Sentencia Social 78/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 192/2021 de 19 de enero del 2024

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN) ha dictado sentencia, el 24 de marzo de 2021, en el proceso de despido colectivo seguido bajo el número 295/2020, en la que estima la excepción de falta de legitimación activa de la parte actora y, sin entrar a resolver la cuestión de fondo, absuelve a la parte demandada.

La parte actora ha presentado recurso de casación frente a dicha resolución judicial en el que, como primer motivo del recurso, al amparo del apartado c) del art. 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), denuncia el quebranto de las formas esenciales del juicio.

Según dicha parte, a pesar de que la sentencia aprecia la excepción procesal que le impide entrar a resolver la cuestión de fondo, en el hecho probado séptimo declara como tal una circunstancia que afecta a la misma. Además, refiere que la sentencia niega valor probatorio a determinados correos electrónicos y mensajes de tal naturaleza siendo que negó, por irrelevante para resolver la controversia, la práctica de prueba testifical que dicha parte interesó. En definitiva, sostiene que la sentencia ha incurrido en incongruencia extra petita al desbordar las pretensiones de las partes en la vista del juicio oral, limitando el objeto de la litis a los hechos estrictamente necesarios para resolver la excepción procesal que se planteó, infringiendo con ello las normas que rigen la sentencia, con cita del art. 209.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y art. 24.1 y 2 de la Constitución Española (CE). Termina interesando la nulidad del proceso y retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia para que resuelva la excepción de falta de legitimación activa, imprejuzgando las cuestiones de fondo innecesarias para resolver la excepción.

La parte demandada, Previsión Sanitaria Nacional, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija SA, y PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo ha formulado la impugnación al recurso y, en relación con el primer motivo del mismo, considera que el proceder de la sala de instancia, al configurar el relato factico con el hecho probado séptimo no ha infringido precepto alguno sino que ha cumplido con el mandato del art. 97.2 de la LRJS, al recoger el resultado de las pruebas practicadas para resolver l debate que se presentó y tuvo lugar en el acto de juicio. Es más, sostiene que la parte recurrente está pretendiendo revisar los hechos probados por vía procesal incorrecta ya que se quiere suprimir un hecho sin acudir al apartado d) del art. 207 de la LRJS.

La representación de los codemandados, Sr. Jose Pablo. Sra. Inmaculada y Sr. Luis Manuel también han impugnado el motivo, insistiendo en la falta de legitimación activa de los demandantes,

Por su parte, el Ministerio Fiscal al emitir su informe también se opone al motivo, en el entendimiento que lo que se impugna en él es la denegación de la prueba testifical que propuso, remitiendo a la doctrina constitucional recogida en la STC 107/2019, concluyendo que solo es al órgano judicial al que corresponde valorar el carácter relevante o no de la prueba propuesta por las partes.

El motivo debe ser desestimado porque la sentencia recurrida no ha incurrido en la infracción normativa que se denuncia.

En efecto, se pide por la parte recurrente que la sentencia de instancia se anule para que se dicte otra en la que tan solo resuelva la excepción de falta de legitimación activa si es que mantiene la misma, pero sin entrar a valorar circunstancias fácticas que afecten al fondo del asunto. Esa petición se hace sobre una base en la que se denuncia una denegación de prueba y la mención a hechos probados concretos que se refieren a la cuestión de fondo.

El art. 97.2 de la LRJS, en relación con la forma de la sentencia, dispone lo siguiente: "La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo.

