37) - "(...) Para el colectivo de mantenimiento se pacta el siguiente acuerdo de flexibilidad de la jornada: 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores , se establece la posibilidad de la empresa de distribuir irregularmente hasta el 10% de la jornada anual máxima 2. Esta distribución no podrá afectar al límite máximo de días de trabajo anual que está establecido en 225 días. 3. Procedimiento para la distribución irregular pactada. Entre la empresa y los trabajadores o sus representantes, pactarán el procedimiento para llevar a cabo esta distribución irregular de la jornada. En todo caso se respetará un plazo de preaviso mínimo de cinco días, por parte de la empresa al trabajador, para la notificación de la reducción o prolongación de la jornada." (artículo 38) - "Con carácter general, y a salvo de lo que más adelante se especifique para determinados colectivos, se respetará un descanso mínimo entre jornadas de doce horas. (...) 2. Personal de mantenimiento y vuelo. Para el personal de vuelo se respetará un descanso mínimo entre jornadas de diez horas y media, pudiéndose compensarse hasta las doce horas establecidas con carácter general en periodos de hasta cuatro semanas, siendo en todo caso el tiempo máximo de trabajo efectivo diario de ocho horas. En cuanto al descanso semanal y fiestas laborales, al menos ocho días han de ser disfrutados cada mes, en los términos, condiciones y excepciones previstos en el apartado 5.5 del anexo n.º 1 a la Circular Operativa 16-B." (artículo 39).

TERCERO. - El Sr. Cornelio prestaba sus servicios como Técnico de Mantenimiento de Aeronave, incluido en el Grupo Profesional 3, TMA (documento uno de la parte actora). Se desconoce la jornada realizada durante su relación laboral, ya que la empresa no disponía de registro horario.

CUARTO. - El actor solicita, por considerar que no se han respetado los descansos establecidos legalmente, un importe equivalente a 120 días, según el siguiente desglose: 6 - 96 días de descanso correspondientes al año 2023 (8 días al mes), sea en Estados Unidos o en España, dado que estaba en uno u otro lugar siempre a disposición de la empresa sin disfrutar de ningún descanso. - 14 días correspondientes a los festivos oficiales que tampoco fueron disfrutados por el trabajador, dada su plena disponibilidad y su desplazamiento a Estados Unidos durante la mayor parte del tiempo de duración del contrato, por necesidades de puesta a punto de la aeronave durante las negociaciones para su venta y posterior entrega. - 8 días de descanso correspondientes al mes de enero de 2024. - 2 días festivos correspondientes al mes de enero de 2024 (días 1 y 6 de enero).

QUINTO. - No se puede determinar los días ni las horas de jornada efectiva del Sr. Cornelio, ya que la empresa carecía de registro horario. En este sentido, únicamente se aporta por parte de la empresa comunicaciones extraoficiales - sin que conste su traslado al actor - sobre los vuelos de la tripulación y sus facturas correspondientes. En ningún momento se ha acreditado por parte de la empresa el cumplimiento de los descansos legalmente exigidos.

SEXTO. - La empresa pretende acreditar que la jornada no superaba la establecida por convenio con documentos tales como supuestos registros de horas de vuelo. Sin embargo, no puede ser valorado al no tratarse, el presente procedimiento, de la reclamación de ningún tripulante de cabina.

SÉPTIMO. - Estamos ante una inversión de la carga de la prueba a favor del trabajador ya que la empresa ha incumplido su obligación de llevar un registro horario objetivo y accesible. La empresa pretende acreditar la supuesta jornada del trabajador vinculada a las horas de vuelo. Sin embargo, a modo de ejemplo, en el documento 37 aportado por la empresa se recogen algunas de las operaciones técnicas realizadas por el actor, siendo muchas de ellas en días que no corresponden a ningún vuelo. Por ejemplo, en los resúmenes de los vuelos aportados de contrario (documentos 37 y 38), a pesar de que no coinciden entre ellos, en ninguno de los dos aparece el día 19 como día de vuelo. Sin embargo, en el documento 37 (folio 133) aparecen operaciones realizadas por el actor, en concreto:

En definitiva, y a pesar de haber intentado ocultarlo con el volumen de documentos, lo único acreditado por la empresa es el evidente descontrol de la misma en cuanto al horario y a las funciones del trabajador."

