Sentencia Social 118/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Sexta, Rec. 786/2025 de 19 de febrero del 2026

PRIMERO.-El Juzgado de lo Social número 35 de Madrid ha dictado sentencia el 9 de julio de 2025, en el procedimiento 1370/2024, sobre cese de actividad, en el que son parte Dña. Belen, como demandante, y Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, como demandados, en la cual se desestima la demanda estimando la excepción de falta de legitimación pasiva de Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, y absolviendo a la Mutua de la demanda.

Contra ella se formula recurso de suplicación por la parte demandantesolicitando que se revoque la sentencia y se declare "el derecho a percibir la prestación por cese de actividad desde el 1 de septiembre de 2024, por un periodo de 24 meses, con una base diaria de 21,95 €, con todos los efectos económicos y legales correspondientes"

Para sostener su petición se alegan los siguientes motivos:

1. Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para la revisión de hechos probados consistente en:

a. Modificar el hecho probado quintopara que quede con el siguiente contenido:

"La demandante ha acreditado una caída continuada y estructural de ingresos netos, pasando de 13.503,92 € en 2022, a 5.768,45 € en 2023, y finalmente a 322,72 € en 2024 (hasta el cese de la actividad a 31 de agosto de 2024). Esta evolución refleja de manera objetiva la inviabilidad del negocio, lo cual motivó el cierre definitivo".

2. Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, a consecuencia de infracción de normas sustantivas o de la Jurisprudencia, por los siguientes motivos:

a. "Infracción del artículo 331.1.b) del TRLGSS".

b. Infracción de jurisprudencia citando al respecto:

1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Navarra (Pamplona), de 27 de marzo de 2025. Recurso 42/2025.

2. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Palma de Mallorca), de 11 de diciembre de 2024. Recurso 424/2024.

3. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 20 abril de 2023. Recurso 59/2023.

4. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 06 de mayo de 2022. Recurso 192/2022.

5. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 08 de junio de 2018.

6. Sentencia del Tribunal Supremo 51/2019, de 24 de enero de 2019.

c. Infracción del artículo al artículo 338.1 TRLGSS.

d. "Vulneración del principio de protección efectiva al autónomo y del Art. 41 CE".

e. "Vulneración del art. 350.2 TRLGSS".

SEGUNDO.- Revisión de hechos probados.

La previsión legal del artículo 193 b ) LRJS permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones o errores de apreciación entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales y periciales practicadas habiéndose exigido por reiterada Jurisprudencia para que prospere la alteración de los hechos probados de una sentencia entre otros requisitos (TS 11 de abril de 2024, recurso 95/2022; 5 de marzo de 2024, recurso 34/2022; 14 de diciembre de 2022, recurso 131/2022; 22 de noviembre de 2021, recurso106/2021; 15 de julio de 2021, recurso 68/2021; 9 de enero de 2019, recurso 108/2018; 25 de septiembre de 2018, recurso: 43/2018, y las que cita de 28 mayo 2013, recurso 5/20112; 3 julio 2013, recurso 88/2012; 25 marzo 2014, recurso 161/2013; y 2 marzo 2016, recuro 153/2015):

1. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

2. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos o prueba pericial (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

3. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

4. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

5. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo.

El interés que al respecto muestra la recurrente se manifiesta en la revisión del hecho probado quinto, pero éste se dedica a constatar la reclamación previa y la resolución desestimatoria, lo que no es homologable por el contenido que se quiere dar al hecho probado evidenciando lo que parece ser un error material. Se intuye por dicho contenido que lo que pretende es la sustitución del relato del hecho probado sextoque describe el resultado de pérdidas y ganancias por otro contenido distinto en el que se expresen ingresos netos acompañándolo de unas valoraciones subjetivas de tales datos. La única alegación de la propuesta para sustentar y justificar su petición es que "Esta reformulación se basa en prueba documental indiscutida (modelos fiscales, declaraciones de IRPF y certificado de ingresos de la AEAT) y responde a criterios jurisprudenciales consolidados que priorizan la apreciación global de la viabilidad económica sobre una cifra porcentual cerrada".La propuesta revisora no identifica con suficiente claridad y precisión los documentos concretos dentro del procedimiento ni el lugar en que, dentro de esos posibles documentos, se encuentra ese contenido que debería ser claro, directo y pleno en la determinación del hecho; de este modo obligaría al Tribunal a tener que realizar una labor de búsqueda, localización y valoración selectiva para la que no tiene autorización legal y jurisprudencial.

Por otro lado, ofrece un texto en el que se incluyen consideraciones valorativas y expresan una voluntad subjetiva dirigida a un fin que beneficie su interés, lo cual es igualmente inadmisible tal como contempla la jurisprudencia ya reseñada.

Por último, la propuesta sustituye completamente el contenido del hecho probado quinto, lo que supone la exclusión de los datos relativos al resultado de pérdidas y ganancias de los periodos implicados en la prestación sin dar ninguna explicación al respecto cuando son hechos que se han dado como probados por la sentencia y se han de considerar cierto si no se niegan o se contradicen adecuadamente.

TERCERO. - Falta de informe vinculante a la Comisión Paritaria.

En el procedimiento declarativo se planteó la cuestión de falta del dictamen elaborado por la comisión paritaria exigido prevista en el artículo 350.2 LGSS, dando contestación a ello aplicando lo que ya se había manifestado por el Tribunal Superior de Justicia en sentencia de 3 de noviembre de 2021, Recurso 828/2021, donde se dice:

"... la Mutua demandada, antes de resolver la Reclamación Previa, tenía que enviar a la Comisión Paritaria, el expediente de la actora y la propuesta denegatoria de Resolución a su Reclamación Previa, para que la Comisión Paritaria decidiera la conformidad o disconformidad con la propuesta denegatoria de Resolución a la Reclamación Previa de la actora, planteada por la Mutua y en caso de disconformidad, tiene que emitir un informe vinculante que tiene que estar elaborado por la Comisión Paritaria".

Este argumento podría analizarse si el recurrente pretendiese, en virtud del mismo, la nulidad del procedimiento administrativo y su retroacción al momento en que se produjo la infracción denunciada para que se dictase correctamente la resolución de la reclamación previa. Pero lo que pretende en la demanda y en el recurso es la concesión de la prestación, lo cual implica un importante e insalvable salto lógico en el cual la Sala no puede acompañarle; y, aun en el caso de que la Sala pudiese de oficio declarar la nulidad de las actuaciones administrativas para retrotraerlas al momento previo a la resolución de la reclamación previa con ello produciría, entonces sí, una grave indefensión al recurrente, porque se encontraría ante la imposibilidad de resolución de la reclamación previa por la Mutua".

La alegación de entonces es reiterada en el recurso de suplicación con el único argumento de que "EGARSAT resolvió la reclamación previa sin aportar prueba de haber solicitado informe vinculante a la Comisión Paritaria, lo que vicia de nulidad el procedimiento Administrativo. La jurisprudencia no lo considera automáticamente causa de estimación, pero sí constituye un defecto relevante en la garantía procedimental, cuya omisión no puede perjudicar a la trabajadora autónoma".Como puede apreciarse, la propuesta no cita ninguna norma o jurisprudencia infringidas, no se realiza argumento de razonamiento por el que haya de considerarse concurrente infracción alguna y ni siquiera se responde a los argumentos judiciales ofrecidos para desestimar la pretensión al respecto, lo cual incumple la obligación del recurrente prevista en el artículo 196 LRJS de identificar la norma o jurisprudencia infringidas, los motivos de infracción y el razonamiento argumentado de lo que se pide ( SSTS 16 enero de 2009, recurso 88/08; 22 de junio de 2017, recirso 3076/15; 11 de julio de 2017, recurso 2291/16; 22 de febrero de 2018, recurso 160/16; 27 de junio de 2018, recurso 1293/2017; y 29 de febrero de 2024, recurso 47/2022), haciendo imposible aceptar la propuesta revisora.

