Sentencia Social 791/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Sexta, Rec. 553/2024 de 21 de noviembre del 2024

PRIMERO.-El Juzgado de lo Social número 18 de Madrid ha dictado sentencia de fecha 6 de mayo de 2024, en el procedimiento 151/2023, sobre reclamación de cantidad, en el que son parte D. Aureliano, como demandante, y Soluciones Intermodales, S.L., como demandada, estimando en parte la demanda y condenando a la empresa a abonar al actor la cantidad de 595,54 € brutos por los conceptos de horas de disponibilidad presencia horas extras y horas nocturnas en el periodo julio 2021 julio 2022 todo ello con el interés del artículo 29 .3 del Estatuto de los Trabajadores.

Contra ella se formula Recurso de Suplicación por la parte demandante solicitando que se revoque en parte la sentencia "declarando que el período reclamado del 20 de julio de 20221 y el 19 de julio del 2023 s al 30 de noviembre de 2020 no se encuentra prescrito, así como que el actor ha realizado las horas de presencia y las horas extras reclamadas en la demanda, y que tiene derecho a percibir la ayuda de comida, condenando a la empresa a abonar al trabajador los siguientes conceptos y cantidades:

* TRES MIL NOVENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (3.090,17€) por un total de 264 horas y 21 minutos en el concepto de horas de presencia en el mismo periodo de 20/07/2021 hasta el 19/072022, más el 10% de interés por mora.

* MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO (1.296,45€) por 96 horas y 24 minutos en igual periodo del 20/07/2021 hasta el 19/072022 por el concepto de horas extras no compensadas ni abonadas, más el 10% de interés por mora.

* CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS Y SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (155,63E€), por 66 horas y 13 minutos en igual periodo del 20/07/2021 hasta el 19/072022 por el concepto de horas nocturnas no retribuidas, más el 10% de interés por mora.

Siendo la cantidad total reclamada CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS, (4.542,45€), más el 10% de interés por mora".

Para sostener su petición se alegan los siguientes motivos:

1. Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para la revisión de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, consistentes en:

a. Infracción del " artículo 93.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y el artículo 10 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en relación con el artículo 10 bis.5 del mismo texto y a los artículos 8, 9 y 10 del convenio colectivo y los artículos 34 y 35.5 del E.T., y el artículo 217 apartado 1 y apartado 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la Sentencia de Tribunal Supremo, Sala Social, de fecha 30 de noviembre de 2016, recurso 1961/2015, entre otras".

SEGUNDO. - Revisión de infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

El recurso plantea en la revisión de infracciones del derecho sustantivo sobre la base de los hechos probados de la sentencia que no se han alterado. Su planteamiento estriba en que "la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en la norma sustantiva señalada en el encabezamiento, habida de la normativa especial que recae sobre el sector del transporte de mercancías por carretera, así como del objeto y contenido del informe de cada uno de los peritos que han participado en el presente procedimiento",refiriéndose a doctrina del Tribunal Supremo sobre la valoración de la prueba pericial; después se refiere al RD 1561/1995, al artículo 8 del convenio colectivo en relación con la jornada laboral, también al Real Decreto 902/2007, de 6 de julio - que dice no alterado por el RD Ley 8/2019- por el que en el sector del transporte la empresa tiene la obligación desde el año 2007 de llevar un registro del tiempo diario de trabajo del actor, al artículo 23 de la Orden FOM/1190/2005, de 25 de abril, por la que se regula la implantación del tacógrafo digital, al Reglamento (CEE) número 3820/85 y a la Directiva 92/6/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1992. Continua con referencia al artículo 28 del II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías por carretera, y cita la Sentencia del TJUE -Gran Sala- de 14 de mayo de 2019, Asunto C-55/18 y plantea a continuación argumentos valorativos sobre la eficacia del tacógrafo para acreditar hechos frente a los posibles datos reflejados en un hipotético registro horario. Todas estas referencias y argumentaciones las realiza para afirmar que "nos encontramos ante un vicio de arbitrariedad de la sentencia de instancia, entendiendo que en la resolución impugnada omite el contenido del artículo 10 bis.5 del RD 1561/1995 , que regula los límites del tiempo de trabajo de los trabajadores móviles, entre los que se incluyen los camioneros".Se refiere después a la prueba de interrogatorio de parte para valorarla y a la prueba pericial (a ésta ya se había referido antes) para concluir que "con la prueba practicada en la vista oral, y obrante en autos, la demandada no ha acreditado el cumplimiento de la obligación de llevar un registro diario de las horas realizadas por el trabajador que permita conocer el tiempo de presencia/disponibilidad que realiza para computar las 20 horas de presencia semanales que establece el artículo 8.3 del RD 1561/1995 , y por ende, las horas extras realizadas en el período reclamado, sin aportar causa alguna que justifique o le exima de la mencionada obligación, y sin haber hecho entrega del mismo al Sr. Juan Pedro para que elaborará su informe, hechos que, a juicio de esta parte, deberían haber tenido relevancia en la valoración de la prueba por parte de la juzgadora de instancia"; añadiendo que "la resolución impugnada no respeta los requisitos establecidos en el artículo 336.2 de le LEC en relación a los requisitos que debe contener el informe que indica el artículo 336.2 del mismo texto legal , llevándonos a la conclusión de que tanto el relato fáctico, como la fundamentación jurídica parten de premisas falsas e incorrectas, que no responden a los principios de la razón y de la lógica",así como que, tras reflejar el contenido del artículo 335.2 LEC y trascribir contenido de una sentencia de una Audiencia Provincial, en lo que parece querer poner en entredicho el informe pericial de la parte contraria, afirma que el informe "se apoya para su fundamentación de la denegación de las horas de presencia y horas extras reclamadas, se limita únicamente a la lectura de los datos tacógrafos, sin apoyarse en otros documentos como el registro horario o las cartas de porte para llegar a la conclusión de que el trabajador ha realizado un mal uso del selector de actividades",desarrollando a continuación en relación con ello una amplia argumentación para desacreditar ese informe en varios apartados que identifica como relacionados con el "mal uso del selector y ausencia de sanciones",con "las cartas de porte",con "los tiempos de descanso computados en el informe pericial", "los límites convencionales en materia de jornada", "las pausas de conducción",con los datos analizados que, dice, "exceden de las peticiones de la demanda".Con este contenido se termina solicitando lo que se refleja en el suplico y ya hemos dejado reflejado más arriba.

Como se establece en el artículo 193 LRJS, el recurso de suplicación solo puede tener por objeto la reposición del procedimiento al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión, la revisión de los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, o el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia cometidas en la sentencia impugnada; esto es así por imperio de la ley y responde a la naturaleza que, entre otras características además de esta delimitación del objeto revisable, le dan como recurso extraordinario que se define por el objeto que puede abordar la revisión realizada por el Tribunal competente para conocer de él. Esta naturaleza se refleja permanentemente en la jurisprudencia, en paralelo con el de casación y casación para unificación de doctrina que comparten naturaleza ( TS sentencia 1189/2024 de 15 de octubre de 2024, recurso 247/2022; sentencia 1176/2024, 25 de septiembre de 2024, recurso 2146/2022; 1174/2024, de 25 de septiembre de 2024, recurso 809/2022) y ese carácter presupone, como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo 1151/2024, de 18 de septiembre de 2024, recurso 121/2022, "la doctrina tradicional de la Sala [SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec 158/2010), 23 septiembre 2014 (Rec. 66/2014) y otras muchas], que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la posibilidad de practicar nueva prueba en fase de recurso; al tratarse de un recurso extraordinario existe una total imposibilidad de alegar hechos nuevos o de practicar otras pruebas. El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal únicamente permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas, a través del motivo previsto en el artículo 207.d) LRJS ".Esto, en definitiva, no es sino la imposibilidad legal que tiene el Tribunal Superior de Justicia de abordar en el recurso de suplicación toda la prueba practicada en el procedimiento para volver a revisarla y valorarla prescindiendo de la valoración que haya realizado el Juzgado.

También debe advertirse que el artículo 196.2 LRJS establece que "en el escrito de interposición del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos. 3. También habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se pretende".Al respecto, la jurisprudencia también ha dejado razón de su trascendencia expresando que ( sentencia de 22 de febrero de 2018, recurso 160/16) "la interposición del recurso (extraordinario) no puede realizarse con fundamento en meros -aunque fueren legítimos- intereses del recurrente, en función de su discrepancia con el criterio acogido por el Tribunal a quo, sino que forzosamente ha de tomar su apoyo en las razones (los llamados «motivos del recurso») permitidas al efecto. Cuando no se señala cuáles son los motivos por los que encauza el recurso, ni se cita de manera clara y concreta qué preceptos considera infringidos, ni menos aún razona por qué y en qué sentido lo han sido, se produce un incumplimiento manifiesto e insubsanable de los requisitos establecidos para recurrir, como dice la sentencia TS de 15 junio 2005, recurso 103/2004 , en la que se expresa que "si así no hubiera de hacerse, se produciría un doble resultado pernicioso para los principios que deben regir el proceso y para la finalidad que éste está llamado a cumplir. Por un lado, se estaría pretendiendo que fuera el propio Tribunal quien tuviera que construir y fundamentar el recurso, con la consiguiente pérdida de la obligada neutralidad de aquél: la construcción y argumentación del recurso únicamente a la parte recurrente incumbe; y por otro, la decisión del recurso que hubiera de adoptar el órgano jurisdiccional en estas condiciones, necesariamente habría causado indefensión a la parte recurrida, porque le habría impedido conocer con la debida claridad y precisión el sentido y alcance de la tesis de su contrincante, de suerte que no hubiera podido rebatirla con la necesaria seguridad y eficacia". En definitiva, la exigencia legal no puede entenderse cumplida con la mera identificación de las normas del ordenamiento o la doctrina jurisprudencial que el recurrente considera aplicables para resolver el tema de fondo, siendo preciso analizar también su contenido; además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a pronunciamientos judiciales dispares, la parte recurrente debe desarrollar de forma expresa y clara el ineludible razonamiento para fundamentar la infracción atribuida a la sentencia recurrida ( SSTS 16 enero de 2009, recurso 88/08 ; 22 de junio de 2017 , recirso 3076/15 ; 11 de julio de 2017, recurso 2291/16 ; 22 de febrero de 2018, recurso 160/16 ; y 27 de junio de 2018, recurso 1293/2017 )".

Partiendo de esta realidad normativa y jurisprudencial debemos abordar las propuestas del recurso que no incluyen ninguna modificación de hechos probados. Se realiza una construcción contradiciendo la prueba pericial del demandado y la prueba de interrogatorio de esa misma parte, y de ella quiere sacar la conclusión confirmatoria de su pretensión. No hay ninguna propuesta que se acoja a los requisitos que la jurisprudencia impone para modificar el relato de hechos probados de toda sentencia en el orden laboral conforme a lo previsto en el artículo 193 b) LRJS ( TS 15 de julio de 2021, recurso 68/2021; 9 de enero de 2019, recurso 108/2018; 25 de septiembre de 2018, recurso: 43/2018, y las que cita de 28 mayo 2013, recurso 5/20112; 3 julio 2013, recurso 88/2012; 25 marzo 2014, recurso 161/2013; y 2 marzo 2016, recuro 153/2015) entre los que se encuentran que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse), que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos o prueba pericial indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas y sin que sea suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada, que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos, y que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento. Nada de esto ha realizado la parte recurrente y no es admisible ni puede tener trascendencia la alegación que pretenda afectar al relato de hechos probados o conseguir una valoración alternativa de toda la prueba practicada en el juicio oral.

Esto supone que los hechos probados son definitivos y definidores de la situación que ha de calificarse jurídicamente. En esos hechos consta lo siguiente:

- El trabajador ha prestado servicios para la empresa demandada como Conductor.

- La relación laboral se rige por el Convenio Colectivo del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera y Operadores de Transporte de la Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 66/2023, de 18 de marzo de 2023).

- Para el periodo entre julio 21 y julio 22 el número total de horas de disponibilidad presencia realizadas por el conductor fueron de 12:35.

- Los periodos de tiempo de conducción de julio a 21 de diciembre de 2021 fueron 566 horas y 46 minutos y el de otros trabajos 320 horas y 17 minutos.

- En el año 2022, desde enero a 20 de julio, e1 tiempo de conducción de 597 horas y 41 minutos y de otros trabajos de 366 horas y 51 minutos.

- Entre julio 2021 y julio 2022 el trabajador ha realizado 68 horas y 21 minutos de horas nocturnas.

Pese a citar como referencia normativa infringida los hechos identifican el tiempo de conducción, el de presencia y el de horas nocturnas trabajadas, siendo hechos que no se han alterado y que determinan el resultado del pleito. La sentencia da argumentación amplia y suficiente sobre su conclusión fáctica que deriva tanto de la prueba como de la consideración jurídica de elementos que podrían determinar la naturaleza del tiempo de trabajo y esa construcción no se ha contradicho sino en los términos que afectan a esos elementos de consideración jurídica pero sin acompañar otra trascendencia de hecho que la que propone el informe pericial acompañado como prueba en su ramo y a su instancia, lo cual, en términos de lo anteriormente expresado supone que no hay alteración de hechos porque el lugar en el que se ha disputado el relato es el de la confrontación de ambas pruebas periciales pero con las carencias ya reseñadas, y la mera alegación de normas jurídicas con leves aportaciones jurídicas no permiten alterar esa constancia de hechos probados. En términos también de producción jurisprudencial ( sentencias de 28 de marzo de 2012, recurso 119/2010, 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019; y 19 de diciembre de 2023, recurso 272/2021) se ha establecido que "si resulta inalterado el relato fáctico impugnado, procede desestimar los recursos cuyo éxito venía ligado al triunfo de la revisión de los hechos que se ha desestimado", afirmando que es una conclusiónineludible "y es lógica conclusión de la razonabilidad y coherencia de la respuesta judicial, y de la congruencia interna de la misma", lo que supone que no alterándose los hechos de la sentencia no es posible alterar la conclusión jurídica que depende esencialmente de esos hechos.

Lo que quedaría es identificar el valor de cada hora de exceso y hora de presencia y nocturna y multiplicarlo por cada hora añadida, de modo que, no siendo discutido el valor hora, el resultado final ha de ser el que ha fijado la sentencia que ha resuelto con tales parámetros de cálculo.

TERCERO. - Costas.

Establece el artículo 235.1 LRJS que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social, comprendiendo éstas los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación.

Siendo desestimado el recurso de suplicación, pero siendo el recurrente beneficiario de justicia gratuita, no procede imposición de costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.