Sentencia Social 470/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Tercera, Rec. 1257/2024 de 19 de mayo del 2025

PRIMERO:Frente a la sentencia de instancia desestimatoria de la demanda en la que la parte actora instaba que se declarara su derecho a la promoción y carrera profesional dentro del nivel cuatro, tal y como figuran los pliegos de adjudicación, junto con la percepción de los complementos que de dicho reconocimiento, lleva aparejados; así como el abono de la suma de 1.822,24 € en concepto de diferencias atrasos por el complemento de promoción y carrera profesional correspondiente al periodo de tiempo comprendido entre el mes de marzo de 2022 al mes de mayo de 2023, conforme indicaba en el hecho quinto de la demanda, con el incremento del interés moratorio del 10 %, se alza en suplicación la representación Letrada de la parte actora, de conformidad con el artículo 193 c) LRJS, sin ser impugnado el recurso por la representación Letrada de la parte demandada.

SEGUNDO:Sobre la cuestión de batida, ya se ha pronunciado esta Sala en varias sentencias de esta misma sección, resolviendo idéntica controversia y a cuya doctrina habrá que estar por razones de seguridad jurídica, al mantenerse ahora el mismo criterio y ser idénticas, las alegaciones expuestas en cada uno de esos recursos.

Nos estamos refiriendo a las sentencias de 30 de enero de 2025, Rec. 831/2024 y 29 de junio de 2022, Rec. 395/2022 y 31 de octubre de 2024, Rec. 548/2024, las tres de esta Sección 3ª, pronunciamientos que han sido igualmente seguidos por la Sección 2º de 25 de septiembre de 2024, Rec. 411/2024.

En la primera de las citadas, razonábamos lo siguiente:

"El último motivo del recurso, formulado al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se articula en dos apartados.

En el primero de ellos, afirma que la sentencia de instancia incurre en incongruencia omisiva e infringe los artículos 4 c), 23 y 25.1 del Estatuto de los Trabajadores, así como los artículos 6 y 9 del Convenio colectivo para los trabajadores de limpieza del Hospital DIRECCION000 con la empresa FERROVIAL SERVICIOS AUXILIARES SA y afirma que la demanda formulada "... se fundamenta principalmente en una solicitud de reconocimiento de derechos para una equiparación salarial recogida en el Convenio Colectivo de aplicación así como en el derecho a la promoción profesional conforme a la normativa convencional, ello con las consecuencias económicas derivadas del dicho reconocimiento del derecho a la promoción profesional...",limitándose a indicar la sentencia que la sentencia únicamente menciona que la trabajadora no ha probado la realización de cursos y a citar textualmente una Sentencia del TSJ, cuando resulta que la empresa estaba obligada a actualizar y aplicar de forma automática las mejoras en la retribución a los trabajadores de la limpieza afectados por dicho convenio y, añade que se debió analizar la existencia de enriquecimiento injusto por parte de la Administración, lo que no se hizo.

En el segundo apartado, se indica que la sentencia vulnera la jurisprudencia aplicable sobre aplicación del convenio colectivo y el enriquecimiento injusto de la Administración, por cuanto no se pronuncia sobre el derecho a la equiparación salarial ni la posibilidad de enriquecimiento injusto de la administración y la contrariedad de ir contra los propios actos de la Administración.