La sentencia de instancia ha dado fiel cumplimiento a este mandato porque en el acto de juicio se formularon excepciones procesales, así como cuestiones relativas al fondo de la cuestión que fueron sometidas a los medios de prueba pertinentes y relativos a lo que fue el objeto del juicio y, como refiere el art. 87.1 de la LRJS, "a las alegaciones o motivos de oposición previamente formulados por las partes en el trámite de ratificación o de contestación a la demanda". Por tanto, en orden a recoger en el relato fáctico los hechos que se han estimado probados, no es posible considerar que se incurre en incongruencia extra petita por incluir el hecho probado séptimo cuando lo que se contiene en él es una valoración de lo debatido en el acto de juicio oral. Es más, esa forma de proceder de la sala de instancia es acorde con el art. 215 b) de la LRJS que, al regular el recurso de casación, como el que nos ocupa, dispone lo siguiente: "Si la infracción cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate. Pero si no pudiera hacerlo, por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resolución recurrida y no poderse completar por el cauce procesal correspondiente, acordará la nulidad en todo o en parte de dicha resolución y de las siguientes actuaciones procesales, concretando en caso de nulidad parcial los extremos de la resolución impugnada que conservan su firmeza, y mandará reponer lo actuado al momento de dictar sentencia, para que se salven las deficiencias advertidas y sigan los autos su curso legal". Esto es, la previsión del legislador permite que en los hechos probados se dejen como tal los que se hayan obtenido de la prueba practicada en función del debate planteado, que no solo incluye las posibles excepciones procesales que se hayan podido invocar sino, también, la cuestión principal y de fondo, permitiendo con ello que, en caso de que, en vía de recurso, se deje sin efecto una excepción obstativa del fondo, la sala que lo resuelva pueda pronunciarse sobre él, sin necesidad de proceder a la nulidad de la sentencia recurrida, cumpliéndose con ello el principio de celeridad que preside el proceso laboral. Siendo ello así, sería posible que esta Sala, de entender que el motivo del recurso sobre la falta de legitimación activa debiera ser estimado, podría resolver el debate de fondo si los hechos probados fueran suficientes.

Es más, si la parte entiende que en los hechos probados figuran cuestiones que afectan al fondo del debate y discrepa de lo en ellos consignado podía, en vía de recurso de casación, plantear un motivo al amparo del apartado d) del art. 209 de la LRJS, en el que cuestionar el hecho probado sobre el que ahora gira el motivo, lo que ha realizado en el motivo tercero de su escrito de recurso.

Por otro lado y en lo relativo a la denegación de la prueba testifical que propuso, nada tiene que ver con la incongruencia extra petita que denuncia ni los preceptos que cita a tal efecto por lo que nada podemos referir al respecto.

SEGUNDO.- En el siguiente motivo, con igual amparo procesal que el anterior, se denuncia la incongruencia omisiva al no resolver sobre la pretensión de nulidad del despido colectivo que se interesaba en demanda, por insuficiencia de justificación de las causas del despido, con cita de la STS de 14 de julio de 2016, rec. 3761/2014. En definitiva, sostiene que "o se estima la excepción de legitimación activa en el sentido estimatorio, y, en consecuencia, sin entrar al fondo del asunto, o se entra al fondo del asunto, pero se resuelven todas las cuestiones deducidas de manera oportuna por esta parte en la demanda y en la vista del juicio oral" ya que de lo contrario se conculcaría el art. 216 de la LEC y art. 24 de la CE.

Tampoco este motivo, al que se oponen las partes recurridas, puede prosperar porque no hay infracción procesal alguna.

Realmente la parte recurrente entra en contradicción en sus planteamientos porque pretende en el anterior motivo que la sentencia no contengan hecho probado alguno que se refiera a la cuestión de fondo y, en cambio, ahora, denuncia una incongruencia de la sentencia por no haber resuelto la cuestión de fondo, en los términos por ella planteados, cuando resulta que la sentencia recurrida lo que ha resuelto y estimado es la excepción procesal que impide conocer del fondo de la cuestión.

