Sentencia Social 527/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3624/2020 de 19 de julio del 2023

PRIMERO.- La cuestión planteada y la sentencia recurrida.

1. La cuestión a resolver en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si un trabajador, que ha agotado el plazo máximo en situación de incapacidad temporal sin que se haya declarado la incapacidad permanente, tiene o no derecho a prestación económica derivada de un nuevo proceso de incapacidad temporal por la misma patología iniciado sin haber transcurrido más de 180 días desde la incapacidad temporal anterior.

2. La sentencia recurrida, de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, de 23 de junio de 2020 (rec. 369/2019), desestima el recurso de suplicación del trabajador y confirma la sentencia de instancia que había desestimado la demanda del empleado.

El demandante causó baja el 21 de marzo de 2016 con el diagnóstico de "ansiedad" y permaneció en dicha situación hasta el 17 de noviembre de 2017, fecha en que se le denegó el reconocimiento de incapacidad permanente. El 12 de diciembre de 2017 causó nueva baja por la misma patología. El INSS denegó efectos económicos a la nueva baja.

3. La sentencia recurrida desestima el recurso de suplicación y confirma la denegatoria de instancia al considerar que el INSS ha justificado las razones que operan para denegar la solicitud del actor, que no es otra que médicamente está acreditado que el actor presentaba la misma patología por la que ya se le denegó la incapacidad permanente.

En apoyo de su pretensión, el actor invocó entre otras sentencias, la STS 10 de diciembre de 2012 (rcud 3429/2011), que, como se verá, es la sentencia invocada de contraste en el presente recurso de casación unificadora. Y, en su recurso de suplicación, el actor ya denunciaba la infracción del artículo 174.3 LGSS.

SEGUNDO. El recurso de casación para la unificación de doctrina, sus impugnaciones, el informe del Ministerio Fiscal y la existencia de contradicción.

1. El trabajador ha recurrido en casación para la unificación de doctrina la sentencia de la sala de lo social del TSJ Murcia de 23 de junio de 2020 (rec. 369/2019).

El recurso invoca de contraste, según hemos avanzado, la STS 10 de diciembre de 2012 (rcud 3429/2011), y denuncia, precisamente, la infracción de la jurisprudencia sentada por esta sentencia.

El recurso solicita la estimación de la demanda inicialmente interpuesta ante el juzgado de lo social.

2. El recurso ha sido impugnado por el INSS y por Fremap, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social número 61.

3. Partiendo de la existencia de contradicción entre las sentencias comparadas, el Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso.

4. Apreciamos, en coincidencia con el Ministerio Fiscal, que existe contradicción entre la sentencia recurrida y la invocada de contraste, la STS 10 de diciembre de 2012 (rcud 3429/2011).

Esta sentencia fue igualmente aportada como referencial en las SSTS 753/2019, de 6 de noviembre (rcud 1363/2017), 158/2021, de 4 de febrero (rcud 3439/2018), y 1143/2021, de 23 de noviembre (rcud 87/2019), que han resuelto recursos muy simulares al que ahora se plantea, apreciándose, en todos ellos, la existencia de contradicción.

En el supuesto de la sentencia de contraste, el actor, con fecha 18 de agosto de 2008 había agotado un proceso de incapacidad temporal en su duración máxima. El INSS, por resolución de 10 de diciembre de 2008, denegó el reconocimiento de la incapacidad permanente. El 22 de diciembre de 2008 el actor causó nueva baja médica, cuyas prestaciones reclamó en la demanda al haberlas denegado la entidad gestora por tratarse de una recaída del proceso anterior y derivar la segunda baja de la misma patología que la primera, sin haber transcurrido 180 días entre uno y otro proceso.

La sentencia referencial, interpretando el artículo 131 bis.1, párrafo 1º, LGSS-1994 (en la redacción introducida en el año 2005), reitera la jurisprudencia consolidada de que el criterio de la entidad gestora no puede ser discrecional ni puede basarse en el único argumento de que se trata de la misma o similar patología ni de que medien menos de seis meses de actividad, sino que debe fundarse en otro elemento objetivo que permita justificar la denegación de efectos económicos, siendo la justificación sobre el estado actual del trabajador que ha obtenido esa baja médica sobre lo que debe pronunciarse el INSS para fundar su decisión. Consecuentemente, estimó el recurso del beneficiario.

Como hemos anticipado, concurre la preceptiva contradicción exigida por el artículo 219 LRJS, pues en mérito a hechos sustancialmente iguales, mismas pretensiones y fundamentos, las sentencias comparadas han llegado a soluciones diferentes.

En efecto, los hechos decisivos presentan una total similitud pues en ambas sentencias el solicitante, tras el agotamiento del plazo máximo de una primera incapacidad temporal sin declaración de incapacidad permanente, presenta una posterior baja médica por la misma patología antes del transcurso del plazo de más de 180 días naturales; y, en ambos casos, se produjo una denegación administrativa de la prestación económica para la nueva situación de baja sin justificación expresa del motivo de la denegación. Por lo que se refiere a las pretensiones, en ambos casos son idénticas dado que lo solicitado por el beneficiario y denegado por el INSS es el reconocimiento de la prestación económica por incapacidad temporal. Los fundamentos reflejan el mismo debate jurídico: la necesidad o no de que el INSS justifique expresamente la denegación de la prestación económica en función de la recuperación o no de la capacidad laboral del trabajador.

No impide la existencia de contradicción el hecho de que las sentencias objeto de comparación apliquen las versiones distintas del correspondiente precepto de la LGSS: la sentencia recurrida, el artículo 174.3 LGSS vigente y la sentencia de contraste el artículo 131.bis.1, párrafo segundo en la redacción introducida en el año 2005. Y ello porque ambas versiones son, respecto de la controversia aquí planteada, sustancialmente iguales.

TERCERO. Las SSTS 753/2019, de 6 de noviembre (rcud 1363/2017 ), 158/2021, de 4 de febrero (rcud 3439/2018 ), y 1143/2021, de 23 de noviembre (rcud 87/2019 ).

1. El recurso de casación unificadora debe ser estimado por cuanto que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia de contraste que sigue una consolidada jurisprudencia.

Según hemos avanzado, las SSTS 753/2019, de 6 de noviembre (rcud 1363/2017), 158/2021, de 4 de febrero (rcud 3439/2018), y 1143/2021, de 23 de noviembre (rcud 87/2019), han reiterado, en supuestos sustancialmente similares al que ahora se nos plantea, que la doctrina correcta es la de la sentencia de contraste, que igualmente se invocaba en aquellos recursos.

Elementales razones de seguridad jurídica y de igualdad en aplicación de la ley obligan a aplicar, en el actual recurso, la doctrina de las sentencias citadas. La presente sentencia reproduce, concretamente, la última de las tres sentencias mnecionadas, la STS 1143/2021, de 23 de noviembre (rcud 87/2019).

2. Tal como hemos tenido ocasión de manifestar en varias ocasiones respecto de la literalidad anterior del precepto cuestionado -y reiteramos ahora, con mayor motivo, en relación con el texto vigente-, la potestad del INSS no es, en absoluto, discrecional, sino que debe basarse en criterios objetivos que justifiquen la denegación a tales efectos.

El INSS debe, en consecuencia, pronunciarse sobre el estado de salud del trabajador que ha obtenido de los servicios médicos de salud una nueva baja médica y, al objeto de denegarle los correspondientes efectos económicos, debe de pronunciarse fundadamente sobre las posibilidades de recuperar su capacidad laboral, atendidos los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la situación de incapacidad permanente del trabajador.

3. Ello conduce necesariamente a estimar el recurso porque la sentencia recurrida, al igual que la resolución administrativa impugnada, se fundaron, exclusivamente, en que la nueva baja, cursada antes de transcurrir seis meses del fin del proceso de incapacidad temporal anterior, traía causa de misma patología, sin basarse en otros datos objetivos, singularmente, en la consideración o no de que el trabajador podía recuperar su capacidad laboral.

CUARTO. La estimación del recurso de casación para la unificación de doctrina.

1. De acuerdo con lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede: la estimación del recurso de casación para la unificación de doctrina; la casación y anulación de la sentencia recurrida; y, resolviendo el debate de suplicación, estimar el recurso de tal clase interpuesto por don Luis Carlos, revocar la sentencia del juzgado de lo social y estimar la demanda de don Luis Carlos, reconociéndole las prestaciones de incapacidad temporal que reglamentariamente correspondan.

2. Sin costas ( artículo 235.1 LRJS).