Sentencia Social 37/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3793/2020 de 10 de enero del 2024

PRIMERO.- 1. La dirección letrada de la parte demandante configura como núcleo de contradicción la concreción del salario regulador a efectos del cálculo de la indemnización por despido improcedente: si ha de fijarse en función del salario efectivamente abonado al trabajador o del salario que se deduce de la aplicación del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Madrid.

Impugna la sentencia del TSJ de Madrid, de 29 de septiembre de 2020, R. Supl. 36/2020, que estimó en parte el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador, revocó la de instancia y en su lugar declaró improcedente el despido, condenando a las consecuencias de dicha declaración a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y así el importe de la indemnización a que en su caso hubiere lugar en 1.142,13 euros. El actor había venido prestando servicios para la Agencia para el Empleo de Madrid desde el 1 de marzo de 2018, con categoría profesional de auxiliar de archivo y prestando servicios en la biblioteca municipal de Ciudad Lineal dependiente del Ayuntamiento de Madrid. La relación se estableció en virtud de contrato de trabajo temporal por obra o servicio determinado siendo su objeto la realización de obra o servicio acorde con la convocatoria de ayudas para el año 2017 del programa de reactivación e inserción laboral para personas desempleadas de larga duración. El lugar de prestación de servicios señalado fue el del número 10 del paseo de Pontones. El 26 de febrero de 2019 se pone en conocimiento del trabajador la extinción prevista en el contrato para el 28 siguiente.

La Sala de suplicación se remite al criterio expresado ya para un supuesto idéntico en el que considera que pese a que en el contrato se pactó la prestación de servicios en un determinado centro de trabajo el actor los llevó a cabo en otro distinto, no habiendo sido ocupado ni en el centro ni para la concreta actividad pactada que justificaba la subvención, por lo que el contrato devino fraudulento. Sin embargo, no acoge la pretensión del trabajador de que se le aplique a efectos del cálculo del salario el convenio Colectivo del Ayuntamiento de Madrid ni tampoco la disposición adicional octava pues no fue contratado sin solución de continuidad a partir del 30 de junio de 2004. Concluye que el despido ha de calificarse como improcedente dado el devenir fraudulento del contrato.

2. El Fiscal, en el trámite del art. 226.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), informa la estimación del recurso. Relata que en Auto de fecha 27 de abril de 2022 se inadmite el recurso del Ayuntamiento, y tras aclaración, se admite el del trabajador ante la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la ofrecida de contraste del TSJ de Madrid de fecha 19 de febrero de 2020 (R. Supl. 1370/2019). Y argumenta que, habiéndose declarado que el contrato se concertó en fraude de ley la contratación se torna indefinida, desapareciendo en consecuencia el requisito de temporalidad, y por ende el salario de aplicación tiene que ser el previsto en el convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Madrid, y en sus acuerdos sobre retribuciones.

La Letrada del Ayuntamiento de Madrid impugna el recurso negando en primer término la concurrencia de identidad entre las sentencias objeto de contraste. Seguidamente analiza la naturaleza de los contratos suscritos, indicando que el hecho de que el demandante haya podido realizar labores de auxiliar dentro de las dependencias municipales, en concreto, la biblioteca municipal de Ciudad Lineal, ello no se erige en obstáculo para que la extinción de la relación laboral no se declare válidamente procedente.

3. Señalaremos en este punto que en el curso del procedimiento se han aportado diversas sentencias a título ilustrativo. Para la admisión de documentos durante la tramitación del recurso de casación para unificación de doctrina, debemos partir del art. 233.1 de la LRJS, que establece: "La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración. De admitirse el documento, se dará traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco días, complemente su recurso o su impugnación y por otros cinco días a la parte contraria a los fines correlativos".

En el mismo sentido, el art. 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, tras disponer igual prohibición sobre admisión de documentos después de la vista o juicio, añade: "2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictadas o rectificadas en fecha no anterior al momento de formular las conclusiones, siempre que pudieran resultar condicionantes o decisivas para resolver en primera instancia o en cualquier recurso (...)".

La doctrina de la Sala IV al respecto, según recuerda, por todos, el ATS de 18 de octubre de 2022 (rcud 1889/2021) y reitera el ATS de 25 de julio de 2019 (rcud. 4050/2015) es la siguiente: el art 233 de la LRJS, sobre admisión de documentos nuevos, parte de la regla general de la inadmisibilidad al respecto y sólo, a modo de excepción ("no obstante"), alude a documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido la parte aportar anteriormente por causas que no le fueran imputables, o cuando pudiese sustentar la revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental.

Según señalamos en nuestro ya citado ATS de 18 de octubre de 2022 (rcud 1889/2021) "A lo anterior cabe añadir, en relación con la aportación de sentencias del Tribunal Supremo, lo indicado, por todos, en el ATS de 22 de septiembre de 2021 (R 203/2021): "(...) El documento cuya aportación pretende la recurrente consiste en una sentencia dictada por la Sala III de este Tribunal Supremo el 7 de abril de 2021, con el núm. 480/2021, en el recurso de casación núm. 2479/2019. (...) Ocurre que el Tribunal Supremo es conocedor de sus propias sentencias por lo que no es necesario que le sea aportada por las partes por la vía del artículo 233.1 LRJS. (...)". Lo que, con mayor motivo, es predicable de las sentencias dictadas por la propia Sala IV [en este sentido ATS de 19 de abril de 2022 (R 1598/2018)]".

Tales consideraciones conllevan que no pueda acogerse la incorporación de los documentos pretendidos.

SEGUNDO.- 1. La sentencia de la misma Sala de lo Social, el 19 de febrero de 2020, RS 1370/2019, es la invocada de contraste. Estimó el recurso del trabajador, entendiendo de aplicación el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid. El trabajador fue contratado al amparo del Programa de reactivación e inserción laboral para desempleados de larga duración con dificultades de inserción en el mercado de trabajo el 1 de marzo de 2018 por medio de un contrato por obra en el puesto de trabajo de AE documentalista y con una duración hasta 28 de febrero de 2019. La sentencia de instancia había considerado el contrato fraudulento y que la extinción constituía un despido improcedente. Consta que el convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Madrid excluye de su ámbito a los trabajadores contratados al amparo de programas de fomento del empleo.

La Sala entiende que, una vez declarado el despido improcedente, por fraude en la contratación, del contrato de obra celebrado por el trabajador, no puede considerarse incluido entre los contratos al amparo de programas de fomento del empleo sino un contrato ordinario, lo que supone la inclusión en el ámbito del convenio y con ello el cálculo de la indemnización de acuerdo con el salario previsto en el mismo para su categoría.

2. Al igual que hemos concluido en STS de fecha 21 de febrero de 2023, rcud. 2769/2020, la contradicción es clara en orden al alcance que sobre una contratación temporal que se ha calificado de fraudulenta puede tener la norma colectiva aplicable al personal laboral que presta servicios para la demandada y que, una vez calificada la relación laboral fuera del marco legal al que fraudulentamente se había acogido, precisa la concreción del convenio colectivo aplicable, siendo opuestos los pronunciamientos que al respecto se han emitido en las sentencias comparadas.

Debe, por tanto, tenerse por cumplimentado el requisito de identidad preceptuado en el art. 219 LRJS.

TERCERO.- 1. Denuncia la parte actora recurrente el quebrantamiento del art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el art. 6.4 CC. Fundamenta que la calificación de fraudulento del contrato determina que sea indefinido y, por tanto, la aplicación de la normativa que ha tratado de eludirse. Desaparecida la temporalidad del contrato desaparece a su vez la causa de exclusión de la cobertura del pacto convencional (en este supuesto del Convenio Colectivo para el personal del Ayuntamiento de Madrid).

Trasladando a este litigio la doctrina que desarrollamos en la sentencia citada en el anterior FD 2.2. la conclusión no puede ser otra que la estimatoria del recurso deducido. Los principios de igualdad y seguridad jurídica, y la inexistencia de elementos que distorsionen el planteamiento actual, así lo imponen. Sucede así que la sentencia ahora recurrida se remite en su integridad a la fundamentación contenida en la que fue objeto de enjuiciamiento en el precedente citado, abocando irremediablemente a una solución semejante.

2. Como allí acaecía, la propia sentencia recurrida acoge el alcance que el fraude tiene en la contratación temporal indicando que convierte al contrato en indefinido, pero respecto de la petición de que, a los efectos del despido, se tomase el salario que le hubiera correspondido según el convenio colectivo invocado, lo rechaza en el entendimiento de que no le resultaba de aplicación.

Por ello y como ya hemos dicho: dejando claro que ese carácter indefinido, en las relaciones laborales con la administración pública como empleadora, no cabe identificarlo como fijo de plantilla sino como indefinido no fijo, como abundante doctrina de esta Sala lo ha venido reiterando (STS de 5 de julio de 2016, rcud 84/2015, entre otras muchas), es evidente que la pretensión de la parte demandante de regirse por el convenio colectivo único para el personal laboral del Ayuntamiento de Madrid debe ser atendida, en tanto que esa relación no está excluida del mismo.

Advertimos igualmente que en el recurso no se estaba cuestionando "el alcance que pueda tener la cláusula del Convenio Colectivo que excluye a determinado grupo de trabajadores de su ámbito de aplicación, en tanto que la relación laboral de la demandante ya no está afectada por la misma. Eso sí, recordamos que sobre esas cláusulas de exclusión esta Sala ya ha emitido pronunciamientos en los que llega a entender que no puede calificarse de proporcionada y razonable esas exclusiones para fundar un trato retributivos diferenciados si no atiende a un dato objetivo que identifique esa relación laboral, diciendo que "la existencia de un plan de fomento de empleo con financiación externa puede explicar que la corporación local decida acogerse al correspondiente plan, y contratar laboralmente, y dentro de sus posibilidades contratar a un número mayor o menor de trabajadores, pero no puede fundar la alteración del régimen retributivo aplicable a los contratados, que de ser más favorable que el previsto en el concierto de financiación, deberá ser completado por la administración local" ( STS 877/2022, de 31 de octubre (rcud. 50/2019).

En consecuencia, aquí también estimaremos el recurso a fin de declarar el derecho del actor a que el salario de referencia para el cálculo de la indemnización por el despido improcedente sea el acorde al de su categoría establecido en el pacto convencional.

Precisaremos en este punto que la crónica fáctica recoge que por acuerdo de 5 de octubre de 2017 la Junta de gobierno de la ciudad de Madrid aprueba el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales en la mesa de negociación de personal laboral de 29 de junio de 2017 sobre clasificación y ordenación del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. De conformidad con el mismo, la retribución bruta anual correspondiente al grupo C2 de técnicos auxiliares es de 21.618,26 € anuales. Estos datos no fueron combatidos en fase de suplicación. Tampoco en casación se cuestiona la petición actora que fija la referencia mensual en 1762,76 euros con prorratas de pagas extras, motivando con ello la necesaria conservación de tales parámetros.

CUARTO.- Las precedentes consideraciones determinan la estimación del recurso de casación para la unificación de doctrina, casando y anulando en parte la sentencia que impugna, y, resolviendo el debate planteado en suplicación, en relación con el convenio colectivo aplicable, procede estimar también en este extremo el citado recurso de la parte actora y fijar como cantidad correspondiente al miembro indemnizatorio el importe de 1912,47 euros, confirmando aquella resolución en el resto de sus pronunciamientos.

Todo ello sin imposición de imposición de costas, a tenor del art. 235.1 de la LRJS.