La sentencia recurrida no ha infringido los preceptos denunciados y menos los propios del proceso laboral que se encuentran en la LRJS y que no requieren de ninguna normativa supletoria. Así, estando ante un proceso de despido colectivo, debemos recordar que el art. 102 de la LRJS, al referirse a las modalidades procesales, entre las que figura el proceso que ha resuelto la sentencia recurrida, dispone que en todo lo no previsto expresamente en ese Título, regirán las disposiciones establecidas para el proceso ordinario. Y en el proceso ordinario, el art. 85.2 de la LRJS, en orden a la celebración del acto de juicio, dispone que la parte demandada, contestará a la demanda alegando cuantas excepciones estime pertinentes, siendo el art. 97 de dicha norma, ya citado, el que rige en orden a la forma de la sentencia. Esto es, en atención a lo alegado en el acto de juicio, la sala de instancia ha dado oportuna respuesta a lo allí debatido si bien, al apreciar una excepción que obsta al examen en derecho de la cuestión de fondo, no le era posible resolver o dar respuesta al resto de pretensiones articuladas por las partes que afectaban al mismo.

En definitiva, si esta sala casara la sentencia por entender que la parte actora estaba legitimada para el planteamiento de la demanda, debería atender al art. 215 de la LRJS en el sentido que se ha expuesto anteriormente. En caso de confirmarse la excepción procesal, nada cabría imputar a la sentencia en relación con lo que el motivo formula porque esa ausencia de pronunciamiento sobre las cuestiones de fondo se presentaría como innecesarias.

TERCERO.- Ya en relación con los hechos probados, el siguiente motivo, con amparo en el apartado d) del art. 207 de la LRJS interesa la revisión de los siguientes hechos probados:

- el primero, en relación con el grupo laboral de empresas y para su eliminación.

En este punto se alega lo que el voto particular expone sobre el alcance de esas dos resoluciones judiciales diciendo que la primer no afecta a PSN AGR, por la que ostenta la representación que sus trabajadores otorgaron a los dos demandantes y la segunda sentencia por no ser firme y, además, ser de fecha posterior a la constitución de la comisión negociadora. Pues bien, en modo alguno este motivo puede ser admitido porque la realidad de la existencia de esas dos sentencias se obtiene de la prueba documental aportada al acto de juicio y por ello la parte no ha desvirtuado su real existencia. Y tampoco podría admitirse la petición subsidiaria que se formula en este apartado, en la que ofrece un texto alternativo, porque nada nuevo está adicionando, desde el momento en el que han detenerse por reproducido el contenido de ambas sentencias. Y respecto de la falta de firmeza de la segunda, cabría señalar que si bien no era firme al momento del acto de juicio, ello no significa que no lo sea y menos en los extremos sobre los que ahora se hace valer dicho pronunciamiento. Además, y en el marco de la buena fe procesal que se predica de las partes podemos indicar en este momento, que dicha sentencia fue objeto del recurso de suplicación 2091/2021 en el que se dictó sentencia el 4 de mayo de 2021, por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, cuyo pronunciamiento confirmó la de instancia, sin que en esa vía de recurso se cuestionara la propia existencia del grupo empresarial. Esto es, además de que dicho pronunciamiento no accedió a esta sala en recurso de casación para la unificación de doctrina, es lo cierto que desde el dictado de la sentencia por el Juzgado de lo Social, quedó firme la consideración de grupo laboral. Otra cuestión será la de determinar el alcance de esos pronunciamientos respecto de la existencia de grupo laboral.

- el tercero destinado a ampliar el relato fáctico con el texto que ofrece, destinándose dicho ordinal a extremos relativos a la tramitación del despido colectivo, en relación con la entrega de documentación, lo que será resuelto en caso de que prospere el último motivo del recurso;

- con igual alcance ampliatorio, se interesa la revisión del ordinal quinto que recoge las actas del periodo de consultas para destacar de ellas las manifestaciones de los demandantes mediante el correo sobre la indebida constitución de la comisión representativa de los trabajadores. Esta pretensión fáctica resulta ser reiterativa ya que la referencia a las actas que recoge el ordinal fáctico impugnado debe entenderse hecha a todo su contenido, al margen de que el hecho probado destaque parte de su contenido, lo que no elimina la existencia del resto.