Las cuestiones que aquí se suscitan han sido examinadas en un recurso prácticamente idéntico al que aquí se examina en la sentencia de esta misma Sala de 25 de septiembre de 2024 (Recurso: 411/2024) planteado por otra empleada de SERVEO SERVICIOS SA que compartimos y que literalmente decía: "El único motivo de recurso se ampara en la letra c del artículo 193 de la Ley de la Jurisdicción Social y denuncia en primer lugar la vulneración de los artículos 4.c , 23 y 25.1 del Estatuto de los Trabajadores y 6 y 9 del convenio colectivo de la empresa "Ferroser Servicios Auxiliares, Sociedad Anónima" (Hospital " DIRECCION000"), publicado en el BOCM de 10 de enero de 2015. Pese al amparo procesal en la letra c y la cita de dichos preceptos como infringidos, la recurrente en este motivo lo que plantea es un un problema procesal por incongruencia omisiva, alegando después la vulneración del artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Y lo que dice es que "en la sentencia de instancia no sólo no se analiza el asunto que se somete a consideración, sino que no se analiza a fondo la equiparación salarial solicitada ni el posible enriquecimiento injusto de la Administración, acudiéndose a fórmulas estereotipadas; análisis que no sólo vulnera el artículo 217.3 LEC , sino que además se limita a valorar a grandes rasgos que se cumple el convenio colectivo, sin explicación alguna del por qué llega a dicha conclusión y sin valorar si ha habido discriminación a los trabajadores/as de limpieza y enriquecimiento injusto o no, lo que demuestra que no ha analizado pormenorizadamente el supuesto de hecho que se le somete a consideración".

Por tanto en esta primera parte del motivo la Sala debe limitarse a analizar si la sentencia de instancia ha dado respuesta a las pretensiones de la demanda o por el contrario ha incurrido en la infracción procesal que se denuncia, que debiera haberse instrumentado por la letra a del artículo 193 de la Ley de la Jurisdicción Social. El planteamiento del recurso en ese sentido no es coherente, porque si se está alegando una supuesta incongruencia lo que procedería sería, o bien plantear después motivos de fondo jurídico donde se fundamente la pretensión material que constituye el suplico del recurso (la estimación de la demanda), o bien pedir la nulidad de la sentencia de instancia para que se viniera a dictar otra en la que se abordaran las cuestiones omitidas, debiendo recordarse que la Sala no puede con ocasión del recurso decretar una nulidad no pedida ( artículo 240.2 Ley Orgánica del Poder Judicial ).

En todo caso, analizando la incongruencia omisiva denunciada, se observa que en el suplico de la demanda rectora de los autos se piden tres cosas distintas, el derecho a la promoción y profesional dentro del nivel 4, la equiparación retributiva con los trabajadores de la empresa en base al artículo 6 del convenio colectivo y una cantidad de 3.224,64 euros (más el interés de demora) en concepto de complemento de promoción y carrera profesional. Leyendo la justificación de tal reclamación, se ve que la cantidad (hecho quinto de la demanda) se deriva tanto del encuadramiento en el nivel 4 (primer punto del suplico) como del reconocimiento de la carrera profesional (segundo punto del suplico), tomando para su cálculo la cantidad estimada como coste salarial en los pliegos de la contratación administrativa y entendiendo que por tal causa esa cantidad debe ser abonada a la trabajadora, porque de otra forma constituiría un enriquecimiento injusto de la empresa concesionaria. En cuanto a la equiparación al nivel 4 de carrera profesional se extrae del artículo 6 del convenio colectivo de la anterior concesionaria, en función de la equiparación salarial que el mismo establece, con los empleados del SERMAS de los grupos E y D, a partir de lo cual se estima que debe aplicarse el sistema de carrera profesional propio de los funcionarios que llevaría al reconocimiento de ese nivel IV de carrera profesional. Sin entrar en el fondo, que en este punto del recurso no se somete a la Sala, este es el planteamiento de la demanda.

La sentencia de instancia resuelve todas las pretensiones en sentido desestimatorio a partir del siguiente planteamiento (fundamento tercero): "La litis del presente procedimiento se centra en determinar si la actora, personal de limpieza del Hospital DIRECCION000 de Madrid, tiene derecho a que se le reconozca el nivel 4 de la Carrera profesional y a percibir las diferencias salariales correspondientes, teniendo reconocido el nivel 2, de conformidad con el convenio colectivo aplicable". Admite la sentencia que la diferencia salarial reclamada sería la que derivaría del reconocimiento de dicho nivel y después parte de declarar aplicable el artículo 6 del convenio colectivo invocado e incluso el sistema de carrera profesional de los funcionarios, viene a decir que de la aplicación de ese sistema de carrera profesional no deriva el derecho reclamado porque el trabajador no ha acreditado los concretos requisitos para alcanzar el nivel que pretende. Por otra parte también aborda el problema desde el punto de vista de la discrepancia entre el salario fijado en los pliegos y el salario de la demandante, diciendo que del pliego no se deriva un automático reconocimiento del nivel pretendido y que ese coste salarial figurado en los pliegos es ajeno a la relación laboral y solamente constituye una estimación de coste máximo.

Por tanto la sentencia da respuesta plena a lo pedido en la demanda y sus fundamentos, desestimando todas las pretensiones sin incurrir en ninguna incongruencia omisiva. Se podrá estar de acuerdo o no con lo resuelto por razones de fondo, pero lo que se denuncia en esta parte del recurso es solamente la incongruencia omisiva y la misma no se ha producido.

TERCERO:Como segunda parte del mismo motivo de suplicación, amparado en la letra c, se introduce una letra b donde se dice que "el fundamento jurídico tercero, vulnera la jurisprudencia aplicable sobre aplicación del convenio colectivo y el enriquecimiento injusto de la Administración" y después de decir que la sentencia de instancia "ni tan siquiera ha mencionado ninguna sentencia en su fundamentación, efectuando simplemente un análisis superficial y estereotipado, dicho sea en estrictos términos de defensa, así se ha vulnerado también la aplicación al caso concreto de la jurisprudencia", resulta que el propio recurrente se limita a invocar la " sentencia nº 670/2022, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid-sección 2- del 29 de junio de 2022 (nº rec. 395/2022 )", la cual no constituye legalmente jurisprudencia que pueda fundamentar un recurso de suplicación. Después hace una serie de consideraciones sobre el concepto de "enriquecimiento injusto", aunque desconectadas de todo análisis del caso concreto que nos ocupa. Es evidente que la mención al enriquecimiento injusto, aunque no se haya trasladado al recurso, se refiere al mismo argumento usado en la demanda respecto a la diferencia entre el salario consignado en el pliego de contratación administrativa y el abonado a la trabajadora recurrente.

El artículo 196.2 de la Ley de la Jurisdicción Social exige que se razone la pertinencia y fundamentación de los motivos, con lo cual resulta insuficiente que se citen las normas o jurisprudencia infringidas, sino que es necesario una fundamentación específica referida al caso, de la cual adolece el recurso. Aunque admitiésemos la cita aislada de una sentencia aislada de esta Sala como jurisprudencia, la fundamentación exigible va más allá y en este caso no existe. Es más, difícilmente podría existir a partir de nuestra sentencia citada porque la misma, aunque aplica la equiparación salarial prevista en el artículo 6 del convenio, va referida a un complemento de productividad y aquí la equiparación salarial no es denegada por la sentencia de instancia, sino todo lo contrario, aunque la pretensión de la demandante no la acoge en base a que faltan los concretos requisitos para lucrar el concepto reclamado en este caso.

Finalmente en cuanto a la persistente alegación, huérfana de cita de todo precepto normativo o doctrina jurisprudencial, acerca de la figura del enriquecimiento injusto, referida a la diferencia entre el salario consignado en el pliego de la contratación administrativa y el abonado a la trabajadora, debemos recordar que el enriquecimiento injusto es un enriquecimiento sin título y en este caso la trabajadora no puede alegar otro título para percibir el salario que su contrato de trabajo y las normas laborales aplicables. Es cierto no obstante que no puede descartarse la existencia de una estipulación en favor de tercero en un contrato entre la Administración y el empleador, que tendría validez como fuente de la obligación salarial en los términos del artículo 1257 in fine del Código Civil : "Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada". En este caso lo que consta en los hechos probados, que no se han intentado reformar, es lo siguiente:

"En el Pliego de Prescripciones de la contrata de limpieza, la empresa demandada incluye como coste del complemento salarial la carrera profesional de sus trabajadores. En dicha lista la empresa incluye el nivel máximo que podría obtener cada trabajador durante el periodo de la contrata. A la actora se le reconoce como nivel máximo en nivel 4 (nº 167 de la lista)".

El artículo 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público dice que "en el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado" y que "a tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación", añadiendo que "en los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia". Ahora bien, el presupuesto base de licitación es, según el artículo 100.1, "el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación" y el artículo 100.2 nos dice que los costes salariales que se incluyen en el mismo son una estimación. También se deben calcular los costes laborales para fijar, conforme al artículo 101 de la Ley, el valor estimado del contrato. Igualmente para fijar el precio del contrato "en aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicio" (artículo 102.3). Sin embargo a ninguno de estos cálculos de salarios se le puede dar valor de estipulación en favor de tercero, de manera que las cifras salariales estimadas pasen a constituir el nivel salarial real de los trabajadores contratados por la adjudicataria y adscritos a la ejecución del contrato. Por el contrario el artículo 102.5 nos dice que "los precios fijados en los contratos del sector público podrán ser revisados en los términos previstos en el Capítulo II de este Título, cuando deban ser ajustados, al alza o a la baja, para tener en cuenta las variaciones económicas de costes que acaezcan durante la ejecución del contrato". Por tanto la eventual desviación de los costes entre los previstos y los realmente soportados por la empresa adjudicataria, si no constituye una irregularidad que pueda dar lugar a la exigencia de otro tipo de responsabilidades, sino una situación sobrevenida, podrá dar lugar en su caso a una revisión o ajuste de precios, pero no crea un derecho en favor del tercero cuyos costes han sido tomados en consideración para el cálculo. Es decir, el eventual "enriquecimiento injusto", si se considera existente, habría de ser en su caso recuperado por la Administración y no repartido entre los implicados en la ejecución del contrato.

Por otra parte debemos recordar que el artículo 130 de la Ley establece que en el caso que una norma legal o un convenio o acuerdo colectivo imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación deben facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita. Añade el precepto que "como parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación" y que "la Administración comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por el anterior contratista". Se trata de una obligación meramente informativa para que los licitadores puedan formular sus ofertas, pero por sí misma esta información no delimita los derechos laborales de los trabajadores afectados por la subrogación. Lo que pueden producirse son responsabilidades para el anterior adjudicatario que facilite información incorrecta. En concreto el artículo 130.5 dice que "en el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista". Por tanto el nuevo contratista no asume las obligaciones en los términos en que se explicitaban en la información recibida, sino exclusivamente en los términos en que se deriven de la legislación laboral, los acuerdos colectivos y los contratos de trabajo. De nuevo hemos de decir que esa información, que es sin duda a la que se refiere el hecho probado de la sentencia, no produce efectos obligacionales sobre la relación laboral.

Cuestión distinta es que se incluyese dentro del pliego de cláusulas administrativas, generales o particulares (o incluso dentro del pliego de prescripciones técnicas), alguna expresa disposición en favor de tercero (los trabajadores en este caso) que les atribuya derechos que el contratista haya de respetar. Para ello habría que citar la concreta cláusula del pliego que así lo estableciese y nada al respecto consta probado. Frente a lo que dicen los hechos probados los pliegos son redactados y aprobados por la Administración, no por el adjudicatario. Y no consta que, en esos pliegos, que son los que rigen la contratación, se estableciese una obligación jurídica para el adjudicatario que pueda considerarse estipulación en favor de tercero."

De acuerdo con el referido criterio, desestimamos el recurso y confirmamos la sentencia de instancia...".

Por todo ello, desestimamos.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,