Sentencia Social 526/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2515/2024 de 10 de junio del 2026

PRIMERO.- 1.-La cuestión debatida en el caso considerado, consiste en determinar si en la base de cotización empleada para obtener luego la base reguladora de una incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo, debe o no computarse el plus de transporte.

2.-El demandante en las presentes actuaciones vio reconocida una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo mediante resolución del INSS de 10 de junio de 2021 INSS, en cuantía del 75% de una base reguladora de 1.632,77€ mensuales a cargo de la mutua Mutual Midat Cyclops.

Disconformes con esta decisión, presentó demanda tanto el beneficiario, que interesaba el reconocimiento de un mayor grado de incapacidad y, de otro, la Mutua responsable, que entendía que la base reguladora debía fijarse en 1.543,90€. Acumuladas las indicadas demandas, se dictó sentencia de 29 de marzo de 2023 por el juzgado de lo social nº 23 de Valencia, por la que se desestimaba la demanda del beneficiario confirmando el grado de incapacidad ya declarado y, estimando la de la Mutua, se fijaba la base reguladora, tal como se había solicitado, en 1.543,90€.

3.-Contra la sentencia de instancia se presentó recurso de suplicación por el beneficiario para discutir, de un lado, el grado de incapacidad y, de otro, la base reguladora de la prestación, por entender que debía fijarse en la cantidad inicialmente reconocida por la entidad gestora.

Dicho recurso fue desestimado por la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 13 de marzo de 2024 que confirmó íntegramente el pronunciamiento previo del juzgado de lo social. Discutiéndose en aquella sede ya solo la cuantía de la base reguladora y, por tanto, por lo que ahora interesa, la Sala valenciana entendió que en las bases de cotización sobre las que se había calculado la base reguladora, no podía incluirse el plus de transporte, a pesar de que la empresa empleadora había cotizado por dicho concepto en su día. Se amparaba, a tal efecto, en la doctrina de este Tribunal que se entendía contenida en nuestra STS 153/2022 de 15 de febrero -rec. 4528/2018-.

4.-Contra esta última sentencia ha presentado su recurso de casación unificadora el beneficiario, mediante un único motivo en el que se identifica como sentencia de contraste la STSJ de Madrid de 21 de septiembre de 2020 -rec. 1097/2019; como núcleo de contradicción «si debe incluirse o no el plus de transporte en la cuantía de la base reguladora anual para el cálculo de la IPT derivada de AT»; y como normativa infringida el art. 147 del vigente texto de la LGSS.

5.-En la referida sentencia de contraste, se valoraba el caso de una beneficiaria a la que se había reconocido una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, y en el que se discutía igualmente si debía computarse en la base de cotización el plus de transporte.

La Sala madrileña concluyó de manera positiva, por entender prevalente la regulación del art. 147 de la vigente LGSS y del art. 23.2 a) y b) del Real Decreto 2064/1995 sobre los arts. 58 y 60 del Reglamento de Accidentes de Trabajo de 1956.

6.-El indicado recurso de casación ha sido impugnado por la mutua aseguradora, entendiendo que no existía contradicción y que, en todo caso, el recurso debía ser desestimado, así como por la entidad gestora, que manifestó no oponerse al recurso desde el momento en que inicialmente había reconocido una base reguladora en cuyo cálculo había integrado el plus de transporte en las correspondientes bases de cotización.

E igualmente, se ha presentado informe por el Ministerio Fiscal, interesando la estimación de la casación por entender que la buena doctrina se contiene en la sentencia de contraste.

SEGUNDO.- 1.-Nos corresponde ahora determinar si concurre la contradicción exigida por el art. 219.1 de la LRJS ( en la redacción anterior a la modificación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, cuestión, por lo demás, irrelevante en el caso) para fundar la casación unificadora que ahora resolvemos.

Debemos recordar en este punto la constante doctrina de este tribunal, en el sentido de que la contradicción exigida precisa que las sentencias comparadas contengan pronunciamientos distintos sobre la misma cuestión, esto es, que se hayan generado respuestas judiciales diversas ante debates o controversias sustancialmente iguales. Por otro lado, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado que, se hubieran alcanzado decisiones contradictorias entre sí «respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación», y «en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales».

Conviene también recordar que, como regla general, la contradicción no puede apreciarse cuando las normas aplicables en los supuestos decididos sean diferentes, salvo casos excepcionales en los que se acredite la plena identidad de las regulaciones, con el alcance precisado.

Y, finalmente, que si bien la labor valorativa para apreciar la existencia de contradicción «comporta un previo juicio de valor abstracto acerca de la cuestión debatida, hay supuestos en los que la determinación acerca de la igualdad o desigualdad de los presupuestos fácticos requiere simultánea definición sobre el fondo de la cuestión debatida, porque la diversidad o identidad sustancial únicamente se alcanza a determinar si se pone en relación directa con la norma a aplicar, con necesidad de expresar de manera frontal la interpretación que se atribuye a la disposición -legal o convencional-de que se trata» ( SSTS 367/2019 de 14 de mayo -rec. 3957/2016 y 646/2022 de 12 de julio -rec. 1367/2019-, entre otras).

2.-La consideración comparada de las dos resoluciones en liza, pone de manifiesto con toda claridad la existencia de contradicción entre ellas.

En efecto, en ambos casos se trata de beneficiarios a los que se ha reconocido una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, aunque la prestación reconocida resulta secundaria, ya que el núcleo central del debate se refiere, también en los dos supuestos, a determinar si debe computarse en la base de cotización, a efectos del posterior cálculo de la base reguladora de la pensión reconocida, el plus de transporte. Y mientras la sentencia recurrida llega a la conclusión negativa, en línea con la pretensión de la mutua aseguradora del riesgo, la de contraste avala la contraria postura positiva, que defendía la beneficiaria.

3.-Por lo demás, resulta completamente irrelevante que, como se quiere hacer valer en el escrito de impugnación de la mutua, la representación de la beneficiaria sostuviera inicialmente que el art. 58 del Reglamento de 1956 estaba derogado, para luego afirmar en su recurso que no discutía que los arts. 58 y 60 de dicho Reglamento estuvieran vigentes.

Lo primero que debe hacerse notar, es que tal cuestión implicaría, en su caso, una alteración de los términos del debate más que una ausencia de contradicción. Y, aun así, resulta también claro que no se produce una modificación del tipo indicado. Ya no solo porque en el mismo recurso, tras afirmarse, en efecto, que no se discute la vigencia de los preceptos mencionados, se diga igualmente que se discrepa en cuanto a lo dispuesto en el art. 58.a) del Reglamento, en lo que se muestra más bien como una simple imprecisión terminológica. Si no, además, porque los argumentos en cuestión en cualquiera de sus variantes no afectan ni remotamente a la causa de pedir, que por ello no se ve alterada, sino simplemente a los matices y variantes de la argumentación en al que se intenta sustentar el recurso de casación.

En definitiva y conforma a lo ya dicho, nada obsta nuestra decisión en el caso.

TERCERO.- 1.-Como se viene diciendo, la cuestión que ahora se somete a nuestro conocimiento se refiere a si debe computarse el plus de transporte en las bases de cotización a los efectos del posterior cálculo de una base reguladora para una prestación de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo. A tal efecto, el beneficiario y parte recurrente entiende que deben aplicarse el art. 147 de la vigente LGSS, mientras que la mutua recurrida sostiene que deben prevalecer los arts. 58 y 60 del Reglamento de accidentes de trabajo de 1956.

Lo primero que parece conveniente hacer en el caso, es descartar la aplicación de nuestra STS 153/2022 de 15 de febrero -rec. 4528/2018-, en la que se fundó de manera prácticamente exclusiva la resolución ahora recurrida. En efecto, y como ha señalado con plena corrección el Ministerio Fiscal en su informe, lo cierto es que aquella resolución nuestra ni siquiera menciona el plus de transporte. Y ello es así porque a pesar de que se discutía la manera de calcular la base reguladora de una prestación de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, la discrepancia no se derivaba de que se computara o no el plus ahora discutido, sino de que, a pesar de entender ambas resoluciones en liza que la base reguladora de la prestación debía calcularse de acuerdo con lo dispuesto en el art 60 del Reglamento de accidentes de trabajo, luego una de ellas hacía «entrar finalmente en juego la cuantía de la base de cotización, mientras que la referencial no tiene en cuenta de ningún modo el importe de dichas bases».

