Sentencia Social 239/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1534/2021 de 07 de febrero del 2024

PRIMERO.- 1.- La controversia litigiosa radica en determinar si, en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios (en adelante SETCA), para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido para la prestación de incapacidad temporal por enfermedad común (180 días en los cinco años anteriores al hecho causante), deben computarse también las cotizaciones realizadas por el propio beneficiario durante los periodos de inactividad.

El SETCA regula la cotización tanto en los periodos de actividad como de inactividad. La cotización en los periodos de inactividad responde a la finalidad de evitar la desprotección de los trabajadores por cuenta ajena agrarios que no prestan servicios ininterrumpidamente sino en función de las concretas necesidades agrícolas, que pueden limitarse a breves periodos de tiempo.

En los periodos de actividad el empleador es responsable de ingresar las cotizaciones. Por el contrario, en los periodos de inactividad es el propio trabajador el que debe cotizar conforme a una base mínima. El debate consiste en dilucidar si esta cotización efectuada por el propio trabajador cuando no está prestando servicios computa a efectos del periodo de carencia exigido para devengar la prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común.

2.- La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Andalucía con sede en Sevilla 81/2021, de 20 de enero (recurso 2667/2019), declaró el derecho de la actora a percibir el subsidio de incapacidad temporal porque computó las cotizaciones durante el periodo de inactividad.

La actora estaba afiliada al SETCA con la categoría de peón agrícola. Causó baja médica por enfermedad común el 29 de marzo de 2017. El INSS le denegó la prestación por no reunir el periodo mínimo de carencia a la fecha de la baja por enfermedad común. Posteriormente, se le reconoció una pensión de incapacidad permanente total.

La sentencia recurrida argumenta que, para completar el requisito de carencia de la prestación por incapacidad temporal, tanto valen las cotizaciones por los días efectivamente trabajados como los periodos de inactividad en los que se mantiene la obligación del trabajador agrario por cuenta ajena de cotizar mientras subsista su inclusión en el SETCA.

3.- El INSS interpuso recurso de casación unificadora con un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 256.1 y 3 en relación con el art. 172.a) de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS). Argumenta que, en este sistema especial, durante los periodos de inactividad, la acción protectora no incluye la prestación.

4.- La parte actora presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicitó la confirmación de la sentencia recurrida.

El Ministerio Fiscal informó a favor de la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.- En primer lugar, debemos examinar si concurre el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS).

Se invoca de contraste la sentencia dictada por el TSJ de Andalucía con sede en Granada 2457/2018, de 25 de octubre (recurso 505/2018). Se trataba de otro trabajador afiliado al SETCA con la categoría de peón agrícola que inició una incapacidad temporal por contingencia común. Se le denegó el subsidio por no reunir el periodo mínimo de cotización de 180 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la baja.

La sentencia referencial solo le computó las jornadas reales, así como los festivos, vacaciones y domingos y la parte proporcional de las pagas extraordinarias. No computó las cotizaciones en periodo no trabajado efectivamente a efectos del periodo de carencia de la prestación de incapacidad temporal.

2.- Concurre el requisito de contradicción. En ambos casos se trata de trabajadores de alta en el SETCA con la misma categoría de peón agrícola. Durante sendos periodos de actividad cada uno inició un proceso de incapacidad temporal derivado de enfermedad común. En la sentencia recurrida se computan las cotizaciones en periodo de inactividad a efectos de la carencia necesaria para la prestación por incapacidad temporal derivada de enfermedad común. Por el contrario, la sentencia referencial solo computa como periodos cotizados los de actividad. Debido a ello, la sentencia recurrida le reconoce el derecho a la prestación por incapacidad temporal y la de contraste se lo deniega. En mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, la sentencia recurrida y la referencial han dictado pronunciamientos contradictorios que deben ser unificados.

TERCERO.- 1.- El art. 256 de la LGSS tiene el siguiente contenido:

"Acción protectora.

1. Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios tendrán derecho a las prestaciones de la Seguridad Social en los términos y condiciones establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social, con las peculiaridades que se señalan en los apartados siguientes [...]

3. Durante los períodos de inactividad, la acción protectora del sistema especial comprenderá las prestaciones económicas por maternidad, paternidad, incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes, así como jubilación [...]

5. Durante la situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común y en los términos reglamentariamente establecidos, la cuantía de la base reguladora del subsidio no podrá ser superior al promedio mensual de la base de cotización correspondiente a los días efectivamente trabajados durante los últimos doce meses anteriores a la baja médica.

6. La prestación económica por incapacidad temporal causada por los trabajadores incluidos en el sistema especial será abonada directamente por la entidad a la que corresponda su gestión, no procediendo el pago delegado de la misma, a excepción de los supuestos en que aquellos estén percibiendo la prestación contributiva por desempleo y pasen a la situación de incapacidad temporal, a que se refiere el artículo 283.2".

2.- El art. 172.a) de la LGSS dispone:

"Serán beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal las personas incluidas en este Régimen General que se encuentren en cualquiera de las situaciones determinadas en el artículo 169, siempre que, además de reunir la condición general exigida en el artículo 165.1, acrediten los siguientes períodos mínimos de cotización:

a) En caso de enfermedad común, ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante. En las situaciones especiales previstas en el párrafo segundo, del artículo 169.1.a), no se exigirán periodos mínimos de cotización".

3.- La sentencia del TS de 16 de julio de 2013, recurso 2522/2012, negó que tuvieran derecho a la prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, los trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que habían iniciado la situación de incapacidad temporal un día en el que no se encontraban prestando servicios.

El TS reiteró la doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias de 3 de octubre de 2005, recurso 2233/04; 6 de junio de 2007, recurso 568/06 y 13 de abril de 2009, recurso 84/2008:

"1) la finalidad de la prestación de incapacidad temporal es sustituir la percepción de rentas de trabajo, por lo que el requisito de prestación de servicios en la fecha de la contingencia ha de referirse a una situación de actividad o trabajo efectivo retribuido y no a una fase de latencia de la relación individual de trabajo; 2) además de contrariar el canon de la interpretación finalista, la tesis de la sentencia recurrida violenta "el sentido propio de las palabras", porque "los períodos de prestación de servicios no equivalen a la vigencia de un contrato de trabajo, que puede tener durante su existencia períodos en los que no hay prestación efectiva de trabajo ni percepción de salarios, como ocurre en los supuestos suspensivos del artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores y en los períodos de inactividad dentro de un contrato fijo discontinuo" ( STS 26-5-2003, citada); y 3) la exigencia en el Régimen Especial Agrario del requisito de prestación efectiva de servicios en la fecha de la contingencia incapacitante viene a cumplir el mismo papel que en el Régimen General de la Seguridad Social desempeña el requisito de alta, teniendo en cuenta que en aquel Régimen Especial el requisito de alta no se atiene a las vicisitudes de la actividad laboral, al mantenerse "en determinadas condiciones" la inscripción en el censo "durante los períodos de inactividad de los trabajadores agrarios".

CUARTO.- 1.- El art. 256.3 de la LGSS limita la acción protectora del SETCA durante los periodos de inactividad. Solo comprende las prestaciones mencionadas en ese precepto: "maternidad, paternidad, incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes, así como jubilación".

Ese precepto no incluye el subsidio por incapacidad temporal. Ello significa que el trabajador de alta en el SETCA no puede iniciar un proceso de incapacidad temporal derivado de enfermedad común durante el periodo de inactividad, aunque esté cotizando.

2.- Todas esas prestaciones tienen como finalidad sustituir los salarios dejados de percibir por el trabajador que se encuentra en una de esas situaciones protegidas.

Cuando el trabajador se encuentra en un periodo de inactividad, no percibe salarios. Sin embargo, si tiene un hijo cuando está en un periodo de inactividad, se le abona la correspondiente prestación por nacimiento y cuidado de menor. Por el contrario, si está en un periodo de inactividad y padece una enfermedad común que le impide trabajar, no tiene derecho a la prestación de incapacidad temporal.

El SETCA evita la desprotección de los trabajadores agrarios en los periodos de inactividad pero no les reconoce la misma protección que a los trabajadores que están prestando servicios y percibiendo salarios, por lo que ha excluido varias prestaciones de la Seguridad Social, incluido el subsidio por incapacidad temporal derivado de enfermedad común.

3.- El art. 256 de la LGSS, conforme a su tenor literal, regula la "acción protectora" en el SETCA, explicando cuáles son las prestaciones que se devengan desde los periodos de inactividad. Pero ese precepto legal no regula el periodo mínimo de cotización exigido. El art. 256.1 de la LGSS se remite a los términos y condiciones exigidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

Por ello, debemos aplicar el art. 172.a) de la LGSS, el cual establece que el subsidio de incapacidad temporal derivado de enfermedad común exige un periodo mínimo de cotización de 180 días en los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante. A diferencia de la norma que limita las prestaciones que se devengan durante los periodos de inactividad, no hay precepto alguno que excluya las cotizaciones efectuadas por el propio trabajador agrario durante los periodos de inactividad. Por ende, ante la inexistencia de norma que las excluya, esas cotizaciones a la Seguridad Social deben computarse a efectos de alcanzar la carencia exigida para devengar el subsidio de incapacidad temporal por enfermedad común: no deben excluirse las cotizaciones realizadas por el propio trabajador cuando se encuentra en un periodo de inactividad.

Debemos diferenciar:

a) Durante los periodos de inactividad cotizados no puede devengarse la prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común.

b) Pero ello no excluye que la cotización durante los periodos de inactividad pueda computarse para devengar una prestación de incapacidad temporal iniciada durante un periodo de actividad.

4.- Ello podría tener la siguiente consecuencia: que esos trabajadores agrarios percibieran una prestación de incapacidad temporal cuya base reguladora fuera superior a los salarios percibidos por esos trabajadores antes de enfermar.

Para evitarlo: para impedir que el subsidio pueda ser mayor que los salarios que sustituye, el art. 256.5 de la LGSS establece que "la cuantía de la base reguladora del subsidio no podrá ser superior al promedio mensual de la base de cotización correspondiente a los días efectivamente trabajados durante los últimos doce meses anteriores a la baja médica".

5.- La tesis de la parte recurrente conduciría a la desprotección de los trabajadores del SETCA. A título ejemplificativo, un trabajador que prestase servicios 90 días al año porque solamente es requerido por la empresa para desempeñar sus funciones durante esos días, aunque cotizase durante los periodos de inactividad, cuando hubiese transcurrido un año y medio desde que fue contratado por la empresa todavía no tendría derecho a la prestación de incapacidad temporal si no había cotizado antes.

Es decir, a pesar de que durante todo ese año y medio se ingresaron las cotizaciones a la Seguridad Social (la empresa cotizó durante los periodos de actividad y el trabajador durante los de inactividad), si durante un periodo de actividad ese trabajador sufriese una grave enfermedad determinante de su baja médica, al computar solamente las cotizaciones durante los periodos de actividad, solamente tendría 135 días cotizados y no devengaría el subsidio por incapacidad temporal (siempre que no hubiera cotizado antes).

6.- En resumen:

a) Ninguna norma jurídica excluye que las cotizaciones durante los periodos de inactividad puedan computarse a efectos de reunir el periodo mínimo de cotización exigido para la prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común iniciada durante un periodo de actividad. Se evita así la desprotección de estos trabajadores.

b) Sin embargo, dichas cotizaciones del propio trabajador no implican que la base reguladora del subsidio pueda superar el promedio mensual de las cotizaciones por el trabajo efectivo. Se evita así que el subsidio por incapacidad temporal supere el salario efectivamente percibido por el trabajador antes de la baja médica.

Por todo ello, sentamos la doctrina siguiente: en el SETCA, para alcanzar la carencia exigida para la prestación de incapacidad temporal por enfermedad común, deben computarse las cotizaciones realizadas por el propio beneficiario durante los periodos de inactividad.

QUINTO.- Los anteriores argumentos, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obligan a desestimar en el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la parte actora, confirmando la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS).