Sentencia Social 1277/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3886/2022 de 21 de diciembre del 2023

PRIMERO.- 1.- La cuestión a determinar es si concurre competencia funcional para conocer, primero en suplicación y luego en casación unificadora, de una reclamación inferior a 3.000 euros, por la que se discute el porcentaje del complemento de maternidad sobre la pensión de jubilación, en un supuesto de feto nacido muerto, sin que la pretensión formulada en la demanda alcance tal cuantía.

A la demandante se le reconoció pensión de jubilación por resolución del INSS de 29/09/2020 con el complemento de maternidad en cuantía del 5%, en función de dos hijos nacidos vivos que había tenido. Solicitó que el complemento de maternidad le fuera reconocido en el porcentaje del 10%, en base a que en 1986 dio a luz un feto de 28 semanas aproximadamente, cuya muerte se produjo antes del alumbramiento por lo que entendía que debía de entenderse que había tenido 3 hijos.

2.- La sentencia del juzgado de lo social estimó en parte la demanda incrementando la base reguladora de la prestación de jubilación reconocida en 0,30 euros.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante que es desestimado por la Sala porque la diferencia entre la prestación reconocida y la reclamada en cuantía anual es inferior a 3.000 euros. Razona la sentencia ahora recurrida que la reclamación que hace la demandante es relativa a la cuantía del complemento litigioso, no al derecho a este complemento por maternidad, que la entidad gestora no le ha negado, sino que ha cuantificado en el porcentaje correspondiente a dos hijos nacidos, 5 %, en vez del asignado a tres hijos, 10 %.

3.- El recurso de la actora denuncia la infracción de la doctrina del TS -con cita de la STS 30 mayo 2022- y del art. 191.3 c) LRJS. Invoca de contraste la sentencia del TSJ de Aragón de 10/09/21 (R. 518/21).

4.- El Ministerio Fiscal informa en favor de la estimación del recurso. Razona al efecto que en el supuesto de autos existe afectación general, al constatar la existencia de numerosos pleitos con idéntica pretensión, de modo que la propia Sala ya ha resuelto sobre la materia en sentencia de 27 de febrero de 2023, rcud. 3225/21, existiendo otros recursos pendientes de resolución.

Considera, asimismo, que no es necesaria la devolución del pleito al TSJ, puesto que la Sala ya resuelto en la sentencia antes señalada, en la que se decide que únicamente los hijos nacidos con vida pueden computarse a efectos del devengo y cuantía del complemento por maternidad de las pensiones.

La Letrada de la Administración de la Seguridad Social impugna el recurso y considera que el recurso de suplicación era inadmisible por razón de la cuantía y que, caso de entender susceptible de recurso, éste debió ser desestimado por aplicación de la doctrina de esta Sala (STS 27 de febrero de 2023, -rcud- 3225/2021).

SEGUNDO. 1.- Dado que la cuantía del litigio es manifiestamente inferior a 3.000 euros, debemos comenzar por analizar si la sentencia de instancia era recurrible en suplicación, por cuanto "la cuestión relativa a la recurribilidad de la sentencia de instancia afecta al orden público procesal -ex arts. 9.6, 238.3 o y 240.2 LOPJ -, a la propia competencia funcional de la Sala de suplicación y consiguiente acceso al recurso de casación, por lo que debemos examinarla de oficio sin que el Tribunal se encuentre vinculado por la decisión que se haya adoptado en trámite de suplicación, y sin necesidad de que concurra o no el requisito o presupuesto de contradicción, en tanto que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, y "esto presupone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia sea -a su vez- recurrible en suplicación, de modo y manera que el control de la competencia funcional de la Sala supone el previo control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación" ( STS 860/2022, de 26 de octubre (rcud. 4290/2019), y las que en ella se citan).

2.- Como establece la STS 145/2023, de 21 de febrero (rcud. 4932/2019) "El art. 191. 3 letra b) LRJS, dispone que procederá en todo caso la suplicación "En reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes".

