Sentencia Social 466/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1609/2020 de 04 de julio del 2023

PRIMERO.- 1.- La cuestión a resolver es la de determinar si la acción ejercitada en el presente litigio es meramente declarativa y carece de cualquier necesidad actual de protección jurídica, por no existir en este momento un interés judicialmente tutelable.

La sentencia recurrida es la dictada por la Sala Social del TSJ de Aragón de 24 de abril de 2020, rec. 122/2020, que desestima el recurso de suplicación del trabajador y entiende que la acción formulada es meramente declarativa, porque lo que el demandante solicita es que la empresa le aplique un coeficiente reductor del 0,10 o 0,15 de la edad de jubilación por la realización de trabajos peligrosos, sin que hubiere solicitado la pensión de jubilación a la Seguridad Social y ni siquiera haya dirigido su demanda contra el INSS.

2.- El recurso denuncia infracción del art. 3 del RD 2621/1986, de 24 de diciembre, para sostener que esta norma incluye entre los trabajaos excepcionalmente penosos o peligrosos los de jefes de maquinistas y jefes de tren, lo que obliga a la empleadora a aplicar el correspondiente coeficiente reductor de la edad de jubilación el actor, existiendo en consecuencia un interés directo, real y efectivo en el ejercicio de la acción dirigida a obtener la declaración judicial de esa obligación.

Invoca de contraste la sentencia de la Sala Social del TSJ de Andalucía/Málaga de 10 de octubre de 2018, rec. 683/2018.

3.- El Ministerio Fiscal informa en favor de estimar el recurso. La demandada niega la existencia de contradicción, porque en el asunto de contrate la acción se dirige igualmente contra el INSS y la TGSS, mientras que en el presente se formula exclusivamente frente a la empresa, y esa diferencia es determinante para valorar la existencia de un verdadero interés tutelable en el proceso judicial.

SEGUNDO. 1.- Debemos resolver si entre la sentencia recurrida y la referencial hay contradicción en los términos exigidos por el art. 219.1º LRJS, que, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos que sea necesario unificar.

Ya hemos avanzado que la sentencia recurrida considera que la pretensión ejercitada supone el planteamiento una acción meramente declarativa que no ha de ser admitida porque no es de apreciar la existencia de un interés actual y efectivo en el ejercicio del derecho en el que se sustenta, mientras que la referencial considera que en aquel caso concurre una causa que justifica y legitima el ejercicio de la acción.

Siendo así, el análisis de la contradicción exige que tengamos en cuenta dos relevantes consideraciones.

De una parte, la consolidada doctrina en esta materia que recuerda la STS 29/10/2015, rcud. 1580/2014: "La admisión en el proceso laboral de las acciones declarativas es cuestión admitida pacíficamente desde hace ya algún tiempo en la medida en que el Tribunal Constitucional se pronunció en sentencias 65/1995, de 8 de mayo y 39/1984, de 20 de marzo, entre otras, estableciendo que las acciones meramente declarativas han sido admitidas por la jurisprudencia laboral, si bien interpretando restrictivamente su ejercicio, al que se fijan límites y condiciones en consonancia con los principios que informan la ordenación del proceso laboral. En este sentido, la STC 20/1993, precisó que la viabilidad de la acción declarativa, como modalidad de tutela jurisdiccional que se agota en la declaración de existencia, inexistencia o modo de ser de una relación jurídica, está subordinada a la concurrencia de un interés real, actual y concreto en que los órganos judiciales pongan fin a la falta de certidumbre en torno a la relación jurídica de que se trate; esto es, resulta necesario que exista una lesión actual del interés propio, al margen del carácter o no fundado de la acción, lo que significa no sólo la utilidad o efecto práctico de la pretensión, sino la existencia de un derecho insatisfecho, al que se trata de tutelar mediante el ejercicio de la acción. No pueden plantearse al Juez por ello cuestiones no actuales ni efectivas, futuras o hipotéticas, o cuya decisión no tenga incidencia alguna en la esfera de derechos e intereses del actor: se requiere que exista un caso o controversia, una verdadera "litis", pero no cabe solicitar del Juez una mera opinión o un consejo ( SSTC 210/1992). Esta doctrina ha sido reiteradamente asumida por la jurisprudencia de la Sala (por todas: SSTS de 23 de diciembre de 1999, rec. 4860/1998 y 23 de mayo de 2001, Rec. 1642/2000).

Y de otra, lo dispuesto en el art. 206 LGSS, en cuanto establece en su primer apartado: "La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a la que se refiere el artículo 205.1.a) podrá ser rebajada por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca"; tras lo que seguidamente señala "Con la finalidad de mantener el equilibrio financiero del sistema, la aplicación de los coeficientes reductores que se establezcan llevará consigo un incremento en la cotización a la Seguridad Social, a efectuar en relación con el colectivo, sector y actividad que se delimiten en la norma correspondiente, en los términos y condiciones que, asimismo, se establezcan. Dicho incremento consistirá en aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como del trabajador".

Bajo esta última base, lo reclamado en la demanda es que se declare que la empresa debe aplicar un tipo de cotización adicional conforme con los coeficientes de reducción de la edad de jubilación que el actor considera que le corresponden.

2.- Teniendo en cuenta lo anterior debemos negar la existencia de contradicción, en atención al hecho de que en el presente asunto la demanda se dirige exclusivamente frente a la empleadora, mientras que en la sentencia referencial se extiende además contra el INSS y la TGSS, con lo que no concurre esa identidad subjetiva que exige el art. 219 LRJS para apreciar la existencia de contradicción, lo que a su vez justifica la distinta solución alcanzada en cada una de las sentencias en comparación.

De esa dispar circunstancia se desprende que no se trata de los mismos litigantes, sin que pueda considerarse que la empresa y las entidades gestoras se encuentren a estos efectos en idéntica situación, en tanto que a TGSS y el INSS les corresponde el reconocimiento de la prestación de jubilación con los coeficientes de reducción que pudieren resultar en cada caso aplicable por la realización de trabajos excepcionalmente penosos, peligrosos o insalubres, en los términos del art. 206.1 LGSS, por lo que su intervención en un asunto de esta naturaleza es imprescindible para la correcta constitución de la litis y consecuente decisión sobre el alcance de la pretensión ejercitada a la hora de establecer su verdadera naturaleza jurídica, para decidir si se trata de una acción meramente declarativa carente de un verdadero interés tutelable o pueda calificarse como una acción correctamente ejercitada y merecedora de una determinada respuesta judicial.

Es cierto que en ninguno de los casos se ha solicitado todavía el reconocimiento de la pensión de jubilación. En ambos supuestos se trata de trabajadores en activo que interesan que se les reconozca el carácter penoso y peligroso de su trabajo a efectos de la reducción de la edad de su futura jubilación. Desde esta primera aproximación puede parecer que en los dos asuntos se trata del ejercicio de una acción de la misma naturaleza y contenido, lo que apuntaría a la existencia de contradicción desde el momento en el que la recurrida aprecia la falta de acción y la referencial sin embargo la acepta.

Pero como bien destaca de forma expresa la propia sentencia recurrida, el hecho de que no se haya dirigido una pretensión de este carácter contra el INSS y la TGSS es ciertamente determinante para valorar su verdadero alcance y finalidad a la hora de calificarla como una acción meramente declarativa

3.- La STS 23/6/2014, rcud. 227/2013, aplica la referenciada doctrina jurisprudencial en esta materia, para señalar que no puede aceptarse el ejercicio de acciones no actuales ni efectivas, futuras o hipotéticas, pero que debe en todo caso "admitirse cuando el ejercicio de la acción está justificado por una necesidad de protección jurídica y se corresponda con la pretensión deducida y ésta con el interés que se pretenda tutelar".

Y en tal sentido concluye que "esta cualidad no puede negarse cuando lo que se trata de obtener es la preceptiva declaración administrativa sobre la existencia de determinado coeficiente corrector en la actividad desarrollada ( art.10 y sigs RD 1698/2011, de 18/Noviembre), que ha de permitir en su día el acceso a la jubilación con una superior base reguladora tal como se argumenta en la impugnación del recurso, pero sobre todo a edad más temprana, por lo que el conocimiento del referido coeficiente no sólo resulta dotado de plena legitimidad justificativa de la correspondiente acción, sino que incluso resulta del todo punto necesario en orden a planificar la actividad laboral futura".

Las SSTS 714/2018, de 4 de julio (rcud. 184/2017) y 549/2017, de 21 de junio (rcud. 157/2016), se acogen implícitamente a esa misma doctrina en sendos asuntos en los que igualmente se reclamaba el reconocimiento de un determinado coeficiente reductor de la edad de jubilación por la realización de actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penoso o peligrosa.

Pero en todos estos precedentes los trabajadores habían presentado una solicitud ante las entidades gestoras de la seguridad social en reclamación del reconocimiento de ese derecho, y el objeto del proceso judicial es, justamente, la impugnación de la resolución administrativa que denegó su petición.

En ese contexto y por ese motivo, es por lo que la precitada STS 23/6/2014, señala expresamente que no puede calificarse como acción meramente declarativa la que está dirigida a obtener "la preceptiva declaración administrativa sobre la existencia de determinado coeficiente corrector en la actividad desarrollada".

Esa circunstancia, la obtención de una declaración administrativa vinculante para las entidades gestoras de la seguridad social, es precisamente la que sustenta el interés real y efectivo del justiciable en obtener un pronunciamiento judicial que le permita planificar su actividad laboral futura de cara a la ulterior solicitud de la pensión de jubilación en unas u otros condiciones.

4.- Al igual que en los precedentes que acabamos de mencionar, en el caso de la sentencia referencial concurre la circunstancia de que la acción se dirige contra INSS y la TGSS -además de contra la empresa-, y eso es bastante para acreditar la existencia de un interés efectivo que dota de plena legitimidad justificativa el ejercicio de una acción declarativa dirigida a que se reconozca un determinado coeficiente reductor por edad, en vistas de una futura jubilación y en razón de la calificación como especialmente penosa y peligrosa de una determinada actividad laboral.

Pero no es esto lo que sucede en el presente asunto, en el que la acción declarativa se formula exclusivamente contra la empresa sin dirigirla contra las entidades gestoras a las que les corresponde el definitivo pronunciamiento sobre la pensión de jubilación en el momento en el que ulteriormente se solicite, lo que supone que se está planteando en realidad una mera hipótesis de futuro carente de cualquier efectividad actual que no habrá de tener ninguna incidencia en la esfera de derechos e intereses del demandante, que quedarán en todo caso supeditados a lo que resuelvan las entidades gestoras de seguridad social que no han sido parte en el presente procedimiento.

Podría hablarse en realidad de una situación de litisconsorcio pasivo necesario, de la que en esta fase procesal se deriva la consecuencia jurídica de que la acción ejercitada en esos términos deba necesariamente calificarse como meramente declarativa.

En lo que ahora interesa, tan esencial diferencia entre uno y otro asunto justifica que las sentencias en comparación hayan alcanzado una solución diferente a la hora de establecer la verdadera naturaleza jurídica de la acción ejercitada, lo que determina la inexistencia de contradicción.

TERCERO. Conforme a lo razonado y oído el Ministerio Fiscal, debemos desestimar el recurso y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin costas.