Otro tanto ocurre con la alegación de vulneración del principio de protección efectiva al autónomo y del artículo 41 CE en la que solo se dice que "El rechazo de la prestación por parte de EGARSAT y su confirmación judicial, pese a la documentación acreditativa de una situación económica inviable, constituye una aplicación excesivamente formalista del artículo 331 TRLGSS , contraria al principio de protección social consagrado en el artículo 41 de la Constitución Española ",faltando una argumentación causal que explique cómo y en qué modo tiene lugar la infracción aludida, por lo que no es posible entrar a conocer sobre ello.

CUARTO. - Revisión de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Situación legal de cese de actividad.

La situación de hecho concurrente, en lo que al respecto interesa, nos dice que:

- La demandante permaneció de alta en el RETA desde el 6 de marzo de 2017 y hasta el 2 de septiembre de 2024, cursando la baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores con efectos de 31 de agosto de 2024.

- En el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2023 y junio de 2024 la demandante obtuvo beneficios por importe de 1.408,51 €. En el periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024 los beneficios fueron de 1.198,24 €.

- La demandante tenía cubierta con Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, estando al día en el abono de cuotas.

- El 17 de septiembre de 2024 solicitó la prestación por cese de actividad por la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

- Le fue denegada por la Mutua en resolución de 23 de septiembre de 2024 denegando la prestación solicitada al considerar que el solicitante no cumplía con los requisitos exigidos por la norma.

- Presentó reclamación previa que fue desestimada por la Mutua el 30 de octubre de 2024 indicando que no quedaban acreditadas "pérdidas derivadas del desarrollo de actividad en un año completo, superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio de actividad".

La Mutua ha denegado la prestación de cese de actividad porque no se ha demostrado que en su actividad como autónomo se hayan generado pérdidas superiores, en un año completo, al 10% de los ingresos obtenidos en ese mismo periodo, tal como exige la ley, al constar que la actividad no ha deparado pérdidas.

La sentencia, siguiendo las propuestas de la demandada, resuelve reseñando que lo que consta acreditado es que, tomando en consideración la solicitud inicial y la información aportada junto con la reclamación previa, el resultado de la actividad fue positivo, tal como se dejó constatado en el hecho probado sexto, de modo que no concurre el requisito exigido de pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo; por eso, aunque haya cesado en la actividad, "no se puede considerar que concurra el presupuesto exigido por la norma para la obtención de la prestación".

En lo que es la esencia del conflicto, basado en la concurrencia de causa generadora de situación legal de cese de actividad, el recurso plantea que se transgrede lo dispuesto en el artículo 331.1 b) LGSS, apoyándose en varias sentencias que cita para que se obtenga la misma conclusión que en él se propone. Su planteamiento consiste en que la sentencia hace una aplicación excesivamente rígida del precepto que se dice infringido cuando solo exige como requisito la acreditación de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que hagan inviable la continuidad de la actividad sin limitarlas a cumplimiento de pérdidas netas que superen el umbral del 10% en un periodo concreto. Su afirmación se sustenta en hechos que no figuran entre los probados, alegando que existe una caída progresiva y extrema de los ingresos netos que supone una reducción acumulada del 97,6% respecto a 2022 y un desplome del 94,4% respecto a 2023, en características del negocio desarrollado que dice era una pequeña academia presencial de oposiciones, y en factores externos y ajenos a la voluntad del interesado.

El régimen jurídico de la prestación de cese de actividad se recoge en el artículo 328 LGSS estableciendo que se rige por lo dispuesto en esta ley y en sus normas de desarrollo, así como, supletoriamente, por las normas que regulan el régimen especial de la Seguridad Social de encuadramiento, además de por las normas que se desarrollen reglamentariamente; expresando además el artículo 329 LGSS que "la prestación económica por cese, temporal o definitivo, de la actividad... se regirá exclusivamente por esta ley y las disposiciones que la desarrollen y complementen". Consiguientemente, la prestación de cese de actividad solo queda sometida a las normas específicas de dicha prestación y no a otras normas.

En esa regulación se contempla como requisito, entre otros que no se ponen en cuestión por la Gestora ni por las partes, el de estar en situación legal de cese de actividad ( artículo 330.1 c) LGSS) , situación que concurre en los términos descritos por el artículo 331 LGSS: por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional, por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional, por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por la comisión de infracciones penales, por violencia de género o por divorcio o separación matrimonial, mediante resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge o de la persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social. Por su parte, en el artículo 331 LGSS se establece que para encontrase en situación legal de cese de actividad es necesario que el trabajador autónomo cese en el ejercicio de su actividad, esto es, que exista una actividad previamente desarrollada, y ese cese tenga lugar por alguna de las causas que contempla el precepto.

El motivo de revisión se anuncia como infracción del artículo 331.1 b) LGSS, en el cual se expresa como causa que da lugar a la prestación por cese de actividad, la "fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional". El desarrollo de la petición hace evidente que no se basa en este apartado sino en el apartado a) del artículo 331.1 LGSS que es el que contempla como causa "la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional"; aparentando ser un mero error material y no constitutivo de la contradicción, se da por válida la propuesta asentándola en dicho apartado a) al que nos referimos a continuación.

La situación de cese de actividad se ha vinculado a la prevista en el apartado 1 a) consistente en "la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional".Como dice dicho precepto, se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos cuando concurra alguna de las circunstancias expresamente contempladas, dejando determinados los supuestos en los que se considerará que existen causas económicas, técnicas, productivas u organizativas; lo que se pone en cuestión es si esta expresión conlleva que solo los supuestos contemplados en los apartados 1º a 6º del apartado a) del artículo 331.1 LGSS son los que pueden generar motivo económico, técnico, productivo u organizativo determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional, para constituirse como causa de situación legal de cese de actividad, o pueden serlo otros elementos económicos, técnicos, organizativos o productivos que no sean los específicamente mencionados en ese precepto.

Se hace necesaria una interpretación de la norma, habiendo propuesto al respecto la recurrente la acomodación a la doctrina de sentencias de varios Tribunales Superiores de Justicia y otra del Tribunal Supremo para sostener que lo que trasciende es la inviabilidad de la actividad y ella puede derivar de cualquier otra situación que la justifique distinta de la específicamente indicada en la norma concreta, y quedar acreditada con cualquier prueba válida en derecho; si bien aquellas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia no imponen un resultado al presente litigio ni aporta nada al efecto la del Tribunal Supremo mencionada que no resuelve el fondo del asunto por falta de contradicción.

Para realizar esa interpretación comenzaremos afirmando que su texto no excluye otras posibilidades ni materialmente ni idealmente porque no lo dice ni puede entenderse que, siendo posible la justificación mediante causas técnicas, organizativas y productivas no haya entre las expresadas en ese apartado 1 a) ninguna propiamente calificables como tales. Tampoco puede obviarse que la causa determinante de la situación legal de cese de actividad es la "concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional" y esos motivos no quedan cerrados en su existencia sino por la exigencia de que puedan producir efecto sobre la viabilidad de la actividad, pudiendo entenderse que los que a continuación identifica el precepto son motivos específicos pero no excluyentes de aquellos otros que puedan causar la inviabilidad de la actividad. Tampoco puede olvidarse que cuando el artículo 332 LGSS se refiere a la acreditación de la situación legal de cese de actividad establece que "Las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos se acreditarán mediante declaración jurada del solicitante, en la que se consignará el motivo o motivos concurrentes y la fecha de efectos del cese, a la que acompañará los documentos que seguidamente se establecen, sin perjuicio de aportarse, si aquel lo estima conveniente, cualquier medio de prueba admitido legalmente", especificando que "los motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos se acreditarán mediante los documentos contables, profesionales, fiscales, administrativos o judiciales que justifiquen la falta de viabilidad de la actividad", lo que nos indica que si para justificar los motivos específicamente fijados en el artículo 331 LGSS es necesario aportar determinada documentación específica, para acreditar otros motivos se puede aportar cualquier otra documentación u otro medio de prueba que acredite la falta de viabilidad de la empresa.

Por consiguiente, es posible que la inviabilidad de la actividad profesional desarrollada por el demandante exista por otros motivos de carácter económico, técnico productivo u organizativo siendo únicamente necesario que se acredite y sea materialmente causal de la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad.

Descendiendo a la particularidad del caso, los hechos probados no describen ninguno de los supuestos específicos del artículo 331.1 a), apartados 1º, 2º, 3º, 4º y 5º LGSS; lo que cuenta el hecho probado sexto es que la demandante obtuvo beneficios en el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2023 y junio de 2024; tampoco se han introducido hechos de los que pueda obtenerse una conclusión de inviabilidad de la actividad. Aunque en la sentencia no se dice nada sobre ello, la recurrente dice que su actividad era la de una "Academia presencial de Oposiciones", lo que presupone un establecimiento abierto al público sin que conste que dicho establecimiento haya sido cerrado o transmitido, requisito que exige el artículo 331.1 a) LGSS: "En caso de establecimiento abierto al público se exigirá el cierre del mismo durante la percepción del subsidio o bien su transmisión a terceros. No obstante, el autónomo titular del inmueble donde se ubica el establecimiento podrá realizar sobre el mismo los actos de disposición o disfrute que correspondan a su derecho, siempre que no supongan la continuidad del autónomo en la actividad económica o profesional finalizada".Este requisito es esencial en el reconocimiento del derecho y como constitutivo del mismo debe justificarse por quien se quiere beneficiar del precepto, lo que no ha acontecido a tenor de los hechos probados.

QUINTO. - Revisión de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Duración de la prestación.

Por último, se ha planteado la infracción del artículo 338.1 LGSS porque la sentencia reconoce únicamente 120 días de prestación, cuando resulta acreditado que la solicitante ha cotizado por cese de actividad durante más de 48 meses dentro de los últimos seis años, por lo que le correspondería una duración de 24 meses.

Esta revisión solo sería posible si se hubiese reconocido la prestación; pero no siendo así, no procede ninguna declaración. Ello no obsta que advirtamos que la contradicción planteada por el recurrente tiene que ver con la existencia de un hecho probado de los días de abono de la prestación y del importe diario de ella; en el caso hipotético de reconocimiento de causa de cese de actividad, exigiría la introducción de un hecho probado con esos datos, lo que no se ha interesado, para poder anudarle unas consecuencias jurídicas obtenidas a partir la valoración y aplicación de las normas que determinan la duración de la prestación y la base reguladora de la misma. Solo en el caso de que las partes mostrasen conformidad con esa duración sería admisible, pero tal conformidad no concurre en el presente caso donde se pone en cuestión la duración de la prestación.

En el caso de tener que abordar las particularidades de la prestación porque se hubiese reconocido el derecho, el hecho probado no sería válido en su afirmación sobre la duración de la prestación, que habría de decidirse conforme a los hechos que se hayan acreditado aplicando la norma legal que fija dicha duración.

Resultado de cuanto antecede es que no se justifica la inviabilidad de la actividad, condición necesaria para dar lugar a una situación legal de cese de actividad, por no concurrir motivo económico, técnico, productivo u organizativo para el cese de la actividad. Consiguientemente, se desestima el recurso de suplicación y se confirma la sentencia.

SEXTO. - Costas.

Establece el artículo 235.1 LRJS que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social, comprendiendo éstas los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación.

Desestimándose el recurso de suplicación, pero siendo la recurrente beneficiaria del derecho de asistencia jurídica gratuita conforme a lo previsto en el artículo 2 b) de la Ley 1/1996, se Asistencia Jurídica Gratuita, no procede imposición de costas.

VISTOS los indicados preceptos legales y los demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-El Juzgado de lo Social número 35 de Madrid ha dictado sentencia el 9 de julio de 2025, en el procedimiento 1370/2024, sobre cese de actividad, en el que son parte Dña. Belen, como demandante, y Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, como demandados, en la cual se desestima la demanda estimando la excepción de falta de legitimación pasiva de Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, y absolviendo a la Mutua de la demanda.

Contra ella se formula recurso de suplicación por la parte demandantesolicitando que se revoque la sentencia y se declare "el derecho a percibir la prestación por cese de actividad desde el 1 de septiembre de 2024, por un periodo de 24 meses, con una base diaria de 21,95 €, con todos los efectos económicos y legales correspondientes"

Para sostener su petición se alegan los siguientes motivos:

1. Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para la revisión de hechos probados consistente en:

a. Modificar el hecho probado quintopara que quede con el siguiente contenido:

"La demandante ha acreditado una caída continuada y estructural de ingresos netos, pasando de 13.503,92 € en 2022, a 5.768,45 € en 2023, y finalmente a 322,72 € en 2024 (hasta el cese de la actividad a 31 de agosto de 2024). Esta evolución refleja de manera objetiva la inviabilidad del negocio, lo cual motivó el cierre definitivo".

2. Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, a consecuencia de infracción de normas sustantivas o de la Jurisprudencia, por los siguientes motivos:

a. "Infracción del artículo 331.1.b) del TRLGSS".

b. Infracción de jurisprudencia citando al respecto:

1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Navarra (Pamplona), de 27 de marzo de 2025. Recurso 42/2025.

2. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Palma de Mallorca), de 11 de diciembre de 2024. Recurso 424/2024.

3. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 20 abril de 2023. Recurso 59/2023.

4. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 06 de mayo de 2022. Recurso 192/2022.

5. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 08 de junio de 2018.

6. Sentencia del Tribunal Supremo 51/2019, de 24 de enero de 2019.

c. Infracción del artículo al artículo 338.1 TRLGSS.

d. "Vulneración del principio de protección efectiva al autónomo y del Art. 41 CE".

e. "Vulneración del art. 350.2 TRLGSS".

SEGUNDO.- Revisión de hechos probados.

La previsión legal del artículo 193 b ) LRJS permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones o errores de apreciación entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales y periciales practicadas habiéndose exigido por reiterada Jurisprudencia para que prospere la alteración de los hechos probados de una sentencia entre otros requisitos (TS 11 de abril de 2024, recurso 95/2022; 5 de marzo de 2024, recurso 34/2022; 14 de diciembre de 2022, recurso 131/2022; 22 de noviembre de 2021, recurso106/2021; 15 de julio de 2021, recurso 68/2021; 9 de enero de 2019, recurso 108/2018; 25 de septiembre de 2018, recurso: 43/2018, y las que cita de 28 mayo 2013, recurso 5/20112; 3 julio 2013, recurso 88/2012; 25 marzo 2014, recurso 161/2013; y 2 marzo 2016, recuro 153/2015):

1. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

2. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos o prueba pericial (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

3. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

4. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

5. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo.

El interés que al respecto muestra la recurrente se manifiesta en la revisión del hecho probado quinto, pero éste se dedica a constatar la reclamación previa y la resolución desestimatoria, lo que no es homologable por el contenido que se quiere dar al hecho probado evidenciando lo que parece ser un error material. Se intuye por dicho contenido que lo que pretende es la sustitución del relato del hecho probado sextoque describe el resultado de pérdidas y ganancias por otro contenido distinto en el que se expresen ingresos netos acompañándolo de unas valoraciones subjetivas de tales datos. La única alegación de la propuesta para sustentar y justificar su petición es que "Esta reformulación se basa en prueba documental indiscutida (modelos fiscales, declaraciones de IRPF y certificado de ingresos de la AEAT) y responde a criterios jurisprudenciales consolidados que priorizan la apreciación global de la viabilidad económica sobre una cifra porcentual cerrada".La propuesta revisora no identifica con suficiente claridad y precisión los documentos concretos dentro del procedimiento ni el lugar en que, dentro de esos posibles documentos, se encuentra ese contenido que debería ser claro, directo y pleno en la determinación del hecho; de este modo obligaría al Tribunal a tener que realizar una labor de búsqueda, localización y valoración selectiva para la que no tiene autorización legal y jurisprudencial.

Por otro lado, ofrece un texto en el que se incluyen consideraciones valorativas y expresan una voluntad subjetiva dirigida a un fin que beneficie su interés, lo cual es igualmente inadmisible tal como contempla la jurisprudencia ya reseñada.

Por último, la propuesta sustituye completamente el contenido del hecho probado quinto, lo que supone la exclusión de los datos relativos al resultado de pérdidas y ganancias de los periodos implicados en la prestación sin dar ninguna explicación al respecto cuando son hechos que se han dado como probados por la sentencia y se han de considerar cierto si no se niegan o se contradicen adecuadamente.

TERCERO. - Falta de informe vinculante a la Comisión Paritaria.

En el procedimiento declarativo se planteó la cuestión de falta del dictamen elaborado por la comisión paritaria exigido prevista en el artículo 350.2 LGSS, dando contestación a ello aplicando lo que ya se había manifestado por el Tribunal Superior de Justicia en sentencia de 3 de noviembre de 2021, Recurso 828/2021, donde se dice:

"... la Mutua demandada, antes de resolver la Reclamación Previa, tenía que enviar a la Comisión Paritaria, el expediente de la actora y la propuesta denegatoria de Resolución a su Reclamación Previa, para que la Comisión Paritaria decidiera la conformidad o disconformidad con la propuesta denegatoria de Resolución a la Reclamación Previa de la actora, planteada por la Mutua y en caso de disconformidad, tiene que emitir un informe vinculante que tiene que estar elaborado por la Comisión Paritaria".

Este argumento podría analizarse si el recurrente pretendiese, en virtud del mismo, la nulidad del procedimiento administrativo y su retroacción al momento en que se produjo la infracción denunciada para que se dictase correctamente la resolución de la reclamación previa. Pero lo que pretende en la demanda y en el recurso es la concesión de la prestación, lo cual implica un importante e insalvable salto lógico en el cual la Sala no puede acompañarle; y, aun en el caso de que la Sala pudiese de oficio declarar la nulidad de las actuaciones administrativas para retrotraerlas al momento previo a la resolución de la reclamación previa con ello produciría, entonces sí, una grave indefensión al recurrente, porque se encontraría ante la imposibilidad de resolución de la reclamación previa por la Mutua".

La alegación de entonces es reiterada en el recurso de suplicación con el único argumento de que "EGARSAT resolvió la reclamación previa sin aportar prueba de haber solicitado informe vinculante a la Comisión Paritaria, lo que vicia de nulidad el procedimiento Administrativo. La jurisprudencia no lo considera automáticamente causa de estimación, pero sí constituye un defecto relevante en la garantía procedimental, cuya omisión no puede perjudicar a la trabajadora autónoma".Como puede apreciarse, la propuesta no cita ninguna norma o jurisprudencia infringidas, no se realiza argumento de razonamiento por el que haya de considerarse concurrente infracción alguna y ni siquiera se responde a los argumentos judiciales ofrecidos para desestimar la pretensión al respecto, lo cual incumple la obligación del recurrente prevista en el artículo 196 LRJS de identificar la norma o jurisprudencia infringidas, los motivos de infracción y el razonamiento argumentado de lo que se pide ( SSTS 16 enero de 2009, recurso 88/08; 22 de junio de 2017, recirso 3076/15; 11 de julio de 2017, recurso 2291/16; 22 de febrero de 2018, recurso 160/16; 27 de junio de 2018, recurso 1293/2017; y 29 de febrero de 2024, recurso 47/2022), haciendo imposible aceptar la propuesta revisora.

Otro tanto ocurre con la alegación de vulneración del principio de protección efectiva al autónomo y del artículo 41 CE en la que solo se dice que "El rechazo de la prestación por parte de EGARSAT y su confirmación judicial, pese a la documentación acreditativa de una situación económica inviable, constituye una aplicación excesivamente formalista del artículo 331 TRLGSS , contraria al principio de protección social consagrado en el artículo 41 de la Constitución Española ",faltando una argumentación causal que explique cómo y en qué modo tiene lugar la infracción aludida, por lo que no es posible entrar a conocer sobre ello.

CUARTO. - Revisión de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Situación legal de cese de actividad.

La situación de hecho concurrente, en lo que al respecto interesa, nos dice que:

- La demandante permaneció de alta en el RETA desde el 6 de marzo de 2017 y hasta el 2 de septiembre de 2024, cursando la baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores con efectos de 31 de agosto de 2024.

- En el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2023 y junio de 2024 la demandante obtuvo beneficios por importe de 1.408,51 €. En el periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024 los beneficios fueron de 1.198,24 €.

- La demandante tenía cubierta con Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, estando al día en el abono de cuotas.

- El 17 de septiembre de 2024 solicitó la prestación por cese de actividad por la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

- Le fue denegada por la Mutua en resolución de 23 de septiembre de 2024 denegando la prestación solicitada al considerar que el solicitante no cumplía con los requisitos exigidos por la norma.

- Presentó reclamación previa que fue desestimada por la Mutua el 30 de octubre de 2024 indicando que no quedaban acreditadas "pérdidas derivadas del desarrollo de actividad en un año completo, superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio de actividad".

La Mutua ha denegado la prestación de cese de actividad porque no se ha demostrado que en su actividad como autónomo se hayan generado pérdidas superiores, en un año completo, al 10% de los ingresos obtenidos en ese mismo periodo, tal como exige la ley, al constar que la actividad no ha deparado pérdidas.

