Sentencia Social 151/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 687/2023 de 25 de enero del 2024

PRIMERO.- 1.- La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si de acuerdo con el Convenio Estatal de Empresas de Seguridad Privada, la empresa puede rechazar o no la petición de un empleado de pasar a situación de jubilación parcial.

El trabajador prestó servicios para la demandada como vigilante de seguridad. Su relación laboral se encuentra regida por el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada. Solicitó a la empresa pasar a jubilación parcial y ésta contestó a su solicitud indicando que no estaba obligada a reconocer la jubilación parcial a sus empleados. El artículo 69 del convenio aplicable. publicado en el BOE de 1 de febrero de 2018, establece bajo la rúbrica "Aplicación de la jubilación parcial y del contrato de relevo"que "Los trabajadores tendrán derecho a acceder a la jubilación parcial, al cumplir la edad y los requisitos exigidos por la legislación vigente. 2. La empresa fijará de acuerdo con el trabajador el porcentaje de la jornada anual a trabajar, continuando el trabajador de alta y cotización hasta su jubilación total. Igualmente, podrá pactarse la realización de forma acumulada del número de horas que debe realizar hasta la jubilación total. 3. Respecto al trabajador contratado o relevista se le podrá contratar con un contrato a tiempo completo".

2.- La sentencia de instancia desestima la demanda, con cita de diversas sentencias del TSJ de Madrid y de esta Sala (entre otras, la STS 8 de julio de 2021). Considera que el principio que rige la Jubilación parcial, es el de acuerdo entre el trabajador y el empresario, de modo que la voluntariedad para la conversión de un contrato a tiempo completo en uno a tiempo parcial no puede imponerse a la empresa, y en ello comporta que el convenio pueda fomentar o facilitar el acceso, pero no significa que imponga una obligación al empresario.

Dicha sentencia fue recurrida en suplicación por el trabajador. La Sala de suplicación estima el recurso, y razona que el art. 69 del convenio colectivo dispone el derecho de los trabajadores a la jubilación parcial sin la necesidad de que concurra el consentimiento de la empresa, si bien el porcentaje de jornada anual ha de ser pactado entre empleado y trabajador, ex art. 69.2 del Convenio Colectivo Estatal de empresas de Seguridad Privada. Es por ello que se condena a la demandada a permitir el acceso a la jubilación parcial del trabajador en el porcentaje que acuerden las partes.

3.- El recurso de la parte demandada denuncia la infracción del art. 12.4e) Estatuto de los trabajadores, art. 215 LGSS y el art. 69 y 77.2 del Convenio Colectivo aplicable. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la STSJ Madrid núm. 713/2018, de 25 de octubre, rec. 1096/2017.

4.- El Ministerio Fiscal informa en favor de la estimación del recurso. Razona al efecto que la cuestión ya ha sido resuelta por esta Sala, con cita de la sentencia más reciente de 29 de marzo de 2023, rcud. 2322/2020.

La parte actora impugna el recurso y afirma, en resumen, que la buena doctrina se contiene en la sentencia recurrida.

5.- Debemos resolver en primer lugar, si entre la sentencia recurrida y la referencial hay contradicción en los términos exigidos por el art. 219.1º LRJS, que impone que en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos que sea necesario unificar.

De la comparación efectuada se desprende que concurre la contradicción, pues ambas aplican el mismo convenio (aunque de fechas distintas y de redacción ligeramente alterada sobre la edad) pero mientras que la recurrida reconoce el derecho del actor a la jubilación parcial, por entender que no es preciso acuerdo entre empresa y trabajador (al callar al respecto la norma convencional), la de contraste deniega la jubilación parcial, por entender que debe existir un acuerdo en relación con la jornada a desempeñar, sin que su ausencia permita la jubilación parcial.

SEGUNDO. 1.- Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión litigiosa, entre otras, en las SSTS 22 junio 2010 (rcud. 3046/2009), 534/2020, de 25 de junio ( rcud. 665/2018), 510/2022, de 1 de junio ( rcud. 126/2020) y 236/2023, de 29 de marzo ( rcud. 2322/2020).

Transcribiremos la doctrina que contienen, atendida la similitud con el presente supuesto y el imperativo de los principios de igualdad y seguridad jurídica:

"QUINTO.- Resolución.

1.Recapitulación de nuestra doctrina.

En cuantas ocasiones nos hemos enfrentado a problemas similares al presente hemos impuesto de relieve la complejidad de la jubilación parcial que comporta la celebración de un contrato de relevo. Por eso mismo, de la regulación contenida en las normas laborales y de Seguridad Social cabe concluir que la empresa no está obligada legalmente a aceptar la propuesta de jubilación parcial del trabajado, ni tampoco a formalizar un contrato de relevo, como tampoco la empresa puede imponer esa fórmula de renovación de su plantilla.

Hemos aceptado la existencia de un derecho perfecto de la persona trabajadora para acceder a la jubilación parcial (y la consiguiente obligación empresarial) cuando la regulación convencional es inequívoca. Por ejemplo, cuando el acuerdo no solo habla de "derecho a jubilarse parcialmente y continuar prestando servicios en el Ayuntamiento a tiempo parcial" sino que añade que el empleador "queda obligado a aceptar" la propuesta que se le realiza ( STS 948/2022).

Respecto de convenios en que aparece plasmado "el derecho de los trabajadores a acogerse a la jubilación parcial de acuerdo a la Legislación Laboral Vigente" hemos entendido que solo comportan una genérica remisión a la normativa legal, sin introducir en ese extremo ningún elemento del que pudieren resultan obligaciones adicionales para la empresa, es decir, sin imponer a la empresa la obligación de cumplimentar las formalidades necesarias para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial ( STS 534/2020).

2.Unificación doctrinal.

Cumpliendo la misión que constitucional y legalmente nos está reservada ( arts. 123 y 152.1 CE; art. 219 LRJS) debemos unificar las discrepantes doctrinas enfrentadas en el presente caso. Razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación del Derecho conducen a concluir que la doctrina acertada se encuentra en la sentencia comparada. Son dos las afirmaciones conclusivas que debemos recalcar en este momento.

Primero, para reiterar lo tantas veces manifestado: es requisito constitutivo para acceder a la jubilación parcial, a tenor con lo dispuesto en el art. 215, 2 LGSS, en relación con el art. 12.6 y 7 ET, que la empresa lo convenga así con el trabajador y formalice, a continuación, un contrato de relevo. Ahora bien, la empresa no está obligada legalmente a aceptar la propuesta de jubilación parcial del trabajado, ni tampoco a formalizar un contrato de relevo.

Segundo, para aplicar nuestro cuerpo doctrinal al presente caso: cuando el convenio colectivo aplicable reconoce el "derecho a acceder a la jubilación parcial, al cumplir la edad y requisitos exigidos por la legislación vigente", sin mayores precisiones (como la imposición del deber empresarial de aceptar la solicitud o de celebrar el preceptivo contrato de relevo) no puede entenderse que estamos ante un verdadero y perfecto derecho que sea exigible, siendo necesario el acuerdo entre las partes de contrato de trabajo".

No concurriendo en el presente caso circunstancias fácticas o jurídicas distintas a las que entonces valoramos, elementales criterios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley ( arts. 9.3 y 14 CE), nos conducen a reiterar dicho criterio.

TERCERO. Conforme a lo razonado, y conforme al Ministerio Fiscal, debemos estimar recurso de casación para la unificación de la doctrina, casar y anular la sentencia recurrida, y resolver el debate en suplicación en el sentido de desestimar el recurso de igual clase formulado por la parte actora, para confirmar en sus términos la sentencia de instancia.

Todo ello, sin costas, conforme al art. 235 LRJS, y con devolución de los depósitos y consignaciones prestados para recurrir a la empresa recurrente, de acuerdo el art. 228.2 LRJS