Por citar alguna de las más recientes, vamos a mencionar la STS 11/10/2022, rcud. 4178/2019, que recuerda la reiterada y uniforme doctrina jurisprudencial recaída en interpretación de ese precepto sobre el alcance del concepto de afectación general al que se refiere:

"a) El TS no está vinculado por la apreciación que en instancia y en sede de suplicación se haya podido efectuar acerca de la afectación general, debiendo proceder de oficio a verificar su propia competencia.

b) La notoriedad que abre el acceso al recurso de suplicación, no puede ser la "notoriedad absoluta y general" de que habla el art. 281.4 LEC. Para su apreciación bastará con que, por la propia naturaleza de la cuestión debatida, por las circunstancias que en ella concurren, e incluso por la existencia de otros procesos con iguales pretensiones, la cuestión sea notoria para el Tribunal.

c) "[L]a vía de la afectación general, como medio de acceso al recurso de suplicación, "no está concebida exclusivamente como un derecho de las partes, pues se configura también como un instrumento que tiene por objeto conseguir la unificación de doctrina en supuestos que son trascendentes en su conjunto y en los que la unidad de criterios aplicativos y hermenéuticos participa en buena medida de la condición de orden público. Así la sentencia de Tribunal Constitucional 79/1985, de 3 de julio, precisó que uno de los objetivos que se persiguen por el legislador al establecer esta vía especial de acceso al recurso, es "evitar que queden sin recurso reclamaciones de escasa entidad económica desde una consideración meramente individual, pero que pueden trascender esta dimensión al multiplicarse o extenderse a numerosos supuestos de hecho idénticos y requerir, por ello, una actividad uniformadora de los Tribunales de rango superior"; y de la sentencia del mismo Tribunal 108/1992, de 14 de septiembre, se desprende que este supuesto excepcional de interposición del recurso de suplicación que permite el art. 189.1. b) de la LPL, responde a "un interés abstracto: la defensa del 'ius constitutionis' y la garantía de la uniformidad de la doctrina legal en todo el territorio nacional como principal expresión del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley" ( sentencias del TS 16 de diciembre de 2009, recurso 4376/2008; y 25 de mayo de 2010, recurso 2404/2009, entre otras muchas).

d) La afectación general "no puede confundirse con la posible proyección general de un litigio sobre la interpretación de una norma, sino que requiere que "esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate, de forma que no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general".

3.- A lo que es esencial añadir en este caso el criterio que apunta la antedicha STS 860/2022, de 26 de octubre, al precisar que "l"la evidencia compartida no opera como algo que quede a la libre disposición de las partes, de forma que el acuerdo de éstas pueda dotar de afectación general a una controversia que no lo tiene; se trata de una cuestión de orden público, que no es disponible por las partes, y, en consecuencia, su acuerdo, conformidad o discrepancia no vincula a la Sala (sentencias de 2 de junio de 2008 y 14 de junio de 2010). No basta que las partes estén de acuerdo en la afectación general; es necesario que ésta sea objetivamente evidente.". ( STS 7.10.2011, rcud 3388/2009 y posteriores que la aplican). De esa manera, la afectación general tenía que ser efectiva y real no meramente posible o hipotética; un hecho y, como tal, correspondía a la parte alegarlo, y, en principio, como hecho para que tenga fuerza jurídica debía ser probado, ser notorio o estar las partes conformes en él. Pero como el recurso es materia de orden público, no bastaría tampoco esa conformidad, sino que precisa que en el propio litigio la afectación general sea evidente por sí misma -la alegación y prueba del presupuesto de recurribilidad habrá de realizarse en la instancia-, lo cual, como ya se expresó, no acaece en el presente supuesto".

Todas las consideraciones que acabamos de exponer desvirtúan lo razonado por la sentencia recurrida, que debió admitir el recurso de suplicación y entrar a resolver sobre el fondo de la cuestión, por existir una evidente afectación general, al ser notoria la litigiosidad que sobre esta cuestión se está produciendo en el ámbito de los distintos TSJ. Al no haberse resuelto la cuestión de fondo planteada en el recurso de suplicación, conforme al Ministerio Fiscal, procede casar y anular la sentencia recurrida, así como la devolución de actuaciones a la Sala de suplicación para que, con libertad de criterio, resuelva dicho recurso.

No procede efectuar pronunciamiento en costas ( art. 235.1 LRJS).