La sentencia, siguiendo las propuestas de la demandada, resuelve reseñando que lo que consta acreditado es que, tomando en consideración la solicitud inicial y la información aportada junto con la reclamación previa, el resultado de la actividad fue positivo, tal como se dejó constatado en el hecho probado sexto, de modo que no concurre el requisito exigido de pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo; por eso, aunque haya cesado en la actividad, "no se puede considerar que concurra el presupuesto exigido por la norma para la obtención de la prestación".

En lo que es la esencia del conflicto, basado en la concurrencia de causa generadora de situación legal de cese de actividad, el recurso plantea que se transgrede lo dispuesto en el artículo 331.1 b) LGSS, apoyándose en varias sentencias que cita para que se obtenga la misma conclusión que en él se propone. Su planteamiento consiste en que la sentencia hace una aplicación excesivamente rígida del precepto que se dice infringido cuando solo exige como requisito la acreditación de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que hagan inviable la continuidad de la actividad sin limitarlas a cumplimiento de pérdidas netas que superen el umbral del 10% en un periodo concreto. Su afirmación se sustenta en hechos que no figuran entre los probados, alegando que existe una caída progresiva y extrema de los ingresos netos que supone una reducción acumulada del 97,6% respecto a 2022 y un desplome del 94,4% respecto a 2023, en características del negocio desarrollado que dice era una pequeña academia presencial de oposiciones, y en factores externos y ajenos a la voluntad del interesado.

El régimen jurídico de la prestación de cese de actividad se recoge en el artículo 328 LGSS estableciendo que se rige por lo dispuesto en esta ley y en sus normas de desarrollo, así como, supletoriamente, por las normas que regulan el régimen especial de la Seguridad Social de encuadramiento, además de por las normas que se desarrollen reglamentariamente; expresando además el artículo 329 LGSS que "la prestación económica por cese, temporal o definitivo, de la actividad... se regirá exclusivamente por esta ley y las disposiciones que la desarrollen y complementen". Consiguientemente, la prestación de cese de actividad solo queda sometida a las normas específicas de dicha prestación y no a otras normas.

En esa regulación se contempla como requisito, entre otros que no se ponen en cuestión por la Gestora ni por las partes, el de estar en situación legal de cese de actividad ( artículo 330.1 c) LGSS) , situación que concurre en los términos descritos por el artículo 331 LGSS: por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional, por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional, por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por la comisión de infracciones penales, por violencia de género o por divorcio o separación matrimonial, mediante resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge o de la persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social. Por su parte, en el artículo 331 LGSS se establece que para encontrase en situación legal de cese de actividad es necesario que el trabajador autónomo cese en el ejercicio de su actividad, esto es, que exista una actividad previamente desarrollada, y ese cese tenga lugar por alguna de las causas que contempla el precepto.

El motivo de revisión se anuncia como infracción del artículo 331.1 b) LGSS, en el cual se expresa como causa que da lugar a la prestación por cese de actividad, la "fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional". El desarrollo de la petición hace evidente que no se basa en este apartado sino en el apartado a) del artículo 331.1 LGSS que es el que contempla como causa "la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional"; aparentando ser un mero error material y no constitutivo de la contradicción, se da por válida la propuesta asentándola en dicho apartado a) al que nos referimos a continuación.

La situación de cese de actividad se ha vinculado a la prevista en el apartado 1 a) consistente en "la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional".Como dice dicho precepto, se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos cuando concurra alguna de las circunstancias expresamente contempladas, dejando determinados los supuestos en los que se considerará que existen causas económicas, técnicas, productivas u organizativas; lo que se pone en cuestión es si esta expresión conlleva que solo los supuestos contemplados en los apartados 1º a 6º del apartado a) del artículo 331.1 LGSS son los que pueden generar motivo económico, técnico, productivo u organizativo determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional, para constituirse como causa de situación legal de cese de actividad, o pueden serlo otros elementos económicos, técnicos, organizativos o productivos que no sean los específicamente mencionados en ese precepto.

Se hace necesaria una interpretación de la norma, habiendo propuesto al respecto la recurrente la acomodación a la doctrina de sentencias de varios Tribunales Superiores de Justicia y otra del Tribunal Supremo para sostener que lo que trasciende es la inviabilidad de la actividad y ella puede derivar de cualquier otra situación que la justifique distinta de la específicamente indicada en la norma concreta, y quedar acreditada con cualquier prueba válida en derecho; si bien aquellas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia no imponen un resultado al presente litigio ni aporta nada al efecto la del Tribunal Supremo mencionada que no resuelve el fondo del asunto por falta de contradicción.

Para realizar esa interpretación comenzaremos afirmando que su texto no excluye otras posibilidades ni materialmente ni idealmente porque no lo dice ni puede entenderse que, siendo posible la justificación mediante causas técnicas, organizativas y productivas no haya entre las expresadas en ese apartado 1 a) ninguna propiamente calificables como tales. Tampoco puede obviarse que la causa determinante de la situación legal de cese de actividad es la "concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional" y esos motivos no quedan cerrados en su existencia sino por la exigencia de que puedan producir efecto sobre la viabilidad de la actividad, pudiendo entenderse que los que a continuación identifica el precepto son motivos específicos pero no excluyentes de aquellos otros que puedan causar la inviabilidad de la actividad. Tampoco puede olvidarse que cuando el artículo 332 LGSS se refiere a la acreditación de la situación legal de cese de actividad establece que "Las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos se acreditarán mediante declaración jurada del solicitante, en la que se consignará el motivo o motivos concurrentes y la fecha de efectos del cese, a la que acompañará los documentos que seguidamente se establecen, sin perjuicio de aportarse, si aquel lo estima conveniente, cualquier medio de prueba admitido legalmente", especificando que "los motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos se acreditarán mediante los documentos contables, profesionales, fiscales, administrativos o judiciales que justifiquen la falta de viabilidad de la actividad", lo que nos indica que si para justificar los motivos específicamente fijados en el artículo 331 LGSS es necesario aportar determinada documentación específica, para acreditar otros motivos se puede aportar cualquier otra documentación u otro medio de prueba que acredite la falta de viabilidad de la empresa.

Por consiguiente, es posible que la inviabilidad de la actividad profesional desarrollada por el demandante exista por otros motivos de carácter económico, técnico productivo u organizativo siendo únicamente necesario que se acredite y sea materialmente causal de la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad.

Descendiendo a la particularidad del caso, los hechos probados no describen ninguno de los supuestos específicos del artículo 331.1 a), apartados 1º, 2º, 3º, 4º y 5º LGSS; lo que cuenta el hecho probado sexto es que la demandante obtuvo beneficios en el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2023 y junio de 2024; tampoco se han introducido hechos de los que pueda obtenerse una conclusión de inviabilidad de la actividad. Aunque en la sentencia no se dice nada sobre ello, la recurrente dice que su actividad era la de una "Academia presencial de Oposiciones", lo que presupone un establecimiento abierto al público sin que conste que dicho establecimiento haya sido cerrado o transmitido, requisito que exige el artículo 331.1 a) LGSS: "En caso de establecimiento abierto al público se exigirá el cierre del mismo durante la percepción del subsidio o bien su transmisión a terceros. No obstante, el autónomo titular del inmueble donde se ubica el establecimiento podrá realizar sobre el mismo los actos de disposición o disfrute que correspondan a su derecho, siempre que no supongan la continuidad del autónomo en la actividad económica o profesional finalizada".Este requisito es esencial en el reconocimiento del derecho y como constitutivo del mismo debe justificarse por quien se quiere beneficiar del precepto, lo que no ha acontecido a tenor de los hechos probados.