Y ante tal planteamiento de este motivo de recurso advertimos una defectuosa formulación técnica del mismo que nos debe llevar a su íntegra desestimación pues en cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS ( Ley 36/11 ( RCL 2011, 1845 ) ), que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) , la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12 ( RJ 2012, 5868 ) , Rec. 52/11 y 26/09/11 ( RJ 2011, 7615 ) , Rec. 217/10 ), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( SSTC 105/08 , 218/06 , 230/00 ), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04 , RJ 2004\3694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09 ) .Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08 , RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11 ( RJ 2012, 1883 ) , Rec. 216/10 ) .b) Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos. c) Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes. d) El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente. Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo. e) Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende. f) Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida. g) La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

En este caso, en cuanto al hecho probado segundo pretende adicionar distintos apartados del convenio colectivo de aplicación que conforme a la jurisprudencia citada no procede al ser el convenio colectivo una norma que no tiene que tener reflejo alguno en el relato fáctico, aunque la sentencia haya hecho referencia en el mismo a varios preceptos del convenio. En cuanto al hecho tercero, si bien conforme al contrato de trabajo, documento 1 del actor se acredita la categoría del actor y el Grupo profesional en el que está incluido, se trataría éste de un hecho indiscutido pues además la sentencia en ningún momento señala que el actor sea personal de vuelo y lo que se pretende con la modificación interesada es suprimir los extremos recogidos en tal hecho sobre la actividad del actor y que se fundan en la testifical practicada, y así en prueba pertinente valorada por el magistrado de instancia y que no cabe citar a la hora de instar al revisión fáctica, por lo que no procede la revisión interesada. Lo que hace la parte recurrente son argumentaciones y valoraciones que no caben a la hora de instar una revisión fáctica y procede además a valorar la testifical practicada entendiendo que la misma no se debió practicar, alegando irregularidades procesales que son propias de los motivos recogidos en el apartado a) del artículo 193 de la LRJS y que no pueden fundar una revisión fáctica. En todo caso en relación a tales irregularidades, alegando que el letrado de la empresa salió de la Sala, no consta en qué momento tuvo lugar tal hecho pues no se indica, no consta que pese a tal salida de la Sala que como decimos desconocemos la razón por la que se produjo ni si la parte actora se opuso o no a tal salida de la Sala, ello no implica que el abogado hablara con su testigo al salir, son meras suposiciones, y además ya se alegó tal circunstancia en el acto de juicio, el magistrado pese a ello admitió la prueba testifical y frente a tal admisión para su valoración en sentencia, no se formuló protesta alguna la parte recurrente, por lo que no cabe ahora tras la valoración efectuada por el magistrado de instancia, alegar tal irregularidad procesal y además por un cauce inapropiado y así al instar la revisión de los hechos probados. Además, la modificación interesada pretende recoger en tal hecho probado un hecho negativo y así que se desconoce la jornada realizada durante su relación laboral, que no cabe incluir en el relato fáctico en el que lo que deben reflejarse son los hechos acreditados y no los que se desconocen. En todo caso resulta sorprende que el propio trabajador desconozca el horario y jornada que realizó durante su relación laboral que parece es lo que interesa que se recoja en el relato fáctico, teniendo en cuenta que reclama por descansos no disfrutados y por horas extraordinarias, lo que supone que debe conocer cuál fue su jornada y horario puesto que reclama tales conceptos.

En cuanto al hecho probado cuarto, que recoge lo que el actor solicita en la demanda, pretende adicionar una apreciación y valoración, y así que se reclaman por no haberse respetado los descansos establecidos, y tal valoración debe quedar al margen del relato fáctico, teniendo en cuenta que en cuanto a la demanda y a lo que se argumenta para las peticiones que se formulan, debe estarse a lo que consta en la misma.

En cuanto a las modificaciones interesadas de los hechos quinto, sexto y séptimo, de forma global respecto de todos ellos, lo que se realiza por la parte recurrente son argumentaciones y valoraciones acerca de la prueba tenida en cuenta por el magistrado de instancia para llegar a los extremos recogidos en los mismos, argumentaciones, hipótesis y valoraciones que no caben a la hora de instar una revisión fáctica y además no se cita documental alguna para apoyar las revisiones fácticas pretendidas que por otro lado no pretenden recoger hechos sino que llevan a cabo una valoración y argumentación acerca de lo probado y lo que entiende no se acreditó, insisten en que no se pueden determinar los días de jornada efectiva del actor, lo que volvemos a indicar resulta sorprendente pues al menos el trabajador conocerá los días y horas en las que prestó servicios efectivos, y al no cumplir en forma alguna la parte actora a la hora de articular tales revisiones fácticas con los requisitos que se exigen para poder formular un motivo destinado a la revisión fáctica, conteniendo conceptos predeterminantes del fallo, valoraciones jurídicas y pretendiendo una valoración global de la prueba por parte de la Sala olvidando que nuestro sistema procesal, atribuye al Juzgador de instancia la apreciación de los elementos de convicción- concepto más amplio que el de medios de prueba- para fijar una verdad procesal que sea lo más próxima posible a la real, para lo que ha de valorar, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la LRJS ; así lo ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo ( entre otras sentencia de 17 de diciembre de 1990) y en la misma medida se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sentencia 81/88 de 28 de abril señalando que el Juez de lo Social incardina unos hechos en las previsiones legales, reiterando que la carga de la prueba de los hechos corresponde a las partes, mientras que al Juez corresponde la determinación de los hechos probados, decidiendo "en conciencia y mediante una valoración conjunta". Ello implica , atendiendo a la especial naturaleza del Recurso de Suplicación, que el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba sino realizar un control de la legalidad de la Sentencia recurrida en la medida que le sea pedido y sólo de excepcional manera puede hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas con base en concreto documento auténtico o prueba pericial que obrante en autos patentice de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e incuestionable y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales o razonables, el error de aquel juzgador cuya facultad de apreciación no puede ser desvirtuada por valoraciones distintas o conclusiones diversas de parte interesada.

Desestimamos en consecuencia en su totalidad este primer motivo destinado a la revisión de los hechos probados.

TERCERO. - 1.Al amparo del artículo 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, articula la parte actora el segundo motivo de recurso y al efecto se alega en primer lugar la infracción de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que no se trata de preceptos sustantivos sino procesales y luego se refiere la parte recurrente a los artículos 34.9 y 35 del Estatuto de los Trabajadores, según la nueva regulación introducida con el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, se cita una sentencia de esta Sala que no constituye jurisprudencia a invocar a través de este motivo de recurso pues debe estarse al efecto a lo que consta en el artículo 1-6 CC, y se cita la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de mayo de 2019 (C-55/18). Se refiere al documento 4 de dicha parte, alega que la empresa no aporta el registro de jornada solicitado en los actos preparatorios 277/2024 seguidos ante el Juzgado de lo Social número 25 de Madrid por inexistencia del mismo, y argumenta que no se ha podido comprobar la jornada realizada por el trabajador, ya que la empresa no ha cumplido con el deber de registro de jornada. Alega que no cumplir esa obligación de contar con un registro de la jornada, supone la existencia de una presunción a favor del trabajador, y que la falta del mismo nunca puede favorecer a la parte que incumplió con sus obligaciones. Se vuelve a citar una sentencia de esta Sala y se indica que en este caso se han aportado indicios suficientes sobre la falta de descanso del trabajador, refiriéndose a la conversación telefónica aportada por esta parte y transcrita en el documento nº6, y refiriéndose nuevamente a la sentencia citada dictada por esta Sala, señala que procede la estimación del presente motivo de recurso, revocando la sentencia impugnada y dictando una nueva resolución que reconozca el derecho del actor a la compensación económica de 8 días mensuales derivada de la falta de descanso, en atención a la doctrina jurisprudencial citada.

2. De acuerdo con las infracciones alegadas en este segundo motivo de recurso y la petición que finamente se formula, debemos destacar en primer lugar que a diferencia de la petición que se formulaba en el acto de juicio según el hecho probado cuarto de la sentencia de 120 días festivos, parece según la argumentación que efectúa el actor en el recurso que se limita ahora la reclamación a la compensación de 8 días mensuales por la falta de descanso. Por otro lado, la infracción denunciada por el recurrente, sin tener en cuenta las de carácter procesal que no proceden a la hora de articular este motivo destinado al examen de las infracciones jurídicas y no procesales, no siendo tampoco objeto del mismo proceder a una nueva valoración pretendida por la parte recurrente, se refiere a la inexistencia en la empresa del registro de jornada que alega implica la presunción a favor del trabajador.

