Sentencia Social 10/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Sexta, Rec. 497/2025 de 15 de enero del 2026

PRIMERO.1Frente a la sentencia de instancia que estimando en parte la demanda declara la improcedencia del despido operado por la compañía Instalaciones y Servicios de Cartelería, S.L. (ISC en adelante) con efectos de 25 de octubre de 2023, absolviendo a la entidad NIBURU GLOBAL SL de los pedimentos contra ella deducidos, se alza en suplicación la representación procesal de la compañía ISC.

2.Razones de lógica procesal conducen a examinar de manera conjunta el primer y cuarto motivo de recurso, en los que se denuncia la infracción de los artículos 24 y 118 de la CE en relación con el artículo 91.2 de la LRJS y 304 de la LEC.

Sostiene quien recurre que pese a haber sido admitida por auto de 27 de mayo de 2024 la prueba de interrogatorio del administrador único de la compañía codemandada, éste no compareció al plenario (pese a estar citado en legal forma) no habiendo activado la juzgadora los efectos de la ficta confessiocomo consecuencia de dicha incomparecencia, lo que determinó la condena de quien ahora recurre.

3.Establecido lo anterior, procede recordar que el artículo 91.2 de la LRJS señala que "Si el llamado al interrogatorio no compareciese sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte".

En el mismo sentido, el artículo 304 de la LEC dispone que "Si la parte citada para el interrogatorio no compareciere al juicio, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, además de imponerle la multa a que se refiere el apartado cuarto del artículo 292 de la presente Ley .

En la citación se apercibirá al interesado que, en caso de incomparecencia injustificada, se producirá el efecto señalado en el párrafo anterior".

4.Atendiendo a la precitada doctrina, el motivo que nos ocupa fracasa, porque es doctrina consolidada la que, interpretando estos preceptos, ha reiterado que lo reconocido al juzgador por el precitado cuerpo normativo es una "facultad" de la que puede o no hacer uso en los supuestos de incomparecencia de la parte llamada a intervenir en el proceso mediante su interrogatorio (por todas, STS de 5 de junio de 2007, rcud.106/2005).

Por consiguiente, no cabe en esta extraordinaria sede hurtar al juzgador de instancia de dicha facultad; de tal modo que si la magistrada, a la vista del resultado arrojado por el nutrido conjunto de prueba documental unida a las actuaciones, entendió que no procedía activar los efectos de la ficta confessio,no puede esta Sala variar dicha decisión, no derivándose de ella lesión alguna del derecho de tutela judicial efectiva titularidad de quien recurre ni, por consiguiente, ningún escenario de indefensión en los términos que se denuncian.

En definitiva, no apreciando la concurrencia de la infracción denunciada, los motivos examinados ha de ser rechazados.

SEGUNDO.1Dedica la compañía sus siguientes motivos de recurso, con adecuado encaje en la letra b) del artículo 193 de la LRLJS a la rectificación del relato de hechos probados contenido en la sentencia.

2.En primer lugar propone una redacción alternativa para el ordinal segundo, para que en adelante rece como sigue:

"SEGUNDO.- JCDecaux España SLU (en adelante JCDecaux) e ISC suscribieron en fecha 2 de junio de 2022 un contrato de prestación de servicios en virtud del cual la segunda se obligaba a prestar servicios de instalación y servicios de cartelería publicitaria por cuenta de la primera, a cambio de un precio en el Metro de Madrid, los servicios contratados conforme al Anexo 4 del contrato consistían en Limpieza, Colocación general y gran formato y Revisiones.(documento 1 del ramo de prueba de ISC)."

3.Como recuerda la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2022 (Recurso 219/2021) "reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112), 3 julio 2013 (rec. 88/2012), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

B) No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo. La revisión fáctica propuesta ha de ser trascendente para la resolución del litigio, es decir, de entidad suficiente para hacer variar el signo del pronunciamiento de instancia, pues en otro caso resultaría inútil. En efecto, "la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes" ( STS de 27 de marzo de 2000, rcud 2497/1999 ). Lo que conduce a rechazar aquéllas modificaciones que carecen de trascendencia para la resolución del litigio y que únicamente se justifican porque la redacción propuesta es de mayor agrado del recurrente, pues, reiteramos, el error debe ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida ( STS 11 de febrero de 2014, rec. 27/2013 ).

C) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS 6 junio 2012, rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

4.Atendiendo a la precitada doctrina el motivo que nos ocupa fracasa, pues sesga quien recurre el contenido del anexo 4 del contrato de prestación de servicios suscrito con JCDecaux, pues la actividad de limpieza que se contiene en el punto 1 de dicho anexo no se refiere a actividades de limpieza general, sino exclusivamente a la de los soportes de la publicidad cuya colocación fue objeto de contratación.

TERCERO.1Interesa a continuación se incorpore un novedoso hecho probado décimo que señale que:

DECIMO- JC DECAUX, mediante correo electrónico a 1/6/2023 a las 9:47 horas le notifica a ISC que a partir del día 1 de junio de 2023 dejará de prestar sus servicios para JCDecaux en la línea 6 de metro de Madrid salvo en lo que respecta a los soportes 4x3m ubicados en dicha línea. (documento 21 de ISC).

2.El motivo se rechaza, por cuanto de nuevo sesga la demandada el contenido de las comunicaciones electrónicas contenidas en el documento 21 por ella aportado, en el que la parte receptora de la comunicación electrónica manifiesta no ser la persona competente a los efectos de contratación o modificación del servicio, sin que la empresa haga referencia alguna a dicho particular.

CUARTO.Por idénticos razonamientos, a los que nos remitimos, fracasan los dos motivos que se construyen a continuación, que pretenden introducir dos novedosos ordinales que precisen que:

"DECIMO PRIMERO.-con fecha 16/10/2023 ISCE comunica a JCDecaux que si a final de semana no responden si mantienen o no la fijación de la Línea 6 darán por hecho y confirmada la decisión de quitarnos la fijación de la Línea"

"DECIMO SEGUNDO.-ISC comunicó a NIBIRU GLOBAL S.L. la subrogación del trabajador Sr. Rosendo remitiendo la documentación laboral del mismo mediante burofax de 24/10/2023 acompañando carta de subrogación de 24/10/2023 y documentación del trabajador, y mediante correo electrónico de 26/10/2023 a las 11:14 horas reproduciendo la carta de subrogación y documentación del trabajador.(documento 15,25 y 26, 18, 16 y 17 del ramo de prueba de ISC)."

QUINTO.1Dedica la mercantil su último motivo de recurso, construido al amparo de la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al examen del derecho sustantivo y la doctrina jurisprudencial aplicados por el magistrado de instancia, citando como infringido el artículo 44 del ET en relación con el artículo 24.1, 6 y 9 del convenio colectivo de la Comunidad de Madrid de limpieza de edificios y locales, así como de los artículo 9 y 11 del convenio sectorial de limpieza.

Razona que, de conformidad con la normativa convencional referida debió la compañía NIBURO GLOBAL haber subrogado a Don Rosendo al tiempo de asumir la actividad contratada con la empresa comitente, lo que a su juicio desencadenaría la condena de ésta, y la consiguiente absolución de la ahora recurrente.

2.Se opone el actor a la estimación del recurso interesando la confirmación de la sentencia recurrida por sus propios argumentos.

SEXTO.1El recurso que nos ocupa va a ser desestimado por diversos razonamientos.

En primer término, porque cita la compañía como infringido un cuerpo normativo que no ha sido aplicado por la magistrada de instancia en la sentencia que se combate al tiempo de dictar su sentencia, con lo que tal censura jurídica resulta inapropiada para lograr la alteración del sentido del fallo en los términos que se persigue.

Así, no resulta acreditado que la prestación de servicios que unía al Sr. Rosendo con la compañía ISC se rigiera por el convenio colectivo (sectorial o provincial) de limpieza; como tampoco consta que el actor (peón especialista) se dedicara a la actividad de limpieza desde su incorporación en noviembre de 2016, ni lo hiciera en las instalaciones del Metro de Madrid objeto de la contratación con JCDecaux.

En el mismo orden de cosas, tampoco contiene la sentencia recurrida dato alguno relativo a la circunstancia de encontrarse el actor adscrito de manera exclusiva al servicio que fue objeto de contratación con JCDecaux.

2.Pero es que además, conviene recordar que el artículo 44.2 del ET precisa que "a los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria".

Para determinar si ha habido o no sucesión de empresa es fundamental que se produzca, de acuerdo con el citado artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, un cambio de titularidad de la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma y que la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad tras la adquisición por el nuevo empresario ( sentencia del Tribunal Supremo, entre otras, de 12 de mayo de 2010), debiendo referirse la transmisión a una unidad económica organizada de forma estable y que goce de autonomía suficiente con anterioridad a la transmisión ( sentencia del TJUE de 6 de marzo de 2014, C-458/12).