QUINTO. - Revisión de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Duración de la prestación.

Por último, se ha planteado la infracción del artículo 338.1 LGSS porque la sentencia reconoce únicamente 120 días de prestación, cuando resulta acreditado que la solicitante ha cotizado por cese de actividad durante más de 48 meses dentro de los últimos seis años, por lo que le correspondería una duración de 24 meses.

Esta revisión solo sería posible si se hubiese reconocido la prestación; pero no siendo así, no procede ninguna declaración. Ello no obsta que advirtamos que la contradicción planteada por el recurrente tiene que ver con la existencia de un hecho probado de los días de abono de la prestación y del importe diario de ella; en el caso hipotético de reconocimiento de causa de cese de actividad, exigiría la introducción de un hecho probado con esos datos, lo que no se ha interesado, para poder anudarle unas consecuencias jurídicas obtenidas a partir la valoración y aplicación de las normas que determinan la duración de la prestación y la base reguladora de la misma. Solo en el caso de que las partes mostrasen conformidad con esa duración sería admisible, pero tal conformidad no concurre en el presente caso donde se pone en cuestión la duración de la prestación.

En el caso de tener que abordar las particularidades de la prestación porque se hubiese reconocido el derecho, el hecho probado no sería válido en su afirmación sobre la duración de la prestación, que habría de decidirse conforme a los hechos que se hayan acreditado aplicando la norma legal que fija dicha duración.

Resultado de cuanto antecede es que no se justifica la inviabilidad de la actividad, condición necesaria para dar lugar a una situación legal de cese de actividad, por no concurrir motivo económico, técnico, productivo u organizativo para el cese de la actividad. Consiguientemente, se desestima el recurso de suplicación y se confirma la sentencia.

SEXTO. - Costas.

Establece el artículo 235.1 LRJS que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social, comprendiendo éstas los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación.

Desestimándose el recurso de suplicación, pero siendo la recurrente beneficiaria del derecho de asistencia jurídica gratuita conforme a lo previsto en el artículo 2 b) de la Ley 1/1996, se Asistencia Jurídica Gratuita, no procede imposición de costas.

VISTOS los indicados preceptos legales y los demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-El Juzgado de lo Social número 35 de Madrid ha dictado sentencia el 9 de julio de 2025, en el procedimiento 1370/2024, sobre cese de actividad, en el que son parte Dña. Belen, como demandante, y Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, como demandados, en la cual se desestima la demanda estimando la excepción de falta de legitimación pasiva de Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, y absolviendo a la Mutua de la demanda.

Contra ella se formula recurso de suplicación por la parte demandantesolicitando que se revoque la sentencia y se declare "el derecho a percibir la prestación por cese de actividad desde el 1 de septiembre de 2024, por un periodo de 24 meses, con una base diaria de 21,95 €, con todos los efectos económicos y legales correspondientes"

Para sostener su petición se alegan los siguientes motivos:

1. Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para la revisión de hechos probados consistente en:

a. Modificar el hecho probado quintopara que quede con el siguiente contenido:

"La demandante ha acreditado una caída continuada y estructural de ingresos netos, pasando de 13.503,92 € en 2022, a 5.768,45 € en 2023, y finalmente a 322,72 € en 2024 (hasta el cese de la actividad a 31 de agosto de 2024). Esta evolución refleja de manera objetiva la inviabilidad del negocio, lo cual motivó el cierre definitivo".

2. Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, a consecuencia de infracción de normas sustantivas o de la Jurisprudencia, por los siguientes motivos:

a. "Infracción del artículo 331.1.b) del TRLGSS".

b. Infracción de jurisprudencia citando al respecto:

1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Navarra (Pamplona), de 27 de marzo de 2025. Recurso 42/2025.

2. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Palma de Mallorca), de 11 de diciembre de 2024. Recurso 424/2024.

3. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 20 abril de 2023. Recurso 59/2023.

4. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 06 de mayo de 2022. Recurso 192/2022.

5. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 08 de junio de 2018.

6. Sentencia del Tribunal Supremo 51/2019, de 24 de enero de 2019.

c. Infracción del artículo al artículo 338.1 TRLGSS.

d. "Vulneración del principio de protección efectiva al autónomo y del Art. 41 CE".

e. "Vulneración del art. 350.2 TRLGSS".

SEGUNDO.- Revisión de hechos probados.

La previsión legal del artículo 193 b ) LRJS permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones o errores de apreciación entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales y periciales practicadas habiéndose exigido por reiterada Jurisprudencia para que prospere la alteración de los hechos probados de una sentencia entre otros requisitos (TS 11 de abril de 2024, recurso 95/2022; 5 de marzo de 2024, recurso 34/2022; 14 de diciembre de 2022, recurso 131/2022; 22 de noviembre de 2021, recurso106/2021; 15 de julio de 2021, recurso 68/2021; 9 de enero de 2019, recurso 108/2018; 25 de septiembre de 2018, recurso: 43/2018, y las que cita de 28 mayo 2013, recurso 5/20112; 3 julio 2013, recurso 88/2012; 25 marzo 2014, recurso 161/2013; y 2 marzo 2016, recuro 153/2015):

1. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

2. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos o prueba pericial (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

3. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

4. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

5. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo.

El interés que al respecto muestra la recurrente se manifiesta en la revisión del hecho probado quinto, pero éste se dedica a constatar la reclamación previa y la resolución desestimatoria, lo que no es homologable por el contenido que se quiere dar al hecho probado evidenciando lo que parece ser un error material. Se intuye por dicho contenido que lo que pretende es la sustitución del relato del hecho probado sextoque describe el resultado de pérdidas y ganancias por otro contenido distinto en el que se expresen ingresos netos acompañándolo de unas valoraciones subjetivas de tales datos. La única alegación de la propuesta para sustentar y justificar su petición es que "Esta reformulación se basa en prueba documental indiscutida (modelos fiscales, declaraciones de IRPF y certificado de ingresos de la AEAT) y responde a criterios jurisprudenciales consolidados que priorizan la apreciación global de la viabilidad económica sobre una cifra porcentual cerrada".La propuesta revisora no identifica con suficiente claridad y precisión los documentos concretos dentro del procedimiento ni el lugar en que, dentro de esos posibles documentos, se encuentra ese contenido que debería ser claro, directo y pleno en la determinación del hecho; de este modo obligaría al Tribunal a tener que realizar una labor de búsqueda, localización y valoración selectiva para la que no tiene autorización legal y jurisprudencial.

Por otro lado, ofrece un texto en el que se incluyen consideraciones valorativas y expresan una voluntad subjetiva dirigida a un fin que beneficie su interés, lo cual es igualmente inadmisible tal como contempla la jurisprudencia ya reseñada.

Por último, la propuesta sustituye completamente el contenido del hecho probado quinto, lo que supone la exclusión de los datos relativos al resultado de pérdidas y ganancias de los periodos implicados en la prestación sin dar ninguna explicación al respecto cuando son hechos que se han dado como probados por la sentencia y se han de considerar cierto si no se niegan o se contradicen adecuadamente.

TERCERO. - Falta de informe vinculante a la Comisión Paritaria.

En el procedimiento declarativo se planteó la cuestión de falta del dictamen elaborado por la comisión paritaria exigido prevista en el artículo 350.2 LGSS, dando contestación a ello aplicando lo que ya se había manifestado por el Tribunal Superior de Justicia en sentencia de 3 de noviembre de 2021, Recurso 828/2021, donde se dice:

"... la Mutua demandada, antes de resolver la Reclamación Previa, tenía que enviar a la Comisión Paritaria, el expediente de la actora y la propuesta denegatoria de Resolución a su Reclamación Previa, para que la Comisión Paritaria decidiera la conformidad o disconformidad con la propuesta denegatoria de Resolución a la Reclamación Previa de la actora, planteada por la Mutua y en caso de disconformidad, tiene que emitir un informe vinculante que tiene que estar elaborado por la Comisión Paritaria".

Este argumento podría analizarse si el recurrente pretendiese, en virtud del mismo, la nulidad del procedimiento administrativo y su retroacción al momento en que se produjo la infracción denunciada para que se dictase correctamente la resolución de la reclamación previa. Pero lo que pretende en la demanda y en el recurso es la concesión de la prestación, lo cual implica un importante e insalvable salto lógico en el cual la Sala no puede acompañarle; y, aun en el caso de que la Sala pudiese de oficio declarar la nulidad de las actuaciones administrativas para retrotraerlas al momento previo a la resolución de la reclamación previa con ello produciría, entonces sí, una grave indefensión al recurrente, porque se encontraría ante la imposibilidad de resolución de la reclamación previa por la Mutua".

La alegación de entonces es reiterada en el recurso de suplicación con el único argumento de que "EGARSAT resolvió la reclamación previa sin aportar prueba de haber solicitado informe vinculante a la Comisión Paritaria, lo que vicia de nulidad el procedimiento Administrativo. La jurisprudencia no lo considera automáticamente causa de estimación, pero sí constituye un defecto relevante en la garantía procedimental, cuya omisión no puede perjudicar a la trabajadora autónoma".Como puede apreciarse, la propuesta no cita ninguna norma o jurisprudencia infringidas, no se realiza argumento de razonamiento por el que haya de considerarse concurrente infracción alguna y ni siquiera se responde a los argumentos judiciales ofrecidos para desestimar la pretensión al respecto, lo cual incumple la obligación del recurrente prevista en el artículo 196 LRJS de identificar la norma o jurisprudencia infringidas, los motivos de infracción y el razonamiento argumentado de lo que se pide ( SSTS 16 enero de 2009, recurso 88/08; 22 de junio de 2017, recirso 3076/15; 11 de julio de 2017, recurso 2291/16; 22 de febrero de 2018, recurso 160/16; 27 de junio de 2018, recurso 1293/2017; y 29 de febrero de 2024, recurso 47/2022), haciendo imposible aceptar la propuesta revisora.

Otro tanto ocurre con la alegación de vulneración del principio de protección efectiva al autónomo y del artículo 41 CE en la que solo se dice que "El rechazo de la prestación por parte de EGARSAT y su confirmación judicial, pese a la documentación acreditativa de una situación económica inviable, constituye una aplicación excesivamente formalista del artículo 331 TRLGSS , contraria al principio de protección social consagrado en el artículo 41 de la Constitución Española ",faltando una argumentación causal que explique cómo y en qué modo tiene lugar la infracción aludida, por lo que no es posible entrar a conocer sobre ello.

CUARTO. - Revisión de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Situación legal de cese de actividad.

La situación de hecho concurrente, en lo que al respecto interesa, nos dice que:

- La demandante permaneció de alta en el RETA desde el 6 de marzo de 2017 y hasta el 2 de septiembre de 2024, cursando la baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores con efectos de 31 de agosto de 2024.

- En el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2023 y junio de 2024 la demandante obtuvo beneficios por importe de 1.408,51 €. En el periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024 los beneficios fueron de 1.198,24 €.

- La demandante tenía cubierta con Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, estando al día en el abono de cuotas.

- El 17 de septiembre de 2024 solicitó la prestación por cese de actividad por la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

- Le fue denegada por la Mutua en resolución de 23 de septiembre de 2024 denegando la prestación solicitada al considerar que el solicitante no cumplía con los requisitos exigidos por la norma.

- Presentó reclamación previa que fue desestimada por la Mutua el 30 de octubre de 2024 indicando que no quedaban acreditadas "pérdidas derivadas del desarrollo de actividad en un año completo, superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio de actividad".

La Mutua ha denegado la prestación de cese de actividad porque no se ha demostrado que en su actividad como autónomo se hayan generado pérdidas superiores, en un año completo, al 10% de los ingresos obtenidos en ese mismo periodo, tal como exige la ley, al constar que la actividad no ha deparado pérdidas.

La sentencia, siguiendo las propuestas de la demandada, resuelve reseñando que lo que consta acreditado es que, tomando en consideración la solicitud inicial y la información aportada junto con la reclamación previa, el resultado de la actividad fue positivo, tal como se dejó constatado en el hecho probado sexto, de modo que no concurre el requisito exigido de pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo; por eso, aunque haya cesado en la actividad, "no se puede considerar que concurra el presupuesto exigido por la norma para la obtención de la prestación".

En lo que es la esencia del conflicto, basado en la concurrencia de causa generadora de situación legal de cese de actividad, el recurso plantea que se transgrede lo dispuesto en el artículo 331.1 b) LGSS, apoyándose en varias sentencias que cita para que se obtenga la misma conclusión que en él se propone. Su planteamiento consiste en que la sentencia hace una aplicación excesivamente rígida del precepto que se dice infringido cuando solo exige como requisito la acreditación de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que hagan inviable la continuidad de la actividad sin limitarlas a cumplimiento de pérdidas netas que superen el umbral del 10% en un periodo concreto. Su afirmación se sustenta en hechos que no figuran entre los probados, alegando que existe una caída progresiva y extrema de los ingresos netos que supone una reducción acumulada del 97,6% respecto a 2022 y un desplome del 94,4% respecto a 2023, en características del negocio desarrollado que dice era una pequeña academia presencial de oposiciones, y en factores externos y ajenos a la voluntad del interesado.

El régimen jurídico de la prestación de cese de actividad se recoge en el artículo 328 LGSS estableciendo que se rige por lo dispuesto en esta ley y en sus normas de desarrollo, así como, supletoriamente, por las normas que regulan el régimen especial de la Seguridad Social de encuadramiento, además de por las normas que se desarrollen reglamentariamente; expresando además el artículo 329 LGSS que "la prestación económica por cese, temporal o definitivo, de la actividad... se regirá exclusivamente por esta ley y las disposiciones que la desarrollen y complementen". Consiguientemente, la prestación de cese de actividad solo queda sometida a las normas específicas de dicha prestación y no a otras normas.

En esa regulación se contempla como requisito, entre otros que no se ponen en cuestión por la Gestora ni por las partes, el de estar en situación legal de cese de actividad ( artículo 330.1 c) LGSS) , situación que concurre en los términos descritos por el artículo 331 LGSS: por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional, por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional, por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por la comisión de infracciones penales, por violencia de género o por divorcio o separación matrimonial, mediante resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge o de la persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social. Por su parte, en el artículo 331 LGSS se establece que para encontrase en situación legal de cese de actividad es necesario que el trabajador autónomo cese en el ejercicio de su actividad, esto es, que exista una actividad previamente desarrollada, y ese cese tenga lugar por alguna de las causas que contempla el precepto.

El motivo de revisión se anuncia como infracción del artículo 331.1 b) LGSS, en el cual se expresa como causa que da lugar a la prestación por cese de actividad, la "fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional". El desarrollo de la petición hace evidente que no se basa en este apartado sino en el apartado a) del artículo 331.1 LGSS que es el que contempla como causa "la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional"; aparentando ser un mero error material y no constitutivo de la contradicción, se da por válida la propuesta asentándola en dicho apartado a) al que nos referimos a continuación.

La situación de cese de actividad se ha vinculado a la prevista en el apartado 1 a) consistente en "la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional".Como dice dicho precepto, se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos cuando concurra alguna de las circunstancias expresamente contempladas, dejando determinados los supuestos en los que se considerará que existen causas económicas, técnicas, productivas u organizativas; lo que se pone en cuestión es si esta expresión conlleva que solo los supuestos contemplados en los apartados 1º a 6º del apartado a) del artículo 331.1 LGSS son los que pueden generar motivo económico, técnico, productivo u organizativo determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional, para constituirse como causa de situación legal de cese de actividad, o pueden serlo otros elementos económicos, técnicos, organizativos o productivos que no sean los específicamente mencionados en ese precepto.

Se hace necesaria una interpretación de la norma, habiendo propuesto al respecto la recurrente la acomodación a la doctrina de sentencias de varios Tribunales Superiores de Justicia y otra del Tribunal Supremo para sostener que lo que trasciende es la inviabilidad de la actividad y ella puede derivar de cualquier otra situación que la justifique distinta de la específicamente indicada en la norma concreta, y quedar acreditada con cualquier prueba válida en derecho; si bien aquellas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia no imponen un resultado al presente litigio ni aporta nada al efecto la del Tribunal Supremo mencionada que no resuelve el fondo del asunto por falta de contradicción.

Para realizar esa interpretación comenzaremos afirmando que su texto no excluye otras posibilidades ni materialmente ni idealmente porque no lo dice ni puede entenderse que, siendo posible la justificación mediante causas técnicas, organizativas y productivas no haya entre las expresadas en ese apartado 1 a) ninguna propiamente calificables como tales. Tampoco puede obviarse que la causa determinante de la situación legal de cese de actividad es la "concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional" y esos motivos no quedan cerrados en su existencia sino por la exigencia de que puedan producir efecto sobre la viabilidad de la actividad, pudiendo entenderse que los que a continuación identifica el precepto son motivos específicos pero no excluyentes de aquellos otros que puedan causar la inviabilidad de la actividad. Tampoco puede olvidarse que cuando el artículo 332 LGSS se refiere a la acreditación de la situación legal de cese de actividad establece que "Las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos se acreditarán mediante declaración jurada del solicitante, en la que se consignará el motivo o motivos concurrentes y la fecha de efectos del cese, a la que acompañará los documentos que seguidamente se establecen, sin perjuicio de aportarse, si aquel lo estima conveniente, cualquier medio de prueba admitido legalmente", especificando que "los motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos se acreditarán mediante los documentos contables, profesionales, fiscales, administrativos o judiciales que justifiquen la falta de viabilidad de la actividad", lo que nos indica que si para justificar los motivos específicamente fijados en el artículo 331 LGSS es necesario aportar determinada documentación específica, para acreditar otros motivos se puede aportar cualquier otra documentación u otro medio de prueba que acredite la falta de viabilidad de la empresa.

Por consiguiente, es posible que la inviabilidad de la actividad profesional desarrollada por el demandante exista por otros motivos de carácter económico, técnico productivo u organizativo siendo únicamente necesario que se acredite y sea materialmente causal de la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad.

Descendiendo a la particularidad del caso, los hechos probados no describen ninguno de los supuestos específicos del artículo 331.1 a), apartados 1º, 2º, 3º, 4º y 5º LGSS; lo que cuenta el hecho probado sexto es que la demandante obtuvo beneficios en el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2023 y junio de 2024; tampoco se han introducido hechos de los que pueda obtenerse una conclusión de inviabilidad de la actividad. Aunque en la sentencia no se dice nada sobre ello, la recurrente dice que su actividad era la de una "Academia presencial de Oposiciones", lo que presupone un establecimiento abierto al público sin que conste que dicho establecimiento haya sido cerrado o transmitido, requisito que exige el artículo 331.1 a) LGSS: "En caso de establecimiento abierto al público se exigirá el cierre del mismo durante la percepción del subsidio o bien su transmisión a terceros. No obstante, el autónomo titular del inmueble donde se ubica el establecimiento podrá realizar sobre el mismo los actos de disposición o disfrute que correspondan a su derecho, siempre que no supongan la continuidad del autónomo en la actividad económica o profesional finalizada".Este requisito es esencial en el reconocimiento del derecho y como constitutivo del mismo debe justificarse por quien se quiere beneficiar del precepto, lo que no ha acontecido a tenor de los hechos probados.

QUINTO. - Revisión de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Duración de la prestación.

Por último, se ha planteado la infracción del artículo 338.1 LGSS porque la sentencia reconoce únicamente 120 días de prestación, cuando resulta acreditado que la solicitante ha cotizado por cese de actividad durante más de 48 meses dentro de los últimos seis años, por lo que le correspondería una duración de 24 meses.

Esta revisión solo sería posible si se hubiese reconocido la prestación; pero no siendo así, no procede ninguna declaración. Ello no obsta que advirtamos que la contradicción planteada por el recurrente tiene que ver con la existencia de un hecho probado de los días de abono de la prestación y del importe diario de ella; en el caso hipotético de reconocimiento de causa de cese de actividad, exigiría la introducción de un hecho probado con esos datos, lo que no se ha interesado, para poder anudarle unas consecuencias jurídicas obtenidas a partir la valoración y aplicación de las normas que determinan la duración de la prestación y la base reguladora de la misma. Solo en el caso de que las partes mostrasen conformidad con esa duración sería admisible, pero tal conformidad no concurre en el presente caso donde se pone en cuestión la duración de la prestación.

En el caso de tener que abordar las particularidades de la prestación porque se hubiese reconocido el derecho, el hecho probado no sería válido en su afirmación sobre la duración de la prestación, que habría de decidirse conforme a los hechos que se hayan acreditado aplicando la norma legal que fija dicha duración.

Resultado de cuanto antecede es que no se justifica la inviabilidad de la actividad, condición necesaria para dar lugar a una situación legal de cese de actividad, por no concurrir motivo económico, técnico, productivo u organizativo para el cese de la actividad. Consiguientemente, se desestima el recurso de suplicación y se confirma la sentencia.

SEXTO. - Costas.

Establece el artículo 235.1 LRJS que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social, comprendiendo éstas los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación.

Desestimándose el recurso de suplicación, pero siendo la recurrente beneficiaria del derecho de asistencia jurídica gratuita conforme a lo previsto en el artículo 2 b) de la Ley 1/1996, se Asistencia Jurídica Gratuita, no procede imposición de costas.

VISTOS los indicados preceptos legales y los demás de general y pertinente aplicación