3. El artículo 34-9 de dicho texto legal, tras la modificación operada a través del RD Ley 8/2019, de 8 de marzo (RCL 2019, 399) , de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, dispone que la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. El Preámbulo de esta última disposición estableció la finalidad de la reforma, aludiendo a la necesaria adaptación de la normativa española a la interpretación que de la Directiva 2003/88 /CE ( LCEur 2003, 3868) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, se viene manteniendo desde las instituciones europeas, en concreto desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este contexto, la STJUE de 14-5-2019, asunto C-55/18 (TJCE 2019, 90) , señaló que "para garantizar el efecto útil de los derechos recogidos en la Directiva 2003/88 y del derecho fundamental consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta, los Estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador". Refiere la norma, igualmente, la necesidad de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, de crear un marco de seguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para las empresas, facilitándose la resolución de discrepancias en cuanto a la jornada y, en consecuencia, sobre el salario. A raíz de esta nueva regulación, de la específica en materia de horas extras, y de la doctrina europea, no rige ya la jurisprudencia tradicional que obligaba al trabajador a acreditar la realización una a una y desglosadas de las horas extraordinarias, pues, siendo el empresario quien tiene la obligación de llevar un registro de la jornada efectuada, tiene a su alcance de forma plena los instrumentos probatorios destinados a su acreditación. Es, por tanto, de aplicación el principio de disponibilidad y facilidad probatoria ( art. 217.7de la LEC ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) ), correspondiendo a la empresa, ante las afirmaciones contenidas en la demanda sobre la jornada de trabajo, desmontar esa argumentación por ser la única de las partes del litigio que tenía en su mano la capacidad para hacerlo mediante la aportación de los registros correspondientes, tal y como fue solicitado por el demandante y requerido por el juzgado. Desatendida injustificadamente tal carga pese a la iniciativa probatoria de la parte actora, no podría hacerse recaer sobre el trabajador, en el caso de haber desplegado el mismo toda la actividad que le era exigible en orden a tomar conocimiento del registro de jornada, la carga de acreditar la realización de las horas extraordinarias, y así lo han señalado en el especifico ámbito del RD Ley 8/2019 y de la jurisprudencia europea antes referida, las sentencias de la Comunidad Valenciana de 17.11.2020, rec. 3230/2019, y La Rioja de 22.10.2020 (AS 2021, 285) , rec. 76/2020. Sin embargo, como también se indica en las Sentencias citadas, para que proceda la inversión de la carga de la prueba, es preciso que existan cuando menos indicios de que el trabajador pudiera hacer el horario que afirma realizar, estableciendo que "es cierto que el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores obliga al empresario a registrar la jornada de cada trabajador día a día y a totalizar el número de horas realizadas en el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente... si bien, para que dicho incumplimiento lleve a invertir la carga de la prueba no basta con que se acredite la falta de registro y el trabajador alegue la realización de horas extraordinarias, sino que ha de presentarse un panorama indiciario suficiente de la realización de excesos de jornada que permitan una mínima cuantificación, en cuyo caso y frente a la prueba de tales excesos, no podría desestimarse la demanda por la falta de concreta cuantificación de las horas extraordinarias realizadas, puesto que es el empresario el que, cumpliendo con sus deberes legales, puede aportar dicha cuantificación".

Y teniendo en cuenta tales consideraciones, debemos partir en primer lugar de la petición que se formulaba en la demanda en cuyo suplico se solicita se condene a la empresa a abonar al trabajador la suma de 18.739,73 euros junto con sus intereses legales en concepto de compensación de días de descanso no disfrutados. Y en el hecho quinto de la demanda se indica que "Asimismo, cabe precisar que la empresa demandada tiene pendiente de abonar todas las horas extraordinarias - no prescritas - realizadas por mi mandante. Se reserva esta parte la interposición de la reclamación correspondientes, una vez la empresa aporte los registros horarios que tiene obligación de mantener incluso cuando el personal se encuentra fuera de España.".Esa concreción de horas extraordinarias entendemos que no se realizó ni en el acto de juicio y tampoco se ha realizado en el escrito de recurso en el que como decimos, además no se reclama suma alguna referida a la realización de horas extraordinarias, sino solo la compensación económica por los ocho días al mes que indica debió disfrutar, y si bien cabría aplicar las reglas que hemos expuesto ante la inexistencia del registro de jornada, de que ante un panorama indiciario de no haber disfrutado de descansos, sería la empresa la que tendría que acreditar que sí los disfrutó al no contar con tal registro de jornada, debe en primer lugar determinarse si se ha acreditado tal panorama indiciario. Y para apreciar si se ha aportado por el trabajador un panorama indiciario en cuanto a la falta de disfrute de tales descansos, debe partirse de que como señala el TS en sentencias de 13.7.2010 (RJ 2010, 6811) , rec. 17/2009, 21.10.2010 (RJ 2010, 7820) , rec. 198/2009, y 23.9.2014 (RJ 2014, 5094) , rec. 66/2014, entre otras, el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS (RCL 2011, 1845) únicamente al juzgador de instancia por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación/suplicación sino el ordinario de apelación, dentro de esa plena facultad soberana del juez de instancia se encuentran determinadas decisiones procesales con relevancia en la práctica y valoración de la prueba, como es la facultad para tener por confesa a la parte llamada a la prueba de interrogatorio que no compareciese sin justa causa, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho (artículo 91.2) o la facultad de tener por probados determinados hechos si la parte requerida no presentara sin causa justificada la prueba documental en su poder (artículo 94.2). En tales casos -siguen diciendo tales Sentencias- la decisión del órgano judicial de instancia solamente puede ser revisada en suplicación de forma limitada, esto es, cuando no concurran las condiciones que habilitaban al órgano judicial para adoptar esa decisión, o cuando se haya adoptado de forma contraria a la lógica o con criterios arbitrarios respecto a la solución adoptada por el mismo órgano en casos iguales. Lo que la Sala de suplicación no puede hacer, por no ser competente para ello, es sustituir la decisión del órgano judicial de instancia por la suya propia. Es posible que la decisión pudiera haber sido otra, igualmente válida, siempre y cuando se produzca dentro del margen de libertad de apreciación del órgano judicial, pero en tanto dicho margen no se haya superado la decisión adoptada por el órgano de instancia ha de ser respetada. Y en este concreto supuesto, el juzgador de instancia pese a la ausencia del indicado registro de jornada, valora la testifical practicada, junto con la documental y el audio aportado el actor y recoge en el hecho probado sexto y séptimo, los días y horas trabajados, indicando que la totalidad de días de asistencia del actor de enero a octubre del 2023 fue de 45 días, siendo en dicho periodo, los días prestados en sábados, domingos y festivos, de un total de 10 días trabajados. Y ante ello, por un lado, no acredita el actor panorama indiciario alguno que lleve a entender que no disfrutó de descanso alguno en todo el periodo trabajado y que se encontraba en régimen de plena disponibilidad continuo de la empresa, indicando el hecho probado quinto que el calendario de días de prestación efectiva de trabajo lo conocía el actor con un mes de antelación al estar vinculado a despegues y aterrizajes del avión, y además a partir de la indicada testifical y documental , habría acreditado la empresa los días y horas trabajados por el actor, y los fines de semana y festivos que trabajó el actor, y que revelarían que no se superaba por el actor la jornada de convenio y que además se habría dado cumplimiento al disfrute de al menos 8 días de descanso al mes, teniendo en cuenta que se prevé en el convenio colectivo para los técnicos de mantenimiento la distribución irregular de la jornada y que lo que se contempla es la necesidad de ocho días de descanso mensuales, por lo que considerando los días trabajados en sábados, domingos y festivos antes indicados se habría cumplido con tal previsión del convenio y no procede el abono de suma alguna en compensación de días de descanso no disfrutados que se reclama. La empresa habría cumplido así en todo caso con la carga probatoria que le incumbía para acreditar que no se produjo tal falta de disfrute de descansos, y no podemos apreciar las infracciones denunciadas por el recurrente, pues el artículo 34-9 del ET impone al empresario una carga específica de llevanza de un registro suficiente de la jornada y el horario realizado por cada trabajador, pero cabe que a través de otros medios probatorios, como así lo ha hecho en este caso la empresa, se acredite por la empresa que la jornada del trabajador, que ni tan siquiera indica el mismo cuál era el horario y jornada que realizaba, no superaba la prevista en convenio, y que se cumplieron las previsiones convencionales en orden al disfrute de los descansos mensuales. Y el hecho de que no se haya aportado el registro horario no puede servir para considerar acreditado, como pretende el actor, que tenía una disponibilidad continua para la empresa y que no podía disfrutar de descanso alguno, cuando se ha articulado prueba valorada por el magistrado de instancia a partir de la cual aprecia que el actor conocía con un mes de antelación los días de prestación efectiva de trabajo, que su jornada no superaba la prevista en convenio y no se acredita tampoco la pretendida realización de horas extraordinarias que se apunta en la demanda, no desprendiéndose por otro lado ni de la demanda ni del recurso reclamación alguna ni por horas extraordinarias ni por vacaciones como antes hemos expuesto .

En consecuencia y habiéndose mantenido inalterado el relato fáctico de la sentencia, no podemos apreciar las infracciones denunciadas y tras desestimar el recurso formulado confirmamos la sentencia de instancia.

CUARTO. -De conformidad con lo establecido en el artículo 235 de la Ley de la Jurisdicción Social, dada la condición del recurrente de beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita no procede la imposición de costas.

Por ello;

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,