- la introducción de un nuevo hecho probado, como octavo, sobre las ofertas de trabajo publicadas por las entidades demandadas, y otro noveno, con dos apartados, ambos referidos a las extinciones operadas por la empresa en los 90 días previos al inicio del periodo de consultas, lo que se examinará en caso de que la excepción procesal que ha apreciado la sentencia recurrida sea dejada sin efecto.

- un nuevo hecho probado noveno (sic décimo), referido a los delegados de personal, miembros de la comisión y su posición en la empresa, lo que resulta irrelevante cuando con ellos se quiere poner de manifiesto la existencia de intereses afines a la empresa por parte de esos dos delegados, lo que no es posible obtener del texto que se propone; además de que una ratificación de un documento por el propio codemandado delegado de personal no constituye prueba documental.

- otro hecho probado que identifica como décimo (sic undécimo) para poner de manifiesto la mala fe negocial, lo que se resolvería en momento posterior y a resultas del último motivo del recurso.

CUARTO.- En el siguiente motivo, con amparo en el apartado e) del art. 207 de la LRJS, se pone de manifiesto que lo recogido en la sentencia recurrida y que fundamenta su fallo es erróneo. Así, en esencia, y tomando realmente los argumentos ofrecidos en el voto particular que acompaña la sentencia recurrida, se considera que no se ha respetado el procedimiento de negociación del despido colectivo en tanto que las entidades codemandadas, presentándose como grupo laboral, ha constituido una única comisión representativa de los trabajadores (CR), cuando no estaba reconocido como grupo a efectos laboral con anterioridad ni posteriormente, lo que, además, no fue reconocido por la contraparte en la negociación ya que, a su juicio, lo que correspondía era una CR para cada una de las empresas, máxime cuando la configuración dada viene a resultar perjudicial para los trabajadores. En definitiva, sostiene que, de conformidad con el art. 124.1 de la LRJS les corresponde la legitimación activa negada por la sentencia recurrida, en su condición de representantes de los trabajadores "ante la ausencia de constitución válida de la CR" y que provoca que se vean impedidos para ejercitar cualquier acción colectiva de impugnación del despido colectivo, con cita de las STS de 21 de abril de 2015, rec, 311/2014, y 18 de marzo de 2014, rec. 114/2003

Las entidades codemandadas muestran su discrepancia con el motivo alegando que la sentencia recurrida ha resuelto conforme a derecho y a la jurisprudencia que en ella se cita al apreciar la falta de legitimación activa para plantear la demanda.

Por la representación de las personas físicas demandadas se interesa la desestimación del motivo por ausencia de cita de precepto legal alguno en que haya podido incurrir la sentencia impugnada. En todo caso, reitera lo que respecto de la excepción procesal apreciada en la sentencia recurrida se ha alegado por las mercantiles codemandadas.

El Ministerio Fiscal se opone al motivo porque los presupuestos normativos sobre los que se formula el motivo no son aplicables a lo resuelto en la sentencia recurrida que ha apreciado la excepción de falta de legitimación activa en el proceso de despido colectivo.