En segundo lugar y dentro de esta primera aproximación al debate que ahora nos ocupa, resulta igualmente necesario referirnos a nuestra STS 756/2023 de 23 de octubre -rec. 287/2021-. En aquel caso la controversia se refería a determinar el carácter salarial o extrasalarial del plus de distancia o transporte regulado en un concreto convenio colectivo, y si procedía o no la compensación y absorción de ese complemento. Como puede verse, el debate era distinto al que ahora se plantea, pero no podemos dejar de hacer notar lo que ya dijimos entonces, a saber, que «el plus de transporte cotiza a la Seguridad Social, lo que supone que, si se establece un complemento de la prestación de incapacidad temporal calculado en función de la cuantía de la base de cotización, dicha mejora voluntaria se calculará sobre la base del salario y de aquellos complementos incluidos en la base de cotización...». En consecuencia, siendo ahora lo debatido de manera directa y primaria, y no como una consideración obiter dicta,el tratamiento del plus de transporte a efectos de cotización, decidiremos el debate así planteado justificando aquellas primeras afirmaciones.

3.-Hecha esta primera aproximación argumental, debemos ahora determinar qué norma resulta aplicable al caso, cuestión que se resolverá, como veremos de inmediato, por el juego de los criterios de derecho inter temporal y de jerarquía normativa.

En efecto, el art. 58 del Decreto que aprobó el Reglamento de seguro de accidentes de trabajo de 22 de junio de 1956, estableció que «Para el cómputo de las obligaciones establecidas en este Reglamento, se entenderá por salario, tanto a efectos del pago de primas como para la determinación de las indemnizaciones, la remuneración o remuneraciones que efectivamente perciba el accidentado por el trabajo que realice por cuenta ajena, en dinero o en especie, cualquiera que sea su forma, o denominación, sin más excepciones que las siguientes», enumerando luego una serie de exclusiones a la regla, entre las que se encuentra, por lo que ahora interesa «Las dietas de viaje y gastos de locomoción el plus de distancia y el de transporte urbano reglamentario».

Posteriormente, el mismo Reglamento en su art. 60 establece las reglas para obtener el «Salario base diario de la indemnización por incapacidad temporal», que diferencia según se trate del «Salario base diario de la indemnización por incapacidad temporal», o del «Salario base anual de la pensión o renta por incapacidad permanente o muerte», sin que en este caso las respectivas reglas aludan a las retribuciones por dietas, gastos de locomoción, plus de distancia o plus de transporte.

2.-Como se deriva sin mayores dificultades interpretativas de la referida situación normativa, bajo la vigencia del Reglamento de 1958 se preveía, de un lado, qué conceptos retributivos debían integrarse en el cálculo del que entonces se calificaba como "salario base" de las prestaciones y, de otro, cómo debía realizarse el cálculo propiamente dicho de aquel salario base, que cabe referir sin mayores dificultades a la base reguladora, siendo irrefutable que se ordenaba la exclusión, por lo que ahora interesa, del plus de transporte de los cálculos en cuestión.

Esta situación se prolongó durante un cierto periodo de tiempo y, en concreto, durante la vigencia de la primera LGSS de 1966 y de la segunda de 1974.

En efecto, la primera LGSS de 1966 no contenía disposición específica sobre lo que ahora nos ocupa, y en su disposición transitoria tercera disponía:

«En tanto el Gobierno no haga uso de la facultad a que se alude en el número anterior de esta Disposición Transitoria, la cotización correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se efectuará sobre las remuneraciones que efectivamente perciban los asegurados por el trabajo que realicen por cuenta ajena, valoradas de acuerdo con las normas del Reglamento, aprobado por Decreto de 22 de junio de 1956».

Mientras que el art. 73 de la LGSS de 1974 ordenaba:

«La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, que tenga derecho a percibir el trabajador o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena. No se computarán en dicha base de cotización los siguientes conceptos:

a) Las dietas de viaje, gastos de locomoción, plus de distancia y plus de transportes urbanos».

Por tanto, en este periodo temporal la LGSS vigente en cada momento, o bien remitía directamente al Reglamento de 1956, o bien incorporaba, de hecho, sus mismas previsiones sobre los criterios que ahora nos ocupan, de forma tal que, en efecto, en aquellos momentos la base de cotización para las contingencias profesionales, no incluía el plus de transporte.

3.-La situación cambia a partir de la LGSS de 1994, y ello porque no guarda silencio sobre tal extremo, ni se limita a incorporar la dicción del Reglamento de 1956, sino que en su art. 109 señalaba:

«1. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser ésta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena

2. Únicamente no se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos:

a) Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, cuando utilice medios de transporte público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique mediante factura o documento equivalente.

b) Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, no comprendidos en el apartado anterior, así como para gastos normales de manutención y estancia generados en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia, en la cuantía y con el alcance previstos en la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas... ».

