Sentencia Social 760/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 87/2023 de 24 de octubre del 2023

PRIMERO.- 1.- La controversia litigiosa radica en determinar si la empresa VISIONLAB SA debió solicitar a la autoridad laboral la prórroga de la suspensión de contratos y reducción de jornadas por causa económica, técnica, organizativa y de producción (en adelante ERTE-ETOP) relacionada con la COVID.

2.- En este pleito concurren las siguientes circunstancias:

a) La mercantil VISIONLAB SA alcanzó un acuerdo con la representación legal de los trabajadores relativo a la suspensión de contratos de trabajo y a reducciones de jornada, a adoptar en el periodo del 15 de marzo de 2021 al 31 de enero de 2022, con fundamento en la concurrencia de causas ETOP relacionadas con la COVID.

b) El 29 de diciembre de 2021 VISONLAB SA comunicó a la autoridad laboral que había sido requerida por diversas direcciones provinciales del SEPE para que les remitiera la resolución expresa de la autoridad laboral aprobando la prórroga del citado ERTE, a fin de continuar abonando las prestaciones por desempleo.

VISIONLAB SA sostenía que no debía solicitar dicha prórroga, por lo que postuló que se declarase que el Real Decreto-ley 18/2021 no era aplicable a ese ERTE y se ordenase el abono de las prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados. Subsidiariamente solicitó que se declarase vigente dicho ERTE y se comunicase al SEPE la obligación de abonar dichas prestaciones.

c) El Ministerio de Trabajo denegó su solicitud argumentando que la inaplicación del Real Decreto-ley 18/2021 no tenía amparo legal porque la empresa no había presentado la solicitud de prórroga del ERTE-ETOP ante la autoridad laboral.

d) VISIONLAB SA formuló demanda contra el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la que solicitaba que se declarase plenamente vigente el ERTE de esa empresa y que se comunicara al SEPE la obligación de abonar la prestación de desempleo a los trabajadores afectados.

e) La sentencia de la Audiencia Nacional 160/2022, de 29 de noviembre (procedimiento 247/2022) desestimó la demanda.

3.- VISIONLAB SA interpuso recurso de casación ordinario con un único motivo en el que denuncia la infracción de los arts. 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), art. 16 y siguientes del Real Decreto 1483/2012, art. 23 del Real Decreto-ley 8/2020, art. 1 del Real Decreto-ley 18/2021 y art. 37.1 de la Constitución.

Argumenta que esa empresa no debió solicitar la prórroga del ERTE a la autoridad laboral, por lo que los trabajadores afectados tienen derecho a percibir la prestación por desempleo.

4.- La parte demandada presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.- El art. 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en la redacción aplicable a la presente litis, disponía:

"Art. 23. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción.

1. En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

a) En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación [...]

b) El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá exceder del plazo máximo de siete días.

c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días [...]".

2.- El art. 3.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, establece:

"A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas a la Covid-19 iniciados tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 31 de enero de 2021, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las especialidades recogidas en este precepto."

3.- El Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, tenía el contenido siguiente:

a) Apartado II del preámbulo

"el VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo (VI ASDE) [...] recogió la prórroga de las medidas extraordinarias en materia de cotización y de protección por desempleo (incluidas las medidas para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas), así como las medidas complementarias asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo relacionados con la COVID-19.

Dicha prórroga se subordina, en el caso de expedientes en vigor a fecha de 30 de septiembre de 2021, a la presentación de una solicitud a tal efecto ante la autoridad laboral. Esta solicitud deberá ir acompañada de una relación de las horas o días de trabajo suspendidos o reducidos durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 de cada una de las personas trabajadoras, y del informe de la representación legal de las personas trabajadoras en el caso de expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas.

Asimismo, el acceso a las medidas extraordinarias en materia de cotización y el reconocimiento de las prestaciones por desempleo exigirá la presentación, por parte de las empresas cuya prórroga sea autorizada, de una relación de las personas trabajadoras que estuvieran incluidas a fecha de 30 de septiembre de 2021 en el ámbito de aplicación del expediente de regulación temporal de empleo y que vayan a permanecer incluidas en dicho expediente durante la prórroga."

b) Art. 1: "Autorización de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la crisis pandémica.

1. La prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a fecha de 30 de septiembre de 2021 en base a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Real Decreto-ley 11/2021 [...] y de aquellos a los que resulte de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se autorizará previa presentación, por parte de la empresa o entidad titular, de una solicitud al efecto, acompañada de la documentación referida en el apartado 2 de este artículo, ante la autoridad laboral que autorizó o tramitó el expediente correspondiente, entre el 1 y el 15 de octubre de 2021.

De no presentarse la solicitud acompañada de dicha documentación dentro del plazo establecido, el expediente de regulación temporal de empleo se dará por finalizado y no será aplicable desde el 1 de noviembre de 2021.

2. La solicitud de prórroga del expediente deberá ir acompañada de una relación de las horas o días de trabajo suspendidos o reducidos durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 de cada una de las personas trabajadoras, debidamente identificadas en relación con cada uno de los centros de trabajo [...]".

TERCERO.- 1.- El art. 3 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, establecía que el art. 23 del Real Decreto-ley 8/2020 se aplicaba a los ERTE-ETOP vinculados a la COVID iniciados después de su entrada en vigor, con las especialidades recogidas en ese precepto. En este litigio, se inició el periodo de consultas del ERTE-ETOP vinculado a la COVID el 24 de enero de 2021, por lo que debemos concluir que se trató de un ERTE regulado por el citado art. 23 del Real Decreto-ley 8/2020.

El art. 1 del Real Decreto-ley 18/2021 disponía que la prórroga de esos ERTE debía ser autorizada por la autoridad laboral. Si no se solicitaba la prórroga, el ERTE se daba por finalizado desde el 1 de noviembre de 2021.

La mercantil VISIONLAB SA no solicitó esa prórroga.

2.- La aplicación del tenor literal del citado art. 1 del Real Decreto-ley 18/2021 obliga a concluir que ese ERTE finalizó el 1 de noviembre de 2021. La parte recurrente solicita la revocación de la sentencia de instancia con base en una pluralidad de argumentos que no pueden ser acogidos por esta Sala:

a) La recurrente alega que los ERTE-ETOP no están sujetos a autorización administrativa. Sin embargo, ello no impide que una norma con rango de ley, con la naturaleza de lex specialis (ley especial): el Real Decreto-ley 18/2021, destinado a afrontar una situación excepcional derivada de la pandemia causada por la COVID-19, pueda exigir que la empresa solicite la prórroga del ERTE a la autoridad laboral. Por un principio de jerarquía normativa, dicho precepto debe ser de directa aplicación.

Los ERTE-ETOP vinculados a la COVID tienen una regulación legal específica que se aparta de las previsiones genéricas en materia de los ERTE-ETOP establecidas en el Real Decreto 1483/2012. Dicha regulación específica incluye la exigencia de solicitar la prórroga cuando los efectos de la medida se extiendan más allá del 1 de noviembre de 2021.

b) Esa normativa específica está justificada porque se trata de una medida de control que permitió a la autoridad laboral verificar la real existencia de contratos suspendidos o reducidos en su jornada, impidiendo con ello un uso fraudulento de la medida, que podía producirse si se percibían indebidamente prestaciones y se obtenían beneficios en la cotización a la Seguridad Social.

c) La parte recurrente sostiene que la solicitud de prórroga solo se refiere a los ERTE-ETOP cuya duración finalice con anterioridad al 31 de octubre de 2021.

El art. 1 del Real Decreto-ley 18/2021 menciona los ERTE "vigentes a fecha de 30 de septiembre de 2021". La prórroga se autorizará previa presentación de una solicitud "entre el 1 y el 15 de octubre de 2021". Si no se presenta la solicitud, el ERTE finalizará "desde el 1 de noviembre de 2021".

El tenor literal de la norma no se limita a los ERTE que finalicen antes del 31 de octubre de 2021. Por el contrario, la exigencia de la solicitud de prórroga evidencia que se aplicará a los ERTE que se prolonguen con posterioridad a esa fecha.

d) Esta exigencia de que la empresa solicite la prórroga del ERTE no vacía de contenido el derecho a la negociación colectiva previsto en el art. 37 de la Constitución. Se trata de medida de control por parte de la autoridad laboral, con la finalidad de combatir el fraude, que no impide el ejercicio de ese derecho colectivo. Hubiera bastado con que la empresa solicitara en forma la prórroga para que el ERTE hubiera continuado. Tampoco supone una injerencia en el periodo de consultas, que no se ha desvirtuado.

e) La parte recurrente niega que exista ningún marco normativo que ampare la necesidad de solicitar esa prórroga. No podemos aceptar ese argumento porque una norma con rango de ley (el Real Decreto-ley 18/2021) la regula.

f) La parte recurrente argumenta que los trabajadores incluidos en el ERTE se encuentran en situación de desempleo, por lo que el SEPE no puede denegarles las prestaciones por desempleo.

Sin embargo, desde el momento en que el ERTE finalizó porque la empresa no presentó la solicitud de prórroga, la consecuencia es que esos trabajadores no estaban en situación legal de desempleo y no tenían derecho a percibir esa prestación.

g) La parte recurrente también afirma que la solicitud de la prórroga era un trámite formal, sin margen alguno por parte de la Administración para denegar la solicitud de prórroga. No es cierto que la Administración estuviera imposibilitada para denegar la prórroga si se incumplían los requisitos legales.

En definitiva, esta empresa incumplió la exigencia legal de solicitar la prórroga del ERTE, como medida de control de la autoridad laboral, por lo que finalizó el ERTE. La consecuencia de ello es que los trabajadores que estaban incluidos en el ERTE dejaron de estar en situación de desempleo.

3.- Las anteriores consideraciones, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, obligan a desestimar el recurso de casación ordinario y a confirmar la sentencia recurrida. Se condena a la parte recurrente al pago de las costas de su recurso en la cantidad de 1.500 euros ( art. 235 de la LRJS). Se acuerda la pérdida del depósito ( art. 228 de la LRJS).