Interpretando estos preceptos hemos de traerá colación la doctrina unificada de la Sal Cuarta, por todas la importante Sentencia de Pleno de 27 de septiembre de 2018 (recurso 2747/2016) que recuerda que "para que pueda entenderse existente una transmisión de empresa -a los efectos que refieren las Directivas CE 77/187 y 98/50- es necesario que la transmisión vaya referida a cualquier «entidad económica que mantenga su identidad» después de la transmisión o traspaso, entendiendo por tal «un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria»; o el «conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio». Pero a la par teniendo presente que la mera circunstancia de que el servicio prestado por el antiguo y el nuevo adjudicatario de una contrata -en el caso, Encomienda- sea similar no es suficiente para afirmar que existe transmisión de una entidad económica entre la primera y la segunda empresa. En efecto, su identidad resulta también de otros elementos, como el personal que la integra, sus directivos, la organización de su trabajo, sus métodos de explotación o, en su caso, los medios de explotación de que dispone (entre tantas, SSTJCE 1986/65, de 18/Marzo, Spijkers; 1997/45, asunto Süzen; 1998/309, asunto Hidalgo; 1999/283, asunto Allen; 1998/308, asunto Hernández Vidal; y 25/Enero/01, asunto Oy Liikenne)"

Sigue diciendo el Alto Tribunal que "en estos supuestos de subrogación convencional «la naturaleza del fenómeno subrogatorio es singular también en sus efectos: a) Se asume a los trabajadores del empresario saliente (en las condiciones previstas por el convenio) en un caso en que ni la norma comunitaria ni la Ley española obligan a ello. b) La realidad material de que la mayoría de trabajadores está al servicio del nuevo empleador provoca una " sucesión de plantilla" y una ulterior " sucesión de empresa". c) Esta peculiar consecuencia no altera la ontología de lo acaecido, que sigue estando gobernado por el convenio colectivo. d) Puesto que si no existiera el mandato del convenio tampoco habría subrogación empresarial, la regulación pactada aparece como una mejora de las previsiones comunitarias amparada por el carácter mínimo de la Directiva ( art. 8 de la Directiva 2001/23/CE) o la condición de Derecho necesario relativo de la Ley ( arts. 3.3 y 85.1 ET) . Este resultado, sin duda peculiar, no solo se explica por la necesidad de cohonestar previsiones de cuerpos normativos con ópticas muy heterogéneas (comunitaria, estatal, convencional) sino también por el necesario respeto a los principios de norma mínima y primacía del Derecho Comunitario. La continuidad laboral de los contratos está en manos del convenio colectivo y esa regulación es la que de aplicarse en todo lo que sea compatible con las restantes...» (así, la ya referida STS -Pleno- 07/04/16 -rcud 2269/2014).

A lo anterior cabe añadir, como argumentamos en la sentencia de 7 marzo 2018 (rec. 267/2016), que "la sucesión o subrogación de la empresa entrante en la prestación del servicio y en las relaciones de trabajo de los que en la saliente prestaban sus servicios se lleva a cabo en virtud de lo que dispone el convenio sectorial que precisamente regula de manera específica esa subrogación, que en otro caso y en los supuestos normales no se produciría, lo que determina que las partes que negocian los términos de esa subrogación la puedan llevar a cabo en los términos que estimen convenientes, siempre y cuando no conculquen ningún precepto de Derecho necesario".

Respecto de la conocida como Sentencia Somoza Hermo del TJUE la Sala Cuarta manifiesta que "la sentencia reitera dogmas tan conocidos como relevantes sobre la materia: 1) La subrogación no exige que existan relaciones contractuales directas entre cedente y cesionario. 2) La transmisión debe tener por objeto una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados. 3) La apreciación de si existe un conjunto de medios organizados debe llevarse a cabo evaluando el conjunto de circunstancias concurrentes, incluyendo actividad ejercida y medios de producción activados.

4) En ciertas actividades un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una actividad económica.

C) Respecto del sector de vigilancia de edificios y locales, la STJUE de 11 julio 2018 (partiendo de que se trata de actividad "que no requiere el uso de materiales específicos"), manifiesta lo siguiente:

(& 36): A este respecto, en la resolución de remisión se indica que, para desempeñar las actividades de vigilancia del Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela, antes confiadas a Esabe Vigilancia, VINSA se hizo cargo de los trabajadores que esta última destinaba a esas actividades.

(& 35): Puede considerarse una actividad que descansa fundamentalmente en la mano de obra y, por consiguiente, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común de vigilancia puede, a falta de otros factores de producción, constituir una entidad económica. No obstante, en este supuesto es preciso además que dicha entidad mantenga su identidad aun después de la operación de que se trate.

(& 37): La identidad de una entidad económica como la controvertida en el litigio principal, que descansa fundamentalmente en la mano de obra, puede mantenerse si el supuesto cesionario se ha hecho cargo de una parte esencial del personal de esa entidad.

(& 38): Que la asunción de personal venga impuesta por convenio colectivo no afecta al hecho de que la transmisión se refiere a una entidad económica.

(& 38): El objetivo perseguido por el Convenio colectivo de las empresas de seguridad es el mismo que el de la Directiva 2001/23 y que este Convenio colectivo regula expresamente, en lo que atañe a la asunción de una parte del personal, el caso de una nueva adjudicación como la que es objeto del litigio principal.

D) A la vista de cuanto antecede, el fallo de la sentencia enlaza los condicionantes y los efectos de su doctrina: El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de [transmisiones] de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que esta Directiva se aplica a una situación en la que un arrendatario de servicios ha resuelto el contrato de prestación de servicios de vigilancia de instalaciones celebrado con una empresa y, a efectos de la ejecución de la prestación, ha celebrado un nuevo contrato con otra empresa que se hace cargo, en virtud de un convenio colectivo, de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que la primera empresa destinaba a la ejecución de dicha prestación, siempre y cuando la operación vaya acompañada de la transmisión de una entidad económica entre las dos empresas afectadas"

SÉPTIMO.1La aplicación del precitado marco regulatorio al caso que nos ocupa conduce a la misma conclusión, en tanto que no ha quedado acreditada la realidad del presupuesto previo más elemental que determinaría la aplicación del artículo 44 de la norma estatutaria, esto es, la asunción por parte de Niburu Global de los servicios que previamente venía atendiendo ISC.

Así, resulta acreditado que el 2 de junio de 2022 ISC suscribió un contrato con JCDecaux en virtud del cual la primera se obligaba a prestar servicios de instalación y servicios de cartelería publicitariapor cuenta de la primera en el Metro de Madrid.

En el mes de mayo de 2023 JCDecaux rubricó con Niburu Global SL contrato de prestación de servicios en cuya virtud la segunda se obligaba a prestar servicios de instalación y servicios de cartelería publicitaria por cuenta de la primera, a cambio de un precio, en el Metro de Madrid.

El 27 de abril de 2023 ISC comunicó a JCDecaux su voluntad de no seguir renovando el contrato que las unía, fijando la fecha de finalización del mismo el 23 de diciembre de 2023.

El 25 de octubre de 2023 ISC comunicó al actor la extinción de su contrato, con efectos de esa misma fecha, como consecuencia de la pérdida de la contrata de fijación de cartelescon JCDecaux.

El 10 de noviembre de 2023 la mercantil JCDecaux suscribió contrato con la compañía LD empresa de Limpieza y Desinfección SA contrato para la limpieza y mantenimiento de mobiliario y soporte digitales del Metro de Madrid, previamente (el 20 de octubre) LD solicitó de ISC información sobre el personal a subrogar, proporcionando esta compañía los correspondientes datos, entre los que no se encontraba el actor.

2.Como se comprueba de lo expuesto, ISC y Niburu prestaron de manera simultánea (que no sucesiva) las tareas de instalación y cartelería publicitaria para JCDecaux en las instalaciones del Metro de Madrid. De este modo, no cabe afirmar que Niburu sucediera en la prestación de tal actividad a la ahora recurrente, ni que se hubiera transmitido por ésta a aquélla unidad productiva en los términos más arriba descritos.

No consta que ISC facilitara o remitiera a tal compañía documentación alguna a los efectos de dar cumplimiento de los deberes contenidos en el apartado 6 del artículo 44 del ET, ni que aquélla se los requiera. Tampoco, que Niburu prestara en ningún momento sus servicios con personal procedente de ISC.

En definitiva, no podemos afirmar que nos encontremos ante el escenario a que se refiere la norma que analizamos, ni que, en consecuencia, pesara sobre la compañía Niburu Global SL deber de subrogación alguno en relación con el Sr. Rosendo. Si a ello le unimos la circunstancia de haber comunicado la empleadora al actor la extinción del contrato dos meses antes de la finalización efectiva de la prestación del servicio contratado, no podemos más que desestimar el recurso que nos ocupa al no considerar se haya infringido el cuerpo normativo examinado.

OCTAVO.Dispone el artículo 235.1 de la LRJS que "la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación".

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación