Sentencia Social 9/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Sexta, Rec. 577/2024 de 09 de enero del 2025

PRIMERO.1. Frente a la sentencia de instancia, que desestimando la demanda, absuelve a los codemandados de los pedimentos contra ellos deducidos; se alza en suplicación la representación procesal de D. Modesto, interesando en su primer motivo de recurso, construido al amparo de la letra a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declare la nulidad de la sentencia de instancia por infracción del artículo 24 de la Constitución Española en cuanto a las exigencias de congruencia y motivación, porque no contiene la sentencia impugnada pronunciamiento sobre la estimación o no de las excepciones de falta de acción, ni de falta de legitimación pasiva, formuladas por las demandadas al tiempo de oponerse a la demanda.

2. Se opone la compañía demandada a la estimación del motivo indicando que no se vulnera ninguna norma procedimental, ni se genera ningún tipo de indefensión y no existe incongruencia en el fallo de la sentencia, porque la pretensión de fondo de la actora se desestima y resuelve la controversia.

SEGUNDO.1. Planteado el debate en estos términos, ha de recordar la Sala, por un lado, que el artículo 24 de la Constitución Española, en sede de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, al declarar que "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

Por otro, es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional la relativa a que la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación, dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad y economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que, en petición de amparo jurisdiccional, se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda condicionada al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos que han de ser analizados en el caso concreto y no de forma general, sin que la no concurrencia de alguno de ellos, de carácter formal en todo caso, sea constitutivo de indefensión, por cuanto la indefensión constitucionalmente prohibida es la material y no la formal; b) que "la indefensión es un concepto fundamentalmente procesal que se concreta en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en el que las partes, alegando y probando cuanto estiman pertinente, pueden hacer valer en condiciones de igualdad sus derechos e intereses legítimos", ( Sentencias del Tribunal Constitucional 156/85; 64/86; 89/86; 12/87; 171/91 y Auto del Tribunal Constitucional 190/83); c) que "el concepto constitucional de indefensión tiene un contenido eminentemente material, lo cual impide apreciar lesión del artículo 24.1 de la Constitución Española, cuando por circunstancia del caso pueda deducirse que el afectado tuvo oportunidad de defender sus derechos e intereses legítimos", ( Sentencias del Tribunal Constitucional 215/89 y de 15.2.93), y que "para que exista vulneración del derecho reconocido en el artículo 24.1 de la CE no basta el mero incumplimiento formal de normas procesales, ni basta cualquier infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales sino que de las mismas ha de derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, ha de tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, pues no toda infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales provoca, en todos los casos la eliminación o discriminación sustancial de derecho que corresponden a las partes en el proceso", ( Sentencia del Tribunal Constitucional 124/94).

2.La aplicación de la doctrina examinada al caso que nos ocupa determina el fracaso del motivo que nos ocupa, pues visionado el acto del juicio por la Sala y de una lectura detallada de la sentencia se extraen las diversas conclusiones. Primero: que habiendo entablado por la parte demandada, que no la hora recurrente, las excepciones a que se refiere el actor en su recurso, ninguna suerte de indefensión se le hubiere generado a Don Modesto como consecuencia del no acogimiento de las mismas, o de la circunstancia de no haber dado la juzgadora apropiada respuesta a aquéllas, pues su derecho fundamental de tutela judicial efectiva no quedaría en modo alguno menoscabado con tal proceder, pudiendo efectuar tal alegación en todo caso quien introdujo dichas excepciones en el proceso.

Pero es que, en cualquier caso, resulta que visionado el acto de la vista por la Sala resultaría que la única excepción procesal introducida por el Letrado la demanda de las codemandadas al tiempo de contestar fue la relativa a la falta de acción (minuto 1,55 de la grabación) limitándose aquél en fase de conclusiones a afirmar la presencia de falta de legitimación pasiva respecto de la codemandada Doña Rosana (minuto 1.52.30). Como hemos precisado tal alegación, que no fue introducida en el debate en el momento procesal oportuno (que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85.2 de la LRJS se trataría del de la contestación a la demanda) no podría ser calificada como excepción procesal en sentido estricto, sino de mero alegato sobre el fondo, relativo a la legitimación ad causam,derivado de la valoración de la prueba practicada, y por consiguiente, no precisaría de pronunciamiento expreso y previo alguno por parte de la juzgadora al tiempo de despejar las cuestiones procesales introducidas en el debate. Para terminar, hemos de añadir que se limitó el Letrado de los codemandados en su contestación a la demanda a verter una serie de consideraciones generales sobre la insuficiencia del contenido de la demanda determinante de una situación de indefensión, denuncia que no reitera en esta sede.

En definitiva no pudiendo afirmar la presencia de menoscabo alguno de los derechos fundamentales del actor como consecuencia del proceder de la juzgadora en su sentencia, el motivo ha de ser rechazado, debiendo indicar, a mayor abundamiento, que dedica ésta el fundamento de derecho segundo de su sentencia, no sólo a analizar la doctrina jurisprudencial relativa a la falta de acción, sino que examinar la concerniente a la legitimación de los trabajadores excedentes en relación con las acciones sobre conservación del puesto de trabajo.

TERCERO. 1.Destina a continuación el demandado sus cinco siguientes motivos de recurso, adecuadamente construidos sobre la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, a la rectificación del relato de hechos probados contenido en aquélla.

2.Respecto del hecho probado primero, propone el actor el siguiente texto: "El demandante Modesto, con D.N.I. nº NUM000 presta servicios laborales por cuenta y órdenes de la empresa demandada COFELY ESPAÑA SA con antigüedad de 14-2-2008 4 ostentando la categoría profesional de Técnico en Prevención de riesgos laborales y percibiendo un salario bruto mensual de 3.435,05€ incluido el prorrateo de pagas extraordinarias y retribución variable".

3.Como recuerda la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2022 (Recurso 219/2021) "reiterada jurisprudencia como la reseñada en las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2013, (rec. 5/20112), 3 de julio de 2013, (rec. 88/2012), 25 de marzo de 2014, (rec. 161/2013), 2 de marzo de 2016, (rec. 153/2015), viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado, (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos, (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas, (no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada).

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

B) No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo. La revisión fáctica propuesta ha de ser trascendente para la resolución del litigio, es decir, de entidad suficiente para hacer variar el signo del pronunciamiento de instancia, pues en otro caso resultaría inútil. En efecto, "la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes", ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2000, rcud 2497/1999). Lo que conduce a rechazar aquellas modificaciones que carecen de trascendencia para la resolución del litigio y que únicamente se justifican porque la redacción propuesta es de mayor agrado del recurrente, pues, reiteramos, el error debe ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida, ( Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2014, rec. 27/2013).

C) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente", ( Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2012, rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

4.Hemos de indicar que propone ahora el actor un valor relativo al salario distinto del sostenido en el escrito de aclaración de su demanda el 15 de marzo de 2023 y que fijaba en 3.520,94€ brutos mensuales, y no en los 3.435,05 que ahora sostiene, no precisando en su motivo las razones que la llevan a apartarse de su iniciar pretensión, ni evidenciando los concretos particulares que determinan el error grave o manifiesto en que hubiere incurrido la juzgadora al tiempo de construir el hecho que combate, no cabiendo una remisión en bloque a las nóminas por él aportadas que en un primer momento, a su juicio, arrojaba un importe de salario regulador superior al que ahora se persigue.

CUARTO. 1Para el hecho probado tercero, propone el actor el siguiente texto: "El actor, como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, se encontraba adscrito al departamento de Prevención Mancomunado de riesgos laborales de la empresa COFELY del que es Jefe la codemandada Rosana. En dicho departamento prestaban servicios al tiempo del actor unos 10 técnicos de Prevención. Testifical Sr Antonio".

2.El motivo se rechaza por cuanto no resulta ser la prueba testifical medio hábil para la variación del relato histórico de la sentencia (por todas, SSTS de 29 de diciembre de 1960 y 1 de febrero de 1961).

QUINTO.Por los mismos razonamientos expuestos en el fundamento anterior, a los que nos remitimos, fracasa el motivo de revisión fáctica siguiente en el que se persigue la supresión del probado quinto; así como el que propone para el hecho porbado séptimo la siguiente redacción: "Sobre el mes de noviembre de 2022 y tras la petición del actor de cambiar de departamento, el Sr Antonio le ofreció una movilidad geográfica a una obra en Murcia durante 3 años. El actor entonces ante la solución propuesta decidió abandonar la empresa con una EXCEDENCIA VOLUNTARIA en fecha 16 de enero de 2023, esperando se pudiera solucionar con el tiempo y poder regresar al puesto de trabajo. Testifical Sr Antonio y el Documento 2 aportado por la actora".

SEXTO.1Respecto del hecho probado octavo, propone el actor el siguiente texto: "En el departamento de prevención, una de la Técnicos era Begoña, que prestó servicios para la empresa y coincidió con el actor entre junio 2021 y junio 2023. Está en situación de excedencia voluntaria por 5 años, y presta desde entonces servicios para una tercera empresa. Tiene interpuesta igual demanda a la presente frente a la empresa, habiéndose ya celebrado juicio. Además de esta testigo, también declaró otra persona que coincidió con Modesto, Verónica en el periodo de junio de 2017 a abril de 2019. Trabajó como administrativa del departamento de prevención junto al actor. No ha interpuesto ninguna demanda frente a la empresa ni frente a Rosana. Se aportaron por la parte actora documentos 7 a 11, manifestaciones ante notario, de trabajadores técnicos en prevención de riesgos laborales que trabajaron con Modesto en la empresa Cofely España SA, en los que aseveran el trato que sufrieron por parte de su jefa Rosana, al igual que Modesto. Tampoco han demandado a la empresa ni a Rosana".

2.Por sustentarse, nuevamente, el texto propuesto sobre la reconsideración de la prueba testifical, el motivo se rechaza.

SEPTIMO. 1Dedica Don Modesto sus restantes motivos de recurso al examen del derecho sustantivo y la doctrina jurisprudencial aplicados por el juzgador de instancia, al amparo de la letra c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

En concreto, denuncia como lesionado el artículo 24 de la Constitución Española, por infracción del derecho de tutela judicial efectiva por un error en la valoración de la prueba, en relación con los artículos 316 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativos a cómo debe valorarse la prueba testifical y la de interrogatorio de parte. Afirma el actor que no ha valorado la magistrada debidamente el informe psicosocial, ni lo depuesto por las testigos Doña Begoña o Doña Verónica.

2.Se oponen a la estimación del recurso las demandadas evidenciando el defectuoso modo con que se construye el mismo, pues el actor no hace más que insistir en su posición procesal, no cabiendo partir de una realidad procesal que no ha alcanzado el valor de hecho probado.

3.Establecido así el debate hemos de comenzar evidenciando la defectuosa técnica procesal con que se construye el motivo que nos ocupa (denunciada por las codemandadas en su escrito de impugnación), pues ha seleccionado el actor el cauce del apartado c) del artículo 193 de la LRJS para denunciar la infracción de normas esenciales del procedimiento y de la construcción de la sentencia susceptibles de generar indefensión; si bien no interesa en el suplico la declaración de nulidad de ésta por haberse generado una situación de indefensión (en los términos a que se refiere el apartado a) de la precitada norma adjetiva laboral), sino que se limita a perseguir la revocación del fallo y la estimación de su sentencia.

A este respecto conviene recordar que los recursos extraordinarios (como el que nos encontramos) se caracterizan porque en el mismo la impugnación puede fundarse en las causas -motivos- previamente determinados por la ley y que excluyen lo que la Sala ha caracterizado como una "impugnación abierta y libre de la sentencia recurrida". La pretensión impugnatoria está así limitada en su posible fundamentación en los términos que se derivan de los arts. 191, 205 y 222 de la LRJS. De esta forma, queda limitado no sólo el ámbito de impugnación de la pretensión, sino también el ámbito de decisión de la Sala, que, salvo supuestos excepcionales vinculados al orden público procesal, solo puede pronunciarse sobre los motivos propuestos en el recurso. Por ello, el principio "iura novit curia" no rige en los recursos extraordinarios. Así lo ha declarado la Sala Cuarta en numerosas ocasiones, pudiendo citarse, entre otras muchas, la sentencia del Pleno de 29 de abril de 2004, en la que se establece que "el recurso de casación es un recurso extraordinario y la Sala está vinculada por los motivos legales del recurso y sólo puede conocer de ellos en la medida en que sean propuestos por el recurrente, de forma que, a diferencia de lo que ocurre en la instancia donde rige el principio «iura novit curia», no es posible estimar el recurso por infracciones distintas de las invocadas en aquél a través de los correspondientes motivos ( sentencia de 17 de mayo de 1995 y las que en ella se citan, sentencias de 26 de diciembre de 1995 y 24 de mayo de 2000) y estas infracciones han de determinarse y fundamentarse en el escrito de interposición ( artículos 477 y 481 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Por ello, como señala la sentencia de 17 de mayo de 1995, con cita de las sentencias de 16 de diciembre de 1982, 30 de septiembre de 1983, 19 de febrero de 1990 y 3 de junio de 1994, la Sala ha de limitarse única y exclusivamente a examinar las infracciones legales denunciadas por el recurrente".

4.Lo expuesto hasta ahora determina el fracaso del recurso que nos ocupa, pues se limita el actor a hacer lo que se denomina supuesto de la cuestión, es decir, parte de hechos no declarados como probados en la sentencia de instancia para tratar de aplicar la norma que invoca como infringida con un resultado distinto. Y como dice la sentencia de la Sala de lo Civil de 19 de mayo de 2005, reiterando doctrina, "no cabe en casación hacer supuesto de la cuestión, es decir, partir de hechos distintos de los que ha declarado acreditados la sentencia de instancia, pues ello sería tanto como pretender la revisión de la actividad probatoria y, especialmente, de la valoración de la prueba realizada en la instancia, que corresponde exclusivamente a ésta. Lo cual, que también coincide con el concepto y la función de la casación, ha sido mantenido por reiterada jurisprudencia: así, sentencias de 17 de mayo de 2000, 3 de mayo de 2001, 21 de noviembre de 2002 " (por todas, STS de 15 de mayo de 2007, recurso 44/2006).

En el mismo sentido, la sentencia de la Sala Cuarta de 15 de marzo de 2023 (recud.178/2022) añade que "El recurso se construye en este pasaje a partir de los hechos que considera acaecidos, presuponiendo el éxito de las dos revisiones interesadas en tal sentido.

Al no haber prosperado ninguna de las dos, quiebra por su propia base la infracción postulada respecto de horas extraordinarias y nuevas contrataciones.

El motivo de recurso acaba abordando un problema o supuesto diverso al que concurre, incurriendo así en el vicio o defecto que venimos denominando "petición de principio". Al haberse construido el motivo sobre bases fácticas erróneas incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida. Este defecto se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida ( STS 141/2021 de 2 febrero, rec. 128/2019 y las citadas en ella)".

OCTAVO.Dispone el artículo 235.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social que "La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios pueda superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación".

Se ha de tener en cuenta que, de conformidad con el Auto del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2024, la sola y única cantidad a tanto alzado en la que se fijen las costas, incluye la parte atribuida al IVA correspondiente a los honorarios profesionales.

No ha lugar a la condena en costas dada la condición del recurrente de beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,