La sentencia recurrida, con cita del art. 124.1 de la LRJS y la STS de 21 de abril de 2015, rec. 311/20014, ha apreciado la falta de legitimación activa de los demandantes para impugnar el despido colectivo objeto del proceso. A tal efecto, toma en consideración que el grupo PSN está formado por varias empresas que se dedican al sector de seguros y que constituye un grupo de empresa laboral, tal y como se ha reconocido en las resoluciones judiciales que recogen los hechos probados. Entre esas empresas figuran las dos sociedades, PSN Mutua y PSN AGR que han activado el despido colectivo que se impugna. Sobre la configuración de la comisión negociadora, refiere que en PSN Mutua existían delegados de personal en los centros afectados por el despido, lo que no sucedía en PSN AGR por lo que los trabajadores de esta optaron en unos casos por otorgar su representación a los delegados de personal del PSN Mutua y en otros a los aquí recurrentes. El proceso negociador concluyó con acuerdo, si bien con la discrepancia de los aquí demandantes que se negaron a firmar. En estas circunstancias, dado que la demanda de despido colectivo se presenta por éstos últimos, recordando la STS de 21 de abril de 2015, rec. 311/2014, niega que puedan ostentar legitimación activa ya que esta la ostentaría la comisión hibrida que se constituyó en su conjunto y no cada uno de los miembros que la integren.

En el motivo formulado, y al contrario de lo que alega una de las partes recurridas, a lo largo del motivo se han identificado claramente los preceptos legales que se consideran vulnerados por la sentencia recurrida, de forma que debemos dar por cubiertas las exigencias del art. 210. 2 de la LRJS

Entrando ya a resolver el motivo, lo primero que argumenta la parte recurrente es que no existe grupo laboral para, a partir de aquí, desmontar la configuración de la CR y, con base en ello, poder asumir la legitimación para impugnar el despido colectivo. Al margen de que ese desarrollo argumental pueda ser idóneo para fijar la legitimación activa en el proceso laboral, lo cierto es que la existencia de grupo laboral lo ha aplicado la sentencia recurrida con base en pronunciamiento judiciales que así lo declaran. Es cierto que, como dicen los recurrentes y fue advertido en el voto particular, la primera de las sentencias no figuraba como parte, y por tanto integrante del grupo laboral, la codemandada PSN AGR pero sí que la misma fue parte en la segunda sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social 6 de Madrid, en los autos 569/2020 y, aunque al momento del acto de juicio y del dictado de la sentencia recurrida no constara su firmeza es lo cierto que la sala de instancia parece partir de su firmeza -por cierto al igual que el voto particular que la acompaña ya que no opone nada al respecto-, porque no consta debate alguno sobre ello, lo que podría estar justificado por lo que hemos indicado al resolver el motivo de revisión fáctica; esto es, que aunque la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de Madrid fuera objeto de recurso hubiera sido preciso constatar que ese recurso combatiera la existencia de grupo laboral lo que no fue así según el contenido de la STSJ de Madrid que lo resolvió.

Pues bien, lo que entendió la sentencia recurrida, esto es que la existencia de grupo laboral debe mantenerse al existir ya pronunciamiento judicial que así lo declara, y respecto de las dos empresas del grupo que han activado el despido colectivo, es acorde con la doctrina de esta sala en esa materia (como recuerda la STS 893/2021, de 15 de septiembre (rec. 184/2019, y las que en ella se citan) por lo que esta alegación de la parte recurrente no permite considerar que la configuración de la CR deba calificarse de ilegitima o indebida.

Por otra parte, y siguiendo lo argumentado en el motivo, a la vista de lo anterior, resulta irrelevante que en el periodo de consultas se pusiera de manifiesto por los aqui recurrentes la indebida condición de grupo laboral ya que, como se ha dicho, su existencia así se ha declarado en vía judicial.

Tampoco las valoraciones que hace la parte recurrente sobre la incidencia que la existencia de grupo laboral pueda haber tenido, a la hora de negociar el despido colectivo, resultan irrelevantes para solventar lo que ahora es motivo del recurso ya que ese alegación forma parte del propio periodo de consultas y lo que los negociadores hayan decidido al respecto pero no de una excepción procesal como es la legitimación activa para impugnar en vía judicial el despido colectivo. Y menos para entender que esa configuración de grupo lo haya sido de forma torticera y en connivencia con los delegados de personal que más bien incidiría en la existencia o no de buena fe negocial pero no para justificar la legitimación activa para acudir ante los tribunales.

