Sentencia Social 1026/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4010/2021 de 29 de noviembre del 2023

PRIMERO.- 1.- En el presente recurso de casación unificadora se suscitan tres cuestiones:

a) Si la sentencia de suplicación incurrió en incongruencia extra petita al pronunciarse sobre una pretensión no solicitada.

b) Si la sentencia de suplicación incurrió en incongruencia omisiva y por error al no pronunciarse sobre una pretensión solicitada y dar una respuesta que nada tiene que ver con los fundamentos jurídicos alegados.

c) Si el trabajador tiene derecho a la reserva de plaza en la forma prevista en la disposición transitoria 10 del Convenio Colectivo Único del Personal Laboral de la Xunta de Galicia (en adelante CCUPLXG).

2.- El trabajador demandante presentó demanda sobre reconocimiento de derechos en la que pretendía los siguientes pronunciamientos:

a) Con carácter principal, el derecho a tener la condición de personal laboral fijo, indefinido o personal público estable.

b) Con carácter subsidiario, su derecho a reserva de plaza conforme a la disposición transitoria 10 del CCUPLXG, y que se declare como forma de provisión de la plaza, con carácter principal, la establecida en la primera parte de la referida disposición transitoria, y con carácter subsidiario, la establecida en la segunda parte de la misma.

c) En todo caso que se fije su antigüedad en el 17 de agosto de 1996.

d) En todo caso, se declare su derecho a ocupar la plaza de personal laboral, con vínculo jurídico de personal laboral según RPT.

3.- El Juzgado de lo Social número Tres de Santiago de Compostela dictó sentencia el 11 de mayo de 2020 desestimatoria de la demanda. En ella se recoge (antecedente de hecho primero) que la actora desistió de la petición principal de la demanda y señaló como fecha pretendida de antigüedad el 29 de febrero de 1996. La sentencia de instancia, respecto de la antigüedad del trabajador, aprecia la eficacia positiva de cosa juzgada de una sentencia previa, por lo que establece la misma el 10 de marzo de 2005 y en consecuencia rechaza la aplicación de la disposición transitoria 10 del CCUPLXG. Rechaza igualmente la pretensión relativa a ocupar una plaza reservada a personal laboral.

4.- El trabajador recurrió en suplicación formulando varios motivos en los que discrepa de la apreciación de la eficacia positiva de la cosa juzgada, solicita varias revisiones fácticas, y solicita que se declare su derecho a la reserva de plaza así como a la adscripción de plaza reservada a personal laboral.

5.- El Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia en fecha 27 de junio de 2021 resolviendo el recurso de suplicación.

a) La sentencia estimó que se ha apreciado erróneamente el efecto positivo de cosa juzgada por lo que procedía resolver sobre la antigüedad reclamada.

b) Admitió una revisión fáctica relativa a incluir una resolución de la Dirección General de Función Pública por la que se reconocían trienios al trabajador, en un total de siete, y en la que se establecía, a efectos del reconocimiento del primer trienio la fecha inicial del 20 de noviembre de 1997.

c) Entendió que a los efectos de aplicación disposición transitoria 10 del CCUPLXG ha de estarse a la antigüedad de 10 de marzo de 2005, por lo que rechazó esta pretensión de la actora.

d) Resolvió sobre la pretensión de fijeza y/o indefinición y reconoció al trabajador la condición de indefinido no fijo desde el 10 de marzo de 2005.

6.- El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en fecha 22 de septiembre de 2021, dictó auto de complemento de sentencia en el que se pronuncia sobre la pretensión de ocupar un puesto de trabajo fijado en la RPT como de naturaleza laboral. Para desestimar el motivo la Sala se remitió a lo resuelto en su sentencia de 2 de junio de 2021, recurso 3511/2020 y la jurisprudencia del TS, argumentando que no existía un interés digno de tutela actual, sino un interés preventivo o cautelar.

7.- La parte demandante interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con tres motivos:

a) En el primero denuncia la infracción del art 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) y del art. 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS), en relación con el art. 24 de la Constitución Española (en adelante CE).

Argumenta que la sentencia de instancia incurre en incongruencia extra petita (fuera de lo pedido) por pronunciarse sobre una cuestión que no fue objeto de debate, lo que le produce indefensión porque le impediría una eventual futura acción sobre la calificación de su contrato como fijo, para el caso de que así le conviniere.

b) En el segundo motivo denuncia la infracción de los arts. 218 de la LEC y 97.2 de la LRJS, así como del art. 11.3 de la LOPJ en relación al art. 24 CE.

Argumenta que de nuevo la sentencia incurre en incongruencia ya que resuelve con base en una normativa no invocada ( disposición transitoria 1º bis de la Ley de Empleo Público de Galicia) y se remite a una sentencia con un supuesto de hecho diferente ya que en el caso resuelto en dicha sentencia la trabajadora estaba adscrita a un puesto laboral con vínculo laboral, por lo que se apreció la falta de acción, circunstancia que no ocurre en el presente puesto en donde el puesto es de naturaleza funcionarial.

c) En el tercer motivo denuncia la infracción de la disposición transitoria 10 del V CCUPLXG en relación con el art. 3.3 del Estatuto de los Trabajadores y el art. 3 del Código Civil. Argumenta que el trabajador tiene una antigüedad en la prestación de servicios para la Xunta de Galicia anterior al 1 de julio de 1998 por lo que se encuentra en la situación descrita en la referida disposición transitoria.

8.- La parte demandada presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de que el recurso debía ser desestimado.

SEGUNDO.- 1.- En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219 de la LRJS respecto del primer motivo del recurso, en el que se alega incongruencia extra petita. La sentencia impugnada, revocando la de instancia, declara que la relación laboral del trabajador es de naturaleza indefinida no fija.

2.- Se invoca de contraste la sentencia del TS de 19 de octubre de 2015, recurso 99/2015. En el caso resuelto por dicha resolución, el TS estima el recurso formulado por la Junta de Andalucía frente a la sentencia dictada en instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en procedimiento de despido colectivo dejando sin efecto el pronunciamiento de dicha Administración pero manteniendo el resto de los pronunciamientos. El TS entiende que la sentencia de instancia altera los términos del debate procesal y modifica la causa de decidir condenando solidariamente a la Junta de Andalucía con base a la existencia de un fraude de ley que no fue alegado por la demandante, por lo que incurre en incongruencia extra petita. Añade que también incurre en incongruencia omisiva porque, a pesar de que concluye que las codemandadas no constituyen un grupo empresarial patológico y que no ha existido cesión ilegal de mano de obra, condena a la Junta de Andalucía con base en un fraude de ley sobre el que no se fundamenta suficientemente.

3.- El TS ha aplicado criterios flexibles en orden a determinar la concurrencia del requisito de contradicción de sentencias cuando se trata de infracciones procesales que pudieran generar indefensión. No es la cuestión sustantiva que constituye el fondo del asunto la que debe ser analizada para determinar si concurren los supuestos de contradicción del art. 219.1 de la LRJS, sino la controversia planteada respecto de la infracción procesal sobre la que versen la sentencia recurrida y la de contraste y la necesidad de que concurra en este extremo suficiente homogeneidad [por todas, sentencias del TS 186/2020, de 2 marzo (rcud 4532/2017); 344/2020, de 14 mayo (rcud 3213/2017); y 335/2021, de 23 marzo (rcud 3953/2018)].

4.- Concurre el requisito de contradicción por la homogeneidad de la infracción procesal denunciada. La sentencia recurrida se pronunció expresamente sobre una cuestión que no había suscitado la parte recurrente. La sentencia referencial aprecia la incongruencia extra petitaporque la sentencia de instancia se pronuncia sobre una cuestión no planteada.

TERCERO.- 1.- El art. 218.1 de la LEC establece: "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito"".

Reiterada doctrina jurisprudencial sostiene que "hay que distinguir entre las alegaciones o argumentos aducidos por la parte para fundamentar sus peticiones [...] y las auténticas pretensiones en sí mismas consideradas. Respecto a las primeras no cabe hablar de incongruencia, pues no es necesario dar una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva. La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta". [ sentencia del TS 347/2019, de 8 mayo (rec. 42/2018) y las citadas en ella].

Esta distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, ya que el TC tiene declarado que el artículo 24.1 de la Constitución no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente, las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( sentencia del TC nº 171/2002, de 30 septiembre, entre otras).

2.- El TC sostiene que "la prohibición de incongruencia extra petita impide al Juez o Tribunal alterar o modificar los términos del debate judicial, debiéndose ajustar al objeto del proceso, sin omitir la decisión sobre el tema propuesto por la parte, ni, por ello, pronunciarse sobre cuestión no alegada ni discutida, porque ello supone violar el principio de contradicción procesal en cuanto no se da a la parte la oportunidad de oponerse o discutir sobre el punto o puntos que sólo, y no antes, se deciden inaudita parte en la Sentencia. Como dijera la STC 29/1999, de 8 de marzo, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión" ( sentencia del TC nº 169/2013, de 7 octubre, FD 4º).

3.- La aplicación de la citada doctrina constitucional al supuesto enjuiciado obliga a estimar este motivo de recurso, casar y anular en parte la sentencia recurrida y dejar sin efecto la declaración de que la relación laboral que une a D. Eusebio con la Xunta de Galicia es de naturaleza indefinida no fija.

CUARTO.-1.- En el segundo motivo del recurso se alega la incongruencia de la sentencia recurrida por alteración de los términos del debate. La sentencia impugnada rechaza la pretensión de la recurrente sobre su derecho a ocupar plaza de personal laboral al considerar que carece de acción.

2.- Se invoca de contraste la sentencia del TC 177/2000, de 26 de junio. En el supuesto enjuiciado en dicho recurso de amparo, la recurrente había formulado cuatro motivos de suplicación, dos de ellos de revisiones fácticas y otros dos de denuncias jurídicas. El TC aprecia la incongruencia omisiva alegada porque en el único motivo de recurso de suplicación resuelto no se da respuesta, ni explícita ni implícitamente a la revisión de hechos probados solicitada la cual, además, era trascendente para el resultado de la pretensión. También aprecia que es palmaria la incorrecta identificación del objeto del recurso y no da respuesta a lo que es el núcleo del mismo relativo a la incidencia de irregularidades sobre la validez del contrato temporal y sobre su consideración por tiempo indefinido. Concluye que el demandante no obtuvo una respuesta judicial de caracteres mínimamente razonables, congruente con la cuestión sometida en suplicación al juicio del Tribunal.

3.- No concurre el presupuesto procesal de contradicción. En la sentencia referencial el TC reconoce el amparo porque la sentencia, además de no haberse pronunciado sobre la revisión fáctica postulada, identifica incorrectamente el objeto del recurso por lo que no responde al núcleo del mismo. Sin embargo la impugnada, en el auto de complemento de sentencia sí resuelve sobre la cuestión debatida por remisión a lo resuelto por otra sentencia de dicha Sala, así como a la jurisprudencia del TS, reconociendo una falta de acción por no existir un interés digno de tutela actual y efectivo sino tan solo un interés preventivo o cautelar, pronunciamiento que no le causa indefensión con relevancia constitucional al trabajador.

QUINTO.- 1.- En cuanto a la contradicción relativa al último motivo de recurso, en el que la recurrente alega su derecho a reserva de plaza para el proceso de consolidación de empleo previsto en la disposición transitoria 10 del V CCUPLXG, la recurrente invoca como sentencia de contraste la del TS 1053/2016, de 13 de diciembre (rcud 2059/2015).

2.- En la referencial, la cuestión que se resuelve consiste en determinar si es nulo el despido de un trabajador indefinido no fijo de la Xunta de Galicia. Dicho trabajador, tras un despido anterior resuelto por sentencia en la que se declaró la existencia de cesión ilegal y la nulidad del mismo, fue adscrito a una plaza de funcionario; formula solicitud de que se le asigne una plaza laboral y se le reconozca el derecho a participar en el proceso de consolidación de empleo previsto en la disposición transitoria 10 del V CCUPLXG; se le cesa por haber sido adjudicada la plaza que ocupaba al funcionario que la obtuvo tras la correspondiente oposición. El TS confirma la sentencia de suplicación, declarando el despido nulo por vulneración de garantía de indemnidad. El TS considera que el cese sustentado en la ocupación de la plaza de funcionario a la que estaba indebidamente adscrito es constitutivo de un despido. Considera además que es de aplicación al trabajador la disposición transitoria 10 del V CCUPLXG porque tiene una sentencia que le reconoce la condición de indefinido no fijo y una antigüedad de 4 de mayo de 2003.

3.- Tampoco concurre el requisito de contradicción. La sentencia de contraste enjuicia la posible nulidad de un despido por vulneración de la garantía de indemnidad, a lo que se da una respuesta positiva. Por el contrario, en la sentencia recurrida se pretende que se declare el derecho de reserva de plaza conforme a la disposición transitoria 10 del convenio aplicable y subsidiariamente que se declare como forma de provisión de la plaza ocupada por el demandante la establecida en dicha disposición transitoria 10 de la norma colectiva. No concurre la identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones exigida por el art. 219.1 de la LRJS.

Sin condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS).