Sentencia Social 1306/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 156/2021 de 26 de diciembre del 2023

PRIMERO.- 1.- La cuestión que se dilucida en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar cuál es el importe del capital coste que tiene que constituir una empresa que había sido condenada al abono de un recargo de prestaciones derivadas de accidente de trabajo, cuando el trabajador accidentado fallece por causa ajena al accidente antes de que la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS) determine el importe concreto de dicho capital coste. La cuestión se suscita en ejecución definitiva de sentencia de recargo de prestaciones. Con carácter previo debemos examinar si el auto dictado por el Juzgado de lo Social era recurrible en suplicación sin interponer previamente recurso de reposición.

2.- Los hechos esenciales para la resolución de este recurso son los siguientes:

a) D. Héctor sufrió un accidente de trabajo el 13 de septiembre de 2016 cuando prestaba servicios para la empresa RETRANES SL.

b) El trabajador, nacido el NUM000 de 1955, inició un periodo de incapacidad temporal el 14 de septiembre de 2016, con una base reguladora de 19,11 €/día. Con efectos desde el 2 de diciembre de 2017, se le reconoció una prestación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, ascendiendo la pensión anual a 6.983,37 euros.

c) Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante INSS) de 23 de noviembre de 2017 se impuso un recargo de las prestaciones derivadas del referido accidente de trabajo en un 40%, con responsabilidad de la empresa RETRANES SL. La empresa formuló reclamación administrativa previa frente al anterior pronunciamiento, siendo desestimada por resolución del 14 de febrero de 2018.

d) La empresa RETRANES SL presentó demanda impugnando el recargo de prestaciones, la cual fue desestimada por sentencia 369/2018 del Juzgado de lo Social número Seis de Santander dictada en fecha 22 de octubre de 2018.

e) D. Héctor falleció el 14 de noviembre de 2018 por enfermedad común.

f) En fecha 18 de julio de 2019 la empresa RETRANES SL solicitó ejecución de la sentencia 369/2018, de 22 de octubre, del Juzgado de lo Social número Seis de Santander, en la que pretendía que se determinase el capital coste que debía ser satisfecho por dicha empresa, atendiendo al fallecimiento del trabajador por causa ajena al accidente de trabajo después del dictado del título ejecutivo judicial. Por auto de fecha 22 de julio de 2019 se despachó ejecución de la referida sentencia.

g) Por providencia de fecha 11 de septiembre de 2019 se requirió a la TGSS para que informase sobre el importe del capital coste de la prestación.

La Dirección Provincial de Cantabria de la TGSS fijó la cuantía del capital coste en la suma de 36.991,51 euros conforme al siguiente detalle:

- Recargo del 40% sobre el importe del capital coste: 35.838,55 euros.

- Intereses de capitalización al 3% desde el 2 de febrero de 2017 hasta el 28 de diciembre de 2018.

La empresa ejecutante procedió al ingreso del recargo.

h) En fecha 7 de enero de 2020 se dictó auto resolviendo el incidente de ejecución. El Juzgado de lo Social rechazó la pretensión de la empresa ejecutada, que pretendía que el cálculo del capital coste del recargo de prestaciones debía realizarse hasta la fecha del fallecimiento del trabajador, el 14 de noviembre de 2018, y no aplicando una proyección de esperanza de vida.

i) La empresa RETRANES SL formuló recurso de suplicación en el que solicitó que se calculase el capital coste del recargo correspondiente a la incapacidad permanente del Sr. Héctor hasta la fecha del fallecimiento de este, cantidad que asciende a 4.418,50 euros, debiendo ser devuelta la diferencia de la misma: 32.573,01 euros.

j) La sentencia del TSJ de Cantabria 569/2020, de 30 de julio de 2020, desestimó el recurso de suplicación interpuesto. El Tribunal argumentó que el supuesto de muerte del trabajador no se contempla como un supuesto de revisión, sino como una situación distinta a la de la incapacidad o invalidez; que se tratan de contingencias diferentes que producen efectos diferentes y que han de ser atendidas con capitales diferentes, sin que la extinción de la primera (incapacidad permanente) sin haber consumido todo el capital coste implique la devolución del sobrante.

3.- La empresa RETRANES SL formuló recurso de casación para unificación de doctrina en el que alega la infracción del art. 164 de la Ley General de la Seguridad Social en relación con los artículos 71 y 75 del Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio y de la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre. En esencia, esta parte procesal argumenta que el cálculo del capital coste debe efectuarse hasta la fecha del fallecimiento del trabajador puesto que a la fecha en la que la TGSS procede al cálculo del mismo una de las variables a considerar -la fecha del fallecimiento del trabajador-ya estaba despejada por lo que aplicar las tablas empleadas por la TGSS, basadas en la esperanza de vida, cuando el trabajador ya ha fallecido, suponen un enriquecimiento injusto por parte de la TGSS yendo contra la naturaleza del recargo de prestaciones.

4.- La representación del INSS presenta escrito de impugnación del recurso de casación en el que solicita la desestimación del recurso, alegando que la sentencia recurrida es ajustada a derecho.

Se evacuó el trámite de audiencia de las partes personadas y del Ministerio Fiscal acerca de acerca de la incompetencia funcional, por no haberse interpuesto recurso de reposición previo a la suplicación. Ambas partes procesales efectuaron alegaciones.

El Ministerio Fiscal alegó que no concurría la competencia funcional.

SEGUNDO.- 1.- En primer lugar, debemos examinar si la resolución dictada por el Juzgado de lo Social era recurrible en suplicación. Se trata de una materia que afecta al orden público procesal, por lo que no es necesario que concurra el requisito de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste.

La razón estriba en que el acceso a suplicación de la resolución de instancia no solo afecta a ese recurso sino que se proyecta sobre la competencia funcional de esta Sala, de carácter improrrogable e indisponible, que solo lo es para conocer de los recursos frente a las resoluciones dictadas en suplicación con arreglo a los presupuestos procesales impuestos por la ley, lo que supone que la viabilidad del recurso de casación unificadora se condiciona a que la resolución de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación.

Además, el examen de la competencia se realiza sin necesidad de sometimiento a la letra del recurso, ni a los fundamentos fácticos de la sentencia recurrida, cual se deriva a lo dispuesto en los artículos 9.6 y 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho análisis se efectúa "con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar y sin que la Sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación, porque tal cuestión no afecta sólo a este recurso, sino que se proyecta sobre la competencia de esta Sala" ( sentencias del TS de 6 de octubre de 2005, rcud. 834/2003 y 26 de septiembre de 2006, rcud. 4642/2005)

Aunque es evidente que la formalización del recurso de casación unificadora ha de realizarse cumpliendo los presupuestos del artículo 219 LRJS respecto de la contradicción entre sentencias, el examen de nuestra propia competencia podemos llevarlo a cabo antes de comprobar si concurre tal requisito.

En conclusión, la cuestión de competencia funcional, aunque no hubiera sido planteada por las partes, puede resolverse de oficio; su análisis es previo y no se encuentra condicionado por el presupuesto de la contradicción [por todas, sentencias del TS 769/2018, de 17 julio (rcud 1176/2017); 1075/2020, de 2 diciembre (rcud. 3112/2018); 154/2023, de 22 febrero (rcud 1147/2019); 559/2019, de 10 de julio (rcud 3971/2016) 746/2023, de 17 de octubre (rcud.3003/2020).]

En aplicación de esta doctrina lo primero que hay que resolver es si el auto dictado por el Juzgado de lo Social número Seis de Santander el 7 de enero de 2020 era recurrible en suplicación.

2.- El art. 238 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) dispone:

"Las cuestiones incidentales que se promuevan en ejecución se sustanciarán citando de comparecencia, en el plazo de cinco días, a las partes, que podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga, concluyendo por auto o, en su caso, por decreto que habrán de dictarse en el plazo de tres días. El auto resolutorio del incidente, de ser impugnable en suplicación o casación, atendido el carácter de las cuestiones decididas, deberá expresar los hechos que estime probados".

El art. 186 de la LRJS dispone:

"2. Contra todas las providencias y autos cabrá recurso de reposición ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución recurrida".

El art 191.4 de la LRJS, cuando regula el ámbito de aplicación del recurso de suplicación, dispone:

"4. Podrá interponerse recurso de suplicación contra las siguientes resoluciones

d) Los autos que decidan el recurso de reposición interpuesto contra los que dicten los Juzgados de lo Social y los autos que decidan el recurso de revisión interpuesto contra los decretos del secretario judicial, dictados unos y otros en ejecución definitiva de sentencia u otros títulos, siempre que la sentencia hubiere sido recurrible en suplicación o que, de tratarse de ejecución derivada de otro título, haya recaído en asunto en el que, de haber dado lugar a sentencia, la misma hubiere sido recurrible en suplicación, en los siguientes supuestos:

1.º Cuando denieguen el despacho de ejecución.

2.º Cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.

3.º Cuando pongan fin al procedimiento incidental en la ejecución decidiendo cuestiones sustanciales no resueltas o no contenidas en el título ejecutivo.

4.º En los mismos casos, procederá también recurso de suplicación en ejecución provisional si se hubieran excedido materialmente los límites de la misma o se hubiera declarado la falta de jurisdicción o competencia del orden social".

3.- La regla general es que las resoluciones dictadas en ejecución definitiva son recurribles en reposición, no directamente en suplicación ( art. 186.2 de la LRJS). Y es el auto que resuelve dicho recurso de reposición el que puede ser recurrido en suplicación siempre que la cuestión dilucidada en el mismo entre en el ámbito previsto en cualquiera de los cuatro apartados de la letra d) del art. 191 de la LRJS en su punto cuarto y a su vez la sentencia ejecutada hubiera sido susceptible de recurso de suplicación.

Por lo tanto, en casos como el presente, en el que se dilucidan cuestiones en ejecución definitiva de una sentencia firme, se necesita la concurrencia de tres requisitos:

a) Que la sentencia firme que se ejecuta hubiera sido a su vez recurrible en suplicación.

b) Que la resolución dictada en incidente de ejecución encaje en uno de los supuestos legalmente previstos, esto es:

1.º Que denieguen el despacho de ejecución.

2º Que resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.

3º. Que pongan fin al procedimiento incidental en la ejecución decidiendo cuestiones sustanciales no resueltas o no contenidas en el título ejecutivo.

c) Que contra la resolución que resuelve el incidente de ejecución se hubiera presentado recurso de reposición.

Se trata de requisitos acumulativos, no alternativos, de tal forma que el hecho de que el auto recurrido resuelva sobre las cuestiones que, en cuanto al fondo, dan acceso al recurso de suplicación, no permite su acceso directo a tal recurso si se ha omitido el recurso de reposición previo.

4.- Así se ha resuelto por el TS interpretando el art 189.2 de la derogada Ley de Procedimiento Laboral que, al igual que la presente, preveía el acceso al recurso de suplicación contra "los autos que decidan el recurso de reposición interpuesto contra los que en ejecución de sentencia dicten los Juzgados de lo Social y el recurso de revisión interpuesto contra los decretos del Secretario judicial siempre que la sentencia ejecutoria hubiere sido recurrible en suplicación, cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado".

En concreto, las sentencias del TS de 5 de marzo de 2008, recurso 369/2007 y 17 de junio de 2010, recurso 3733/2009 argumentaron que "[e]l recurso de suplicación procede, no contra el auto que se dicte resolviendo incidente de ejecución - siempre que se cumplan los requisitos antedichos- sino contra el auto resolutorio del recurso de reposición formulado contra el auto que resuelve el incidente de ejecución"; pero entendimos que se trataba de un requisito subsanable, por lo que en el caso de que no se le hubiera ofrecido a la parte la posibilidad de formalizar dicho recurso, lo procedente era "declarar la nulidad de la sentencia recurrida, retrotrayendo las actuaciones al momento de dictarse el auto [...] a fin de que se advierta a las partes que contra el mismo procede recurso de reposición, por tratarse de una norma de orden público procesal".

5.- En el caso que nos ocupa, en el trámite de ejecución de sentencia de recargo de prestaciones se citó a las partes a un incidente a efectos de determinar el importe del capital coste a constituir por la empresa. El auto que resuelve el incidente, de fecha 7 de enero de 2020, hace constar en el pie de recurso que "contra la misma cabe interponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días desde su notificación".

6.- Las precedentes consideraciones obligan, de conformidad con el Ministerio Fiscal, a declarar de oficio que el auto dictado por el Juzgado de lo Social no era recurrible en suplicación y a acordar la nulidad de todo lo actuado a partir de su dictado. Se reponen las actuaciones a fecha 7 de enero de 2020, a fin de que el Juzgado de lo Social cumpla con la advertencia de que frente a esa resolución cabe interponer recurso de reposición. Sin condena al pago de las costas.