La STS, de 21 de abril de 2015, rec. 311/2014, que cita la recurrente para justificar su legitimación, precisamente es la que ha aplicado la sentencia recurrida para negarla pero no porque una comisión ad hoc, híbrida u otra constituida a esos efectos no esté legitimada para impugnar el recurso sino porque, según ya dijo allí esta sala, aun siendo una CR híbrida no es posible que la impugnación del despido se articule por uno de los miembros de la misma ya que la legitimación corresponde a la comisión y no a sus integrantes a nivel individual. Esa doctrina es reitera en la STS de 14 de octubre de 2015, rec. 336/2014.

Igualmente, en la STS de 17 de marzo de 2016, rec. 226/2015, aplica el mismo criterio doctrina. En aquel caso se tramitaron dos despidos colectivos respecto de dos empresas, cada una con su CR. En una de ellas, Lebriplak, SA, existía un delegado de personal que sometió a asamblea la designación de una comisión ad hoc de tres miembros que fue constituida por él y otros dos trabajadores. Se presentó demanda por despido colectivo por la comisión negociadora del ERE presentado por Lebriplak, SA . En el recurso de casación, aunque se consideró la existencia de grupo laboral, esta sala apreció legitimación para impugnar el despido colectivo por quienes, formando parte de la CR, ostentaba la condición de delegado de personal pero no se aceptó la de los otros sujetos que, formando parte de la CR ad hoc, no tenían aquella condición. Allí se dijo que " La legitimación para impugnar los despidos colectivos de la "comisión ad hoc" y de la "comisión híbrida" se ha admitido en supuestos en los que no existía representación legal ni sindical para impugnar el despido colectivo.

Tal circunstancia, sin embargo, no concurre en el supuesto ahora examinado en el que hay representación sindical - el delegado sindical de la CNT en el Grupo de Empresas Hermanos Ruiz Dorantes- cuya implantación suficiente en el ámbito del conflicto ha sido declarada por la sentencia de instancia, y representación legal -el delegado de personal de la empresa Lebriplak SA- por lo que estos eran los sujetos legitimados para impugnar el despido colectivo de la empresa Lebriplak SA, careciendo de legitimación para efectuar dicha impugnación los dos miembros de la comisión negociadora, D Felix y D. Gabino . No obstante, el que hayan demandado estos dos sujetos carentes de legitimación para hacerlo no acarrea consecuencia alguna ya que al haber sido presentada la demanda -y también el recurso de casación- por los sujetos titulares de la legitimación activa, el delegado sindical y el delegado de personal, sucede que la demanda y el recurso han sido presentados por los sujetos legitimados".

Criterio jurisprudencia que se recuerda nuevamente en la STS 98/2018, de 6 de febrero (rec. 10/2017), aunque en materia distinta, diciendo de ella lo siguiente: " En el ámbito exclusivo de la RLT, la STS 21-4-2015 (R. 311/14 ), en un complejo supuesto de despido colectivo en un grupo de empresas, en el que la comisión negociadora de cinco miembros se constituyó de forma "híbrida" por tres trabajadores nombrados "ad hoc" en el seno de una de las dos entidades integrantes del grupo y los dos restantes eran los delegados de personal (RLT en sentido estricto) de la otra, y solo dos de aquellos tres primeros impugnaron la decisión extintiva, esta Sala, también en decisión adoptada por su Pleno, apreció la falta de legitimación activa, de manera similar a la tesis de la STS 25-2- 2015, R. 36/14 (en la que se negó la legitimación de un delegado de personal para interponer la demanda de despido colectivo al existir tres delegados de personal en el centro de trabajo, razonándose que deberían haber actuado mancomunadamente), precisamente, porque esos dos representantes carecían de ella".

QUINTO. - Por lo expuesto y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, debemos desestimar el recurso y confirmar la sentencia recurrida.

Todo ello sin imposición de costas, a tenor del art. 235 de la LRS.