Sentencia Social 1313/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 312/2022 de 26 de diciembre del 2023

PRIMERO.- 1.- La cuestión que debe resolverse en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si a la actora, personal laboral fijo del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) con la categoría de enfermera, le corresponde percibir el complemento de carrera profesional en las mismas condiciones que el personal estatutario de su misma categoría, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de 25 de enero de 2007 del Consejo de Gobierno de la CAM.

SEGUNDO.-1.- La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid, estimó la demanda interpuesta por Doña Azucena aplicando la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentada en sentencia de 21 de noviembre de 2018 (RSU776/2018), que concluyó que del contenido de los Acuerdos 8 de febrero de 2007 se deducía la voluntad inequívoca de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de no discriminar salarialmente al personal diplomado sanitario estatutarizado del personal laboral fijo, lo que se manifestaba en el percibo por estos últimos del complemento de carrera profesional y en la igualdad retributiva con aquéllos siempre que ocuparan puestos homologables.

Dicha sentencia fue confirmada por la aquí recurrida, de la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso de suplicación 840/2021 de fecha 10 de noviembre de 2021, que desestimó el recurso de dicha clase formalizado por el SERMAS razonando que respecto del periodo reclamado la suspensión del abono y reconocimiento de la carrera profesional, acordada por la legislación presupuestaria en el año 2009, se había alzado; de tal suerte que de haber aplicado a la actora el mismo régimen que al personal estatutario le correspondería el nivel reclamado.

2.- Para acreditar la contradicción, la recurrente aporta de contraste la sentencia dictada por la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en RSU1095/2019 que abordada el reconocimiento del Nivel III de carrera profesional por trabajador que prestaba sus servicios como personal laboral indefinido para el SERMAS con la categoría de anestesista/reanimación. En esta ocasión la Sala territorial desestimó el recurso de tal clase formalizado por el actor.

TERCERO.- 1.- Aunque se entendiera que concurre el requisito de contradicción de sentencias exigido en el art. 219.1 LRJS, debe analizarse, con carácter previo, si en este trámite el recurso interpuesto por la representación de la actora debería ser desestimado por carecer el escrito de interposición del recurso de casación unificadora de una relación precisa y circunstanciada de la contradicción o por carecer de suficiente fundamentación de la infracción legal.

2.- El artículo 224.1.a) LRJS exige que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina contenga una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en los términos de la letra a) del apartado 2 del artículo 221 de dicha ley reguladora, evidenciando que concurre la sustancial contradicción de sentencias, argumentando que concurren las identidades del artículo 219 LRJS. Ello supone necesariamente, según hemos afirmado en reiteradas ocasiones ( SSTS de 3 de noviembre de 2008, Rcud.2791/07; de 25 de noviembre de 2008, Rcud.5057/06; de 10 de diciembre de 2008, Rcud.1537/07; de 4 de marzo de 2009 Rcud.1535/07 y de 9 de marzo de 2009, Rcud.2123/07; entre muchas otras) una comparación de los hechos de las sentencias, el objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas, a través de un examen comparativo que, aunque no sea detallado, resulte suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que la parte recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos.

Añadir, que tal como recordamos en nuestra STS 581/2018, de 31 de mayo, Rcud.3187/2016, debe tenerse en cuenta lo que dispone el art. 224.1.b) y 2 en relación con el art. 207, ambos de la LRJS, sobre el contenido del escrito de interposición del recurso de casación unificadora en relación con el requisito de fundamentación de la infracción legal, preceptuando que el mismo deberá contener "La fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia impugnada y, en su caso, del quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia" ( artículo 224.1.b LRJS) y que para dar cumplimiento a estas concretas exigencias "en el escrito se expresará separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción ..., por el orden señalado en el artículo 207, excepto el apartado d), que no será de aplicación", añadiendo el citado art. 224.2 LRJS, sobre el razonamiento que debe contener el escrito de interposición del recurso acerca de los motivos de casación, que se efectuará "razonando la pertinencia y fundamentación de cada motivo y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas, así como, en el caso de que se invoque la unificación de la interpretación del derecho, haciendo referencia sucinta a los particulares aplicables de las resoluciones que establezcan la doctrina jurisprudencial invocada" ( art. 224.2 LRJS).

Además, como recuerdan, entre otras, las SSTS de 27 de diciembre de 2011 ( Rcud.1061/2011), de 24 de septiembre de 2012 ( Rcud.3643/2011), de 17 de febrero de 2016 ( Rcud.733/2014) y 137/2022, de 9 de febrero ( Rcud.170/2020), es reiterada la jurisprudencia de esta Sala acerca del cumplimiento del requisito consistente en "fundamentar la infracción legal denunciada "exigido en el art. 222 de la ahora derogada LPL" señalando que el recurso de casación para la unificación de doctrina, como extraordinario que es, debe estar fundado en un motivo de infracción de ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 222 de la LPL, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal y en tal motivo se debe establecer y justificar la causa de impugnación de la sentencia recurrida. Esta exigencia no se cumple con sólo indicar los preceptos que se consideren aplicables, sino que es requisito ineludible para su correcta observancia razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia. Así se deduce no sólo del artículo 222 de la LPL, sino de la LEC, que en su artículo 477.1 prescribe que el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, y que en el artículo 481.1 impone que en el escrito de interposición del recurso se expondrán con la necesaria extensión, sus fundamentos. Jurisprudencia plenamente aplicable con la vigencia de la LRJS ya que esta reitera las mismas exigencias que su precedente.

3.- La aplicación de tal doctrina al supuesto que enjuiciamos conduce a la desestimación del recurso, puesto que no realiza quien recurre la debida comparación entre la sentencia recurrida y la que se cita como referencial a los efectos del motivo único de recurso que propone, limitándose a indicar que "ambas sentencias resuelven demandas de petición de la carrera profesional de personal laboral sujeto al Convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid". En cuanto a los hechos, se ciñe exclusivamente a señalar que "en ambos supuestos se analizan demandas de personal laboral sujeto al Convenio Colectivo de la Comunidad de Madrid, en que solicitan dicha carrera profesional". Y en relación con la fundamentación de aquéllas se hace una lacónica e insuficiente referencia a que "ambas interpretan de forma divergente el art.14 de la CE y los Acuerdos de carrera profesional del personal estatutario del Servicio Madrileño de la Salud", para acabar indicando que en una sentencia se considera vulnerado el derecho de igualdad y en la otra no.

En consecuencia, la parte recurrente no ha podido cumplir con las mencionadas exigencias legales efectuando el oportuno desarrollo argumental fundamentando la pretendida infracción legal cometida en la sentencia impugnada y, en su caso, del quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia; sin que, en último extremo, sea suficiente tampoco para cumplir el requisito legal la posible remisión tácita a la fundamentación jurídica de la sentencia de contraste, lo que ni siquiera cabe deducir que efectúe el recurrente. No pudiendo, por otra parte, esta Sala construir de oficio el recurso calificado de insuficiente por lo anteriormente expuesto.

En esas condiciones, ya hemos dicho reiteradamente "que si en el escrito de interposición del recurso no se efectúa ninguna denuncia de infracción legal también se incumplen de forma manifiesta los requisitos necesarios para recurrir y, por tanto, tal recurso debe ser desestimado" [ SSTS de 17 de abril de 2007 (Rcud.926/2006) y 137/2022, de 9 de febrero ( Rcud.170/2020), entre muchas otras].

4.- En virtud de lo expuesto, oído el Ministerio Fiscal, la referida causa de inadmisión deviene en este momento procesal en causa de desestimación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la LRJS procede la imposición de costas a la parte recurrente en cuantía de 1.500 euros.