Por lo demás, dicha previsión ha sido literalmente reproducida en el art. 147 del vigente texto de 2015. Y resultaba, tanto en el texto de 1994 como en el vigente de 2015, perfectamente coherente con lo dispuesto en el art. 23 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social que en su art. 23, al referirse a la base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, dispone:

«2. Únicamente no se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos:

A) Los gastos de manutención y estancia, así como los gastos de locomoción, cuando correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, en los términos y en las cuantías siguientes...

.... b/ A los mismos efectos de su exclusión en la base de cotización a la Seguridad Social, se consideran gastos de locomoción las cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos del trabajador por sus desplazamientos fuera de la fábrica, taller, oficina o centro habitual de trabajo, para realizarlo en lugar distinto del mismo o diferente municipio.

Los gastos de locomoción, tanto si el empresario los satisface directamente como si resarce de ellos al trabajador, estarán excluidos de la base de cotización en su totalidad cuando se utilicen medios de transporte público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique mediante factura o documento equivalente. De utilizarse otros medios de transporte, estarán excluidos de la base de cotización en los términos y con el alcance establecido en los apartados A).2, 4, 5 y 6 y B) del artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas... ».

4.-Lo que se deriva de los transcritos preceptos es que, desde la entrada en vigor de la LGSS de 1994 y hasta la actualidad, una norma con rango de ley regula de manera precisa los conceptos que deben excluirse de la base de cotización, resultando que lo que ahora se dispone en relación con los conceptos retributivos relacionados con la contraprestación por desplazamientos, no es lo mismo que lo dispuesto en el Reglamento de 1952.

En efecto, en el Reglamento quedan fuera del cómputo de la base de cotización para contingencias profesionales el plus de transporte, sin más distinciones. Mientras que en los textos de la LGSS de 1994 y de 2015, no se excluye dicho plus de manera incondicionada y sin otras distinciones en cuanto a su finalidad, sino que dicha exclusión se refiere solo a los gastos de locomoción cuando se produce un desplazamiento fuera del centro habitual de trabajo para desarrollar sus tareas en lugar distinto, con matices posteriores que no interesan en este momento.

Esto es, en la redacción del Reglamento se excluía el plus de transporte, que tiene por objeto, en su delimitación más primaria y estricta, y siempre que mantenga su naturaleza extrasalarial, compensar de manera indiferenciada cualquier gasto por desplazamientos realizados como consecuencia de la actividad laboral. Mientras que en los textos de 1994 y 2015, la LGSS no atiende a dicha configuración genérica, sino que se refiere ya solamente a los gastos de locomoción necesarios para prestar servicios fuera del centro de trabajo, y debidamente acreditados, de manera tal que solo estos últimos se excluyen del cálculo de la base de cotización.

5.-Finalmente, observamos que, si bien el Reglamento de 1956 no ha sido objeto de una derogación expresa, el resulta de aplicación los criterios generales en la materia, de forma tal que, si una norma con rango de ley aborda la regulación de un concreto extremo, otra norma con inferior rango reglamentario no puede oponerse a aquella y, aun estando formalmente vigente en cuantos extremos resulten útiles y necesarios, y no quedar formalmente derogada, sí queda de hecho y de manera sobrevenida sin vigencia y debe ser inaplicada en virtud del principio de jerarquía normativa en los concretos aspectos en los que se opone a la ley.

Recuérdese a este respecto que el art. 9.3 de la CE establece:

«La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».

De manera coherente con lo anterior, el art. 6 de la LOPJ dispone que:

«Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa».

Mientras que el art. 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dice sobre esto mismo:

«Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas...».

6.-En fin, la consecuencia de cuanto se lleva dicho es que resulta de prioritaria aplicación al caso lo dispuesto en la LGSS de 2015 y, de manera correlativa, en el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, de forma tal que, a los efectos que ahora nos ocupan, debe computarse el plus de transporte en las bases de cotización del beneficiario, a los efectos de obtener la base reguladora de la reconocida pensión de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo, habiendo quedado sin vigencia de manera sobrevenida las disposiciones en sentido contrario del Reglamento de 1956.

CUARTO.-Por tanto, y tal como había informado el Ministerio Fiscal, debemos concluir que la doctrina correcta se contiene en la sentencia de contraste, procediendo por ello la estimación del recurso de casación unificadora presentado y, correlativamente, la anulación de la recurrida, resolviendo el debate planteado en suplicación en el sentido de reconocer la mayor base reguladora interesada, tal como había sido ya reconocida en su día por la entidad gestora.

Sin pronunciamiento en cuanto a las costas en virtud d lo establecido en el art. 235.1 de la LRJS.